La máquina electoral india atraviesa uno de sus momentos más turbulentos. En el estado de Bengala Occidental, a días de unas elecciones estatales cruciales, más de 9,1 millones de ciudadanos han sido expulsados de los registros electorales, una cifra que representa poco más del 10% del padrón total. Lo que se presenta oficialmente como un mecanismo de "limpieza" administrativa para evitar infiltraciones, ha generado una tempestad política que expone las grietas profundas en el sistema democrático indio.

La cifra es desconcertante por varias razones. Aunque algunos de esos nombres corresponden efectivamente a fallecidos o duplicados, aproximadamente 2,7 millones de personas han impugnado formalmente su exclusión del registro, presentando documentación que probaba su residencia y ciudadanía legal. Aun así, permanecen borrados. Este dato no es un detalle menor: representa a ciudadanos que han demostrado mediante papeles que son indios de nacimiento, con padres ya registrados en el padrón de 2002, el año establecido como límite para la elegibilidad electoral. Sin embargo, sus objeciones fueron desestimadas. El proceso en cuestión, denominado Revisión Especial Intensiva (SIR, por sus siglas en inglés), se ha desplegado simultáneamente en múltiples estados y territorios indios bajo la justificación central de detener a supuestos "infiltrados" —término que funciona como código para referirse a inmigrantes musulmanes bangladesíes indocumentados— de participar en los comicios.

La estrategia de "purificación" electoral del gobierno central

El gobierno central encabezado por Narendra Modi ha respaldado explícitamente esta revisión, empleando lenguaje que revela la intención política detrás de la medida. El ministro del Interior, Amit Shah, ha hablado públicamente de "purificar" el padrón electoral, un término que ha provocado alarma entre académicos, abogados constitucionales y defensores de derechos humanos. La palabra elegida no es casual: "purificación" evoca procesos de exclusión basados en criterios de pertenencia identitaria, no de precisión administrativa. Para analistas independientes, esta revisión responde a un cálculo político específico: el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido nacionalista hindú que dirige Modi desde el centro, lleva sin lograr establecerse electoralmente en Bengala Occidental, precisamente porque esa región alberga una población musulmana importante que desconfía de la agenda política del partido.

Las consecuencias de esta purga han impactado desproporcionadamente a las minorías religiosas. Investigadores que han analizado los datos oficiales de manera independiente han llegado a conclusiones inquietantes: la religión se ha convertido en el principal factor diferenciador en las exclusiones. En distritos de mayoría musulmana como Murshidabad, cercano a la frontera con Bangladesh, casi la mitad de los electores han sido eliminados de los registros. Las historias personales que emergen de esta experiencia masiva revelan el alcance del daño. Jaber Ali, residente de la aldea de Sherpur, trabajó durante cuatro meses como funcionario encargado de recopilar documentación para la revisión del padrón. Visitó más de 700 hogares, verificó papeles y cargó registros hasta altas horas de la noche, realizando jornadas de 12 horas de labor de campo seguidas de noches frente a la computadora. Cuando los padrones revisados fueron publicados a finales de febrero, descubrió que la mayoría de los ciudadanos que él había verificado personalmente habían desaparecido. Su propio nombre también fue eliminado, junto al de sus hermanos. "Todo aquello que fue removido aquí son musulmanes", afirmaría Ali posteriormente, describiendo cómo el pánico se apoderó de la comunidad ante la perspectiva de ser tratados como inmigrantes ilegales de Bangladesh.

El colapso de la independencia institucional

Lo que distingue esta revisión de procesos anteriores no es solo su escala, sino la velocidad sin precedentes a la que se ha ejecutado y el uso de nuevas tecnologías cuya efectividad resulta cuestionable. La comisión electoral, órgano que debería fungir como árbitro neutral en materia electoral, autorizó el despliegue de un algoritmo asistido por inteligencia artificial para detectar supuestas "discrepancias lógicas" en los datos de votantes. Este algoritmo ha demostrado ser crudo, insensible a realidades culturales locales y potencialmente discriminatorio en sus resultados. El programa flagueaba como problemáticas inconsistencias que son completamente normales en registros bengalíes: variaciones menores en la transliteración de nombres del bengalí al alfabeto latino, adaptaciones de apellidos a lo largo de generaciones, o documentos que señalaban padres menores de 16 años o más de cinco hermanos, situaciones comunes en registros más antiguos pero que el sistema interpretaba automáticamente como anomalías.

Figuras respetadas del establishment democrático indio han alzado la voz expresando su preocupación. SY Quraishi, quien fue comisionado electoral de India años atrás, manifestó su inquietud sobre el proceso. Señaló que construir registros electorales con 99% de precisión tomó tres décadas, pero ahora se esperaba superar esa exactitud en apenas tres meses. "¿Por qué esta prisa frenética si el objetivo principal fuera la precisión?", cuestionó Quraishi. Añadió que si bien sentía "incomodidad" en criticar a su sucesor, como ciudadano no podía guardar silencio ante lo que estaba ocurriendo. En su perspectiva, la SIR es "completamente innecesaria" y "diseñada para acosar", un "desastre administrativo" con "intenciones que no son nobles". Respecto al algoritmo específico, Quraishi fue categórico: "Si el software se está utilizando para eliminar votantes basándose en estas discrepancias menores, entonces es un arma contra los derechos de los ciudadanos y no es apta para su propósito".

Las voces políticas de oposición han sido igual de contundentes. Sagarika Ghose, diputada del Congreso Trinamool (TMC), el partido que ha gobernado el estado durante 15 años, describió lo ocurrido como "un crimen constitucional", un "crimen contra el pueblo de India, contra el pueblo de Bengala". Para Ghose, lo que está sucediendo "quedará registrado como un escándalo en la historia de la India posterior a la independencia". Su crítica toca el corazón de la cuestión: "Uno, una persona, un voto, es un derecho fundamental otorgado por la Constitución al pueblo indio. Sin importar cuán pobre seas, sin importar cuán desvalido te encuentres, posees ese derecho. Pero eso ha sido arrebatado". Parakala Prabhakar, economista e intelectual indio, amplió la perspectiva más allá del contexto inmediato de las elecciones estatales, advirtiendo sobre las implicaciones estructurales de esta purga. A su juicio, esta práctica generará "dos clases de indios: aquellos a quienes se les permite participar plenamente en la sociedad política y en el proceso político, y aquellos que quedan excluidos". Para Prabhakar, esto trasciende la política electoral ordinaria: se trata de "matar la ciudadanía de las minorías", un acto que calificó como "genocidio político sin sangre".

Los perjudicados abarcan un espectro amplio de la sociedad. Senarul Haque, un jubilado de 62 años que sirvió 35 años en la Fuerza de Policía de Reserva Central, la rama paramilitar india, descubrió que su nombre había desaparecido de los registros electorales, mientras que su esposa e hijos permanecían inscritos. "Es profundamente decepcionante", expresó Haque. "Serví al país en algunas de las áreas más difíciles. Luego, cuando mi nombre desapareció de la lista electoral, presenté mis documentos correctamente, y aun así mi nombre permanece ausente. He estado en funciones electorales por todo el país. Ahora me niegan el derecho a votar, y nadie es responsable. Esto se siente como una burla del sistema". Himani Roy, maestra de escuela pública de 55 años en el distrito de Howrah, tampoco pudo ser resuelta su impugnación antes del inicio de los comicios. Con un giro irónico, su nombre sigue figurando para desempeñarse como oficial de votación, pero no puede votar ella misma. "Cuando hablamos de retroceso democrático, esto es lo que parece", reflexionó Roy. "Estos son días muy malos para la democracia y para nuestras instituciones independientes".

En respuesta a los pedidos de aclaraciones, más de una docena de portavoces del BJP, tanto a nivel nacional como estatal, declinaron ofrecer comentarios sobre las acusaciones. No obstante, en declaraciones previas, Amit Shah, el ministro del Interior, ha justificado la SIR no solo como "necesaria para la seguridad del país", sino como algo esencial para "prevenir la infiltración con el fin de proteger el sistema democrático del país de ser contaminado". El lenguaje empleado, con referencias a "contaminación" y "seguridad nacional", refuerza la narrativa que construye a ciertas poblaciones como amenazas intrínsecas. Con los tribunales funcionando muy por debajo de su capacidad para resolver impugnaciones antes de que comiencen los comicios el jueves, la mayor parte de los 2,7 millones de ciudadanos que desafiaron sus exclusiones permanecerán sin representación en estos comicios críticos que definirán el futuro político de una región fundamental en la geografía electoral india.