Desde una celda en la prisión de Rajai Shahr, en la ciudad norteña de Karaj, un hombre escribía cartas cuidadosas sobre quiénes ya no estaban. Sus apuntes meticulosos documentaban la desaparición física de sus compañeros de cautiverio, nombres que pronto se borrarían de los registros oficiales. Babak Alipour, de treinta y cuatro años, abogado de formación y apasionado por el montañismo, llevaba tres años confinado en ese lugar cuando decidió dejar constancia de lo que presenciaba. No lo hacía con tono de derrota. En sus notas mencionaba a Behrouz Ehsani, un hombre de sesenta y nueve años que enfrentaba su final sin manifestar ira alguna ante la situación. Luego estaba Mehdi Hassani, un padre de tres hijos que superaba los cuarenta años, a quien ocasionalmente veía en la enfermería penitenciaria y quien le pedía que transmitiera a sus niños que se encontraba bien. A pesar de los asesinatos que ocurrían dentro de esos muros, Alipour mantenía una actitud desafiante, escribía con pulso firme y letra pequeña su resistencia ante el sistema que lo oprimía.
La situación se volvió más crítica cuando, el doce de marzo, Alipour logró registrar un breve mensaje de video utilizando un teléfono celular que alguien había introducido clandestinamente en la cárcel. En esa grabación, dirigiéndose directamente a la cámara, expresaba su convicción de que los regímenes autoritarios eventualmente desaparecen, derrocados o aniquilados, y que le tocaba el turno al sistema que gobernaba el país. Su resistencia verbal resultaba peligrosa en un contexto donde cualquier expresión de disidencia podía acelerarlo hacia el patíbulo. Para entonces, su familia ya había pagado un precio terrible por apoyarlo: su hermano Roozbeh, su hermana Maryam y su madre Ommolbanin Dehghan habían sido detenidos al regresar de una vigilia realizada frente a la prisión donde él permanecía. Días después, sin previo aviso formal, lo sacaron de Rajai Shahr. El treinta y uno de marzo fue trasladado a la prisión de Ghezel Hesar, ubicada hacia el oeste, donde fue conducido a la horca junto a otro prisionero, Pouya Ghobadi, un ingeniero electricista de treinta y dos años. Ambos murieron acusados de integrar un movimiento armado y de mantener vínculos con una organización de oposición internacional.
Una ola de muertes que se acelera bajo el camuflaje de la guerra
Lo que sucede en Irán durante estos últimos meses configura un panorama escalofriante de represión ejecutiva. En las últimas cuatro semanas, dieciséis hombres han sido llevados a la muerte: ocho de ellos clasificados como prisioneros políticos y ocho más como manifestantes capturados en protestas. La cifra resulta alarmante cuando se la sitúa en contexto histórico. Existió un breve paréntesis en estas eliminaciones cuando iniciaron las operaciones militares internacionales a fines de febrero, pero ese respiro duró poco. A partir de mediados de marzo, el ritmo de ejecuciones se aceleró dramáticamente. El patrón resulta demasiado evidente para ser casual: mientras el mundo permanece atento a desarrollos bélicos que ocupan titulares en toda la región, el aparato represivo interno funciona sin obstáculos ni visibilidad internacional significativa.
Entre los ejecutados se encontraba Amirhossein Hatami, apenas un muchacho de dieciocho años cuya vida terminó el dos de abril. Antes de ser llevado a la cuerda, se le obligó a realizar una confesión televisada donde admitía cargos relacionados con supuesta hostilidad contra principios religiosos y corrupción sistemática, presuntamente vinculados a su participación en un ataque a una instalación militar durante las protestas de enero. La juventud de la víctima subraya la brutalidad indiscriminada del sistema. Más recientemente, el martes se ejecutó a Amirali Mirjafari, un joven de veinticuatro años estudiante de informática con talento técnico probado, eliminado por su presunta conexión con movilizaciones callejeras. Según activistas de derechos humanos, once prisioneros políticos adicionales permanecen en celdas de espera de muerte, sus edades oscilan entre veintitrés y sesenta y ocho años, condenados bajo acusaciones que desafían estándares internacionales de debido proceso.
Cuando la guerra se convierte en coartada para el exterminio
Un profesor de química que trabaja en una universidad sueca desde hace dos décadas observa con horror cómo su familia es devorada por el sistema penal del país que dejó atrás. Reza Younesi, quien reside en Uppsala, ha visto cómo su hermano Ali, un astrónomo galardonado de apenas veintiséis años, fue apresado hace seis años. Su padre, Yousef, quien ya superaba los setenta, fue sacado de su hogar hace tres años. Ambos permanecen en prisión cumpliendo condenas por supuestas conexiones con la organización de resistencia. Hace pocas semanas ocurrió algo que agravó el sufrimiento familiar: el padre desapareció dentro del sistema penitenciario, sus llamadas telefónicas cesaron de repente. Durante nueve días la familia ignoró su paradero. Luego, finalmente, pudo comunicarse y revelaron que lo habían trasladado a la misma prisión donde se encuentra su hijo. La incertidumbre que caracteriza estas situaciones genera un trauma psicológico tan profundo como la propia encarcelación.
Para Younesi, quien observa estos eventos desde la distancia pero con la angustia de quien tiene sangre en peligro, la preocupación fundamental es predecir cómo actuará el régimen conforme el conflicto bélico continúe. Según su análisis, basado en décadas de observación del comportamiento estatal, mientras la comunidad internacional se enfoca en operaciones militares, los gobernantes internos aprovechan para intensificar la represión. La lógica es perversa pero calculada: Estados Unidos ha manifestado que no desplegará tropas terrestres debido a experiencias negativas previas, lo que significa que la amenaza militar externa no es tan inmediata como pareciera. Si algunos líderes de alto nivel resultaran neutralizados militarmente, el sistema institucional seguiría funcionando sin colapso. Por lo tanto, el verdadero peligro para los gobernantes proviene del interior, de su propia población potencialmente alzada. Las ejecuciones funcionan como herramienta de control masivo, como mecanismo para paralizar cualquier intención de levantamiento civil. Esta estrategia convierte los patíbulos en instrumentos de gobernanza, transformando la muerte en política de Estado.
Mahmood Amiry-Moghaddam, quien dirige una organización internacional de vigilancia de derechos humanos con sede en Noruega, ha caracterizado los números de ejecuciones políticas ocurridas recientemente como absolutamente sin precedentes en su magnitud. Normalmente, sostiene, la mayoría de las personas ejecutadas enfrentan cargos criminales convencionales: tráfico de estupefacientes, homicidios comunes, delitos predatorios. El objetivo político de matar a quienes protestan o resisten es considerado demasiado costoso internacionalmente en tiempos de normalidad relativa. Sin embargo, cuando se desata un conflicto bélico internacional, ese cálculo cambia fundamentalmente. Todo lo demás queda eclipsado. Los reporteros, diplomáticos y agencias de monitoreo global orientan su atención hacia el horizonte de guerra, dejando un vacío de vigilancia en el interior de las prisiones. El régimen apuesta que la comunidad internacional, paralizada por la conmoción del conflicto externo, no tendrá ni la capacidad ni la voluntad política de cuestionar lo que ocurre detrás de las rejas.
En uno de sus últimos videos grabados secretamente en su celda, Alipour dejó constancia de lo que intuía sobre los planes del gobierno. El joven abogado, originario de una ciudad ubicada a más de cien kilómetros al noreste de la capital, quien soñaba con una nación regida por principios democráticos y secular, advirtió sobre la estrategia represiva que se desplegaría durante el caos bélico. Expresó que los gobernantes, viendo su posición tambalearse bajo presiones internas y externas, buscarían demostrar brutalidad sin límites aumentando masivamente las ejecuciones, con la intención de sembrar pánico y parálisis en una sociedad que hervía de tensión política. Pero luego agregó algo que suena como profecía: que a pesar de todo, ese cálculo se basaba en una lectura ciega del momento histórico. Su mensaje final, dirigido a un futuro que él no viviría para presenciar, hablaba de la certeza de que algún día la libertad y la felicidad llegarían para el pueblo, y que los gobernantes teocráticos serían barridos de la historia. Alipour fue silenciado por la cuerda el treinta y uno de marzo, pero sus palabras quedaron registradas, testimonios que documentan tanto el crimen como la resistencia, la represión como la dignidad de quienes se niegan a ser olvidados incluso ante la muerte.