Un giro decisivo en materia de regulación vial está por concretarse en Italia. El ministerio de Transportes del país europeo se apresta a aprobar un código de circulación reformado que castiga específicamente a los peatones que atraviesan calzadas mientras manipulan dispositivos móviles. La iniciativa, contenida en un borrador que estaba previsto recibir el respaldo oficial antes de mediados de octubre, representa un cambio de paradigma: por primera vez, la culpabilidad en accidentes de tránsito no recae exclusivamente en conductores, sino que se extiende a quienes transitan a pie. Esto importa porque modifica radicalmente la cadena de responsabilidades que tradicionalmente ha regido en las vías públicas.
El mecanismo punitivo contempla sanciones económicas a partir de 75 euros, con posibilidad de incrementos según circunstancias agravantes. Los magistrados italianos ya han sentado precedente en este aspecto: múltiples fallos judiciales han atribuido responsabilidad a peatones negligentes en hechos de tránsito. El ministerio busca traducir esa jurisprudencia emergente en disposiciones normativas de alcance general. La lógica subyacente es contundente: cuando un conductor se encuentra con un transeúnte cuya atención está dividida entre la calzada y la pantalla de su teléfono, el tiempo de reacción disminuye exponencialmente. Esa ventana temporal comprimida es precisamente donde prospera el accidente grave.
El catálogo de distracciones que busca prohibirse
La prohibición no se circunscribe únicamente a teléfonos inteligentes. El código revisado incluye en su esfera de restricción otros dispositivos electrónicos portátiles: laptops, tabletas y cámaras digitales quedan asimismo vedados durante el cruce de vías. El legislador italiano ha optado por una estrategia comprehensiva que apunta a cualquier artefacto susceptible de fragmentar la concentración del peatón en su entorno inmediato. Simultáneamente, la normativa reconoce espacios de flexibilidad. Conversaciones por manos libres permanecen permitidas, así como la utilización del dispositivo en situaciones de emergencia donde el llamado telefónico resulta imperativo. Los auriculares tampoco se prohíben, aunque con una condición específica: deben permitir que el peatón mantenga la capacidad auditiva bilateral, esto es, percibir sonidos procedentes de ambos lados de la vía.
Cabe destacarse que estas restricciones aplican exclusivamente a peatones que cruzan la calzada. Aquellos que caminan por aceras o veredas quedan exentos de la regulación. Esta distinción responde a una evaluación del riesgo: mientras el tránsito sobre la vereda presenta niveles de peligro significativamente menores, el cruce constituye un momento de vulnerabilidad máxima. El borrador también impone obligaciones adicionales a los mismos peatones: antes de iniciar el cruce, deben asegurarse de que el conductor del vehículo que se aproxima los ha visualizado y manifiesta intención de detener la marcha. Además, prohíbe la conducta de dudar o demorar innecesariamente en mitad de la travesía.
Un panorama internacional de regulaciones sobre caminantes distraídos
Italia no inaugura este camino normativo. Experiencias previas en otras jurisdicciones han demostrado tanto la viabilidad como los desafíos de estas medidas. Lituania, en 2018, fue pionera implementando multas contra peatones que usaban teléfonos móviles u otros objetos capaces de desviar su atención durante cruces. En el continente americano, Honolulú se posicionó como primera ciudad mundial en 2017 al adoptar regulaciones análogas. Posteriormente, Yamato City en Japón siguió esta tendencia en 2020. Estos antecedentes internacionales proporcionan a Italia un banco de datos sobre implementación, resultados y lecciones aprendidas. Las autoridades italianas aparentemente han estudiado cómo estas jurisdicciones han manejado tanto el aspecto operativo de las sanciones como la aceptación ciudadana de normas que responsabilizan a peatones.
Paralelamente, el código de circulación reformulado contempla endurecimiento sustancial de penalidades para conductores que utilizan teléfonos mientras manejan. Las sanciones alcanzarían hasta 2.588 euros para infractores reincidentes, acompañadas de suspensión de licencia de conducir por períodos que oscilan entre uno y tres meses. Este equilibrio entre sanciones a conductores y a peatones sugiere un enfoque integral hacia la seguridad vial. Sin embargo, la reforma original contenía disposiciones adicionales que generaron controversia pública significativa. El proyecto inicial incluía restricciones específicas para conductores de 85 años o más: se proponía limitarlos a circular dentro de un radio de 100 kilómetros desde su domicilio y se prohibía acceso a autopistas. La presión ciudadana fue determinante. El ministerio de Transportes anunció que estos artículos habían sido eliminados del borrador tiempo atrás, a requerimiento expreso del ministro de Transportes, Matteo Salvini.
La inclusión inicial y posterior exclusión de restricciones por edad revela tensiones políticas latentes en la construcción de políticas de seguridad vial. Las medidas que afectan a poblaciones específicas, especialmente adultos mayores, enfrentan resistencias organizadas y respuestas públicas masivas. El retiro de estas cláusulas no responde a cambios en evidencia científica sino a cálculos políticos. Mientras tanto, la medida sobre peatones distraídos ha avanzado con menor visibilidad mediática, lo cual sugiere umbrales de tolerancia social diferentes para regulaciones que afectan a grupos diversos.
Implicancias y perspectivas de la medida
La aprobación de estas normas tendría consecuencias multifacéticas. Desde una óptica de seguridad vial, los datos internacionales muestran reducciones medibles en incidentes cuando se implementan políticas de responsabilización de peatones. Sin embargo, existen argumentos contrarios que merecen consideración. Críticos señalan que concentrar culpa en peatones distrae de responsabilidades de infraestructura: aceras deficientes, señalización inadecuada o diseño vial que no prioriza la seguridad peatonal permanecen sin abordarse. Otros cuestionan si sanciones económicas resultan efectivas en modificar comportamientos o si simplemente redistribuyen consecuencias penales. Desde perspectivas de equidad, algunos analistas observan que multas regresan desproporcionadamente en sectores de menores ingresos. La implementación requeriría capacitación de fuerzas de policía y sistemas de control que demandan recursos presupuestarios. La medida también abre interrogantes sobre privacidad y vigilancia: ¿cómo se documentarán infracciones? ¿Qué mecanismos de apelación existirán? Italia, con su reforma integral de códigos de circulación, se posiciona como espacio de experimentación normativa donde confluyen preocupaciones legítimas de seguridad con dilemas sobre responsabilidad compartida, capacidad estatal de enforcement y aceptación social de nuevas regulaciones.
