El escenario de confrontación en una de las arterias comerciales más críticas del planeta se redefine estos días a través de propuestas que pretenden navegar entre la voluntad occidental de garantizar la libre circulación de buques y las pretensiones de Irán de ejercer mayor control sobre sus aguas territoriales. Ya no se trata solo de una pulseada militar, sino de un debate jurídico y diplomático que busca estructurar el futuro de un corredor cuya relevancia económica es innegable: aproximadamente 21% del comercio petrolero mundial transita por sus aguas. Lo que está en juego es nada menos que la forma en que se regula el acceso a recursos energéticos fundamentales para la economía global, la definición de qué constituye un peaje legítimo versus una extorsión disfrazada, y la posibilidad de encontrar un modus vivendi que satisfaga tanto a potencias occidentales como a una República Islámica cada vez más asertiva en sus demandas regionales.
El modelo del Malaca como alternativa
Mientras diplomáticos de media docena de países sostienen conversaciones de bastidores, Omán —potencia regional con control sobre la mayoría de las aguas navegables del estrecho— ha presentado una arquitectura institucional que toma como referencia los mecanismos voluntarios que funcionan en el estrecho de Malaca, corredor que une el océano Índico con el Pacífico. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con asesores jurídicos británicos, representa un cambio de paradigma: en lugar de cobros obligatorios por el simple tránsito, se proponen contribuciones voluntarias vinculadas a servicios específicos de navegación, asistencia marítima y protección ambiental. El antecedente es revelador. El mecanismo cooperativo del Malaca procesa anualmente más de 120 mil embarcaciones, operando como una plataforma estructurada donde participantes abordan colectivamente riesgos emergentes, desenvolvimientos tecnológicos y prioridades ambientales. Su financiamiento descansa en aportes voluntarios —particularmente de Japón— que sostienen operaciones de seguridad y vigilancia.
En un discurso pronunciado ante el consejo de la Organización Marítima Internacional en Londres, el delegado omaní Khamis bin Mohammed Al Shamakhi fue explícito: el derecho de tránsito en estrechos de importancia internacional está garantizado por la normativa internacional y no admite la imposición de aranceles por simple paso de embarcaciones. Sin embargo, agregó, su país visualiza valor en explorar esquemas voluntarios circunscriptos a servicios de apoyo navegacional que coadyuven a mejorar seguridad marítima, proteger el entorno marino y fortalecer capacidades de respuesta ante emergencias. La propuesta, en su esencia, busca legitimidad internacional presentándose como un sistema de seguridad compartida antes que como un mecanismo de captura de rentas.
La diplomacia iraní en movimiento
Del lado persa, las negociaciones avanzan por canales distintos. El canciller iraní Abbas Araghchi confirmó desplazamientos hacia Omán para conversaciones específicamente dedicadas a la cuestión del Hormuz y seguridad en el tráfico comercial, iniciativa que prolonga consultas que ambas naciones han estado llevando adelante durante las últimas semanas. La agencia estatal IRNA difundió declaraciones del portavoz del ministerio de relaciones exteriores, Esmaeil Baghaei, quien caracterizó estos encuentros como continuidad de un proceso bilateral en marcha. Paralelamente, la embajada iraní en Londres expresó interés en propuestas elaboradas de manera independiente por el Grupo de Investigación en Política Energética, que propone un esquema de arancel transparente por servicios incrustado en un orden regional inclusivo. Según este planteamiento, el sistema no constituiría un peaje crudo impuesto sobre buques por mera circulación, sino una estructura que incentivase cooperación de todas las partes.
Pese a estos gestos diplomáticos, fisuras internas en la estructura de poder iranií complican el panorama. Dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica existen corrientes que consideran que los ataques estadounidenses del mes de febrero fueron ilegales conforme derecho internacional, por lo que cuestionan por qué razón deberían acatar normas de navegación marítima cuando consideran haber sufrido agresiones injustificadas. En contraste, otros sectores priorizan cooperación. Un diplomático resumió el dilema con crudeza: "Hay divisiones en Teherán". Simultáneamente, capitalidades regionales —en especial Catar— presionan para que Irán aclare si los aranceles que propone serían realmente voluntarios o simplemente obligatorios bajo otro nombre. El portavoz del ministerio de relaciones exteriores qatarí, Majed al-Ansari, advirtió que otorgar a Irán soberanía sobre el estrecho de manera que contradiga derecho marítimo internacional equivaldría a convertir el comercio global en rehén de cualesquiera elementos radicales que pretendan controlar el paso.
Tensiones militares y el telón de fondo de negociaciones fracturadas
Los últimos ciclos de escalada militar no deben interpretarse como desconexos de estas negociaciones diplomáticas. Hace pocos días, fuerzas estadounidenses bombardearon más de 150 objetivos ubicados principalmente en el sur de Irán, con objetivo declarado de neutralizar capacidades de acoso a buques mediante drones, misiles y lanchas rápidas. Irán respondió con ataques contra bases norteamericanas en Kuwait y Bahraín. Según análisis de diplomáticos involucrados en las conversaciones, esta renovada violencia obedece a dos factores interconectados: en primer término, disputas sobre control del estrecho durante su reapertura; en segundo, gestión a largo plazo de la vía acuática incluyendo interrogantes sobre si el modelo Malaca resultaría aceptable para Teherán.
Un memorándum de entendimiento suscrito hace un mes entre Washington y Teherán —que funciona como hoja de ruta de negociación sobre el alto al fuego— establecía compromisos específicos que hoy se cuestiona si están siendo honrados. La cláusula quinta obligaba a Irán a realizar máximos esfuerzos para asegurar paso seguro de embarcaciones comerciales sin cobro alguno, pero solo durante 60 días. Una vez eliminados obstáculos técnicos y militares, el tráfico comercial debería reanudarse en 30 días. Estados Unidos sostuvo que el memorándum jamás significó que barcos pudieran atravesar únicamente con permiso iraní ni exclusivamente por rutas designadas por Teherán. Otra sección del acuerdo comprometía a Irán a sostener diálogos sobre planificación a largo plazo del estrecho con Omán.
Diplomáticos estadounidenses han presionado a Irán para que emita declaración pública ratificando que el Hormuz permanece abierto y que buques comerciales no serán atacados. Funcionarios estadounidenses atribuyen las dificultades en materializar y respetar acuerdos a luchas internas de poder dentro de Teherán. Desde la Casa Blanca, Donald Trump reiteró en redes sociales el viernes que considera el alto al fuego provisional como "terminado", aunque señaló disposición para continuar diálogos orientados a un fin permanente del conflicto. Horas después, formuló amenazas nuevas contra Irán advirtiendo que si intentara atentar contra su vida, "1000 misiles están cargados y apuntados hacia la República Islámica".
La geometría política en organismos multilaterales
En el consejo de la Organización Marítima Internacional, alianza de estados del Golfo y potencias europeas presentó resolución condenando a Irán por buscar controlar el Hormuz mediante ataques contra embarcaciones. La iniciativa careció de apoyo de Rusia y China. El delegado ruso argumentó que el texto confrontacional ignoraba completamente causas raíz de la crisis, mientras que Pekín catalogó la propuesta como unilateral y excesiva respecto al mandato del organismo. Esta fracturas en organismos internacionales reflejan alineamientos geopolíticos más amplios donde potencias occidentales confluyen en objetivos, pero sus rivales sistémicos resisten narrativas que presentan a Irán como agresor sin contexto.
Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, creyó haber alcanzado acuerdo con Irán sobre una ruta meridional que permitiría la evacuación de miles de marineros varados en el estrecho. No obstante, si tal consenso existió, Teherán lo rescindió, obligando al organismo de Naciones Unidas a suspender su plan. Estados Unidos, en cambio, continúa alentando tráfico de buques por la ruta sur. El Comando Central estadounidense sostiene que desde inicios de mayo sus fuerzas "han facilitado exitosamente el tránsito de más de 800 buques comerciales y 380 millones de barriles de crudo a través del vital corredor de comercio internacional".
Desde la Guardia Revolucionaria Islámica llegan señales que rasguñan el marco diplomático. Sus voceros reiteraron: "Extranjeros no tienen rol alguno en estas tierras ni en el estrecho del Hormuz". Diplomáticos analizan ahora si Teherán insiste en que toda embarcación transule por ruta norte próxima a sus costas para despejar acumulación de barcos, o simplemente requiere que todas las naves soliciten permiso a las autoridades iraníes y a su Autoridad del Estrecho Pérsico para usar ruta meridional.
Perspectivas abiertas y complejidades que persisten
El panorama que emerge de estas negociaciones simultaneadas revela tanto la magnitud de los desafíos como la multiplicidad de actores con intereses divergentes. Por un lado, potencias occidentales buscan garantizar libre circulación y evitar que una potencia regional concentre poder de veto sobre comercio global. Por otro, Irán aspira a ejercer soberanía sobre aguas que considera propias y a obtener compensación por provisión de servicios de seguridad. Omán pretende ser mediador y ofrecer soluciones que no requieran imposiciones, mientras que otros actores regionales como Catar temen cualquier arreglo que consolide prerrogativas iraquíes. La escala del esquema alternativo omaní tal vez resulte insuficiente para satisfacer ambiciones de ciertos sectores de la Guardia Revolucionaria. Al mismo tiempo, divisiones internas en Teherán generan incertidumbre sobre cuánta autoridad posee el ministerio de relaciones exteriores para negociar versus cuánta reclaman instituciones militares. Los bombardeos estadounidenses y respuestas iraníes muestran que sin resolución de cuestiones de seguridad de fondo, acuerdos sobre peajes o rutas enfrentarán obstáculos recurrentes. La cuestión de si sistemas de contribuciones voluntarias resultan viables dependerá de si actores regionales y globales perciben que sus intereses fundamentales quedan protegidos. El modelo del Malaca funciona porque hay consenso sobre la necesidad de mantener abierto el paso; en el Hormuz, ese consenso aún no existe y su construcción requiere avances que trasciendan arreglos administrativos para abordar confianza mutua, garantías de seguridad y distribución equitativa de beneficios.
