Un movimiento coordinado de restricción de derechos reproductivos avanza en Australia con una táctica probada en Estados Unidos: la fragmentación legislativa. Lo que en el país norteamericano culminó con el colapso de la sentencia Roe v. Wade en 2022 comienza a replicarse en el continente australiano a través de iniciativas que buscan cercenar el acceso al aborto desde múltiples flancos simultáneamente. Este patrón de ataque progresivo no es casualidad, sino el resultado de una estrategia deliberada: los activistas contra el derecho al aborto en Australia están consultando específicamente los antecedentes legislativos estadounidenses para armar sus propios proyectos de ley.
El fenómeno tomó nueva potencia con el protagonismo creciente de figuras políticas de mayor envergadura. Barnaby Joyce, el legislador de One Nation cuya ascensión electoral ha ganado tracción en las encuestas, encabezará este martes un acto público en Sídney para respaldar iniciativas restrictivas. Lo particular es que Joyce no es el único en esta cruzada: su partido, One Nation, ha adoptado una política explícita de "buscar cada oportunidad para revertir leyes de aborto brutales y extremas". Este lenguaje no aparece por generación espontánea. Refleja, en cambio, un intercambio deliberado de tácticas entre activistas australianos y sus contrapartes estadounidenses, quienes perfeccionaron durante décadas un enfoque incremental para socavar derechos ya conquistados.
El manual importado: cómo el modelo estadounidense llega a Australia
La historiadora Prudence Flowers, especialista en historia estadounidense de la Universidad Flinders, ofrece una lectura desapasionada del fenómeno: la similitud entre los proyectos australianos y los estadounidenses no obedece a coincidencia, sino a un aprendizaje deliberado. "Uno de los motivos por los que estas políticas resultan tan semejantes es que el movimiento antiaborto australiano está observando explícitamente medidas históricas de EE.UU.", explica Flowers. "La razón por la que parece tan coordinado es que existe un manual al cual la gente puede recurrir". Ese manual incluye tres componentes específicos: la prohibición de abortos en etapas avanzadas del embarazo, la imposición de "cuidados médicos" obligatorios para fetos que sobreviven procedimientos abortivos, y la criminalización de interrupciones basadas en selección de sexo. Cada uno de estos elementos ya ha aparecido en proyectos de ley presentados en diferentes estados australianos durante los últimos años.
En Estados Unidos, esta estrategia incremental demostró ser devastadora en su eficacia. Lo que comenzó como restricciones parciales en determinadas jurisdicciones evolucionó hacia una anulación completa del derecho federal. Las consecuencias fueron inmediatas y documentadas: dificultades para acceder a atención en casos de aborto espontáneo, limitaciones en tratamientos de fertilidad, restricciones severas para que obstetras puedan ejercer su profesión, incremento en la mortalidad infantil y aumento en las muertes asociadas al embarazo. La lección quedó clara: el camino que Australia comenzó a recorrer en 2021, cuando despenalizó el aborto en todos los estados y territorios, podría revertirse mediante una campaña legislativa fragmentada.
Los proyectos que avanzan en las legislaturas locales
En Australia del Sur, la ex legisladora de One Nation Sarah Game ha presentado un proyecto para prohibir abortos después de las 25 semanas, incluso en casos de anomalías fetales graves. Los tres nuevos representantes de One Nation en la cámara alta de 22 miembros podrían permitir que el proyecto avance en esa cámara, aunque su aprobación en la cámara baja, dominada por Labor, presenta mayores obstáculos. En Queensland, el legislador del Katter's Australian Party Robbie Katter ha impulsado una moción para detener que enfermeras y parteras prescriban abortos químicos, conocidos como MS-2 Step. Veinte organismos, incluyendo el Colegio Real Australiano y Neozelandés de Obstetras y Ginecólogos, emitieron una carta abierta señalando que estos profesionales constituyen frecuentemente la única opción viable para personas que residen fuera de grandes centros urbanos, y que cualquier demora no evita abortos sino que los torna "más difíciles, posteriores y complejos".
En Nueva Gales del Sur, el legislador John Ruddick ha presentado un proyecto específico centrado en la "selección de sexo". Su argumento se basa en un estudio de la Universidad Edith Cowan que encontró evidencia indirecta de preferencias por varones en algunas comunidades migrantes, utilizando datos del período 1994 a 2015. Sin embargo, una revisión de Salud NSW de 2020 concluyó que la selección sexual ocurría "raramente". Del total de 15.973 abortos registrados en el período de doce meses hasta septiembre de 2020, apenas 13 fueron realizados por motivos de selección de sexo. De esos trece casos, 10 fueron "probablemente errores de reporte" debido a que se realizaron antes de las nueve semanas, cuando no existe un método accesible y confiable para determinar el sexo del feto. Ruddick sostiene que "los abortos por selección de género están sucediendo" y que la ley es necesaria para enviar un mensaje cultural. Su argumento es que aunque una madre que desee abortar por sexo del hijo pueda alegar cualquier otra razón, "la ley tendrá un efecto positivo en consolidar en nuestra cultura que los bebés varones y las bebas niñas tienen igual valor".
Detrás de estas iniciativas legislativas opera una red de activistas cuyos métodos y alcance han generado preocupación entre profesionales de la salud. Joanna Howe, una de las figuras más activas en esta red, ha organizado el acto de Sídney de este martes bajo la denominación de concentración por "Ruth y Emma", nombres que ella asignó a una imagen que creía que mostraba fetos pero que resultó ser fotografías de zarigüeyas bebés. Howe ha colaborado con legisladores estatales y federales en la redacción de proyectos para restringir acceso al aborto y ha expresado públicamente su convicción de que todo aborto debería estar prohibido, con penas criminales para "todos los involucrados". La influencia de Howe se extiende más allá del trabajo legislativo: ha aparecido repetidas veces en un podcast que conduce junto a su esposo, con participación de Pauline Hanson, presidenta de One Nation. Durante la elección especial de Farrer, Howe instó a sus numerosos seguidores en redes sociales a votar por One Nation, pese a que Hanson ha manifestado no oponersse al aborto en el primer trimestre, una posición que no aparece en la política formal del partido.
La alarma del sector sanitario ante la escalada
El ritmo acelerado de estas iniciativas ha generado respuestas preocupadas desde el sector médico. Prudence Flowers advierte que la población "debería estar alarmada" por la cantidad de medidas propuestas. "El ritmo de la actividad se ha intensificado realmente. Hemos visto múltiples iniciativas y protestas antiaborto en múltiples jurisdicciones. El propósito de este incrementalismo es posicionar el tema como algo que debería estar sujeto a debate político, algo que tradicionalmente los políticos australianos han evitado". El Colegio Australiano de Parteras ha declarado que está "alarmado" por los movimientos para restringir el aborto, afirmando que cualquier restricción "crea daño real para mujeres reales". Adurty Rao, directora ejecutiva de MSI Australia (anteriormente Marie Stopes), describe estos esfuerzos como "intentos de interrumpir décadas de avance hacia los derechos de las mujeres", y subraya que las "campañas de desinformación no disuadirán nuestra misión de entregar cuidado esencial a mujeres y personas embarazadas que buscan servicios críticos de aborto".
Las implicancias de esta ofensiva coordinada trascienden el debate parlamentario. El modelo estadounidense que Australia está replicando demuestra que los abortos no desaparecen cuando se los criminaliza; simplemente se vuelven más peligrosos, caros y accesibles solo para quienes tienen recursos. La fragmentación legislativa, el uso de datos selectivos o potencialmente erróneos, la invocación de conceptos vagos como "protección de la vida" y la movilización de redes activistas coordinadas constituyen un conjunto de herramientas probadas para desmantelar derechos. En Australia, donde hace apenas tres años se completó la despenalización del aborto en todas las jurisdicciones, esta estrategia avanza ahora con velocidad renovada, respaldada por legisladores con creciente poder político y financiamiento de activistas organizados. Que estas restricciones logren o no convertirse en ley dependerá de cómo reaccionen los organismos legislativos dominados por partidos que históricamente han mantenido el aborto fuera de la arena política ordinaria, pero el impulso actual sugiere que ese consenso no debería darse por sentado.
