Una potencia media del Golfo Pérsico enfrenta una encrucijada diplomática sin precedentes. Omán se resiste a los llamados estadounidenses para abandonar sus canales de comunicación con Irán, insistiendo en que sus diálogos con Teherán persiguen únicamente establecer un marco regulatorio futuro para la navegación del Estrecho de Ormuz que respete las normas del derecho internacional marítimo. Esta postura ha generado fricciones manifiestas con Washington, que ve con desconfianza cualquier acercamiento entre el sultanato y la República Islámica. Lo que está en juego trasciende una simple negociación bilateral: se trata de quién controlará uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial, por donde transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo que se mueve globalmente.
El panorama se tornó más tenso después de que Donald Trump amenazara públicamente con bombardear el territorio de Omán, acusación que después fue confirmada por el secretario de Estado Marco Rubio ante la comisión de asuntos exteriores del Senado estadounidense. Rubio afirmó que apenas existía algún país en el planeta dispuesto a respaldar las intenciones de Irán respecto del estrecho, "quizás con la excepción de Omán, que coqueteó con la idea". Esta declaración puso al sultanato bajo los reflectores de la política exterior norteamericana, obligándolo a desplegar esfuerzos diplomáticos sin precedentes para aclarar su posición. El embajador de Omán en Washington, Talal bin Suleiman al-Rahbi, mantuvo encuentros intensos con funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario del Tesoro Scott Bessent, con el propósito de tranquilizar a la administración Trump respecto de que Mascate no respalda un sistema de peajes y mantiene su compromiso con la libertad de navegación.
Un equilibrio histórico tambaleante
Durante décadas, Omán ha sido definida por su capacidad de navegar entre potencias rivales sin perder su credibilidad con ninguna. Como socio tradicional de Estados Unidos que comparte la administración compartida del Estrecho de Ormuz, el sultanato se ha erigido como mediador en la sombra, permitiéndose permanecer neutral en los conflictos que han fracturado alianzas en otras partes de la región. Sin embargo, esta neutralidad posee límites claramente definidos. Las autoridades de Omán han sido explícitamente críticas respecto del desprecio de Israel por las normas internacionales, y hace poco emitieron un comunicado condenando los ataques iraníes contra Bahrein y Kuwait. Ahora, el sultanato intenta evitar caer en una batalla de acusaciones públicas con la Casa Blanca, aunque la presión sigue aumentando.
Lo que Irán propone sobre la mesa de negociación presenta complejidades que van más allá de lo que los titulares sugieren. Teherán ha declarado su disposición de garantizar, en el lapso de un mes, que el flujo comercial regrese a los volúmenes anteriores a la guerra. No obstante, simultáneamente ha establecido una estructura administrativa llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, ahora sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense, ante la cual los buques deben solicitar autorización para transitar. Irán argumenta que está disponible para cobrar un arancel no discriminatorio aplicable a todas las embarcaciones, no solamente a algunas, y que este sistema guardaría coherencia con la legalidad internacional. Arman Khorsand, funcionario iraní encargado de cuestiones ambientales y convenciones internacionales, explicó recientemente que el objetivo no consiste en extractar dinero de los armadores simplemente por el paso de sus navíos, sino en financiar la reparación del daño ecológico ocasionado y compensar los efectos de actividades que han vulnerado el principio de paso inocente. Según su perspectiva, las operaciones militares estadounidenses en la zona generaron consecuencias no solamente en términos de seguridad y humanitarios, sino también costos ambientales significativos de los cuales Washington debería responder.
El dilema legal y las perspectivas en conflicto
El debate sobre la legalidad de cualquier sistema de cobros ha adquirido dimensiones técnicas que exponen las diferentes interpretaciones del derecho internacional. Arsenio Dominguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional, declaró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no existe base legal alguna para que ningún país introduzca pagos, imponga aranceles, comisiones o condiciones discriminatorias en estrechos internacionales. Esta postura parece alineada con la perspectiva estadounidense. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite que los estados costeros regulen el paso en sus aguas territoriales por razones vinculadas con seguridad, protección ambiental u orden marítimo, e incluso autorizan el cobro de aranceles por servicios específicos prestados, siempre que tales cobros se apliquen de manera transparente y sin discriminación. Esto abre un espacio interpretativo que Irán intenta ocupar.
Dentro del propio Omán, hay matices en las posiciones políticas que revelan la complejidad de la cuestión. Mohammed Suleiman Tamim al-Hinai, miembro del Consejo Consultivo del sultanato, enfatizó que Omán ha mantenido consistentemente el respeto por la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz conforme al derecho internacional marítimo. Señaló que el ministro de transportes ya había manifestado ante el Consejo Consultivo, confirmado posteriormente por el ministro de asuntos exteriores, que Mascate reconoce la legalidad internacional y defiende la libertad de tránsito. Por lo tanto, aseguró, Omán no impone aranceles de tránsito, pero sí proporciona otros servicios marítimos como protección, operaciones de rescate y asistencia en navegación. Esto refleja una posición que algunos políticos omaníes ven con cierta simpatía hacia esquemas de cobro por servicios específicos y genuinos, lo que sugiere un posible punto de encuentro con la propuesta iraní si se estructura adecuadamente.
Mientras tanto, los movimientos militares estadounidenses continúan. Washington ha ejecutado ataques contra sistemas de radar iranís con el objetivo declarado de reducir las herramientas de vigilancia de las que Teherán necesita para institucionalizar su control sobre el estrecho. El Departamento del Tesoro emitió una directiva estableciendo que, independientemente de si se efectúan pagos o no, los ciudadanos estadounidenses están prohibidos de recibir servicios del gobierno de Irán, incluyendo aquellos relacionados con garantías de paso seguro. Simultáneamente, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico intenta demostrar que se trata de una institución legítima con la cual las empresas navieras están cumpliendo; publicó cifras señalando que más de trescientas compañías navieras habían solicitado permisos. Los destinos principales de los buques que salían eran países asiáticos, particularmente China e India, mientras que para las embarcaciones que entraban, los Emiratos Árabes Unidos aparecían como principal punto de recepción.
Las sospechas estadounidenses sobre Omán no surgieron de la nada. Datan de cuando Badr al-Busaidi, ministro de asuntos exteriores del sultanato, compareció ante cámaras de televisión estadounidenses justo antes del inicio de la guerra israelí-estadounidense solicitando más tiempo para que avanzaran las conversaciones de mediación que estaba conduciendo. En aquel momento, al-Busaidi afirmó que se vislumbraba un acuerdo próximo. Washington ha interpretado desde entonces que el sultanato podría estar desarrollando en privado planes para un sistema de cobros que funcionaría de manera equivalente a los peajes que Estados Unidos rechaza. Al mismo tiempo, Omán ha estado asistiendo a buques, incluyendo embarcaciones estadounidenses, desde el inicio del conflicto, proporcionando orientación para la navegación, operaciones de búsqueda y rescate, y asistencia médica a tripulaciones. Esta labor ha consolidado su reputación como actor confiable en la región.
Las implicancias de cómo se resuelva esta tensión se proyectan hacia múltiples direcciones. Si Omán accede a las demandas estadounidenses de romper sus canales con Irán, perdería su utilidad como mediador y vería comprometida su posición histórica de broker neutral, lo que podría afectar su influencia futura en otras disputas regionales. Si mantiene su actual postura, enfrenta sanciones económicas estadounidenses y la erosión de una alianza que data de décadas. Por su lado, si Irán logra institucionalizar un sistema de cobros, podría incrementar significativamente sus ingresos mientras reafirma su presencia en un espacio estratégico; pero también correría el riesgo de generar coaliciones de países opuestos, como advierten algunos analistas iraníes como Saeed Laylaz, quien sostiene que convertir el estrecho en una zona de paz generaría más prosperidad para el país que extraer ingresos directos. Las legislaturas iraníes, bajo la dirección de Ali Nikzad, diputado speaker del parlamento, trabajan en fusionar tres proyectos de ley diferentes para establecer de manera definitiva cómo operaría el régimen marítimo gubernamental en el estrecho, incluyendo si sería temporal o permanente. Para Estados Unidos, la situación representa un desafío a su capacidad de imponer su voluntad diplomática en una región donde su influencia, aunque sigue siendo considerable, ha mostrado límites claros.
