La Policía Montada del Canadá atraviesa una encrucijada que va más allá de los uniformes escarlata que la han convertido en sinónimo visual de la nación norteamericana. Mientras sus característicos túnicos rojos siguen siendo reconocibles en todo el planeta —apareciendo en películas de Hollywood y en series animadas internacionales—, la institución se debate entre su colapso reputacional y una apuesta estatal de inyección de recursos sin precedentes. El punto de inflexión es tanto simbólico como práctico: los contratos que permiten que esta fuerza brinde servicios de policía local en 150 municipios y 600 comunidades indígenas, cubriendo ocho de las diez provincias del país y sus tres territorios, vencen en 2032. Lo que suceda en los próximos años determinará si esta institución de casi 150 años de antigüedad logra metamorfosearse o si cede paso a modelos completamente distintos de seguridad pública.

El cambio de administración en Ottawa ha marcado un giro dramático en la dirección que debería tomar la fuerza. Justin Trudeau, en sus últimos meses como primer ministro, argumentó públicamente en marzo de 2025 que la Policía Montada debería abandonar el patrullaje de proximidad en comunidades locales y enfocarse exclusivamente en seguridad nacional, contraterrorismo e interferencia extranjera. Su sucesor, Mark Carney, rechazó frontal y deliberadamente esa recomendación. En su lugar, el nuevo gobierno ha implementado medidas que van en sentido contrario: aumentó los salarios para los cadetes de la institución e inyectó $1.800 millones adicionales durante cuatro años en el presupuesto de operaciones locales. Esta decisión responde, según analistas especializados en seguridad, a presiones del gobierno estadounidense bajo la administración Trump, que ha exigido mayores controles fronterizos y una respuesta más robusta ante lo que califica como problemas de seguridad transfronteriza.

Las fracturas históricas que nadie puede ignorar

Pero los números y las políticas no cuentan la historia completa. La Policía Montada nació en 1873 como la Policía Montada del Noroeste, creada por el primer ministro John A. Macdonald, transformándose en su estructura actual en 1920. Desde su fundación, la institución fue diseñada como un instrumento de control colonial: sus agentes aplicaban restricciones de movimiento sobre las poblaciones indígenas y, a partir de los años treinta, fueron utilizados sistemáticamente para forzar a niños de Primeras Naciones a asistir a internados escolares que funcionaban como máquinas de asimilación cultural forzada y abuso físico y psicológico documentado. Este legado no es un dato histórico abstracto: permea las relaciones actuales entre la institución y los pueblos originarios, generando una desconfianza que ni décadas de reformas retóricas logran disolver.

La falta de personal que hable idiomas locales indígenas es apenas la punta visible del iceberg. Estudios académicos recientes señalan que los efectivos típicamente operan en destacamentos pequeños, a menudo temporales, desplegados en territorios rurales y remotos donde su desconexión con las comunidades a las que sirven es casi completa. Esta arquitectura organizacional reproduce, de forma no necesariamente intencional pero sí estructural, las dinámicas de dominación colonial que marcaron los orígenes de la fuerza. Cuando los uniformes rojos aparecen en una comunidad indígena después de meses de ausencia, traen consigo el peso histórico de represión, no de protección. Kent Roach, especialista en derecho constitucional de la Universidad de Toronto quien recientemente publicó un análisis exhaustivo sobre las presiones institucionales que enfrenta la Policía Montada, resumió el dilema de manera contundente: la transformación que se requiere es de tal envergadura que "estamos muy lejos de alcanzarla" y, lamentablemente, "el futuro no se ve particularmente prometedor".

Los casos que rompieron la confianza pública

Si el legado histórico proporciona el contexto oscuro, los eventos recientes ofrecen la evidencia concreta. En 2017, Dale Culver, un hombre indígena, murió tras una interacción violenta con efectivos de la Policía Montada. Cuatro años después, en 2021, Jared Lowndes experimentó un destino similar en circunstancias análogas. Ambos casos generaron indignación pública masiva y reforzaron la narrativa de que la institución perpetuaba patrones de violencia contra poblaciones vulnerables. Luego vino el caso de Colten Boushie en 2016: su asesinato fue seguido por una investigación del organismo de vigilancia independiente de la Policía Montada, que determinó que la institución había discriminado activamente a su familia durante el proceso de investigación. No fue una acusación de mala suerte o error aislado, sino de discriminación sistemática integrada en los procedimientos institucionales.

Mientras tanto, otro escándalo de magnitudes colosales ocupaba los tribunales: una demanda colectiva iniciada en 2021 reveló la extensión del acoso y la agresión sexual dentro de la institución. El resultado fue un acuerdo por el cual el gobierno federal desembolsó más de $125 millones para compensar a 2.304 mujeres miembros de la Policía Montada que reportaron haber sufrido asalto sexual y hostigamiento durante su desempeño laboral. Ese número representa no solo un costo fiscal significativo, sino un indicador de una cultura institucional donde la violencia de género contra sus propios integrantes era tolerada, normalizada y ocultada. Que estas cifras hayan salido a la luz pública no fue resultado de auditorías internas o autocrítica institucional: fue producto de la persistencia de sobrevivientes dispuestas a litigar contra su propio empleador.

Los fracasos en seguridad pública agregaron otra capa de crisis de confianza. En abril de 2020, un individuo que se disfrazó con el uniforme de la Policía Montada perpetró una masacre en Nova Scotia que dejó 22 personas muertas. Una investigación gubernamental posterior determinó que la institución había cometido una serie de errores operacionales graves: no compartió información crítica con el público durante el ataque, tampoco coordinó adecuadamente entre sus propios destacamentos, permitiendo que el perpetrador continuara actuando sin una respuesta coordinada. Dos años después, en septiembre de 2022, una nueva tragedia golpeó a la comunidad de James Smith Cree Nation en Saskatchewan, donde un atacante a cuchillo mató a 11 personas. La Policía Montada fue nuevamente objeto de críticas severas por su respuesta lenta e ineficaz. Ambos eventos no solo causaron dolor inmediato a las víctimas y sus familias: demostraron públicamente que la institución no estaba equipada para responder efectivamente a las amenazas contemporáneas a la seguridad pública.

¿Transformación o reemplazo?

En respuesta a esta cascada de crisis, académicos canadienses han comenzado a cuestionar si la reforma es suficiente o si lo que se necesita es un cambio de paradigma completo. Algunos han argumentado que la Policía Montada debería ser desmantelada y reemplazada por una estructura completamente nueva, mejor equipada para enfrentar amenazas del siglo XXI como crímenes cibernéticos, fraude financiero transnacional y terrorismo digital. Roach ha sido particularmente crítico con el enfoque actual, señalando que el modelo de "una solución para todos" aplicado uniformemente por la institución es anacrónico: "La forma en que se entrena a la Policía Montada está completamente desconectada de las realidades actuales", afirmó, agregando que la institución "parece atrapada en un enfoque muy paramilitar y francamente colonial".

Los gobiernos provinciales, conscientes de que los contratos actuales vencen en 2032 —apenas seis años en el horizonte de planificación gubernamental—, han comenzado a presionar al gobierno federal para que abra negociaciones ahora, no después. En una reunión reciente en la Isla del Príncipe Eduardo, los primeros ministros provinciales emitieron un comunicado conjunto pidiendo al gobierno federal que tome "decisiones claras sobre el futuro de los acuerdos de servicios policiales" y que comience las negociaciones con urgencia. Este llamado refleja la incertidumbre: ¿seguirá siendo la Policía Montada el proveedor de seguridad local en sus territorios, o deberán establecer nuevas estructuras policiales propias? Las provincias necesitan tiempo para planificar, presupuestar y potencialmente entrenar fuerzas alternativas.

La respuesta oficial del gobierno federal, a través de la agencia Public Safety Canada —responsable de la seguridad nacional—, ha sido ambigua pero reveladora. Afirma que está "en conversaciones" con provincias y territorios sobre "necesidades policiales más allá de 2032", pero no ha ofrecido un cronograma claro ni una dirección estratégica explícita. Su propuesta implícita es ampliar: más oficiales de la Policía Montada, más inversión en la institución existente, confianza en que la inyección de recursos resolverá problemas que son fundamentalmente estructurales e históricos. Esta apuesta genera tensiones evidentes: mientras el gobierno augura que la amplificación de la fuerza existente mejorará la seguridad comunitaria, los datos sobre fracasos operacionales, patrones de discriminación y abuso interno sugieren que simplemente hacer "más de lo mismo" podría perpetuar los problemas que originaron la crisis de confianza.

Lo que ocurra en los próximos años con la Policía Montada del Canadá tendrá implicancias que trascienden las fronteras nacionales. La institución ha sido históricamente un símbolo de estabilidad y autoridad legítima canadiense en el escenario internacional. Su colapso reputacional plantea preguntas más amplias sobre cómo sociedades democráticas abordan reformas de instituciones de seguridad profundamente disfuncionales: ¿es posible transformar desde adentro sin perder la confianza? ¿O la desconfianza acumulada requiere un reset completo? Los próximos años de negociaciones, presumiblemente intensas, determinarán si la Policía Montada logra reinventarse o si cede paso a nuevas formas de organización de la seguridad pública. Sea cual fuere el camino elegido, la institución que emergirá en 2032 será profundamente distinta a la que hoy carga con un uniforme icónico pero cada vez más cuestionado.