Hace apenas un fin de semana, en la ciudad de York, la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra se vio obligada a defender públicamente una iniciativa que pretende enfrentar las deudas históricas de la institución con las comunidades que sufrieron el comercio de esclavizados. El proyecto, denominado Spire, representa un desembolso de cien millones de libras esterlinas destinado a lo que se conoce como justicia reparativa. Sin embargo, la medida no ha transcurrido sin turbulencias: enfrenta demandas legales en curso, críticas provenientes de sectores políticos y conservadores, e incluso ha generado un clima de hostilidad hacia los funcionarios eclesiásticos responsables. Lo que comenzó como un reconocimiento de culpabilidad institucional se ha convertido en una encrucijada que pone en tensión los valores proclamados de la iglesia con las resistencias que emergen desde distintos flancos de la sociedad británica.
El descubrimiento que cambió la narrativa institucional
La génesis de este conflicto remonta a investigaciones realizadas en torno a un fondo de dotación eclesiástica cuya antigüedad se extiende hasta el año 1704. Este fondo, conocido como Queen Anne's Bounty, fue objeto de auditorías exhaustivas que revelaron conexiones comprometedoras con el sistema de esclavitud transatlántico. Los registros demostraron que la institución había canalizado recursos hacia la South Sea Company, una entidad mercantil que trasladó más de treinta y cuatro mil personas esclavizadas a través del océano Atlántico. Pero la participación no se limitaba a inversiones financieras anónimas. El fondo también había recibido aportaciones personales de figuras prominentes del comercio esclavista, entre ellas Edward Colston, un accionista de relevancia en la Royal African Company, organización que protagonizó buena parte del tráfico humano hacia las colonias americanas. Estos descubrimientos, lejos de permanecer en archivo, propiciaron que en 2023 se iniciara el proyecto Spire como respuesta institucional a un pasado que la iglesia ya no podía minimizar ni ocultar bajo narrativas de ajenidad.
Lo que distingue a esta iniciativa es que no se trata simplemente de un fondo de disculpas simbólicas. Los Comisionados de la Iglesia, el organismo que administra los bienes patrimoniales de la institución anglicana, comprometieron recursos concretos con la intención de transformar la dinámica económica en comunidades descendientes de víctimas. El mecanismo propuesto incluye la creación de un fondo de inversión de impacto que, teóricamente, financia emprendimientos en territorios afectados por la herencia del esclavismo, combinando objetivos socioambientales con retornos financieros. Se trata de una aproximación que intenta reconciliar la responsabilidad histórica con instrumentos del capitalismo contemporáneo.
Cifras que dimensionan la magnitud del enriquecimiento histórico
Durante los debates sinodales que se desarrollaron en York, emergieron datos que ponen en perspectiva la escala real del beneficio que la iglesia obtuvo de su participación en la economía esclavista. Daniel Matovu, abogado que representa los intereses de la diócesis de Oxford ante el sínodo, presentó cálculos que revelan la dimensión del problema: entre los años 1710 y 1838, la iglesia operaba directamente plantaciones de caña de azúcar en Barbados, generando ingresos anuales equivalentes a aproximadamente cinco millones de libras en valores monetarios contemporáneos. Extrapolando esa cifra a lo largo de más de un siglo de operaciones, el volumen total alcanzaría los seiscientos cuarenta millones de libras. Cuando Matovu confrontó al obispo de Norwich, Graham Usher, señalando que los cien millones destinados a Spire representaban apenas una fracción mínima de lo que la institución había acumulado, la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿puede considerarse suficiente un gesto que apenas representa el quince por ciento de lo que fue extractado durante siglos?
Matovu fue más allá en su diagnóstico. Durante su intervención ante la asamblea general, enfatizó que la iglesia no había sido meramente un inversor pasivo o un depositario incidental de fondos contaminados. Según su argumentación, la institución había "apoyado, defendido y participado activamente" en las operaciones esclavistas. Esta caracterización implica una responsabilidad moral que trasciende la simple complicidad financiera: sugiere que la iglesia proporcionó legitimación ideológica, cobertura legal y justificación teológica para un sistema que reducía seres humanos a mercancías. La historiografía documenta que la iglesia anglicana, durante ese período, desarrolló argumentaciones sofisticadas para conciliar la esclavitud con la doctrina cristiana, presentándola como una institución compatible incluso con los mandatos evangélicos de conversión y evangelización.
Las resistencias emergen desde múltiples direcciones
A pesar de que Spire representa un reconocimiento inusual de culpabilidad institucional en el contexto de las iglesias cristianas occidentales, el proyecto ha generado oposición que proviene de sectores dispares. Desde el flanco político conservador, figuras como Katie Lam y estructuras de pensamiento como el tanque de ideas Policy Exchange han cuestionado tanto el fundamento histórico como la oportunidad de la medida. Los críticos argumentan que la iglesia estaría malasignando recursos que deberían destinarse a otras prioridades, o que las conexiones históricas han sido interpretadas de manera tendenciosa. Otros miembros de la comunidad anglicana han tachado la iniciativa de "históricamente desinformada", sugiriendo que los análisis sobre los que se basa adolecen de rigor académico.
Lo que ha tomado a los responsables institucionales con mayor sorpresa, sin embargo, ha sido la intensidad del acoso dirigido contra los funcionarios eclesiásticos involucrados. El obispo Usher, en su intervención ante el sínodo, solicitó explícitamente a los asistentes que "ofrecieran oraciones" por los integrantes de los Comisionados de la Iglesia, quienes supuestamente han soportado "algunas de las comunicaciones y el abuso más viles". Esta referencia a un clima de hostilidad sugiere que la discusión sobre reparaciones históricas ha trascendido los debates parlamentarios e institucionales para transformarse en una confrontación que incluye campañas de intimidación personal. La reverenda Rachel Webbley, una vicaria de la diócesis de Canterbury, preguntó directamente si existía alguna conexión entre quienes lanzaban desafíos legales contra el proyecto y aquellos responsables de las comunicaciones hostiles.
Precedentes en el seno de la institución religiosa
No se trata del primer intento de la iglesia anglicana, o de estructuras vinculadas a ella, de confrontar históricamente su rol en la esclavitud. En 2024, la organización misionera USPG, conocida históricamente como la Sociedad para la Propagación del Evangelio en Tierras Extranjeras, implementó su propia iniciativa de justicia reparativa. Esta organización reconoció públicamente su responsabilidad en la posesión de dos plantaciones en Barbados donde miles de personas fueron esclavizadas, y destinó siete millones de libras para iniciativas dirigidas a las comunidades descendientes. Aunque la cifra de USPG es significativamente menor a la de Spire, su existencia simultánea subraya una tendencia dentro de instituciones anglicanas de aceptar responsabilidades históricas que, décadas atrás, hubieran sido sistemáticamente negadas.
La respuesta del obispo Usher a las críticas de Matovu resultó particularmente reveladora. Usher no intentó minimizar el alcance de lo ocurrido ni refugiarse en argumentaciones técnicas. En cambio, apeló a la experiencia vivencial: relató haber estado en los calabozos de Cape Coast Castle, el infame sitio de confinamiento en la costa de Ghana desde donde partían navíos hacia el Atlántico, y describió sus observaciones sobre los pisos manchados "de excremento, sangre y sudor" de quienes fueron capturados. Su testimonio personificó el sufrimiento abstracto en realidades materiales concretas. Cuando Matovu preguntó si cien millones constituía apenas "una gota en el océano", Usher no defendió la cifra como adecuada, sino que reconoció que "ninguna cantidad de dinero jamás podrá compensar lo que sucedió a las personas que fueron esclavizadas". Desde esa postura de humildad ante la inconmensurabilidad del daño, caracterizó a Spire como "un comienzo".
El desafío legal pendiente y sus implicancias
La existencia de una demanda legal en curso representa quizás el obstáculo más formidable para que Spire continúe su implementación. El obispo Usher confirmó ante el sínodo que se había iniciado un proceso legal contra el proyecto, aunque se negó a revelar detalles sobre su origen, identidad de los demandantes, o posibles vinculaciones con los grupos que han ejercido presión política y reputacional. Esta opacidad, aunque justificada desde perspectivas legales defensivas, genera especulaciones sobre quién está financiando o impulsando tales acciones judiciales. Los Comisionados de la Iglesia han sido instruidos para obtener "asesoramiento legal completo" antes de proceder, lo que sugiere que la iniciativa podría enfrentar meses o años de litigios antes de su implementación plena.
La pregunta que queda pendiente es de naturaleza constitucional y ética simultáneamente: ¿posee una institución religiosa el derecho y la autoridad de comprometer sus recursos patrimoniales en iniciativas de justicia reparativa sin el consentimiento explícito de su membresía? ¿Cuáles son los límites que deben establecerse entre reconocimiento histórico de culpabilidades y la restitución económica? El hecho de que Webbley haya preguntado dónde se originaba el desafío legal, e implícitamente insinuara que podría existir coordinación entre actores que buscan sabotear la iniciativa, subraya la complejidad política que rodea estos debates.
Repercusiones potenciales en el horizonte institucional
Las consecuencias de este enfrentamiento se desplegarán en múltiples registros. Desde la perspectiva de las comunidades descendientes, el resultado determinará si pueden acceder a formas de reparación concreta o si la iglesia eventualmente se replegará, volviendo a relatos de ajenidad histórica. Para los sectores que resisten el proyecto, la batalla legal representa una oportunidad para establecer precedentes jurídicos que frenen iniciativas similares en otras instituciones británicas. Para la institución anglicana misma, el desenlace marcará un punto de inflexión: continuará hacia una redefinición de su rol histórico y ético, o retrocederá hacia posiciones de mayor defensividad institucional. Las acciones de gobiernos y parlamentos en otras democracias occidentales que enfrentan similares cuestionamientos sobre complicidades pasadas podrían encontrar en este caso un referente significativo, ya sea como validación de responsabilidad histórica o como advertencia sobre los costos políticos de tales reconocimientos.
