Colombia se aproxima a una encrucijada histórica que expone, sin velos, la persistencia de un fantasma que ha acechado al país durante más de medio siglo. Independientemente de quién triunfe en la contienda electoral prevista para este domingo, la nación andina tendrá como mandatario a un líder cuya biografía mantiene vínculos profundos con estructuras criminales que marcaron el transcurso de un conflicto armado interno de proporciones catastróficas. Los datos son contundentes: casi medio millón de vidas perdidas, un territorio fragmentado por el miedo, comunidades devastadas por masacres sistemáticas. Ahora, cuando la sociedad colombiana intenta cicatrizar esas heridas, emerge una competencia electoral que reactualiza los dilemas irresueltos del pasado.

El escenario presenta a dos personajes cuyas trayectorias personales revelan, de manera inversa, cómo el paramilitarismo moldea incluso a quienes pretenden distanciarse de él. Abelardo de la Espriella, un abogado de 47 años admirador declarado de Donald Trump y autoproclamado outsider político, construyó su carrera legal precisamente defendiendo en las cortes a comandantes y cabecillas de organizaciones paramilitares. Mientras tanto, Iván Cepeda, senador izquierdista de 63 años, encaminó su vida pública hacia la investigación de crímenes perpetrados por esos mismos grupos criminales, movido por una tragedia que marcó su existencia: su padre, el senador Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994 por agentes militares articulados con estructuras paramilitares. El contraste es casi teatral, pero sus implicancias son profundamente políticas y morales.

Estrategias divergentes frente a la espiral de violencia

La contienda que se desarrollará en las próximas horas confronta dos visiones radicalmente opuestas sobre cómo gestionar la crisis de seguridad que ha desbordado a la administración saliente. De la Espriella, quien lidera las encuestas desde su victoria en la primera vuelta electoral, propugna un retorno a esquemas de confrontación militar de envergadura, estrategias que décadas atrás no lograron reducir sustancialmente los índices criminales. Su propuesta incluye construcciones de "megacárceles" en zonas amazónicas y un lenguaje bélico que promete "erradicar" delincuentes con la misma determinación que se elimina plagas urbanas.

Por su parte, Cepeda, alineado con la administración saliente de Gustavo Petro, respalda una continuidad matizada de la estrategia denominada "paz total", que busca negociaciones con la totalidad de actores armados ilegales, incluyendo células de narcotráfico, remanentes guerrilleros y facciones delictivas. Sin embargo, los números hablan con claridad inquietante: la violencia ha escalado significativamente bajo este enfoque. El período transcurrido desde el acuerdo de paz de 2016 ha experimentado fluctuaciones, pero los últimos doce meses registran cifras alarmantes de homicidios, desplazamientos forzados, secuestros y masacres que generan la percepción generalizada de que el país ha retrocedido hacia sus "momentos más oscuros".

Raíces profundas: cómo nacieron y evolucionaron las máquinas de muerte privadas

Para comprender la relevancia de este pulso electoral, es imprescindible recorrer la genealogía del paramilitarismo colombiano. Estos ejércitos privados emergieron durante los años sesenta como respuesta armada de terratenientes derechistas, traficantes de cocaína, empresarios y políticos frente al ascenso de grupos guerrilleros de orientación marxista. Lo que comenzó como defensa territorial evolucionó, en los años ochenta, hacia una simbiosis perversa con el comercio internacional de drogas. A medida que la cocaína se convirtió en el corazón económico del conflicto, los grupos paramilitares no solo combatían a la guerrilla sino que también protegían rutas de tráfico y resguardaban a capos como Pablo Escobar.

En su momento de máxima expansión, estas organizaciones llegaron a congregar a más de 30 mil combatientes dispersos por todo el territorio nacional. Durante los años noventa, adquirieron notoriedad internacional por masacres diseñadas como actos de terrorismo psicológico: incursiones coordinadas en pueblos y comunidades rurales donde aniquilaban a quienes supuestamente colaboraban con la guerrilla. Las víctimas incluían campesinos, pueblos indígenas, poblaciones afrocolombianas. Pero también ejecutaban lo que denominaban "limpieza social": eliminación sistemática de personas consideradas indeseables según los códigos morales del extremismo derechista paramilitar, tales como miembros de comunidades LGBTQ+, trabajadores sexuales, personas en situación de calle, usuarios de drogas. Estos actos involucraban torturas de una brutalidad casi incomprehensible: violaciones seguidas de asesinato, desmembramiento de cadáveres con motosierras mientras las víctimas permanecían vivas, decapitaciones ejecutadas con hachas.

De la tragedia personal a la lucha por la memoria: el camino de Cepeda

La muerte del senador Manuel Cepeda en 1994 representó un quiebre fundamental en la vida de su hijo. Iván Cepeda, por entonces profesor universitario, se encontró con el automóvil de su progenitor acribillado a balazos: un mensaje sin ambigüedades de quiénes controlaban el poder en la sombra. Este hecho catalizó una transformación personal. A principios de la década siguiente, Cepeda fundó y dirigió un movimiento que agrupaba a víctimas de estos escuadrones de muerte, labor que incluyó investigaciones minuciosas, visitas a cárceles para recopilar testimonios de antiguos paramilitares, documentación de crímenes. Su nombre se asoció gradualmente con el activismo por derechos humanos y con el esclarecimiento de responsabilidades históricas.

Mientras Cepeda transitaba ese camino de investigación y memoria, De la Espriella ascendía en la profesión legal como defensor de cabecillas de la principal organización paramilitar del país: las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), precisamente mientras esa estructura negociaba su supuesta desmovilización. La AUC como tal desapareció formalmente de los registros, pero del vientre de esa organización emergió el Clan del Golfo, actualmente considerado la agrupación criminal más vasta y poderosa de Colombia, que heredó territorios, rutas de tráfico y estructuras operativas de su predecesor.

Acusaciones cruzadas y el espectro internacional

La tensión entre ambos candidatos escaló dramáticamente cuando Cepeda presentó una denuncia penal contra De la Espriella, no solo por su defensa legal de jefes de la AUC sino por presuntamente haber actuado como reclutador para esa organización a través de una fundación de su propiedad. De la Espriella descartó estas imputaciones como una "cortina de humo" y contraatacó acusando a Cepeda de mantener alianzas "narco-políticas" con células guerrilleras para asegurar votos. Más allá de los intercambios retóricos, ciertos hechos documentados adquieren relevancia. Reportes de investigación periodística han identificado que entre los accionistas minoritarios de los emprendimientos empresariales de De la Espriella (negocios que abarcan ron, vino, indumentaria e inmuebles) figuran parientes del condenado jefe paramilitar Hugues Rodríguez Fuentes, conocido internamente en la AUC como "Comandante Barbie".

La contienda también atrajo la atención de actores globales. Tras su victoria en la primera ronda electoral, De la Espriella recibió un respaldo público de Donald Trump a través de redes sociales, quien lo caracterizó como alternativa frente a lo que denominó un "marxista radical de izquierda". Simultáneamente, once legisladores demócratas estadounidenses remitieron una misiva a la administración Trump argumentando que, antes de respaldar al candidato, debería examinarse su vinculación histórica con la AUC, organización que Washington clasificó como entidad terrorista extranjera en 2001 y de la cual constan responsabilidades documentadas en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos masivos, violencia sexual, colusión con funcionarios estatales y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otras naciones.

Percepciones ciudadanas en un país exhausto

La campaña electoral ha revelado fisuras en la sociedad colombiana respecto de cómo juzgar el pasado paramilitar en función de la realidad presente. Ciudadanos comunes expresan prioridades inmediatas: una diseñadora gráfica de 38 años residente en Manizales sintetiza una preocupación generalizada cuando denuncia que "una razón por la cual existe tanta criminalidad es que roban, matan y días después están de nuevo en las calles", lo que la inclina hacia propuestas más severas. Una conductora de taxi en Bogotá, quien solicita anonimato, ni siquiera considera problemáticas las supuestas asociaciones de De la Espriella con paramilitares, argumentando que "los paramilitares contenían a la guerrilla" y que, si bien sus métodos incluían la "limpieza social", "han servido para algo".

Este sondeo de percepciones ilustra una brecha cognitiva en la memoria histórica colectiva: mientras capas de la población prioriza resultados de seguridad inmediatos, analistas especializados advierten que los indicadores actuales, aunque graves, permanecen significativamente por debajo de los niveles extraordinarios de violencia registrados en las décadas previas al acuerdo de paz. La intensidad del conflicto ha disminuido cuantitativamente, pero la sensación subjetiva de inseguridad persiste elevada.

Implicancias y proyecciones para la gobernanza futura

Cualquiera sea el resultado electoral, Colombia enfrentará dilemas complejos sobre cómo gestionar simultáneamente la seguridad inmediata, la rendición de cuentas histórica y la reconciliación social. Un eventual triunfo de De la Espriella implicaría retomar metodologías de confrontación militar que caracterizaron décadas previas, con la promesa implícita de mayor dureza pero también con el riesgo de profundizar ciclos de violencia que la experiencia histórica demuestra resultan difíciles de contener. Un triunfo de Cepeda significaría la continuidad de negociaciones con actores criminales bajo una administración que así ha fracasado en reducir indicadores de violencia, aunque mantendría vivo el horizonte de salidas negociadas.

Lo que permanece incontrovertible es que Colombia ha construido su realidad política contemporánea sobre capas de conflicto irresuelto. Las estructuras criminales contemporáneas heredan recursos, territorios y metodologías de sus predecesoras paramilitares. Los acuerdos de paz formales no han eliminado las motivaciones económicas del crimen organizado. La violencia de los últimos meses sugiere que ninguna de las dos estrategias ha logrado, hasta ahora, contener efectivamente el crimen. De este modo, las próximas décadas revelarán si la sociedad colombiana optará por endurecer el puño estatal con figuras políticamente cercanas a estructuras criminales del pasado, si apostará por negociaciones con actores que han demostrado capacidad destructiva permanente, o si desarrollará enfoques alternativos aún no ensayados. La elección de este domingo será, en esencia, un referéndum sobre cómo una nación procesa su trauma histórico cuando ese trauma permanece económica y territorialmente activo.