A mediados de junio pasado, en medio de la jungla del sur colombiano, tuvo lugar una ceremonia que parecía marcar un punto de inflexión en una de las tragedias humanitarias más prolongadas de América Latina. Un centenar de combatientes fue trasladado en helicóptero hasta un paraje remoto, donde procedió a hacer entrega formal de su arsenal de guerra: fusiles de asalto, pistolas, ametralladoras y lanzagranadas. Luego se despojaron de los uniformes de camuflaje, los chalecos tácticos y las mochilas de campaña, prendas todas ellas que fueron arrojadas a una hoguera ceremonial. El gesto buscaba simbolizar el cierre de un capítulo y la apertura de otro, menos violento. Sin embargo, lo que entonces se presentó como el punto de partida de una transformación política de largo aliento se convirtió rápidamente en un callejón sin salida. Estos 99 excombatientes permanecen hoy en una suerte de limbo legal y existencial, atrapados entre un proyecto político que ya no existe y un gobierno que los ve con profunda desconfianza. Su situación ilumina las contradicciones y los riesgos inherentes a los procesos de desmovilización en contextos políticos altamente polarizados.

El plan de paz que no llegó a cuajar

El panorama político en Colombia se transformó de manera radical hace apenas semanas. La iniciativa de "paz total" impulsada por la administración anterior buscaba nada menos que negociar con la totalidad de los grupos criminales y insurgentes activos en el territorio nacional, una población estimada en aproximadamente 30.000 combatientes repartidos en diversas organizaciones. La lógica del plan respondía a un diagnóstico: casi seis décadas de conflicto armado habían dejado un saldo de cerca de medio millón de muertes, un costo humanitario de dimensiones prácticamente incalculables. La premisa fundamental era que la salida militar al problema era insuficiente, y que solo mediante una estrategia de negociación integral era posible reducir significativamente la violencia estructural que caracteriza a amplios territorios del país.

Sin embargo, esa apuesta política colapsó de manera estrepitosa. Los 99 guerrilleros que depusieron armas en junio fueron los únicos en hacerlo, y su desmovilización ocurrió apenas tres días antes de la segunda vuelta electoral. El resultado de esos comicios marcó un giro de 180 grados: un abogado millonario de filiación ultraderechista asumió la presidencia con un mandato de campaña explícitamente contrario a cualquier negociación con grupos armados. Su promesa central fue restaurar una estrategia de confrontación total, apuntando al encarcelamiento o eliminación de delincuentes. En otras palabras, el cambio de gobierno transformó de manera radical las reglas del juego para quienes ya habían jugado y perdido.

Vivir en suspenso: la realidad cotidiana del limbo

Estos 99 desarmados residen actualmente en lo que se denomina "Zona de Transición Temporal" (ZUT), un enclave controlado por el Estado ubicado en el departamento de Putumayo, cercano a la frontera ecuatoriana. Las instalaciones consisten en edificios de ladrillo beige donde funcionan dormitorios, una cocina común y espacios para actividades. El conjunto está rodeado por un perímetro de seguridad vigilado por efectivos militares, a menos de una milla de distancia. Los residentes no pueden abandonar el lugar bajo vigilancia constante. La vida dentro de la ZUT presenta características casi de campamento: hay un comedor donde se sirven tres comidas diarias, una biblioteca improvisada, un gimnasio rudimentario construido con caños de metal y latas de cemento, y una cancha de fútbol. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los excombatientes lo pasan conectados a sus teléfonos, en una especie de desconexión psicológica que refleja la angustia de su situación.

Entre los 99 hay 13 mujeres, incluyendo a una joven que lleva un tatuaje de fénix en su hombro izquierdo como símbolo de renacimiento. Esta mujer, de 29 años, administra la biblioteca del lugar. Como muchos de sus compañeros, ella tiene familia afuera: una hija de siete años y un hijo de diez, a quienes puede ver solo a través de videollamadas. El proceso de "reinserción" que supuestamente deberían completar incluye capacitación vocacional y apoyo psicosocial, además de una asignación mensual de aproximadamente 425 libras esterlinas (unos 530 dólares estadounidenses al cambio actual), dinero que hasta el momento no ha sido desembolsado. Algunos de ellos planeaban iniciar un emprendimiento de crianza de pollos como forma de generarse ingresos una vez completada la transición. Pero todo está congelado, a la espera de decisiones que no dependen de ellos.

Un decreto que puede ser revocado en cualquier momento

Técnicamente, los 99 permanecen bajo protección estatal y cualquier orden de captura en su contra se encuentra suspendida. Sin embargo, esta protección reposa sobre un decreto presidencial que expirará el 25 de diciembre de este año. El actual gobierno tiene plena potestad para revocar ese decreto antes de esa fecha, o simplemente dejar que expire sin renovación. En tal escenario, los excombatientes perderían automáticamente su estatus de protegidos y podrían ser arrestados. Un alto funcionario que participó en las negociaciones de paz bajo la administración anterior ha advertido públicamente que el peor de los escenarios posibles sería que el nuevo gobierno cierre la ZUT, lance una operación militar y procure capturar o eliminar a estos hombres y mujeres que ya han entregado sus armas. Esa acción, señaló, constituiría un crimen de lesa humanidad.

Paralelamente, la estructura institucional que permitió llevar adelante el proceso de paz fue desmantelada. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que coordinaba las negociaciones, fue absorbida por una recientemente creada Comisión de Seguridad Nacional. Este cambio administrativo implica la pérdida de más de 200 empleos en el sector. El funcionario que lideró las negociaciones con este grupo renunció a su cargo. De esta forma, no solo cambió el signo político de quien toma decisiones, sino que también se eliminó la institucionalidad técnica y administrativa que había elaborado los marcos para el proceso.

El contexto más amplio: quiénes son realmente estos combatientes

Los 99 desarmados forman parte de una organización de mayor envergadura llamada "Comandos de la Frontera", que cuenta con aproximadamente 1.000 combatientes, la mayoría de los cuales permanecen armados. A su vez, este grupo integra una estructura conocida como Coordinadora Nacional de la Armada Bolivariana (CNEB), que reúne a unos 2.500 miembros y es una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La CNEB controla territorios estratégicos en la frontera con Ecuador, una zona de importancia crítica para el tráfico de drogas y la minería ilegal. El máximo negociador de paz de la CNEB, conocido por el alias "Araña", fue capturado en febrero de este año por una solicitud de extradición estadounidense por tráfico de estupefacientes. La administración anterior había retrasado ese trámite, pero el nuevo gobierno ordenó acelerar la extradición, enviando así una señal clara sobre su postura.

Resulta revelador que la mayor parte de estos combatientes haya permanecido en las filas no por convicción ideológica, sino por razones económicas. Algunos de ellos incluso se referían a su organización simplemente como "la empresa". Esto refleja una transformación profunda en el carácter de estos grupos. Si bien emergieron en los años sesenta como movimientos rebeldes de izquierda que protestaban contra abusos gubernamentales y buscaban transformaciones revolucionarias, la ideología fue gradualmente reemplazada por motivaciones económicas. El control de territorios para producción y comercio de cocaína, la explotación ilegal de recursos minerales y otras economías criminales se convirtieron en los verdaderos motores de estas organizaciones. Colombia es el principal productor mundial de cocaína, y estos grupos son actores centrales en esa cadena de valor delictiva.

El fracaso de una estrategia ambiciosa

La estrategia de "paz total" fue concebida como una respuesta a las limitaciones del histórico acuerdo de paz de 2016 con la FARC. Ese tratado, aunque significativo, dejó sin resolver la cuestión de otros grupos armados y de facciones disidentes de la antigua guerrilla que nunca se desmovilizaron. El nuevo gobierno intentó abordar esa brecha mediante negociaciones simultáneas con múltiples actores. No obstante, el plan enfrentó obstáculos sistémicos. Los grupos armados aprovecharon las treguas temporales para fortalecer sus posiciones territoriales e incrementar sus operaciones económicas ilícitas. Además, compitieron entre sí por el control de corredores estratégicos y fuentes de renta criminal, lo que a menudo derivó en enfrentamientos que afectaron a la población civil.

El balance de seguridad durante la vigencia de "paz total" fue desalentador. En lugar de reducirse, la violencia alcanzó sus peores niveles en una década. Las cifras de homicidios, secuestros y masacres experimentaron aumentos significativos. Algunos analistas han cuestionado la prudencia de la decisión de desmovilizar a estos 99 combatientes, sugiriendo que fue tomada con urgencia y sin suficiente análisis de riesgos. La coincidencia temporal con la campaña electoral —los combatientes entregaron sus armas apenas días antes de una votación que las encuestas predecían perdería el gobierno— refuerza esas críticas. Según testimonios de los propios excombatientes, funcionarios les dijeron que su desmovilización abriría la puerta para que otros grupos hicieran lo propio, sentando un ejemplo. Pero ese efecto dominó nunca se materializó.

Las encrucijadas legales y humanas

La situación de estos 99 expone grietas profundas en el marco legal colombiano. No existe un ordenamiento jurídico que regule adecuadamente la transición de combatientes a la vida civil en el contexto de un proceso de paz. Los decretos que formalizaron la ZUT son instrumentos administrativos, no leyes, lo que los hace frágiles frente a cambios de gobierno. Además, bajo la legislación actual, los individuos que han cometido delitos como secuestro o tráfico de drogas no son elegibles para amnistía. Esto significa que técnicamente, cada uno de los 99 podría enfrentar persecución judicial por sus acciones pretéritas, aunque por ahora esa persecución está suspendida.

Todos los intentos de la administración anterior por aprobar leyes que regularan formalmente los procesos de rendición fueron rechazados en el Congreso. Esta ausencia de marco legal genera una vulnerabilidad extrema. Los excombatientes no tienen garantías que trasciendan la voluntad política de quienes ocupen el poder ejecutivo en un momento dado. Una investigadora de un influyente centro de pensamiento especializado en seguridad ha caracterizado la situación de los 99 como un "limbo legal" en el que su protección depende de instrumentos que pueden ser revocados arbitrariamente y no existe un marco normativo que garantice su tránsito a la vida civil.

El testimonio de Adrián, el miembro más joven del grupo con solo 19 años, resume la tensión existencial de estos 99 hombres y mujeres. Él expresa que su deseo es llevar una vida normal, tener un hogar y una familia. Pero simultáneamente admite que si las autoridades los traicionan, estaría dispuesto a retomar las armas. Desde su perspectiva, ellos han cumplido su palabra, y es responsabilidad del Estado honrar la suya. La pregunta implícita en su declaración es profundamente perturbadora: ¿qué ocurre cuando la promesa de un Estado es incumplida?

Perspectivas inciertas y consecuencias potenciales

Las trayectorias posibles para estos 99 excombatientes son múltiples y cada una porta implicancias significativas. En un escenario optimista, el nuevo gobierno podría mantener la ZUT en funcionamiento o establecer nuevas modalidades de protección y reinserción, quizá con un énfasis diferente pero respetando los compromisos ya adquiridos. Esto permitiría que estas personas completen su transición a la vida civil sin persecución judicial. Un segundo escenario contempla una renovación de las protecciones legales mediante nuevos decretos o leyes del actual gobierno, probablemente con condiciones y requisitos distintos. Un tercer escenario, más sombrío, implica la clausura de la ZUT y la reactivación de órdenes de captura, lo que posiblemente provocaría que algunos optaran por huir o retornar a estructuras armadas. Un cuarto escenario extremo incluiría operaciones militares contra estos individuos desarmados. Cada una de estas trayectorias genera consecuencias distintas: desde la posibilidad de que estos 99 se reintegren efectivamente a la sociedad civil, hasta el riesgo de que refuercen grupos armados, o que contribuyan a una narrativa generalizada de que los procesos de paz en Colombia son engañosos.

Lo que está en juego trasciende el destino particular de estas 99 personas. La forma en que se resuelva su situación enviará señales potentes a miles de otros combatientes en estructuras armadas, muchos de los cuales tal vez estén considerando la posibilidad de desmovilizarse. Si perciben que el Estado incumple sus compromisos, los desincentivos para cualquier futura negociación se multiplicarán exponencialmente. Al mismo tiempo, la cuestión expone tensiones fundamentales entre diferentes concepciones de cómo abordar la violencia armada en contextos políticos complejos: mediante la negociación y la reinserción, o mediante la confrontación y el encarcelamiento. La decisión que tome el actual gobierno sobre los 99 no será meramente administrativa, sino que constituirá un mensaje de política criminal y de relaciones cívicas con actores que alguna vez fueron enemigos.