La noticia de la captura de Amjad Youssef, oficial de inteligencia acusado de participar en las masacres de Tadamon en 2013, encendió las calles sirias hace pocas semanas. Pero lo que parecía ser un triunfo de la justicia rápidamente se transformó en una encrucijada que revela las tensiones más profundas del país: ¿construir seguridad o reparar las heridas del pasado? Esta pregunta no es académica. Determina si Siria podrá genuinamente cerrar un capítulo de trece años de guerra civil y represión despiadada, o si simplemente cambiará de cara mientras perpetúa los mismos mecanismos de impunidad que caracterizaron el régimen anterior. Los hechos de las últimas semanas exponen una estrategia selectiva de justicia que privilegia la estabilidad sobre la verdad, con consecuencias que aún no se pueden medir completamente.
Ahmad al-Homsi, un activista de 33 años que documentó meticulosamente durante años los crímenes en el barrio de Tadamon, recuerda su reacción cuando se enteró de la detención. La alegría fue tan intensa que pasó casi cuatro días celebrando en la calle junto a vecinos. Familias de toda la zona sacrificaban animales y distribuían comida en una catarsis colectiva después de años de silencio forzado. Para al-Homsi y miles como él, la captura de Youssef representaba el inicio de una rendición de cuentas real: el oficial fue documentado en video ejecutando a civiles desarmados y con los ojos vendados, imágenes que se convirtieron en símbolos del terror estatal. Pero esa alegría duró poco. Cuando el ministerio del interior sirio lanzó un video de "confesión" del detenido el domingo pasado, donde Youssef afirmaba haber actuado solo en los asesinatos, la frustración reemplazó a la esperanza. Para al-Homsi, aquello era un acto de ocultamiento coordinado. "Por supuesto que me molestó. Esto es una cobertura para otros involucrados", expresó el activista. "Hay muchos más criminales. Queremos saber quién ocupaba posiciones o tenía responsabilidad al momento de las masacres."
Justicia de escaparate versus justicia verdadera
Lo que está sucediendo en Siria es un fenómeno que expertos identifican como justicia selectiva y performativa: arrestar a algunos perpetradores visibles, colocarlos frente a cámaras, convertirlos en chivos expiatorios mientras la maquinaria de crímenes más amplia permanece intacta. Ali Aljasem, investigador del Centro de Estudios de Conflictos de la Universidad de Utrecht, lo describe con precisión: "Se trata de atrapar a un par de personas, ponerlos en televisión y usarlos como cabeza de turco". El mismo fenómeno es visible en otro caso emblemático: el juicio de Atef Najib, primo de Bashar al-Assad y exjefe de seguridad política en la provincia de Deraa. Las imágenes de Najib en una jaula en la sala del tribunal, confrontado por uno de los adolescentes que fue torturado bajo su supervisión al inicio de la revolución siria, circularon ampliamente como símbolo de justicia. Sin embargo, los especialistas alertan que concentrarse en exhibir el castigo de unos pocos "malos actores" puede desviar la atención de un verdadero esclarecimiento de los crímenes pasados.
Nousha Kabawat, directora del programa sobre Siria del Centro Internacional para la Justicia Transicional, advierte que la justicia transicional no es simplemente un proceso punitivo. "Se trata de reconstruir una sociedad y restaurar la confianza. Aunque cierto nivel de visibilidad pública es parte de esto, no debería eclipsar la equidad, y el pueblo sirio debería ser tratado como socio y no como espectador en el proceso de reconstrucción", señaló. Pero hay algo más preocupante ocurriendo detrás de escenas. Mientras se detiene y juzga a subordinados como Youssef, el nuevo gobierno sirio está negociando con otros criminales de guerra. La estrategia de seguridad primero ha incluido acuerdos de reconciliación con enriquecidos durante la era Assad, como Mohammed Hamsho y Samer Foz, en intercambio de activos e información. También ha blindado temporalmente a algunos exfuncionarios de seguridad del régimen anterior a cambio de inteligencia y para contener insurgencias de leales a Assad en la costa siria.
El papel oscuro del intermediario entre el viejo y el nuevo régimen
Un nombre central emerge en esta maniobra: Fadi Saqr, excomandante de la milicia NDF del régimen Assad que ahora actúa como mediador entre la vieja y nueva guardia. Saqr ha asistido tanto en arrestos de otros funcionarios como en negociaciones con antiguos colaboradores del régimen caído. Sin embargo, es ampliamente acusado de participación en la matanza masiva de civiles en Tadamon y otros distritos de Damasco. El dilema que representa Saqr es un reflejo del cálculo que hace el gobierno: detener a alguien como él significaría capturar a una persona; mantenerlo vivo y operativo podría conducir a la identificación y captura de docenas más. "Incluso aquellos que ahora lo protegen te dirán que es un criminal, pero es útil para ellos", explica Aljasem. Este razonamiento, cualquiera sea su lógica práctica, transmite un mensaje claro: la estabilidad importa más que la verdad. Para investigadores como Aljasem, esta aproximación centrada en la seguridad tiene riesgos existenciales. "Estos acuerdos no tienen nada que ver con justicia o alejarse del pasado. En su lugar, arriesgan reproducir estructuras autoritarias del pasado", advierte.
Dentro del gobierno sirio hay divisiones sobre cómo proceder con la justicia transicional. El ejecutivo integró a activistas anteriores, abogados y académicos comprometidos con la rendición de cuentas. Sin embargo, los analistas señalan que las decisiones sobre cuestiones de seguridad caen en un círculo restringido de confidentes alrededor del presidente Ahmed al-Sharaa, que favorecen el enfoque securitario. Esta concentración del poder en manos de quienes priorizan la estabilidad sobre la justicia explica por qué se avanzan algunos casos públicamente mientras otros avanzan hacia acuerdos en la sombra. Al-Homsi, quien se ha reunido con funcionarios sirios para discutir las preocupaciones de las familias de Tadamon respecto del rol de Saqr en el nuevo gobierno, articula la posición de las víctimas: "Tenemos confianza en el gobierno; no queremos decir inmediatamente que esto es incorrecto. Pero exigiremos nuestros derechos y los de todas las familias". Hay una paciencia cautelosa, pero también una determinación inquebrantable.
Limitaciones legales y presión popular creciente
La estructura legal del incipiente gobierno sirio no está equipada para abordar adecuadamente el legado de la guerra civil. El código penal sirio no define crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad como categorías legales independientes. Podría pasar muchos meses antes de que el parlamento apruebe una ley de justicia transicional que aborde estas cuestiones fundamentales. A pesar de estas limitaciones formales, la presión popular creciente por justicia ha impulsado a ciertos sectores del gobierno hacia la rendición de cuentas. La Comisión para la Justicia Transicional está preparando un caso contra Saqr acusándolo de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, afirmaciones que él niega. La comisión anticipa que se montará un caso más amplio contra todos los implicados en las masacres de Tadamon, no solo contra Youssef.
Zahra al-Barazi, vicepresienta de la comisión, fue clara sobre los límites de una estrategia de solo arrestos: "Simplemente capturar a alguien no es justicia". Al-Homsi pasó años documentando atrocidades en Tadamon en silencio total, robándose momentos para fotografiar pruebas, recopilando información en susurros. Ahora que Assad se fue, está decidido a ver esa evidencia utilizada. "La gente está regresando y quiere vivir en sus casas. Quieren reconstruir", dijo. "Pero nosotros estamos allí diciendo: 'Este lugar entero es una fosa común. Está lleno de mártires; no pueden construir aún. No pueden borrar la escena del crimen'". Esta tensión entre la necesidad de seguridad y estabilidad para que la reconstrucción avance, y la necesidad de justicia completa para que la reconciliación sea genuina, es el dilema fundamental que enfrenta Siria.
Consecuencias a largo plazo de una justicia incompleta
Los próximos meses y años revelarán si Siria puede navegar entre estos dos imperativos o si elegirá uno a costa del otro. Una estrategia que privilegia la seguridad mientras paraliza la justicia corre el riesgo de crear dos categorías de sirios: aquellos cuyas pérdidas serán públicamente reconocidas y procesadas, y aquellos cuya sufrimiento quedará en la sombra porque sus victimarios son "útiles" al estado. Esto podría socavar la cohesión social que el gobierno está intentando construir a través de diálogos intercomunales en zonas como Salamiyeh y Homs, aunque estos esfuerzos han tenido éxito desigual. Alternativamente, una presión sostenida desde la base, como la que ejercen los activistas de Tadamon, podría obligar a un cambio de curso hacia un sistema de justicia más integral. El contexto histórico importa: Siria ha vivido décadas de represión, guerra y fragmentación. La tentación de sacrificar la verdad por la estabilidad es comprensible, pero los ejemplos regionales e internacionales muestran que las transiciones que eligen ese camino enfrentan posteriores olas de violencia y desconfianza. Las consecuencias de las decisiones que se tomen ahora se extenderán más allá del presente inmediato, moldeando la posibilidad misma de que Siria se convierta en un estado donde la ley proteja a todos por igual.
