Pasaron meses desde que sucedió, pero recién esta semana las fuerzas armadas israelíes reconocieron haber disparado contra el automóvil en el que viajaba Hind Rajab, una nena de apenas cinco años, junto a seis miembros de su familia en la Franja de Gaza. El anuncio llegó acompañado por la promesa de abrir una investigación penal, un movimiento que reabre debates de larga data sobre cómo se procesan los casos de víctimas civiles en contextos de conflicto armado y qué mecanismos reales existen para establecer responsabilidades.
El episodio que costó la vida a la pequeña ocurrió el 29 de enero de 2024. Mientras la familia intentaba escapar de una ofensiva militar en Gaza City, su vehículo Kia Picanto fue impactado. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que se convirtió en símbolo de las consecuencias civiles del conflicto: durante tres horas de desesperación, Hind realizó llamadas telefónicas al Cuerpo de Paramédicos Palestino pidiendo auxilio. Los operadores permanecieron en línea, brindando contención mientras intentaban coordinar un rescate. El esfuerzo terminó en tragedia adicional cuando la ambulancia que respondió al llamado también fue alcanzada por disparos, muriendo dos trabajadores de emergencias. Los cuerpos de los fallecidos no fueron recuperados hasta doce días después, cuando las tropas se retiraron de la zona.
Durante meses, el ejército negó categóricamente estar presente en el área donde ocurrió el incidente. Esa negación inicial contrastaba fuertemente con los hallazgos de investigaciones independientes que documentaban evidencia sólida apuntando hacia tanques israelíes posicionados en las cercanías. La admisión de esta semana representa un giro significativo en la narrativa oficial, aunque llega considerablemente tarde y únicamente después de que múltiples organismos y medios especializados hubieran reunido pruebas concluyentes. El reconocimiento incluye también el bombardeo a la ambulancia de rescate, otro hecho previamente desmentido.
Múltiples casos bajo escrutinio simultáneo
El caso de Hind Rajab no permanece aislado. En el mismo comunicado de esta semana, las autoridades militares anunciaron revisiones de otros cuatro incidentes de alto perfil ocurridos durante los combates en Gaza. Uno de los más graves involucra a quince paramédicos y trabajadores humanitarios asesinados cerca de Rafah en marzo de 2025. Según testimonios de sobrevivientes y material videográfico, soldados en posición de emboscada abrieron fuego contra una ambulancia que intentaba recuperar heridos de un operativo militar anterior. Cuando otros vehículos de emergencia se aproximaron al lugar, también fueron atacados. Los cuerpos y las máquinas fueron posteriormente cubiertos con bulldozers en lo que se describe como una fosa común, permaneciendo inaccesibles durante una semana hasta que personal de las Naciones Unidas y equipos de rescate lograron llegar al sitio.
Las narrativas iniciales del ejército diferían sustancialmente de las evidencias posteriormente documentadas. Inicialmente se argumentó que los vehículos avanzaban de manera "sospechosa" sin luces delanteras ni señales de emergencia. Sin embargo, cuando emergió material audiovisual del incidente, quedó expuesto que los vehículos se desplazaban lentamente con sus luces de emergencia activadas, logos visibles y cumpliendo protocolos estándar de identificación humanitaria. Un paramédico palestino que estuvo presente durante la masacre expresó posteriormente su esperanza de que quienes asesinaron a sus colegas enfrentaran "justicia verdadera". El trabajador enfatizó la importancia de proteger a los servicios de ambulancia, refiriéndose al número de emergencia 101 del Creciente Rojo.
El patrón de decisiones que evitan investigaciones penales
No obstante, el reconocimiento de responsabilidad en ciertos casos contrasta marcadamente con otras decisiones tomadas simultáneamente. Las autoridades militares anunciaron que no abrirían investigación penal respecto a los ataques aéreos de abril de 2024 que impactaron un convoy de vehículos de la organización World Central Kitchen, matando a siete trabajadores humanitarios. La organización, con sede en Estados Unidos, había coordinado previamente con el ejército los movimientos de su convoy. Los vehículos portaban logos visibles desde el aire y quedaron completamente calcinados tras lo que se describe como una serie de bombardeos dirigidos. El ejército argumentó haber confundido a individuos dentro de los vehículos con militantes de Hamas armados, añadiendo que el convoy se desvió de la ruta previamente coordinada. Sin embargo, concluyó que las decisiones de los comandantes no generaban "sospecha razonable de mala conducta criminal". Como medidas administrativas, dos oficiales fueron removidos de sus posiciones y tres más recibieron reprensiones.
World Central Kitchen rechazó categóricamente esa conclusión. La organización argumentó que no existía justificación para los ataques y que el ejército tenía total claridad visual sobre sus vehículos claramente marcados durante los múltiples bombardeos prolongados. Asimismo, subrayó que el ejército conocía con anticipación la identidad, movimientos y actividades de su equipo en la zona. Otro caso similar involucra a cuatro trabajadores de Médicos Sin Fronteras, muertos en dos incidentes separados durante noviembre de 2023 y febrero de 2024. Respecto a estos fallecimientos, las autoridades tampoco iniciaron acciones penales, y posteriormente Israel implementó restricciones que efectivamente impidieron que la organización continuara operando en Gaza.
Un investigador de Yesh Din, organización israelí especializada en derechos humanos, observó que durante la última década únicamente una proporción minúscula de investigaciones ha derivado en acusaciones formales. Este patrón se agrava aún más por presiones políticas crecientes que desalientan a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de responsabilizar a quienes ostenten responsabilidad, incluso cuando existe evidencia clara. En tanto, un informe de las Naciones Unidas publicado en febrero describió "un clima generalizado de impunidad" en los territorios palestinos ocupados, caracterizado por violaciones graves de derecho internacional humanitario, algunas potencialmente constitutivas de crímenes de guerra.
Las fuerzas israelíes sostienen que nunca apuntan deliberadamente a civiles y responsabilizan a Hamas de utilizar población civil como protección para sus combatientes. El ejército señaló que, en cumplimiento de sus obligaciones bajo derecho internacional y legislación doméstica, examina "incidentes excepcionales que ocurrieron durante combate". Agregó que durante más de mil días ha conducido operaciones intensivas en múltiples frentes, ejecutando un amplio rango de misiones militares en "una realidad operacional excepcionalmente compleja". El conflicto inició en octubre de 2023 cuando Hamas ejecutó un ataque sorpresa en el sur de Israel, causando 1.200 muertes, mayoritariamente civiles, y el secuestro de 250 personas. Las subsecuentes ofensivas israelíes en Gaza han resultado en más de 73.000 fallecidos, predominantemente mujeres y niños, con más de 1.200 muertes registradas desde que un frágil cese al fuego tomó efecto en octubre.
Implicancias y perspectivas sobre mecanismos de responsabilidad
Las admisiones parciales y las decisiones simultáneas de no proseguir con investigaciones penales en otros casos plantean interrogantes complejos sobre los mecanismos de responsabilidad en contextos de guerra moderna. Por un lado, el reconocimiento de hechos previamente negados podría interpretarse como un movimiento hacia mayor transparencia y cumplimiento de obligaciones legales internacionales. Por otro lado, el patrón de investigaciones que raramente conducen a condenas sugiere que tales reconocimientos pueden funcionar más como admisiones simbólicas que como catalizadores para cambios estructurales en procedimientos o en la rendición de cuentas efectiva. Distintos analistas, defensores de derechos humanos y representantes de organismos internacionales evaluarán estos movimientos desde perspectivas divergentes: algunos los verán como pasos necesarios hacia justicia transicional, mientras que otros los considerarán insuficientes dado el volumen de fallecidos civiles documentados. Lo cierto es que el modo en que se resuelvan estas investigaciones incidirá significativamente en la viabilidad de mecanismos de accountability similares en conflictos futuros y en la confianza que poblaciones civiles depositen en sistemas diseñados para protegerlas.
