Hace más de cuatro meses que Venezuela experimenta una transformación política sin precedentes, aunque sus contornos permanecen borrosos para la mayoría de sus habitantes. Lo que comenzó como una intervención militar relámpago en la madrugada del 3 de enero ha dejado un rastro de interrogantes que aún flotan sobre la nación caribeña. No se trata simplemente de un cambio de gobierno convencional, sino de una reconfiguración geopolítica tan abrupta como desconcertante, donde los aliados de ayer ahora pactan con sus enemigos históricos y los ciudadanos luchan por entender qué significa el nuevo orden que se impone sobre sus vidas.

Aquella noche de primeros de enero, cuando misiles aire-superficie llovieron sobre instalaciones militares y costeras, las interpretaciones fueron tantas como los habitantes que las presenciaron desde sus hogares. En el residencial Urbanización Rómulo Gallegos, ubicado en Catia La Mar a unos treinta kilómetros de la capital, Ángel Linares creyó que se trataba de fuegos artificiales de año nuevo. Su madre, Jesucita, de ochenta y cinco años, imaginó un terremoto similar al de mil novecientos sesenta y siete. Elizabeth Herrera, tras escuchar el estampido inicial y el sonido de los vidrios rompiéndose, luego percibió algo más grave: el fuego de armas automáticas atravesando la oscuridad. La operación conocida como "Absolute Resolve" duró apenas dos horas y media, pero sus consecuencias se extenderían mucho más allá de ese período inicial de caos y destrucción. Lo que nadie esperaba era que detrás de esa intervención no había un plan clásico de cambio de régimen, sino algo más complejo, más transaccional y, para muchos, profundamente desconcertante.

Un vacío de explicaciones en medio de transformaciones tangibles

Los primeros cambios fueron visibles y casi inmediatos. Los retratos del anterior mandatario desaparecieron de despachos públicos. Los murales que glorificaban su imagen fueron pintados sobre. Cientos de prisioneros políticos fueron liberados, incluyendo activistas y disidentes que habían permanecido encarcelados durante años. Por primera vez desde el polémico proceso electoral de dos mil veinticuatro, periodistas extranjeros pudieron acceder al territorio nacional. Estas transformaciones alimentaron esperanzas genuinas en sectores amplios de la población que llevaban años bajo un régimen cada vez más represivo. En las inmediaciones de El Helicoide, la infame instalación que funcionaba como centro de tortura, cientos de personas se congregaron para exigir elecciones libres y la liberación de aproximadamente quinientos detenidos aún cautivos. La presencia policial en la escena no impidió la protesta, apenas la documentó. Esto marcaba un quiebre respecto a tiempos anteriores, cuando tales manifestaciones hubieran sido dispersadas violentamente.

Sin embargo, a medida que avanzaban los días y las semanas posteriores a la intervención, la euforia inicial chocó contra una realidad perturbadora: Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen depuesto, permanecía en el poder, respaldada explícitamente por la administración estadounidense. Esta alianza improbable entre el gobierno revolucionario bolivariano —que durante más de dos décadas había construido su identidad discursiva en la confrontación con Washington— y la Casa Blanca generaba perplejidad incluso entre observadores políticos experimentados. Rodríguez no ofrecía calendarios claros para convocar a elecciones. Cuando se le preguntaba sobre la realización de comicios, su respuesta era vaga: "algún momento". Los diplomáticos acreditados en Caracas expresaban asombro ante lo que describían como un "teatro del absurdo", comparándolo con la situación de Japón tras su rendición en mil novecientos cuarenta y cinco, cuando el emperador Hirohito pidió a su pueblo "soportar lo insoportable". Pero en Venezuela, las nuevas autoridades no ofrecían ni siquiera esas justificaciones públicas. Simplemente habían transitado de un punto A a un punto B sin explicación alguna.

Los intereses que moldean el futuro sin que se debata públicamente

Analistas estadounidenses y diplomáticos con experiencia en asuntos venezolanos explicaban el giro mediante cálculos pragmáticos. Para la administración Trump, la intervención representaba una oportunidad para asegurar acceso a las vastas reservas petroleras de Venezuela, además de obtener lo que internamente era celebrado como una victoria geopolítica en medio de complicaciones en otros frentes. Para Rodríguez y su círculo, el panorama era igualmente transaccional: permitir la presencia estadounidense y colaborar con sus objetivos representaba la única estrategia viable para mantener el control político y preservar, en alguna forma reconocible, la estructura revolucionaria que Hugo Chávez había edificado hace más de dos décadas. Un diplomático experimentado sugería que Rodríguez probablemente experimentaba esta situación como humillante, pero como un precio necesario para la supervivencia política. Los intereses comunes entre Washington y la nueva administración caraqueña eran claros en los hechos, aunque permanecían sin articulación oficial.

Las consecuencias de esta alineación llegaban hasta los detalles simbólicos. Funcionarios estadounidenses llegaban a Caracas en los primeros vuelos comerciales después de siete años, siendo recibidos con sonrisas por autoridades venezolanas que históricamente habían sido sus adversarios. Jarrod Agen, funcionario de energía de la administración Trump, expresaba su entusiasmo con frases como "estamos avanzando a velocidad Trump", flanqueado por oficiales venezolanos que años atrás hubieran considerado impensable tal escena. Para sectores de la oposición que habían esperado ver a María Corina Machado, la candidata que afirmaba haber ganado las elecciones de dos mil veinticuatro, asumir la presidencia, esta realidad resultaba profundamente amarga. Machado permanecía ausente del país, sideliniada de facto del nuevo orden. Activistas como Jesús Armas, quien había sido prisionero político y posteriormente liberado en febrero como gesto de la nueva administración, expresaban esperanza en que la transformación continuar ía, pero también evidenciaban la fragilidad de esa esperanza.

La vida cotidiana de ciudadanos como Elizabeth Herrera reflejaba esta contradicción. Meses después del ataque, vivía junto a un monumento gubernamental dedicado a las víctimas de la operación, con un mural que proclamaba "Prevaleceremos". Su primer impulso tras la intervención había sido de alivio genuino, creyendo que finalmente escaparía de la asfixia económica y política que caracterizaba la existencia bajo el régimen anterior. Pero conforme los días pasaban, la desilusión reemplazaba a la esperanza inicial. Veía noticias sobre la cantidad de petróleo y oro que Estados Unidos extraía de Venezuela, mientras la situación económica de los ciudadanos ordinarios permanecía estancada. Si tuviera la oportunidad de hablar con Trump, le diría que considerara a los venezolanos, no solo los recursos naturales que su país poseía. La madre de Ángel Linares, Jesucita, por su parte, canalizaba sus temores de forma más inmediata: había preparado un carrito de compras como bolsa de emergencia, lleno de ropa y medicinas, en previsión de que otro ataque pudiera ocurrir. Oraba pidiendo que nunca volviera a suceder, pero sabía que la incertidumbre era la única certeza disponible.

El costo humano invisible en medio de transformaciones políticas

La interrogante que formulaba el hijo autista de Elizabeth Herrera durante aquellos primeros minutos de caos contenía una lógica que trascendía la edad y la condición neurológica: si esto era un asunto entre gobiernos, ¿por qué caían misiles sobre civiles? Decenas de soldados cubanos y venezolanos murieron en la operación, junto con al menos tres civiles, aunque las cifras exactas permanecían oscuras. Los residentes de la Urbanización Rómulo Gallegos no eran actores políticos. No habían votado por nadie ni tenían participación en decisiones de Estado. Simplemente se encontraban donde se encontraban cuando las fuerzas aéreas estadounidenses bombardearon instalaciones militares cercanas. Esta desconexión entre el nivel de toma de decisiones geopolítica y el nivel de sufrimiento humano concreto constituía la verdadera brecha que estructuraba la confusión reinante. Jesús Armas, liberado de El Helicoide en febrero, expresaba esperanza y confianza en que María Corina Machado retornaría en las próximas semanas para completar la transformación democrática. Pero para Elizabeth Herrera, la esperanza coexistía con el miedo: el miedo de albergar esperanzas que nuevamente no se concretaran, el miedo de que la situación permaneciera congelada en este estado de transición incompleta indefinidamente.

Lo que se desplegaba ante los ojos de los venezolanos cuatro meses después del 3 de enero era un escenario sin precedentes en la historia reciente del país. No era una democracia plenamente restaurada, ni tampoco una continuación sin cambios del régimen anterior. Era algo intermedio, algo que carecía de nombre consolidado, algo que varios observadores internacionales describían como anómalo o ilegítimo desde perspectivas distintas. Para algunos, la intervención estadounidense representaba un acto de soberanía violada. Para otros, era el precio necesario para desmantelar un sistema represivo. Para la mayoría de la población —gente que simplemente quería vivir sin sobresaltos, alimentarse adecuadamente, acceder a servicios básicos— el debate sobre la legitimidad geopolítica de la operación resultaba secundario frente a preguntas más inmediatas: ¿Habrá elecciones? ¿Cuándo? ¿Cambiará nuestra situación económica? ¿Será seguro el futuro? Las respuestas a estas preguntas permanecían en suspenso, envueltas en la misma niebla que caracterizaba la transición política en su conjunto.

El panorama que se abría hacia adelante contenía múltiples posibilidades sin que ninguna de ellas fuera claramente predecible. Un escenario contemplaba la consolidación de una estructura de poder híbrida, donde Rodríguez mantendría el control bajo supervisión estadounidense, eventualmente legitimada mediante elecciones pero con parámetros establecidos por negociaciones previas. Otro escenario posible era un retorno gradual hacia formas democráticas más convencionales, con todas las complejidades que ello implicaría para las relaciones entre Washington y Caracas. Un tercero contemplaba inestabilidad prolongada, con sectores de la oposición rechazando el nuevo arreglo institucional y presionando por transformaciones más profundas. Lo que parece seguro es que Venezuela seguirá viviendo los efectos de esta intervención durante años, que la confianza en las instituciones permanecerá frágil, y que la experiencia de ciudadanos ordinarios como Herrera, Linares y tantos otros seguirá estando marcada por la incertidumbre respecto de qué significa realmente este nuevo período que apenas comienza a tomar forma.