La diplomacia estadounidense acaba de girar una página que parecía escrita en piedra desde hace más de dos décadas. Durante su reciente viaje a Beijing, el presidente estadounidense no solo evitó presionar al liderazgo chino sobre violaciones a derechos humanos, sino que además relativizó públicamente la importancia de defender a activistas encarcelados por razones políticas. Este cambio de rumbo representa mucho más que una anécdota diplomática: marca el fin de un consenso bipartidista que había caracterizado las relaciones entre Washington y Beijing durante los gobiernos republicano y demócrata. Lo que antes era considerado un pilar innegociable de la política exterior estadounidense hoy se presenta como una carta negociadora secundaria, algo que puede descartarse sin mayor consecuencia en el tablero de las grandes potencias.
Cuando se le preguntó antes de partir hacia la capital china si sacaría a colación el caso de Jimmy Lai, el magnate de medios de comunicación y activista a favor de la democracia confinado en Hong Kong, la respuesta fue a la vez despreocupada e ilustradora. El mandatario estadounidense afirmó que mencionaría el caso, pero luego lo equiparó con un dilema personal hipotético: ¿qué pasaría si su antiguo enemigo político James Comey, ex director del FBI, fuera encarcelado? La comparación trivializaba el encarcelamiento de un disidente político en un régimen autoritario, reduciéndolo al nivel de una rencilla personal. Esta actitud refleja una transformación profunda en cómo Washington concibe su rol en la escena global, al menos en esta administración. Desde el regreso al poder de Trump, su gobierno ha impulsado restricciones generalizadas a las libertades civiles dentro de sus propias fronteras: desde operativos migratorios masivos hasta limitaciones en el acceso a atención médica vinculada a identidad de género y reducción de financiamiento para organizaciones dedicadas a derechos civiles.
La ruptura con una tradición diplomática de generaciones
Lo que distingue esta etapa no es simplemente una flexibilización táctica en las negociaciones con China. Es el abandono casi total de lo que durante treinta años fue presentado como un principio rectora de la política exterior estadounidense: la defensa de los derechos fundamentales como elemento constitutivo del liderazgo democrático global. Cuando George W. Bush visitó Beijing en 2008, insistió en asistir a un servicio religioso dominical como manera de enfatizar públicamente su preocupación por la libertad de culto en territorio chino. Un año después, cuando Barack Obama realizó su viaje de Estado, instó al entonces presidente chino Hu Jintao a reanudar conversaciones con el Dalái Lama, el líder espiritual exiliado del Tíbet. Ambos mandatarios, a pesar de haber enfrentado críticas posteriores por sus propias acciones en el contexto de la guerra global contra el terrorismo, consideraban que la promoción pública de minorías y activistas en China era una responsabilidad que acompañaba al liderazgo estadounidense en el mundo. Esa postura fue celebrada por los incipientes movimientos de sociedad civil chinos, que veían en esas intervenciones una validación internacional de sus luchas.
Uno de los casos más resonantes de activismo diplomático ocurrió en 2012, cuando la administración Obama facilitó la evacuación de Chen Guangcheng, un abogado defensor de derechos humanos ciego que había escapado del arresto domiciliario. El episodio representó una culminación simbólica de años de presión estadounidense. Paradójicamente, años después, Chen instó a los votantes estadounidenses a elegir a Trump, argumentando que él "se enfrentaría a la tiranía". La ironía de los hechos posteriores es evidente: la administración actual ha subordinado explícitamente esas cuestiones a consideraciones comerciales y geopolíticas más amplias.
Expertos en diplomacia internacional subrayan que incluso cuando esas presiones públicas sobre derechos humanos no generaban cambios espectaculares en las políticas chinas, tenían un impacto tangible en activistas individuales. Un académico especializado en legislación asiática en una universidad de Washington señaló haber recibido comunicaciones directas de múltiples activistas chinos confirmando que cuando sus casos eran mencionados a nivel diplomático, las condiciones mejoraban: podía tratarse desde cambios en las circunstancias carcelarias hasta reducciones en el acoso extrajudicial. Esa función, aunque modesta, representaba un reconocimiento de que el poder blando estadounidense podía ejercer cierta influencia en favor de la dignidad individual. Hoy, esa palanca aparece descartada deliberadamente de la mesa de negociaciones.
China en su momento de máxima confianza internacional
El contexto en el cual ocurre este cambio de postura estadounidense es crucial para entender sus implicaciones. Desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012, China ha implementado una represión sistemática contra la sociedad civil: ha perseguido a activistas feministas, estrechado dramáticamente los espacios para expresión religiosa y étnica, y convertido la supresión de la disidencia en uno de sus objetivos estatales prioritarios. La creación de una red de campamentos de "reeducación" en la región noroeste de Xinjiang, donde investigadores internacionales han documentado el encarcelamiento de hasta un millón de uigures y otras minorías túrquicas bajo el pretexto de combatir el extremismo, representa quizás el capítulo más polémico de este período. Organismos de las Naciones Unidas han indicado que las políticas chinas en esa zona podrían constituir crímenes de lesa humanidad, aunque Beijing rechaza categóricamente esas acusaciones.
En paralelo, China ha desarrollado una confianza cada vez mayor en su posición global. Su fortaleza económica y militar ha crecido exponencialmente en los últimos treinta años, otorgándole una capacidad sin precedentes para resistir las críticas occidentales. Históricamente, Beijing interpretaba esas críticas como manifestaciones de condescendencia occidental y como intentos de imposición cultural. Esa narrativa ha evolucionado: hoy, China ha sofisticado sus propias contracríticas. En 2021, el Consejo de Estado chino publicó un extenso informe sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos que abría con una cita de impacto: "No puedo respirar", las últimas palabras de George Floyd, el hombre afroamericano cuya muerte a manos de un oficial policial desencadenó el movimiento Black Lives Matter. La estrategia es clara: si Occidente levanta acusaciones, China responde señalando hipocresía. Y en muchos sentidos, tiene argumentos que respaldan esa objeción.
Un abogado de derechos humanos que fue expulsado del colegio de abogados chino por sus actividades señaló que la propaganda estatal ha convencido a amplios sectores de la población de que las críticas estadounidenses no provienen de preocupaciones humanitarias genuinas sino de "fuerzas hostiles extranjeras" interesadas en debilitar a China. Esa narrativa ha calado hondo: muchos ciudadanos comunes ya no prestan atención a lo que dicen los estadounidenses. En este contexto, China percibe un espacio cada vez mayor para desatender presiones internacionales que antes consideraba al menos incómodas.
Durante la primera administración Trump, la composición del equipo de asesores y funcionarios incluyó múltiples personalidades caracterizadas como "halcones respecto a China": el entonces secretario de Estado Mike Pompeo y el entonces asesor adjunto de Seguridad Nacional Matt Pottinger eran figuras prominentes. Esa administración implementó sanciones contra varios funcionarios acusados de estar vinculados a violaciones de derechos humanos en Xinjiang y Hong Kong. El actual secretario de Estado, Marco Rubio, fue incluso sancionado por Beijing en su anterior rol de senador, cuando criticaba ferozmente el récord de derechos humanos de China. Sin embargo, esos asesores más confrontacionales han sido marginados en esta segunda gestión. Trump, cuya propia trayectoria política ha incluido múltiples expresiones de admiración por líderes autoritarios, ha hablado en términos altamente elogiosos del mandatario chino, describiéndolo públicamente como "un gran líder" y diciendo que considera "un honor" ser su amigo.
¿Qué se dice que ocurrió en las conversaciones?
Según el relato posterior del mandatario estadounidense, ofrecido a través de un medio de comunicación durante el viaje de retorno, los derechos humanos sí fueron mencionados en la cumbre. Aunque ni el comunicado oficial estadounidense ni el chino incluyeron referencias a este tema en sus descripciones de las conversaciones de dos horas, Trump afirmó que había planteado específicamente los casos de Jimmy Lai y de varios pastores cristianos detenidos. Según su versión, el liderazgo chino estaría "considerando seriamente" liberar a los líderes religiosos encarcelados, muchos de los cuales fueron aprehendidos durante una represión reciente contra comunidades cristianas. La noticia fue recibida con alivio por parientes de los detenidos. Una mujer cuyo padre fue encarcelado el año anterior expresó gratitud, describiéndola como "una respuesta importante a nuestras oraciones".
Sin embargo, cuando se trata específicamente de Lai, el hombre de 78 años que fue magnate de medios y que goza de apoyo transversal en el espectro político estadounidense, Trump definió el caso como "un asunto complicado". La distinción entre ambas categorías de prisioneros —religiosos y activista político— parece revelar el cálculo diplomático: los primeros podrían ser presentados como concesiones logradas por la presión estadounidense, mientras que el segundo, aparentemente, es considerado una "batalla" que no vale la pena librar con la misma intensidad. Esta jerarquización de prisioneros según su utilidad diplomática ilustra los cambios en el pensamiento estratégico de Washington.
La ausencia de presión sobre derechos humanos en las negociaciones actuales debe entenderse en el contexto más amplio de cómo están redefiniéndose las prioridades estadounidenses. Mientras que activistas de derechos humanos señalan que los tiempos en China son particularmente difíciles en la actualidad, la postura oficial estadounidense sugiere que esa realidad no constituye un impedimento para proseguir con una agenda diplomática centrada en otros temas: comercio, inversión, estabilidad geopolítica, competencia tecnológica. Una defensora de los derechos de los chinos expresó su preocupación de que ningún gobierno democrático ha mantenido el ritmo de intervenciones necesarias para contrapesar las políticas represivas de Beijing.
Este giro en la diplomacia estadounidense abre interrogantes complejos sobre el futuro del compromiso democrático occidental con cuestiones humanitarias a escala global. Por un lado, algunos analistas argumentarían que una mayor pragmatismo en las relaciones entre potencias puede reducir confrontaciones innecesarias y crear espacios para cooperación en problemas de alcance planetario como cambio climático o pandemias. Por otro lado, defensores de la promoción de derechos fundamentales sostienen que abandonar esa presión erosiona no solo la credibilidad moral estadounidense sino también desmoraliza a activistas locales que dependen de validación y respaldo internacional. El dilema que enfrenta la comunidad internacional es si la defensa de principios universales debe subordinarse a consideraciones de poder relativo, o si mantener esa presión —aunque incómoda— representa un costo necesario de las democracias liberales. Las próximas etapas de estas relaciones bilaterales probablemente mostrarán qué visión termina prevaleciendo.
