Durante años, los grupos armados que operan en los territorios más disputados de Colombia buscaron obtener armamento sofisticado sin éxito. Las aspiraciones de acceso a misiles, helicópteros de combate y sistemas de defensa aérea quedaron relegadas al terreno de lo imposible. Sin embargo, en los últimos treinta y seis meses, la ecuación cambió de manera radical. Lo que parecía inaccesible hace poco ahora está al alcance de prácticamente cualquier organización delictiva con recursos moderados y conexiones internacionales. El catalizador de este cambio no fue el desarrollo de tecnología militar compleja, sino la adaptación de dispositivos comerciales baratos, disponibles en plataformas de compra en línea, modificados para portar explosivos. Los drones, esos pequeños aparatos voladores que hace una década eran juguetes de aficionados, se convirtieron en armas de guerra que están redefiniendo la naturaleza del conflicto colombiano. Este fenómeno no es un detalle táctico menor: representa una transformación estructural de cómo se libra la batalla en el país, con implicaciones que trascienden las fronteras nacionales y tocan aspectos cruciales de seguridad ciudadana, capacidad estatal y vulnerabilidad civil.

Una escalada sin precedentes medida en números

Las cifras hablan con precisión brutal. En 2023, se registró un único ataque con drones armados en territorio colombiano. Ese número saltó a treinta y ocho en 2024. Ya en 2025, la cifra alcanzó ciento cuarenta y nueve según los registros de organismos especializados en monitoreo de conflictos. Las autoridades militares nacionales reportaron datos aún más alarmantes: ningún ataque en 2023, sesenta y uno al año siguiente, y trescientos treinta y tres en 2025. La discrepancia entre las cifras de diferentes fuentes refleja tanto la velocidad del fenómeno como la dificultad para cuantificar con precisión una realidad que crece día tras día. Lo que resulta incuestionable es la trayectoria exponencial. En menos de veinticuatro meses, los ataques aéreos no tripulados pasaron de ser prácticamente inexistentes a constituir una amenaza cotidiana en decenas de municipios.

La expansión geográfica acompaña a la proliferación numérica. Los ataques, que en 2024 se concentraban en doce municipios, ya para 2025 se habían diseminado a cuarenta y uno. Esta dispersión territorial indica que el fenómeno no permanece confinado a los tradicionales bastiones de grupos armados ilegales, sino que avanza hacia regiones que permanecían relativamente al margen de la confrontación directa. Municipios que no tenían antecedentes de enfrentamientos violentos sistemáticos ahora reportan incidentes con drones. Las zonas mineras, las regiones agrícolas, los alrededores de grandes ciudades: ningún territorio parece fuera del alcance de esta nueva capacidad ofensiva.

Objetivo: militares y civiles sin distinción clara

Los primeros objetivos fueron predecibles. Patrullas del ejército, destacamentos policiales, instalaciones militares: los objetivos tradicionales de cualquier grupo insurgente. Sin embargo, el patrón de ataques reveló rápidamente una característica preocupante. Aunque la mayoría de incidentes apuntaba a fuerzas de seguridad y a rivales armados, la proporción de víctimas civiles creció de manera alarmante entre 2024 y 2025. Escuelas fueron alcanzadas. Hospitales recibieron impactos. Casas de civiles fueron destruidas. El primero de estos ataques contra población civil ocurrió en el departamento del Cauca, en el sur del país, cuando un dron soltó una granada sobre un grupo de menores que jugaba fútbol en una cancha de barrio. Un niño de diez años murió en la explosión. Doce personas más resultaron heridas. Los testigos describieron el momento como terrorífico: el zumbido de la máquina voladora, la caída de la carga explosiva, el caos instantáneo.

Meses después, en febrero de 2025, un hospital de emergencia que funcionaba en carácter temporal sufrió un ataque aéreo que hirió a trabajadores de la salud. A mediados de ese mismo año, un artefacto explosivo fue lanzado desde un dron contra una casa en Segovia, municipio dedicado a la minería. Adentro estaban una madre y sus dos hijos. Los tres murieron. En diciembre del mismo año, la residencia del alcalde de Calamar fue alcanzada por un proyectil lanzado desde el aire. Semanas después, un dron se acercó a la casa de otro funcionario municipal mientras realizaba una entrevista periodística. El reportero debió interrumpir la conversación ante la amenaza. En otra ocasión, aparatos no tripulados fueron avistados sobre zonas indígenas, flotando deliberadamente para ejercer intimidación y demostrar control territorial. La mera presencia sonora de estos dispositivos, el zumbido inconfundible que generan, se transformó en un factor psicológico de terror que afecta la vida cotidiana de comunidades enteras.

Máquinas baratas, conexiones globales, adaptaciones letales

¿Cómo grupos que hace poco tiempo no tenían acceso a armamento convencional sofisticado lograron convertirse en fuerzas aéreas? La respuesta radica en la combinación de tres factores: la disponibilidad de componentes comerciales baratos, el conocimiento técnico circulante y las redes transnacionales de suministro. Los drones que se utilizan no son sistemas militares de fabricación restringida. Son modelos comerciales, frecuentemente adquiridos en plataformas de compra en línea, cuyos precios oscilan entre cientos de dólares. La mayoría procede de fabricantes chinos. La modificación para cargar explosivos requiere capacidad técnica, pero no representa un desafío imposible para personas con formación en electrónica o ingeniería básica. Muchos ataques adoptan una modalidad kamikaze: el dron mismo se convierte en el proyectil, pilotado hacia el objetivo y detonado en el impacto.

Las facciones disidentes de las FARC fueron pioneras en la adopción de esta tecnología. Les siguieron rápidamente el ELN y otros grupos rivales. Para 2025, prácticamente todas las organizaciones armadas mayores ya disponían de capacidades de drones. La sofisticación de los sistemas aumenta a ritmo acelerado. En julio de ese año, un dron de tipo FPV —vuelo en primera persona, operado directamente por el piloto en tiempo real— fue utilizado para impactar una embarcación de la armada nacional. El aparato fue dirigido hacia el barco como un misil teledirigido, detonándose en el impacto. Este tipo de drones permiten precisión en objetivos móviles, una capacidad que expertos caracterizaron como una escalada significativa en las capacidades ofensivas. Analistas han documentado también la incorporación de drones con fibra óptica, resistentes al bloqueo de señales, tecnología que ha sido utilizada extensamente en conflictos externos. Los vínculos transnacionales de estos grupos con cárteles mexicanos y balcánicos facilitaron tanto el acceso a equipamiento como a entrenamiento especializado.

Un aspecto que ha generado preocupación adicional es el reclutamiento de menores para operar estos aparatos. Los reportes indican que niños y adolescentes son entrenados como operadores de drones, presumiblemente porque poseen mayor destreza con tecnología digital. Algunos grupos armados ya han formalizado unidades dedicadas exclusivamente a operaciones aéreas, con personal especializado conocido como "droneros". Un comandante de una organización armada declaró a medios de comunicación que su grupo había constituido una unidad de operadores de drones que era protegida y priorizaba como uno de sus activos más valiosos.

El conflicto colombiano encuentra nuevo combustible global

Expertos en conflictología vinculan la proliferación de tecnología de drones en Colombia con desarrollos en otros teatros de guerra mundiales. Particularmente, el conflicto en Ucrania aceleró la circulación de tácticas, conocimiento técnico y cadenas de suministro relacionadas con armamento aéreo no tripulado. Colombianos que participaron como combatientes en el conflicto europeo retornaron con experiencia práctica y conexiones logísticas. Videos circulantes en redes sociales mostrando operaciones con drones en Ucrania sirvieron como tutoriales autodidactas para grupos armados en América Latina. Las organizaciones delictivas transnacionales aprovecharon para expandir sus redes de suministro: si podían conseguir drones para operaciones en Ucrania, también podían hacerlo en Colombia.

El descubrimiento de un dron con fibra óptica cerca del aeropuerto internacional de Bogotá en febrero de 2026 constituyó una alarma adicional. Este tipo de aparato, resistente a técnicas de interferencia electromagnética, representa exactamente la clase de tecnología que había sido utilizada en el conflicto ucraniano. Su presencia en Colombia sugería no solo la adopción de nuevas tácticas, sino el acceso a equipamiento de complejidad superior. El incidente ocurrió tan cerca de instalaciones militares críticas y de infraestructura civil de importancia que obligó a replanteamientos sobre vulnerabilidades fundamentales del territorio nacional.

El Estado busca respuestas mientras la tecnología avanza más rápido

Las autoridades colombianas reconocieron públicamente el desafío. El gobierno presentó un plan de defensa antimisiles y antidrones de miles de millones de dólares, restrictiones sobre importación de equipamiento volador, y creación de unidades militares especializadas en contracombate aéreo. Sin embargo, las limitaciones prácticas enfrentan a las instituciones con una realidad incómoda. El ejército nacional opera tres mil pelotones desplegados en territorio nacional. Equipar a todo el personal con sistemas anti-drones representa una tarea logística colosal, cara y prolongada. Un comandante de fuerzas terrestres admitió públicamente que la empresa es "ardua, difícil y costosa", reconociendo implícitamente que los recursos disponibles no alcanzan para la magnitud del desafío.

El presidente de la república llegó más lejos en su diagnóstico. Ante tropas desplegadas, reconoció que los narcotraficantes y grupos armados disponían de "ventaja aérea". La afirmación fue un gesto inusual de sinceridad institucional: quien encabeza el gobierno admitía estar operando en desventaja táctica frente a enemigos no estatales. Anteriormente, un político de alto rango, quien ejerciera la vicepresidencia en períodos previos, explicó el cambio de realidad con claridad histórica: "Las antiguas guerrillas intentaron mil veces obtener misiles y nunca lo lograron. Con los drones, creo que estratégicamente estamos en un punto donde debemos detener los modos en que nos atacan desde el aire. Esto nunca ha sucedido antes en Colombia." La afirmación sintetiza la magnitud del cambio: lo que parecía imposible hace poco se convirtió en realidad, no por avances en capacidades militares tradicionales, sino por la sofisticación de aparatos baratos y accesibles.

Persecución de civiles en medio de la reconfiguración de la guerra

El comandante del ejército acusó a combatientes de una facción disidente de las FARC de dirigirse deliberadamente contra la población civil con drones, argumentando que el objetivo era presionar a civiles para "rechazar la presencia de fuerzas militares del estado". En otras palabras: utilizar ataques contra inocentes como instrumento de control territorial y político. Esta acusación, si se confirma mediante investigación exhaustiva, indicaría que los drones no son simplemente armas más precisas, sino herramientas de una estrategia de terror dirigida contra la población. Investigadores en derechos humanos documentaron que en Putumayo, región amazónica al sur del país, líderes indígenas reportaron que actores armados utilizaban drones no solo para atacar, sino para rondar sobre aldeas de manera amenazante, estableciendo presencia permanente y demostrando capacidad de golpear en cualquier momento. Un reportero que realizaba trabajo de investigación en Barrancabermeja, ciudad petrolera sobre el río Magdalena, fue seguido por un dron mientras realizaba una entrevista sobre grupos armados ilegales, obligándolo a interrumpir el trabajo periodístico.

La precisión de estos ataques plantea dudas adicionales. Un analista especializado en monitoreo de conflictos señaló que "sueltan explosivos sobre objetivos con poca precisión pero efecto aterrador". Esta caracterización es crucial: sugiere que incluso cuando el objetivo declarado es una estructura o un grupo específico, la dispersión de fragmentos, la onda expansiva y la imprecisión de la entrega generan un radio de daño que afecta indiscriminadamente a quien esté en la zona. Civiles atrapados cerca de un cuartel militar bajo ataque, trabajadores de la salud en hospitales cercanos a objetivos militares, niños en terrenos adyacentes a instalaciones policiales: todos están potencialmente en riesgo no por ser objetivos deliberados, sino por proximidad geográfica.

Los números de heridos civiles revelan la magnitud del costo humano. Entre 2024 y 2025, registros de organismos de monitoreo documentaron un aumento pronunciado en civiles afectados. En diciembre de 2025, durante una ola de ataques contra cuarteles y bases militares, al menos cinco civiles resultaron heridos. En enero de 2026, siete ataques adicionales contra unidades policiales y militares generaron bajas civiles colaterales. Extrapolando de estos números parciales, la cifra total de lesionados civiles en dos años probablemente alcanza cientos de personas, una cifra que crece mes a mes.

Desde una perspectiva de seguridad humana, la transformación es devastadora. El conflicto colombiano, que durante décadas se libró entre actores armados en zonas específicas del territorio, ahora ha adquirido una dimensión aérea que erosiona la capacidad de civiles de distinguir espacios seguros. Una cancha de fútbol deja de serlo cuando un dron puede aparecer en minutos. Una casa deja de ser refugio cuando explosivos pueden descender desde el cielo. Una escuela, un hospital, un mercado: todos se convierten en lugares potencialmente bajo amenaza no porque sean objetivos militares, sino porque están ubicados en territorios donde grupos armados y fuerzas estatales se disputan el control.

La investigación de derechos humanos ha documentado también un efecto psicológico menos cuantificable pero igualmente importante. El sonido del dron generando vigilancia aérea constante produce estado de alerta permanente, dificultando la vida normal. Comunidades reportan t