Una campaña de publicidad móvil que circuló durante semanas por las calles de Melbourne volvió a encender la mecha sobre uno de los temas más espinosos de la política contemporánea: el ataque sistemático contra las mujeres que ejercen cargos públicos. Los carteles, montados en camiones que recorrieron la ciudad, no solo utilizaban lenguaje ofensivo contra la primera ministra victoriana Jacinta Allan, sino que además incluían imágenes generadas por inteligencia artificial que la representaban con estereotipos medievales. El fenómeno, que se prolongó aproximadamente seis semanas, trascendió de las redes sociales para materializarse en el espacio público, transformándose en un síntoma preocupante de cómo la degradación del discurso político ha avanzado hacia territorios cada vez más visibles y normalizados.
Lo que hace particularmente relevante este episodio no es solo su crudeza, sino las capas de significado histórico que contiene. Julia Gillard, quien fuera primera ministra australiana hace quince años, reconoció inmediatamente el eco de su propia experiencia traumática en estos ataques. Ella fue blanco de la misma frase infame hace más de una década, durante su período como jefa de gobierno. En aquel entonces, en 2011, el líder de la oposición de la época se fotografió junto a carteles con ese mismo lema, lo que llevó a Gillard a pronunciar uno de los discursos parlamentarios más recordados de la historia política australiana. Aquel texto, dedicado a condenar la misoginia rampante, se viraliza periódicamente en redes internacionales y fue votado por lectores del Guardian como el momento televisivo más memorable de la historia audiovisual australiana. El hecho de que la misma táctica reaparezca una década y media después, dirigida contra otra mujer en el poder, sugiere no solo un retroceso, sino una inquietante capacidad de reinvención de los mecanismos de exclusión política basados en el género.
El giro hacia lo visual y lo artificial
Las imágenes sintéticas utilizadas en la campaña representan una evolución perturbadora en cómo se construye la deslegitimación política. Los recursos visuales generados por inteligencia artificial retrataban a Allan con atributos asociados históricamente a las brujas: un sombrero puntiagudo y verrugas en la barbilla. Estas representaciones se alternaban, de manera particularmente provocadora, con anuncios de un comercio sexual ubicado en el barrio de South Melbourne. La yuxtaposición no parece accidental: coloca a la figura pública junto a símbolos de sexualización y degradación, amplificando el mensaje de que su lugar no es en la política sino en otro ámbito. Lo que distingue esta campaña de ataques anteriores es su sofisticación tecnológica. Ya no se trata simplemente de consignas gritadas o carteles manuscritos; ahora la máquina crea caricaturas con precisión, dándole una venida de legitimidad técnica a lo que es, esencialmente, un acto de degradación pública.
El rol de Franco Puleo, propietario de un establecimiento de servicios sexuales, en la financiación parcial de la campaña abrió un frente adicional en la controversia. Según sus propias declaraciones reporteadas, Puleo argumentó que la campaña no constituía publicidad política sino una expresión de sentimientos populares hacia Allan. Su afirmación de que la premier "no responde preguntas" y de que el público recurría a este tipo de lenguaje como forma de expresar frustración revela cómo ciertos actores justifican la adopción de tácticas denigratoria como si fueran inevitables respuestas populares. Esta lógica es particularmente preocupante porque invierte la responsabilidad: en lugar de reconocer que financia una campaña de deslegitimación, sugiere que simplemente amplifica voces preexistentes. Sin embargo, la existencia misma de fondos económicos dedicados a circular estos mensajes desbarata esa narrativa, exponiendo un acto organizado y deliberado.
Respuestas políticas y divisiones de principios
Las reacciones a nivel nacional variaron significativamente, mostrando fracturas ideológicas profundas sobre cómo se entiende la competencia política legítima. Anthony Albanese, primer ministro nacional, calificó la campaña como "totalmente inaceptable" e hizo un llamamiento a reducir la temperatura del debate público. Su intervención fue notable porque trasciendió la defensa específica de Allan para plantear una cuestión más amplia: la necesidad de que la contienda política se centre en desacuerdos sobre políticas públicas en lugar de ataques de naturaleza personal. Albanese también mencionó, aunque sin precisar, que ciertos medios de comunicación han incurrido en caracterizaciones deshumanizantes de figuras públicas, sugiriendo que el problema excede los carteles móviles y toca aspectos más sistémicos del ecosistema informativo. Su preocupación sobre un aumento en las amenazas contra políticos enfatizó que estos ataques no ocurren en un vacío, sino en un contexto donde el discurso degradante puede funcionar como puerta de entrada a la violencia.
Por su parte, Sonya Kilkenny, fiscal general victoriano, reiteró que las mujeres en la vida pública no deberían aceptar abuso y misoginia como parte inherente de su función. Su argumento, que ha sido estandarizado entre políticas progresistas, plantea una distinción crucial: la crítica política es legítima, pero la reducción de una persona a un insulto basado en género no. Sin embargo, esta posición no fue unánime. Matt Canavan, líder del partido Nationals, argumentó que la respuesta de los laboristas era un intento de proteger a un gobierno que considera en declive. Su relativismo, que sugiere simplemente "no publicitar de esta manera" sin condenar el contenido en sí, refleja un tipo de posicionamiento que corre el velo de la culpabilidad de la campaña hacia una cuestión meramente táctica. Aún más extrema fue la respuesta de Pauline Hanson, líder del partido One Nation, quien sugirió a Allan que "aguante", argumentando que ella misma ha sido objeto de insultos similares durante su carrera política. La trivialización de Hanson, que convierte el sufrimiento de haber sido atacada en una razón para normalizar dichos ataques, ilustra cómo ciertos sectores políticos metabolizan la misoginia no como un problema a resolver sino como una realidad inmutable.
Jess Wilson, líder de la oposición victoriana, rechazó cualquier vinculación de su partido con la campaña, calificándola de "inapropiada" y reconociendo que ese tipo de discurso no tiene cabida en la política formal. Sin embargo, la disociación de la oposición oficial no resolvió la pregunta fundamental: ¿quiénes exactamente promovieron, financiaron y circularon estos mensajes? La respuesta parcial —un empresario del rubro del entretenimiento adulto— abrió la posibilidad de que se tratara de una iniciativa de base sin apoyo institucional, aunque la sofisticación de la campaña y su prolongada duración sugieren un nivel de coordinación y recursos que difícilmente surge de manera espontánea.
Resonancias históricas y ciclos políticos
El regreso de la frase "ditch the witch" no es un fenómeno aislado sino parte de un patrón observable en distintas democracias occidentales. En los últimos quince años, cada vez que una mujer ha llegado a posiciones de poder ejecutivo en países de habla inglesa, ha experimentado ataques que combinan la crítica política legítima con insultos que la reducen a su género. Desde Margaret Thatcher hasta Theresa May en Reino Unido, desde Gillard hasta Allan en Australia, existe una arquitectura de degradación que se reactiva cada cierto tiempo. La diferencia es que ahora cuenta con herramientas tecnológicas más refinadas. Las imágenes de inteligencia artificial, por ejemplo, permiten una personalización del ataque que antes requería de trabajo manual. Esto implica que la barrera de entrada para participar en campañas denigradoras ha bajado considerablemente: cualquiera con acceso a herramientas de generación de imágenes por IA puede crear contenido ofensivo a escala sin mayor inversión.
El contexto también importa. Victoria, estado donde ocurrieron estos eventos, enfrenta un panorama político complejo. Las elecciones estatales se aproximaban, y la premier Allan enfrentaba cuestionamientos sobre su liderazgo y la gestión gubernamental. En este contexto, la campaña de carteles funcionó como amplificador de un malestar preexistente, pero canalizándolo a través de ejes de género en lugar de política sustantiva. Esto es central: mientras que un ataque a Allan por su gestión de la economía o los servicios públicos sería un debate legítimo sobre políticas públicas, la invocación del estereotipo de la bruja traslada el campo de batalla a un terreno donde su competencia y credibilidad son cuestionadas no por lo que hace sino por lo que es. Este desplazamiento es particularmente peligroso porque esquiva la responsabilidad de argumentar por qué sus políticas serían incorrectas, apelando en cambio a prejuicios ancestrales sobre las mujeres en posiciones de autoridad.
Las consecuencias de estos ataques van más allá del daño emocional a la figura atacada. Existe una investigación creciente que sugiere que la exposición a campañas de denigración sexista en espacios públicos desalienta a las mujeres de involucrarse en política, tanto como candidatas como como ciudadanas. El mensaje implícito en carteles como estos es claro: las mujeres que aspiran al poder serán objeto de humillación pública sistemática, y esta humillación será considerada un aspecto normal de la vida política. El argumento de Gillard sobre una supuesta mejora en los años recientes fue desmentido de manera contundente por esta reaparición de viejos demonios. Sin embargo, su observación sobre que la toxicidad se ha trasladado a las redes sociales también es instructiva: el espacio digital permite que mensajes denigrantes circulen sin fricción, sin el filtro que implicaba que alguien tuviera que imprimir un cartel y colgarlo en una pared. Hoy, millones de personas pueden participar en la denigración de una figura política mediante un simple clic de "compartir".
Mirando hacia adelante, los efectos de esta campaña y las reacciones que generó probablemente se desplegarán en múltiples direcciones. Por un lado, está claro que existen fuerzas políticas e intereses económicos dispuestos a utilizar tácticas denigratorias contra mujeres en el poder, con la expectativa de que la normalización del discurso sexista en espacios públicos puede contribuir a socavar su autoridad. Por otro lado, la respuesta nacional de figuras como Gillard y Albanese indica que existe también una sensibilidad creciente sobre estos temas, al menos en ciertos segmentos políticos. Cómo evolucione esta tensión dependerá de decisiones futuras sobre regulación de espacios públicos, responsabilidad corporativa de plataformas digitales, e inversión en cultura política que cuestione los estereotipos de género. Lo que parece irreversible es que el debate sobre qué tipo de ataques son legítimos en política ha sido reabierto, y las respuestas que diferentes actores ofrezcan a esta pregunta tendrán implicaciones duraderas sobre la calidad de la democracia.
