Sabrina Crawford tenía todo calculado. Desde 2018 había iniciado un periplo burocrático exhaustivo para obtener la ciudadanía italiana, motivada por un sueño que la perseguía desde la infancia: radicar su vida en la tierra de sus antepasados. Originaria del área de la Bahía de San Francisco, esta mujer de 50 años había ya residido y trabajado en Italia durante varios años, aunque siempre bajo visas temporales que limitaban su permanencia. Su linaje materno le ofrecía una ruta potencial hacia la nacionalidad, pero una norma ancestral del país europeo le cerraba ese camino: las mujeres italianas nacidas antes del 1 de enero de 1948 no podían transmitir la ciudadanía a sus hijos. Entonces Crawford tuvo que optar por una vía alternativa mucho más compleja: rastrear una cadena ininterrumpida de descendencia que se remontara hasta su bisabuelo, quien había nacido en Verbicaro, un pequeño pueblo en Calabria.
Durante meses, Crawford realizó una travesía investigativa que culminó en un viaje personal a ese rincón del sur italiano. Allí, gracias a la intervención providencial de un sacerdote local y historiador que le permitió acceder a archivos parroquiales, logró confirmar la identidad de su ancestro y obtener su certificado de nacimiento. Cada obstáculo superado la acercaba a su objetivo. Pero en mayo del año pasado, todo se desmoronó en cuestión de horas. El gobierno de extrema derecha liderado por Giorgia Meloni aprobó una ley que redefinió drásticamente los criterios de acceso a la ciudadanía por vía sanguínea, cerrando efectivamente las compuertas para miles de solicitantes como Crawford. "Fue como si el cielo se derrumbara", recordaría ella posteriormente con angustia. "Esta noticia horrible trastocó todos mis planes, todas mis esperanzas, todas mis metas. Me rompió el corazón".
La nueva legislación y sus implicancias globales
La normativa implementada por el ejecutivo meloniano establece una línea divisoria tajante: solamente quienes pueden demostrar que su padre o abuelo eran ciudadanos italianos al momento del nacimiento, y que jamás adquirieron nacionalidad dual, tienen derecho a solicitar la ciudadanía. Esta restricción representa un giro radical respecto a la tradición secular italiana de acoger a los descendientes de la enorme diáspora que emigró desde la península hacia América, principalmente entre los siglos diecinueve y veinte. El cambio legislativo fue presentado como una solución a múltiples problemas simultáneamente: frenar a quienes alegaban vínculos tenues con Italia para obtener un pasaporte poderoso, descongestionar los escritorios de consejos locales y consulados abrumados por décadas de solicitudes acumuladas, y prevenir fraudes en la concesión de nacionalidades.
Crawford no fue la única atrapada en este cambio de reglas. En el momento en que la norma fue anunciada sin previo aviso, ella estaba en espera de un documento crucial: la prueba de que su bisabuelo no se había naturalizado como ciudadano estadounidense antes de que su línea de descendencia continuara. La aprobación legislativa llegó justo cuando estaba a metros de la meta. Ahora depende de una decisión que podría llegar en las próximas semanas desde la corte suprema italiana. Dos familias estadounidenses, representadas por el abogado Marco Mellone, han presentado un desafío legal argumentando que la ley debería aplicarse únicamente a los nacidos después de su entrada en vigencia, no de manera retroactiva como ha ocurrido hasta ahora. Mellone sostiene que sus clientes invocan derechos consagrados en el principio jurídico del ius sanguinis, expresión latina que significa "derecho de sangre" y que ha permitido históricamente a cualquiera que pueda probar ascendencia posterior a la formación de Italia en 1861 solicitar nacionalidad.
Los fundamentos de la medida y sus justificaciones cuestionadas
Las autoridades italianas esgrimieron argumentos específicos para justificar esta medida drástica. Meloni declaró poco después de la aprobación parlamentaria que "otorgar ciudadanía es un asunto serio y debe reservarse para quienes tengan una conexión genuina con nuestra nación". El decreto surgió, en parte, como respuesta a casos escandalosos ocurridos en 2024, cuando se alegó que el consulado italiano en Venezuela había otorgado ilegalmente ciudadanía a cinco miembros de Hezbollah, la organización política y milicia respaldada por Irán. El vicepresidente Antonio Tajani añadió combustible al debate al afirmar que en Brasil se estaban ofreciendo ciudadanías italianas con descuentos al estilo Black Friday, una metáfora que buscaba ridiculizar lo que consideraba un comercio indigno de nacionalidades.
Sin embargo, estas justificaciones no han logrado calmar a abogados como Mellone, quien considera que la aplicación retroactiva de la ley constituye una violación flagrante de principios constitucionales fundamentales. "Este es un punto crucial, y la razón principal por la que consideramos que esta ley es absolutamente inconstitucional e injusta", explicó el letrado. "Toca un derecho de ciudadanía en el momento del nacimiento y por lo tanto no debería aplicarse retroactivamente". En marzo pasado, la corte constitucional italiana ratificó la validez de la ley, pero la corte suprema tiene la facultad de aclarar su alcance. Es allí donde descansa ahora la esperanza de Crawford, Daley y miles más.
Los números revelan la magnitud del problema. Países como Brasil y Argentina, donde millones de italianos llegaron huyendo de la pobreza en el siglo diecinueve y principios del veinte, han visto cómo sus ciudadanos quedan excluidos de derechos que tenían al alcance días antes. La cifra de solicitudes pendientes afectadas es sustancial, y la mayoría corresponde a personas de Estados Unidos, Brasil y Argentina con conexiones legítimas a la península itálica. Jennifer Daley, historiadora de Kansas cuyo caso también representa Mellone, ha transitado un calvario similar durante una década. "Ha sido un largo viaje, pero tengo esperanza de que prevalezca la justicia", expresó con cautela.
La paradoja que señala Mellone es incisiva: mientras Italia enfrenta lo que Meloni ha caracterizado como un "invierno demográfico", el país rechaza tanto a hijos de inmigrantes nacidos en territorio italiano como a descendientes de emigrantes italianos. Un referéndum realizado hace poco para flexibilizar estas reglas fracasó por falta de participación. Datos recientes de Eurostat proyectan que para finales de siglo la población italiana caerá a 44 millones desde los aproximadamente 59 millones actuales. "Dicen no a los hijos nacidos en Italia de inmigrantes y no a los nacidos de emigrantes italianos. La decadencia demográfica es dramática. ¿Quiénes serán los ciudadanos italianos del futuro?", cuestionó Mellone con una mezcla de exasperación e ironía. Crawford, quien creció rodeada de familiares italianos y siempre supo que quería construir su vida en Italia, aguarda ahora que la justicia le permita continuar persiguiendo ese sueño. "Espero que aún haya un rayo de esperanza para personas como yo que hemos invertido tanto tiempo y energía en esto", concluyó.