La región sureña de Nueva Zelanda está a punto de experimentar una transformación radical con la llegada de infraestructura tecnológica de escala mundial. Datagrid, empresa con sede en Singapur, ha obtenido luz verde regulatoria para construir un centro de datos especializado en inteligencia artificial con inversión de 3.500 millones de dólares neozelandeses (aproximadamente 2.000 millones de dólares estadounidenses). Las obras iniciarán este mismo año en un terreno de 49 hectáreas ubicado en Makarewa, localidad próxima a Invercargill. Si todo avanza según lo previsto, la instalación entrará en funcionamiento hacia 2028. Pero mientras las autoridades locales celebran la llegada de empleos y modernización digital, los vecinos de la zona elevan la voz con interrogantes que aún permanecen sin respuesta satisfactoria.

El megaproyecto no es aislado dentro del contexto global actual. Los centros de procesamiento de datos han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, impulsados por la demanda de servicios en la nube y, más recientemente, por el desarrollo acelerado de aplicaciones de inteligencia artificial. La instalación de Makarewa será utilizada para entrenamiento de modelos de IA, procesamiento intensivo y almacenamiento de información que servirá a proveedores tecnológicos globales. Adicionalmente, Datagrid planea construir un cable de conectividad de alta velocidad que uniría a Invercargill con Australia, generando así una ruta de transmisión de datos directa entre ambos países. Este componente del proyecto subraya el carácter estratégico que Nueva Zelanda busca posicionarse dentro de la arquitectura digital internacional.

Consumo de recursos en magnitudes sin precedentes

Los números que rodean al proyecto revelan la escala de las operaciones que se instalarán en el sur neozelandés. El centro demandará 280 megavatios de electricidad, lo que lo posicionaría como el segundo mayor consumidor de energía del país, superado únicamente por la fundición de aluminio de Tiwai Point ubicada en las proximidades. Para dimensionar esta cifra: representa un consumo equivalente al de decenas de miles de hogares conectados simultáneamente. Las necesidades hídricas son igualmente significativas. Datagrid tiene autorización para extraer hasta 604.800 litros de agua subterránea diariamente, con capacidad de descargar hasta 5.000 litros de aguas residuales tratadas. El proyecto también incluye la operación de hasta 84 generadores diésel de respaldo en caso de interrupciones en el suministro eléctrico.

Para los residentes de Makarewa, estas cifras dejaron de ser números abstractos cuando comenzaron a considerar sus implicancias prácticas. Kelly Blomfield, quien preside la coalición Southland Sustainable Resource que monitorea proyectos de infraestructura regional, expresó que existe una percepción generalizada de que la región fue vendida sin que sus habitantes tuvieran genuina participación en la decisión. El proceso de consulta, según su relato, privilegió a los vecinos directos del predio mientras que la comunidad más amplia quedó al margen de deliberaciones significativas. Amanda, una residente que prefirió identificarse solo por su nombre, comentó que su inicial disposición a aceptar el proyecto se transformó en preocupación genuina a medida que investigó cómo operan instalaciones similares en otras partes del mundo. Sus inquietudes abarcan desde el impacto acústico de las operaciones ininterrumpidas, la contaminación lumínica durante las 24 horas del día, hasta efectos potenciales sobre la fauna local incluyendo animales de granja.

El debate entre beneficios económicos anunciados y resultados verificables

Las autoridades neozelandesas presentan el proyecto bajo una narrativa de oportunidad económica regional. Funcionarios locales han destacado la generación de empleo como beneficio central: aproximadamente 1.200 posiciones de trabajo durante la fase de construcción, y alrededor de 50 puestos permanentes una vez que la instalación alcance operatividad plena. El gobierno nacional, a través de su agencia Invest New Zealand, busca atraer entre 25 y 30 mil millones de dólares neozelandeses en inversión extranjera para construir múltiples centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial. La agencia sostiene que Nueva Zelanda representa un destino atractivo para este tipo de inversiones debido a su acceso a energías renovables, disponibilidad de terrenos, clima templado favorable para el enfriamiento de servidores, conectividad digital de calidad, fuerza laboral capacitada y ambiente regulatorio estable. Un informe encargado a Boston Consulting Group proyecta que esta industria podría generar hasta 70 mil millones de dólares neozelandeses en actividad económica durante la próxima década.

Sin embargo, académicos y especialistas plantean interrogantes sobre la solidez de estas proyecciones. Angus Dowell, geógrafo económico cuyo trabajo doctoral examina específicamente la construcción y expansión de centros de datos, señala que existen múltiples señales de alerta respecto al proyecto y a la estrategia nacional de convertir a Nueva Zelanda en hub de inteligencia artificial. Su análisis sugiere que si bien estas instalaciones generan beneficios económicos visibles durante la construcción, los retornos a largo plazo para el desarrollo económico local no son sustanciales. Los centros de datos, una vez operativos, requieren muy pocas personas para funcionar, lo que implica que la promesa de generación de empleo permanente resulta, en términos reales, bastante limitada. Dowell también critica la opacidad que rodea cuestiones fundamentales: cómo operará el centro dentro del ecosistema de inteligencia artificial global, cuál será la verdadera distribución de beneficios entre la corporación propietaria y la comunidad local, y cuáles son los impactos ambientales específicos que podría generar la operación a mediano y largo plazo.

La empresa responsable del proyecto, representada por su director ejecutivo Rémi Galasso, ha respondido con anterioridad a preocupaciones sobre consumo de agua y electricidad, argumentando que estas inquietudes carecen de fundamento. Según sus explicaciones, el clima templado de la región minimiza significativamente la necesidad de usar agua para enfriamiento, y la compañía operará bajo acuerdos de energía renovable a largo plazo, sin competir por electricidad destinada al consumo doméstico. Sin embargo, Datagrid no respondió a solicitudes de información adicional sobre detalles operacionales, gobernanza ambiental o medidas específicas de mitigación de impactos. Esta falta de comunicación proactiva ha alimentado la sensación de que las decisiones ya fueron tomadas sin espacio real para el diálogo con afectados.

Lecciones de otros territorios y demanda de mayor escrutinio

El contexto global de controversias sobre centros de datos proporciona perspectiva sobre las preocupaciones expresadas en Nueva Zelanda. En diversas jurisdicciones alrededor del mundo, comunidades locales han enfrentado impactos ambientales no previstos o subestimados, desde consumo desmesurado de agua en regiones semiáridas hasta contaminación acústica que afecta calidad de vida. Blomfield señala que en la región Southland existe la sensación de que Nueva Zelanda se inscribió en una carrera para convertirse en potencia de centros de datos de inteligencia artificial sin que sus habitantes tuvieran voz en esa decisión estratégica. Ella relata que la reticencia inicial entre vecinos ha mutado hacia posiciones más francamente opositoras, con creciente articulación de sentimientos que van desde la aprehensión hasta el rechazo directo. Residentes comenzaron a reconocer la magnitud real del proyecto a medida que compararon las características de Makarewa con desarrollos similares en otros países, constatando patrones preocupantes que antes desconocían.

Dowell enfatiza que existe justificación para que sociedades demanden mayor transparencia y conocimiento respecto a proyectos de esta envergadura. Señala que es razonable examinar críticamente las experiencias de otros territorios donde se han implantado centros de datos masivos, considerando los impactos ambientales documentados y la distribución extremadamente desigual de ganancias que caracteriza a la economía de la tecnología e inteligencia artificial controlada por grandes corporaciones. Desde esta perspectiva, pedir más información, exigir mayor escrutinio y cuestionar los beneficios prometidos no constituye obstrucción sino ejercicio legítimo de responsabilidad cívica. Las apuestas, según su análisis, son suficientemente altas para justificar un nivel más elevado de deliberación pública y transparencia corporativa.

Las decisiones que se adopten en las próximas etapas del proyecto de Makarewa establecerán precedentes importantes para Nueva Zelanda. Por un lado, la concreción exitosa de la inversión podría posicionar al país como actor relevante en la infraestructura global de inteligencia artificial, atrayendo inversión adicional y generando puestos de trabajo en construcción e industrias relacionadas. Simultáneamente, si los impactos ambientales superan las proyecciones o si la distribución de beneficios favorece primordialmente a actores corporativos externos mientras la comunidad local absorbe externalidades negativas, la experiencia podría generar resistencia creciente a proyectos similares y erosionar legitimidad de futuras iniciativas de desarrollo tecnológico. La forma en que se gestione la información disponible, cómo se canalicen las inquietudes de residentes y de qué manera se implementen mecanismos de supervisión ambiental determinarán el balance entre oportunidad económica e impactos territoriales en años venideros.