El equilibrio diplomático de Omán se resquebraja bajo la presión de una disputa que trasciende sus fronteras y amenaza con redefinir las reglas del comercio marítimo global. Irán acaba de anunciar públicamente que coordina con el emirato vecino sobre la administración futura del Estrecho de Ormuz, incluyendo un sistema de cobro de aranceles a embarcaciones comerciales que atraviesen estas aguas estratégicas. La declaración ha encendido las alarmas en Washington y entre las potencias occidentales, que ven en esta iniciativa un intento de Teherán por convertir una ruta internacional de navegación en un peaje controlado unilateralmente. Lo que está en juego no es meramente una cuestión técnica de regulación marítima: es el acceso a uno de los conductos de energía más vitales para la economía mundial, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia por mar.
La gravedad de esta pugna se amplifica cuando se observa el contexto actual. Durante las últimas diez semanas, el Estrecho de Ormuz ha permanecido efectivamente bloqueado, consecuencia de la escalada bélica desatada en febrero tras ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Esta paralización ya ha generado disrupciones significativas en los mercados energéticos globales y ha puesto en evidencia cuán vulnerable es el comercio internacional cuando depende de una franja geográfica tan estrecha y políticamente volátil. Omán, con su enclave de Musandam ubicado estratégicamente al sur del estrecho, se ha visto arrastrado al epicentro de una confrontación que lo coloca simultáneamente bajo presión de múltiples actores: Irán por un lado buscando legitimidad regional para sus planes, y por el otro, Estados Unidos y sus aliados occidentales empeñados en impedir cualquier restricción a la libertad de navegación.
Una declaración que cambió el tablero diplomático
El viernes pasado, mientras se encontraba en India, el canciller iraní Abbas Araghchi pronunció palabras que funcionaron como un micrófono amplificador de las intenciones de Teherán. Según sus declaraciones, el estrecho constituye una vía acuática exclusivamente compartida entre Irán y Omán, negando la existencia de aguas internacionales en su jurisdicción. Más allá de esta afirmación territorial, el funcionario iraní confirmó explícitamente que su país estaba en conversaciones con Omán respecto a cómo gestionar ese corredor en el futuro. Hasta el momento, Omán ha mantenido un silencio estratégico respecto a los detalles específicos de estas negociaciones y, particularmente, sobre su posición respecto al sistema de cobro de aranceles que Irán pretende implementar. Tampoco ha emitido postura oficial sobre otra exigencia iraní: obtener información detallada sobre la nacionalidad de todas las naves que transiten por la zona.
Lo que Irán denomina como un sistema de "coordinación" y "gestión conjunta" con Omán representa, en la interpretación de diplomáticos occidentales, un desafío directo al régimen internacional de libertad de navegación que ha prevalecido durante décadas. Los analistas y negociadores occidentales advierten que las propuestas iraníes violarían principios fundamentales del derecho marítimo internacional, ya que implicarían la imposición de peajes arbitrarios sobre comercio civil y otorgarían a Teherán poder discrecional para autorizar o denegar el paso de embarcaciones potencialmente basándose en criterios como la nacionalidad de sus propietarios. Existe también una dimensión financiera problemática: requerir que cada nave establezca una cuenta en moneda local rial iraní para pagar por servicios probablemente violaría sanciones internacionales que expresamente prohíben transferencias monetarias hacia la Guardia Revolucionaria Islámica, brazo militar del régimen.
La contrapropuesta occidental y la posición de Omán
Mientras Irán consolida su narrativa sobre la gestión compartida del estrecho, Francia y Reino Unido han diseñado un plan alternativo centrado en preservar la libertad de navegación según los estándares internacionales ampliamente aceptados. Este proyecto rival ha sido presentado a las autoridades omaníes y cuenta con respaldo de la mayoría de estados del golfo Pérsico. Las capitales europeas han desplegado presencia diplomática intensiva en la región: autoridades británicas de alto nivel, incluyendo al director político de la Cancillería británica Lord Llewellyn, han visitado recientemente Mascate. De forma paralela, Arsenio Dominguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, también se ha desplazado a la capital omaní para participar en estas negociaciones. Todos estos movimientos apuntan a un objetivo común: evitar que Omán se alinee con las propuestas iraníes y, en su lugar, impulse una solución que respete el marco legal marítimo internacional existente.
La cuestión jurídica central que atraviesa toda esta negociación gira alrededor de un interrogante fundamental: ¿qué derechos tienen exactamente los estados costeros para cobrar aranceles o tasas sobre el tráfico marítimo en aguas adyacentes a su territorio? Esta pregunta no es abstracta ni puramente académica. Su respuesta definirá no solamente el futuro del Estrecho de Ormuz, sino que potencialmente sentará precedentes para otras vías marítimas estratégicas alrededor del planeta. Irán se apoya en un tecnicismo legal peculiar: aunque firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en 1982, apenas dos años después de la Revolución Islámica, nunca ratificó formalmente el tratado. Esta situación le permite argumentar que no está obligado por las disposiciones del tratado que garantizan derechos de tránsito a buques de todas las naciones, sino que en cambio puede invocar normas de derecho consuetudinario internacional que le otorgarían un derecho de paso más restrictivo, limitado a lo que se denomina "paso inocente".
Teherán ha ido más lejos aún en sus argumentaciones legales, sosteniendo que incluso si estuviera vinculado por las convenciones internacionales, el derecho de tránsito podría estar condicionado y podría ser restringido en situaciones en que exista alguna amenaza o acción contra su soberanía, integridad territorial o independencia política. Los funcionarios iraníes han señalado que, desde el comienzo del conflicto reciente, la costa meridional del estrecho, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, ha sido utilizada por Estados Unidos como plataforma para armar bases militares destinadas a atacar territorio iraní. Esta línea argumentativa busca justificar restricciones de navegación como medida defensiva dentro del marco de una disputa geopolítica más amplia. Con el objetivo de monetizar y formalizar este control, Irán estableció el 5 de mayo una nueva entidad gubernamental denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, concebida como generador de ingresos para arcas estatales. Bajo este nuevo esquema, los buques están obligados a registrarse mediante correo electrónico ante esta oficina para recibir información de rutas y autorización de paso, con pagos exigidos en moneda iraní a una tarifa aproximada de un dólar por barril.
La posición de China introduce una dimensión adicional de complejidad en este tablero de negociaciones. Donald Trump, durante una cumbre en Pekín, afirmó que la potencia asiática había concordado con Washington en que no podría haber aranceles ni restricciones en el estrecho. El secretario de estado estadounidense Marco Rubio ha respaldado esta narrativa, declarando públicamente que China se opone a los sistemas de cobro. Sin embargo, la posición oficial de Pekín mantiene matices distintos: el ministerio de relaciones exteriores chino expresó que su prioridad principal es simplemente que termine el bloqueo de la vía marítima, atribuyendo la causa del cierre actual a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Existe además un dato que complica la narrativa: la Guardia Revolucionaria Islámica informó hace poco que, tras conversaciones con el embajador chino en Teherán, un número significativo de tanqueros petroleros chinos han sido permitidos atravesar el estrecho, supuestamente bajo la condición de que acepten someterse al régimen iraní. Los detalles sobre si se efectuaron pagos de aranceles no fueron especificados explícitamente en los comunicados.
El dilema de la vigilancia y la aplicabilidad práctica
Existe un aspecto técnico-operativo que merece consideración: la viabilidad práctica de verificar si una embarcación ha pagado o no los aranceles exigidos por Irán. Trump, cuando anunció el bloqueo estadounidense de puertos iraníes como contrapeso al cierre del estrecho, advirtió que ningún actor que pagase un arancel "ilegal" tendría garantizado paso seguro en aguas internacionales, insinuando que la marina estadounidense podría sentirse autorizada a interceptar buques que hubiesen cumplido con los pagos iraníes. No obstante, establecer evidencia verificable en el momento relevante sobre si se efectuó o no un pago de aranceles plantea desafíos prácticos muy reales. ¿Cómo confirmaría Estados Unidos, en tiempo real, que un tanquero chino ha pagado una tarifa a Irán? La respuesta no es evidente, lo que abre un espacio de ambigüedad que podría permitir cierta flexibilidad táctica a los actores involucrados.
La cuestión de si se trata realmente de un "servicio" por el cual se cobra una tarifa, o si en realidad representa un peaje compulsorio disfrazado, constituye un área gris jurídica crucial. Si Irán argumenta que ofrece servicios de información de rutas y apoyo navegacional, podría sustentar que los pagos son únicamente por esos servicios opcionales. Sin embargo, si la realidad operativa implica que los buques están obligados a utilizar esos servicios para obtener autorización de paso, entonces el esquema se convierte de facto en un peaje obligatorio, lo que tendría implicaciones legales completamente distintas. Esta ambigüedad no parece accidental: probablemente refleja el intento de Irán de navegar entre lo que es legalmente permisible según su interpretación del derecho internacional y lo que es, de hecho, una restricción de la libertad de navegación.
Las consecuencias potenciales de esta confrontación se extienden más allá de las aguas del Estrecho de Ormuz. Si Irán lograse implementar exitosamente un sistema de aranceles sin enfrentar una respuesta contundente que lo revirtiera, estaría estableciendo un precedente que otros estados costeros podrían eventualmente invocar en otros puntos críticos del comercio marítimo global. Simultáneamente, si la presión occidental lograse obligar a Irán a ceder, el mensaje sería que los intentos de modificar unilateralmente el régimen de navegación internacional enfrentan una coalición lo suficientemente fuerte como para impedirlos. El papel de Omán en estos próximos meses será determinante: su alineamiento con una u otra propuesta influirá decisivamente en la viabilidad de cualquiera de los escenarios. Por otro lado, la evolución de esta disputa también dependerá de cómo China navegue sus propios intereses, balanceando su relación con Estados Unidos contra sus necesidades energéticas y su rol como potencia comercial global. El desenlace de esta pugna redefinirá no solamente cómo circulan aproximadamente un quinto de los flujos petroleros mundiales, sino también las reglas fundamentales que rigen la libertad de navegación en un mundo cada vez más fragmentado geopolíticamente.
