La geografía del desastre ambiental en el corazón de la Amazonía brasileña dibuja un mapa de cicatrices marrones sobre lo que alguna vez fue selva virgen. En apenas dieciséis meses, entre enero de 2024 y agosto de 2025, aproximadamente 44,8 kilómetros cuadrados de bosque fueron arrasados en la región de Sararé, un territorio del tamaño de Singapur ubicado en la frontera con Bolivia donde habitan unos 200 miembros del pueblo Nambiquara. La destrucción representa un área casi equivalente a la mitad de Manhattan, un dato que cobra dimensión cuando se comprende que se produjo durante los esfuerzos más intensos del gobierno brasileño para contener una de las mayores agresiones contra tierras protegidas de los últimos años. Lo que cambió en el escenario es que, tras años de negligencia sistemática, fuerzas de seguridad brasileñas finalmente ingresaron en estos territorios con operativos coordinados para frenar un fenómeno que ha tomado proporciones industriales: la minería aurífera clandestina operada por redes criminales organizadas y prospectores descontrolados que ven en la inestabilidad política global una oportunidad de enriquecimiento rápido.
El éxodo de buscadores hacia nuevas fronteras del saqueo
Hace pocas semanas, la aglomeración conocida como Vila Cururu presentaba características de un enclave febril donde la vida transcurría en condiciones de extrema degradación. El asentamiento minero ilegal, construido con materiales precarios, funcionaba como un centro operativo desde el cual los buscadores extraían oro mediante técnicas invasivas y contaminantes. Prostíbulos improvisados, consumo desenfrenado de alcohol, explosiones constantes y la circulación de armas de fuego conformaban un panorama de completa anarquía territorial donde la autoridad estatal brindaba solo una presencia testimonial.
La paradoja que explica la intensificación del saqueo en Sararé radica en que los propios éxitos logrados por el gobierno en otras zonas de la Amazonía funcionaron como catalizadores para desplazar operaciones hacia regiones menos vigiladas. Cuando las autoridades intensificaron sus acciones en el territorio Yanomami, centenares de mineros migraron hacia el sur buscando refugio en áreas donde esperaban encontrar menor presión estatal. Simultáneamente, la cotización internacional del oro alcanzó máximos históricos, impulsada por la incertidumbre económica global y los movimientos geopolíticos impredecibles que generaron una demanda de activos seguros. Los inversores buscaban refugio en metales preciosos, lo que multiplicó exponencialmente los incentivos para continuar la extracción clandestina incluso bajo mayor riesgo.
Jackson Katitãurlu, líder de la comunidad Nambiquara, describió el resultado visible desde tierra con palabras que condensen la magnitud del colapso ecológico: sus territorios ancestrales fueron limpiados de toda cobertura vegetal, sus ríos fueron contaminados con mercurio utilizado en los procesos de refinación, y la fauna fue desplazada por la ininterrumpida cadencia de explosivos y maquinaria industrial. Los testimonios recogidos en el terreno revelan que el panorama desde el aire resultaba aún más desgarrador: máquinas excavadoras de la marca Hyundai habían extraído enormes cantidades de tierra, dejando montículos de escombros grises y cobrizo donde debería haber bosque. Pozas estancadas de agua teñida de bronce —contaminada con mercurio— punteaban un paisaje que parecía corresponder más a una zona industrial deteriorada que a un ecosistema selvático.
Contexto histórico: cuando la depredación se repite sobre el mismo pueblo
La llegada de la minería ilegal al territorio Nambiquara no constituye un evento aislado en la historia de este pueblo. Documentación antropológica registra que la primera incursión externa motivada por la búsqueda de oro remonta al siglo dieciocho, cuando se encontraron depósitos auríferos en las colinas circundantes. Durante siglos posteriores, poblaciones indígenas fueron sometidas a trabajo forzado en labores extractivas, luego sustituidas por esclavizados africanos cuando la coerción directa se volvió insostenible. Las epidemias del siglo veinte —gripe en los años veinte, sarampión en 1946— diezmaron a la población, reduciendo un pueblo que probablemente contaba con diez mil miembros a principios de 1900 a apenas seiscientos individuos en la actualidad. La construcción de infraestructura vial durante la dictadura militar de los años setenta introdujo nuevas enfermedades y violencia que consolidó la transformación de lo que fue descrito como "un pueblo libre y orgulloso" en una comunidad acorralada por fuerzas externas incontrolables.
El ciclo actual presenta dos diferencias cualitativas inquietantes respecto a incursiones anteriores. Primero, la tecnología empleada —excavadoras hidráulicas de última generación, explosivos sofisticados, sistemas de sluicing industrial— permite una magnitud de destrucción sin precedentes en cuestión de meses en lugar de años. Segundo, y más preocupante, existe evidencia de que grupos de crimen organizado con presencia internacional, particularmente facciones traficantes provenientes de Río de Janeiro y São Paulo, han avanzado hacia la Amazonía con la intención de controlar operaciones mineras. La facción conocida como Comando Rojo, que opera desde las favelas de Río, fue designada recientemente como organización terrorista extranjera por autoridades estadounidenses, y reportes de inteligencia sugieren que podría haber asumido el control de Vila Cururu y otros yacimientos en Sararé.
La presencia de grupos armados traficantes introdujo un nivel de violencia criminal que superó incluso los niveles de caos observados durante la expansión minera del gobierno anterior. En 2024, cuando fuerzas especiales ambientales llevaron a cabo operativos en la zona, cinco mineros fuertemente armados fueron abatidos en enfrentamientos. Días antes, cuatro personas fueron asesinadas en lo que aparentemente fue una guerra de posiciones entre facciones mineras rivales. Líderes indígenas reportaron la presencia de extractores equipados con fusiles automáticos, escopetas de calibre doce y pistolas. Saulo Katitãurlu, máxima autoridad indígena en Sararé, recibió amenazas directas de un minero que le advirtió sobre las consecuencias de denunciar públicamente la destrucción. Jackson Katitãurlu relató el hallazgo de un cadáver cerca de su aldea, envuelto en lona y con heridas de arma blanca profunda, que desapareció misteriosamente cuando la policía llegó para recuperarlo.
La máquina de guerra contra los depredadores: operativos sin tregua
A fines de marzo del 2024, fuerzas de seguridad brasileñas ejecutaron una operación terrestre y aérea coordinada que resultó en el desmantelamiento físico de Vila Cururu y otras instalaciones mineras en Sararé. Los mineros huyeron hacia los bosques circundantes ante el avance de tropas, dejando tras de sí infraestructura destruida y evidencia de operaciones apresuradas. Nilton Tubino, designado como funcionario responsable de dirigir las expulsiones de intrusos de territorios indígenas bajo las órdenes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, supervisa personalmente los operativos subsiguientes caminando entre ruinas carbonizadas, identificando puntos operativos no neutralizados y coordinando la destrucción de recursos aún útiles para los ilegales.
Tubino minimizó públicamente el rol del Comando Rojo en el control de las operaciones mineras, afirmando que carecía de pruebas concluyentes de su dominio sobre Sararé, aunque admitió la creciente violencia. Sin embargo, lo que sus equipos descubrieron durante los recorridos posteriores al primer operativo sugiere la presencia de organizaciones con capacidad logística sofisticada. En túneles de cien metros de largo excavados a profundidad en acantilados, los inspectores encontraron herramientas aún en uso, indicativo de actividades nocturnas para evadir detección. En un búnker subterráneo contiguo, las tropas desenterraron un generador eléctrico de capacidad suficiente para alimentar la totalidad del campamento de Vila Cururu. En una zona de arbustos cercana a una mina desactivada, descubrieron trescientos kilogramos de nitrato de amonio —explosivo industrial de uso común en minería— empacado en bolsas blancas. Las huellas frescas en senderos indicaban movimiento humano reciente, sugiriendo que prospectores continuaban operando pese al operativo.
Esta es la décima expedición de gran escala dirigida por Tubino desde que Lula retornó al poder en enero de 2023. Cada una de ellas representa un esfuerzo que consume recursos, arriesga vidas de personal de seguridad, y produce resultados que, aunque significativos en el corto plazo, parecen ser temporales. Los líderes indígenas no abriga ilusiones sobre la naturaleza del problema. Cuando se le preguntó qué ocurriría cuando las fuerzas se retiraran, Jackson Katitãurlu respondió con precisión desalentadora: "Si la operación se suspende, creo que regresarán. Ciento por ciento regresarán". Su análisis no requiere mayor justificación: mientras exista demanda global de oro, mientras los precios se mantengan elevados, y mientras grupos criminales perciban márgenes de ganancia suficientes, el incentivo económico para reintentar será irresistible.
El cálculo político y la estabilidad de las políticas ambientales
El futuro de esta campaña contra mineros está intrínsecamente ligado a ciclos electorales que escapan a la geografía amazónica. Lula enfrenta un panorama político donde su reelección no está garantizada, con encuestas que lo muestran apenas por delante de sus competidores. Entre los potenciales sucesores figura Flávio Bolsonaro, hijo del presidente anterior cuya gestión 2019-2023 fue caracterizada por retórica y políticas explícitamente hostiles hacia los derechos y territorios indígenas. Durante ese período, decenas de miles de mineros ilegales inundaron áreas protegidas sin temor a represalias, generando una aceleración sin precedentes en la destrucción ambiental de la Amazonía. Si el gobierno cambio de orientación política, la continuidad de los operativos contra minería ilegal entraría en incertidumbre fundamental.
Tubino vincula la permanencia de estas operaciones militares ambientales con la seguridad nacional brasileña, no solo con consideraciones ecológicas. Señala cómo la administración estadounidense utilizó supuestas conexiones entre funcionarios venezolanos y operaciones mineras ilegales como justificación para acciones extrajudiciales contra líderes políticos. Si Brasil perdiera el control sobre sus territorios indígenas ante infiltración criminal masiva vinculada a minería, la soberanía territorial podría ser cuestionada por actores externos. Esta dimensión geopolítica transforma el problema de la minería ilegal de una cuestión ambiental local en asunto de control territorial nacional.
El estado de la batalla en el terreno actual
Los recorridos más recientes por Sararé revelan un territorio parcialmente pacificado pero no completamente recuperado. Aunque las operaciones lograron expulsar la mayoría de los mineros organizados, rastros de presencia continua persisten. Durante el paso de las fuerzas de seguridad por Vila Cururu, radios policiales interceptaron comunicaciones entre centinelas emplazados en las alturas, quienes reportaban movimiento de personal desconocido. Los topos de avanzada describían a los visitantes foráneos mediante características físicas, demostrando que la vigilancia del territorio continúa bajo control de los ilegales. Cuando Tubino se adentró en los túneles de extracción más profundos, encontró evidencia de labores recientes: herramientas dispuestas como si fueran a reanudarse en breve, quizás apenas se retiraran las tropas.
El responsable de las operaciones reconoce que la batalla es agotadora, peligrosa e interminable. El personal bajo su comando enfrenta condiciones de selva tropical hostil, minería subterránea peligrosa, territorios donde grupos armados de crimen organizado están dispuestos a responder con violencia, y un trabajo que demanda precisión y persistencia bajo estrés constante. Cuando se le preguntó sobre licencias o períodos de descanso, Tubino respondió con claridad: "¿Vacaciones? No existe algo así como vacaciones". Su respuesta no es retórica sino descripción de una realidad donde la pausa en operativos equivale a permitir la reinfiltraciónde mineros y criminales.
La campaña anunciada para más adelante en 2024 representa la continuación de una estrategia sin horizonte de conclusión definido. Mientras persista la demanda global de oro, mientras los precios se mantengan en máximos históricos, mientras organizaciones criminales internacionales vean oportunidades de lavado de activos en operaciones mineras clandestinas, y mientras territorios indígenas permanezcan con cobertura vegetal aprovechable, los incentivos para la incursión ilegal superarán cualquier costo impuesto por operativos militares. El escenario que se despliega en Sararé representa un punto de tensión entre, por un lado, la capacidad estatal de desplegar fuerzas armadas y vigilancia tecnológica, y por otro, la determinación de actores criminales con recursos financieros sustanciales para sortear obstáculos legales y militares. El resultado de esta pugna moldeará no solo la geografía física de la Amazonía sino también la viabilidad política de las naciones indígenas que habitan esos territorios, la proyección de soberanía brasileña sobre sus fronteras, y la posibilidad misma de que ecosistemas intactos persistan en territorios codiciados por la economía global.
