El panorama que se abre en Brasil tras la primera ronda de elecciones presidenciales representa un quiebre significativo en la política ambiental latinoamericana y plantea interrogantes profundas sobre el futuro de uno de los ecosistemas más críticos del planeta. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos, colocándose como favorito de cara a la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 25 de octubre, frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien logró 44,2% de los sufragios. La diferencia es estrecha, pero sus implicancias potenciales son monumentales: cuatro años más de retroceso en materia de protección forestal, profundización de la explotación ilegal de recursos naturales y aceleración del deterioro de territorios indígenas que funcionan como últimos bastiones de conservación.
Lo que desconcierta a observadores internacionales es la aparente indiferencia del electorado brasileño frente a estos riesgos. El trabajo realizado por la administración Lula en los últimos años había logrado reducciones notables en la deforestación amazónica: casi un 50% de disminución en la tasa de destrucción forestal. Sin embargo, este logro no se tradujo en respaldo electoral significativo. Los candidatos con compromiso explícito con la preservación ambiental sufrieron reveses electorales clamorosos. Marina Silva, exministra de Ambiente, no logró ocupar un escaño en el Senado, mientras que Joenia Wapichana, exdirectora de la agencia de asuntos indígenas Funai, fracasó en su intención de acceder al Congreso. De los 57 candidatos indígenas que participaron, apenas dos resultaron electos. Estos números revelan una desconexión profunda entre lo que los expertos consideran prioridades globales y lo que el electorado brasileño expresó mediante sus votos.
El legado de una década de devastación
Para comprender la magnitud de lo que podría suceder, es necesario repasar qué ocurrió durante los cuatro años de gobierno del padre de Flávio, Jair Bolsonaro. El exmandatario, quien se desempeñaba como capitán del ejército antes de su trayectoria política, presenció durante su administración un aumento del 59,5% en la deforestación del Amazonas, cifra equivalente a la destrucción de aproximadamente dos mil millones de árboles. El hijo ha demostrado en su trayectoria legislativa que posee la misma disposición que su padre para desmantelar marcos regulatorios ambientales. En 2019, respaldó una iniciativa legislativa destinada a suprimir obligaciones para propietarios de tierras amazónicas de mantener porciones de vegetación nativa. Su plataforma electoral de campaña ni siquiera menciona la crisis climática, lo cual resulta particularmente notable para un candidato que podría gobernar una nación que alberga la mayor biodiversidad del planeta.
Más preocupante aún es el círculo de alianzas políticas que rodea a Bolsonaro. Ha cultivado apoyo explícito entre los sectores terratenientes más extractivistas de la región amazónica. El caso de Daniel Santos, candidato bolsonarista ganador en el estado de Pará, ilustra esta dinámica: fue multado con 275.000 dólares por deforestar 280 hectáreas de sus tierras sin autorización, y ahora promete anular tales sanciones. Este patrón se repite a lo largo de toda la región. Como resultado de los comicios, los bolsonaristas ahora controlan siete de los nueve estados amazónicos brasileños, con posibilidades de capturar un octavo en las votaciones pendientes. En el Congreso Nacional, donde los intereses agroindustriales ya prevalecían, la influencia bolsonarista se ha expandido significativamente: Eduardo Bolsonaro, hermano de Jair, y Michelle, su esposa, fueron elegidos senadores, mientras que un tío y otro hermano obtuvieron puestos en la cámara de diputados.
El colapso de los controles institucionales
Lo que amplifica el riesgo es el debilitamiento paralelo de instituciones que han funcionado como contrapesos. El Poder Judicial brasileño, particularmente la Corte Suprema, ha ejercido durante los últimos años cierto control sobre la expansión sin límites de minería, ganadería extensiva y monocultivos devastadores. Sin embargo, el caos institucional que atraviesa actualmente la corte ha erosionado significativamente estas capacidades de fiscalización. Incluso antes de las elecciones, el Congreso venía impulsando agresivamente iniciativas para debilitar regulaciones ambientales. Con un escenario donde el bolsonarismo gana tracción legislativa, detener estas embestidas será prácticamente imposible. El propio Jair Bolsonaro aguarda en prisión por conspiración para ejecutar un golpe militar y ha planteado la posibilidad de ser liberado si su hijo accede a la presidencia, situación que Flávio ha prometido facilitar, sugiriendo que su padre podría ocupar cualquier posición deseada en su administración.
Más allá de la Amazonia específicamente, el panorama ambiental brasileño enfrenta amenazas en múltiples frentes. No solo la selva tropical está en riesgo, sino también otros biomas cruciales del país: el Cerrado, la Mata Atlántica y el Pantanal. Los pueblos tradicionales que habitan estos territorios y cuyas culturas están indisolublemente vinculadas a la conservación de estos espacios naturales enfrentarían presiones intensificadas. Pero hay una dimensión que trasciende las fronteras nacionales: la estabilidad climática global depende en medida significativa de la preservación de estos ecosistemas. La Amazonia funciona como regulador climático planetario, absorbiendo enormes cantidades de dióxido de carbono y generando patrones de precipitación que afectan a regiones muy distantes geográficamente.
Las grietas en la coalición ambiental
Los analistas han comenzado a investigar por qué los brasileños otorgaron poco peso electoral a estas consideraciones. Varios factores emergen como explicaciones parciales. En primer lugar, la supremacía de las redes sociales como canal de información y formación de opinión, donde la extrema derecha ha demostrado mayor destreza operativa. Durante el gobierno Bolsonaro anterior, sus descendientes formaban parte del denominado "gabinete del odio", estructura dedicada a difundir miedo e información falsa mediante aplicaciones de mensajería instantánea y canales digitales cerrados. Carlos Bolsonaro, el segundo hijo del expresidente, fue acusado por policía federal de liderar este grupo. Los activistas ambientales fueron frecuentemente blancos de estas campañas de desinformación coordinadas.
Otro factor que ha transformado el panorama religioso y político brasileño es la expansión acelerada del protestantismo pentecostal, que está reemplazando sistemáticamente al catolicismo como religión dominante, particularmente en zonas amazónicas. Esta transición religiosa conlleva implicancias ambientales profundas. Mientras que los últimos pontífices católicos han emitido pronunciamientos críticos con la explotación ambiental desenfrenada, muchos predicadores evangélicos promueven activamente entre sus fieles la búsqueda de riqueza material en el presente, frecuentemente por encima de consideraciones morales o éticas respecto al legado ambiental para futuras generaciones. La modificación de estas orientaciones culturales y espirituales tiene consecuencias políticas concretas sobre cómo los ciudadanos votan y qué prioridades establecen en la vida pública.
Existe también un factor generacional y de transformación socioeconómica. Lula, quien a sus 80 años representa la figura más emblemática de la izquierda latinoamericana en el siglo XXI, ha mostrado lentitud en adaptar su mensaje político a las nuevas realidades sociales brasileñas. Si bien las políticas educativas e iniciativas de redistribución implementadas durante sus gobiernos anteriores sacaron a millones de personas de la pobreza, también generaron expectativas crecientes de consumo y emprendimiento privado. Los sindicatos, base histórica del Partido de los Trabajadores, han perdido poder de convocatoria en las últimas décadas. Simultáneamente, el sector agroindustrial brasileño, que recibió subsidios sustanciales durante administraciones de izquierda, ha migrado hacia la derecha porque se siente constreñido por los límites ambientales que esas mismas políticas intentan imponer. Los agricultores de grandes extensiones se ven frustrados por regulaciones que impiden la expansión sin límites de sus operaciones en territorios amazónicos.
Existe un marco geopolítico más amplio que contextualiza estos sucesos electorales. La competencia entre potencias mundiales, particularmente entre Estados Unidos y China, se está intensificando precisamente alrededor del control de recursos naturales y territorios críticos. Este contexto de rivalidad geopolítica amplifica los extremismos ideológicos e incrementa las presiones sobre gobiernos para que prioricen la extracción de recursos por encima de consideraciones ambientales. En Estados Unidos, las regulaciones ambientales han experimentado retrocesos significativos en años recientes. Argentina se alineó con políticas pro-extractivistas. En Colombia, Perú y Chile se han registrado giros notables hacia la derecha. Venezuela ha sido objeto de presiones e invasiones motivadas por sus reservas de recursos. En este contexto regional de giro derechista, Brasil emerge como pieza estratégica de importancia mayúscula. La familia Bolsonaro ha demostrado sintonía explícita con esta orientación internacional: Jair llegó al extremo de saludar la bandera estadounidense, mientras que Eduardo solicitó públicamente que Estados Unidos aplicara aranceles punitivos contra Brasil como represalia por el encarcelamiento de su padre.
La segunda vuelta electoral aún no se ha realizado. Teóricamente, existe una probabilidad menor pero no nula de que Lula logre una sorpresa electoral reclutando votos entre los millones de ciudadanos que se abstuvieron de marcar sus preferencias en la primera ronda. Sin embargo, los números históricamente favorecen al candidato que lidera después de la primera votación. De los candidatos eliminados, la mayoría provenía del espectro ideológico derechista, lo que sugiere que sus simpatizantes migren preferencialmente hacia Bolsonaro en la contienda definitiva. No existe en la historia electoral brasileña precedente de un candidato que haya liderado la primera ronda y perdido la segunda vuelta presidencial.
Las consecuencias potenciales de un triunfo bolsonarista se desplegarían en múltiples dimensiones. Para ambientalistas y científicos, significaría la aceleración del punto de no retorno para ecosistemas críticos ya sometidos a presión creciente. Para inversionistas con intereses en minería, ganadería industrial y agricultura extensiva, representaría la apertura de territorios actualmente protegidos. Para pueblos indígenas y comunidades tradicionales, implicaría mayor vulnerabilidad frente a invasiones, despojo de tierras y presiones sobre sus modos de vida. Para la comunidad internacional preocupada por la crisis climática global, significaría la pérdida de un aliado crucial en la lucha contra el calentamiento planetario. Desde perspectivas opuestas, analistas argumentarían que tales políticas podrían estimular el crecimiento económico brasileño a corto plazo y crear empleos en sectores extractivos. La tensión entre estas visiones alternativas del futuro define la encrucijada que Brasil enfrenta, con implicancias que trascienden sus fronteras nacionales y se proyectan sobre la estabilidad ambiental planetaria y las instituciones democráticas regionales.



