Una mujer que pasó las fiestas de fin de año en una montaña italiana nunca imaginó que su reclamo por un vaso de agua de la canilla terminaría ante la más alta instancia judicial del país. Lo que comenzó como una incómoda situación cotidiana durante una estadía de siete días en 2019 evolucionó hacia un proceso legal de años que llegó hasta la Corte de Casación italiana, el tribunal de última instancia, generando un fallo que pone sobre la mesa interrogantes incómodos acerca de qué se considera un derecho elemental y qué forma parte de las prácticas comerciales legítimas en la industria hotelera.
Los hechos que desencadenaron este litigio ocurrieron en Corvara, en la región de Badia, en el corazón de las Dolomitas, un destino alpino reconocido mundialmente por sus pistas de esquí y su infraestructura hotelera de categoría internacional. La turista se hospedaba en un establecimiento de cinco estrellas bajo un régimen de media pensión, lo que significaba que el desayuno y la cena estaban incluidos en el paquete, pero las bebidas corrían por su cuenta. Durante cada una de sus cenas, solicitó agua del grifo, un procedimiento que en otros países del mundo se considera una práctica estándar y gratuita en bares y restaurantes. En algunas oportunidades, incluso se ofreció a pagar por ella. La respuesta fue invariable: su demanda fue rechazada de manera consistente, y en su lugar, cada noche encontraba sobre la mesa una botella de agua mineral de 0,75 litros al costo de €7.
El argumento de un derecho fundamental
La reacción de la huésped no fue aceptar la situación como parte de los usos y costumbres de la hotelería italiana. En cambio, decidió cuestionar lo que consideraba una vulneración a algo más básico que un simple capricho de consumidor. En sus escritos legales, planteó que el acceso al agua era "un recurso natural y un derecho humano universal", retomando argumentos que organismos internacionales han esgrimido durante décadas. Su posición se fundamentaba en que "la provisión gratuita de una cantidad mínima vital es imprescindible para satisfacer necesidades esenciales y debe estar garantizada". Extendía esta lógica al contexto de un alojamiento turístico, sugiriendo que el agua debería formar parte de los servicios básicos de cualquier establecimiento, de la misma manera que una cama con sábanas limpias, una habitación templada o jabón en el baño.
La cifra que reclamaba como compensación por lo que describía como "daño económico y angustia emocional" era de €2.700. Aunque la cantidad pueda parecer modesta en términos absolutos, lo significativo era el principio que estaba dispuesta a defender a través de instancias judiciales sucesivas. Su argumento trasladaba la discusión desde el plano comercial hacia uno fundamentalmente vinculado con derechos humanos y dignidad, reposicionando una botella de agua mineral de siete euros no como un artículo de lujo sino como la imposición coercitiva de un consumo innecesario.
El recorrido por los tribunales y el fallo definitivo
El sistema judicial italiano procesó el caso a través de tres instancias, cada una rechazando los argumentos presentados por la demandante. Los tribunales de primera y segunda instancia desestimaron el reclamo. Sin embargo, la mujer no se dio por vencida e impugnó la decisión ante la Corte Suprema de Casación, la institución máxima en la jerarquía judicial italiana. La corte suprema confirmó el criterio de las instancias inferiores y rechazó definitivamente el caso. En su razonamiento, estableció un punto de claridad que probablemente se convertirá en jurisprudencia: no existe ley en Italia que obligue a los gestores de restaurantes u hoteles a servir agua de grifo a los clientes de manera gratuita.
El fallo tiene implicancias que van más allá del caso puntual. Sanciona legalmente una práctica que, aunque controvertida en términos éticos, goza de tradición en ciertos círculos de la hotelería europea, particularmente en establecimientos de lujo. Pedir agua sin costo en Italia se considera, en general, una falta de protocolo, especialmente cuando el mesero ya ha ofrecido la alternativa de botellas de agua natural o carbonatada. Sin embargo, paralelamente, existe una tendencia global emergente que va en la dirección opuesta: clientes cada vez más conscientes del impacto ambiental del plástico desechable buscan alternativas sostenibles, y establecimientos gastronómicos de diferentes latitudes comienzan a ofrecer agua filtrada de manera voluntaria.
El contexto de este fallo es relevante considerando que Italia, como miembro de la Unión Europea, adhiere formalmente a acuerdos internacionales que reconocen el agua como derecho humano. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, reconoció explícitamente que el acceso al agua limpia y el saneamiento son derechos humanos. No obstante, el fallo italiano establece una distinción entre ese derecho abstracto y la obligación legal de los prestadores de servicios privados de garantizarlo dentro de sus establecimientos. La justicia italiana optó por priorizar la autonomía comercial de los hoteles y restaurantes por sobre la aplicación extensiva de principios que vinculan agua con dignidad humana.
Esta resolución abre un abanico de posibles interpretaciones sobre hacia dónde evolucionará la regulación del sector en Europa. Por un lado, pueden argumentarse razones comerciales legítimas: los hoteles y restaurantes están autorizados a monetizar sus servicios y los clientes tienen libertad para rechazar ofertas que consideren injustas. Por el otro, crece la presión de movimientos ambientalistas y de derechos que cuestionan si la búsqueda de maximizar ganancias debe permitirse cuando choca con necesidades tan elementales. Algunos observadores sugieren que la batalla legal terminó, pero el debate cultural apenas comienza. Es probable que en los próximos años presenciemos cambios en las prácticas voluntarias de establecimientos de lujo que, aunque no obligados legalmente, reconozcan el valor reputacional de ofrecer agua de grifo como parte de su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.
