La muerte acecha a quienes defienden la naturaleza con una regularidad que congela. Durante el año pasado, cada tres días fue ejecutado un activista ambiental o defensor de tierras en algún rincón del planeta, según los registros que mantiene Global Witness, una organización independiente dedicada a documentar estas tragedias. El dato brutal —124 asesinatos en 2025— ha obligado a miles de comunidades indígenas y campesinas a tomar medidas desesperadas: armar grupos de autodefensa territorial porque el Estado no llega, no quiere llegar, o directamente está del lado de quienes asesinan. Esta transformación de víctimas pasivas en vigilantes organizados representa un punto de quiebre: ya no se trata solo de denuncias y reclamos ante organismos internacionales, sino de la militarización de la resistencia desde las bases comunitarias.
Lo que singulariza esta crisis es la convergencia letal entre tres fuerzas. Por un lado, organizaciones del crimen organizado y sicarios profesionales estuvieron detrás de más de un tercio de los homicidios documentados. Por otro, el narcotráfico no opera en el vacío: necesita territorio, y el territorio que necesita es precisamente aquel que los defensores ambientales protegen. Las operaciones de tráfico de cocaína, la extracción ilegal de oro, la tala clandestina de maderas preciosas, todo ello se superpone con las invasiones a territorios indígenas. En ciertos casos, los carteles usan exactamente las mismas rutas forestales que los traficantes. Tercera pieza del rompecabezas: la corrupción que permea gobiernos locales y fuerzas de seguridad, muchos de cuyos integrantes actúan directamente para los narcotraficantes o simplemente miran hacia otro lado mientras ocurren las masacres.
América Latina bajo asedio: la geografía del terror
La mayoría abrumadora de estas muertes ocurren en una región específica del mundo. América Latina concentra el 85% de los asesinatos de defensores ambientales, transformando a este subcontinente en una zona de guerra no declarada contra quienes luchan por proteger bosques, ríos y ecosistemas. Colombia encabeza la lista de países más letales con 39 asesinatos, seguida por Brasil con 26 muertes y Honduras con 12. En el continente asiático, las Filipinas emergen como el punto más peligroso con 12 homicidios, aunque en ese caso muchos han sido perpetrados durante operativos de represión estatal coordinados por fuerzas de seguridad del gobierno.
El panorama histórico agrega perspectiva a esta crisis contemporánea. Desde que Global Witness comenzó a sistematizar estos datos en 2012, la cifra acumulada de muertes y desapariciones alcanza 2.375 personas. Esa cifra, comparable con conflictos armados de pequeña escala, refleja una violencia silenciosa que rara vez merece titular los informativos internacionales. Lo paradójico es que en los últimos dos años ha habido una leve disminución: pasó de 196 muertes en 2023 a 142 en 2024, y luego a 124 en 2025. Sin embargo, los especialistas advierten que estos números son probablemente conservadores, subestiman la realidad. En zonas de guerra abierta y bajo regímenes autoritarios, la recopilación de datos es casi imposible. Muchas muertes simplemente nunca son registradas oficialmente ni reportadas a observadores internacionales.
Cuando el Estado se retira: las guardias indígenas como último recurso
Frente al abandono institucional, las comunidades están reescribiendo las reglas de su propia supervivencia. Un ejemplo paradigmático lo ofrece la Guardia Indígena Kakataibo en la Amazonía peruana. Esta organización nació de la urgencia: seis de sus líderes fueron asesinados desde 2020 mientras grupos delictivos profundizaban sus incursiones en el bosque buscando expandir operaciones de narcotráfico y minería ilegal. Lo que comenzó en 2022 como una iniciativa modesta con apenas decenas de voluntarios se transformó en una estructura con más de 150 combatientes organizados en 10 bases territoriales. Segundo Ispón, quien comanda esta organización, ha articulado la lógica que mueve a estas guardias: defender el territorio no es solo un asunto comunitario, sino una responsabilidad frente al planeta entero. En la cosmovisión de su pueblo, la protección de recursos y territorio forma parte de la transmisión de conocimientos desde la infancia, pero la realidad actual ha transformado esa tarea tradicional en una empresa mortal.
Perú no es un caso aislado. Al menos una docena de otras comunidades en el país han constituido unidades de autodefensa similares. Colombia y Brasil cuentan con antecedentes de estas guardias que operan desde hace algunos años. Pero la táctica tiene un costo humano directo: siete miembros de guardias indígenas fueron asesinados durante 2025, y en al menos cinco de esos casos los homicidios estuvieron vinculados con operaciones de crimen organizado. La lógica es brutal: si las guardias logran expulsar a los narcotraficantes de ciertos sectores, los carteles responden asesinando a los comandantes y militantes más visibles.
Los relatos que llegan desde el terreno revelan la intensidad de la amenaza. Líderes asháninka que viven en la frontera entre Brasil y Perú presentaron peticiones formales a sus gobiernos solicitando intervención después de que hombres armados y enmascarados ingresaran a sus hogares aparentemente buscando objetivos para eliminar. En la cuenca del Ucayali, del lado peruano de esa misma frontera, Global Witness documentó un aumento de 600% en la producción de coca entre 2019 y 2023. Ese crecimiento exponencial no es accidental: responde a la necesidad de los carteles de expandir sus redes de contrabando, lo que incluye la apertura de caminos y senderos clandestinos que atraviesan el bosque, destruyendo ecosistemas en el proceso. La corrupción local intensifica el problema porque muchos políticos municipales y agentes policiales operan directamente para estos traficantes o son neutralizados mediante sobornos.
El papel paradójico de la potencia norteamericana y sus consecuencias
Un factor geopolítico adiciona complejidad a este escenario. Las comunidades forestales esperaban apoyo de gobiernos para aliviar estas presiones, pero existe evidencia de que está ocurriendo lo opuesto. Bajo liderazgo estadounidense, múltiples gobiernos de orientación derechista en la región han adoptado estrategias de represión militar dirigidas contra cultivadores de coca y traficantes de drogas. El efecto no es la reducción del narcotráfico sino su profundización en territorios remotos e indígenas. Ricardo Soberón, quien anteriormente encabezó la oficina antidrogas de Perú, señaló que comunidades a lo largo de la cuenca del Putumayo —frontera entre Perú y Colombia— sufren particularmente. Grupos criminales transnacionales han capturado literalmente la vida cotidiana de pueblos como los huitoto, quichua, bora y secoya. La preocupación central de Soberón apunta a amenazas dirigidas contra líderes comunitarios, defensores ambientales y activistas de derechos humanos que demandan una presencia estatal más efectiva. Su evaluación es que los gobiernos de reciente elección, con orientación derechista, están militarizando aún más el conflicto en sintonía con prioridades de "escudo americano" que privilegian operaciones de fuerza sobre construcción institucional.
Otro elemento que agrava la vulnerabilidad de estos defensores es la reducción de apoyos internacionales. La administración estadounidense ha desmantelado USAID, que anteriormente financiaba iniciativas que permitían a pueblos indígenas gestionar autónomamente sus propias tierras. Esta decisión ha tenido implicaciones particularmente graves para los defensores que dependen de fondos internacionales para capacitación, documentación de denuncias y apoyo legal. Con menos ayuda exterior, las comunidades quedan aún más aisladas y forzadas a depender de sus propios recursos para enfrentar a organizaciones criminales con capacidades comparables a ejércitos irregulares.
Los datos revelan además que la vulnerabilidad no está distribuida al azar. Casi tres cuartas partes de los asesinatos documentados durante 2025 apuntaron específicamente contra pueblos indígenas y pequeños agricultores que defienden sus territorios. Esta concentración no es coincidencia: son precisamente estas poblaciones las que viven en ecosistemas ricos en recursos que los carteles desean extraer, y son ellas quienes poseen el conocimiento territorial para detectar y resistir invasiones.
Lo que está en juego y lo que se avecina
Desde perspectivas internacionales, la situación plantea dilemas sin soluciones claras. Global Witness ha exhortado a autoridades a respetar y colaborar con defensores ambientales en lugar de obstaculizar su labor. Toby Hill, autor principal del informe, subrayó que estos activistas funcionan como los ojos y oídos del planeta, siendo quienes primera mano detectan destrucción de ecosistemas, deforestación y contaminación de cursos de agua. Sin ellos, el mundo operaría en la oscuridad respecto a estas crisis. Sin embargo, los gobiernos enfrentan presiones políticas contrarias: desde sectores que demandan "mano dura" contra el narcotráfico hasta presiones económicas de sectores interesados en explotación de recursos naturales.
Las implicancias futuras de esta transformación —la transición de defensores ambientales hacia guardias armadas organizadas— podrían seguir múltiples trayectorias. Una posibilidad es que estas iniciativas logran consolidarse como estructuras de gobernanza territorial alternativa que, con apoyos internacionales y reconocimiento legal, protegen efectivamente ecosistemas y reducen violencia. Otra es que escalamientos progresivos entre guardias y carteles profundicen conflictividad, transformando ciertas regiones en espacios de confrontación permanente comparable a zonas de guerra. Una tercera posibilidad es que gobiernos nacionales eventualmente coopten o criminalicen estas guardias, convirtiendo a sus miembros en blancos legales. Lo que permanece cierto es que la ecuación actual —defensores desarmados, Estados ausentes, criminales armados— ha demostrado ser insostenible y ha forzado a comunidades a rediseñar sus estrategias de supervivencia, con consecuencias que aún están desplegándose.
