A mediados de junio pasado, un empresario petrolero estadounidense de cabello canoso se presentó ante los habitantes de una localidad aislada en el norte de Groenlandia para anunciar un proyecto que promete transformar el mapa energético y geopolítico del Ártico. Lo que sucedió en esa reunión en Ittoqqortoormiit no fue un simple encuentro comunitario, sino el punto de partida visible de una pugna que enfrenta intereses corporativos vinculados con la administración norteamericana contra las autoridades locales y el gobierno danés. El anuncio generó inmediatas contradicciones públicas, revelando un abismo entre lo que la compañía asegura tener autorizado y lo que efectivamente reconocen las instituciones de Groenlandia como válido. Esto marca un antes y un después en cómo las potencias económicas intentan posicionarse en territorios estratégicos del planeta.
Robert Price, el rostro público de Greenland Energy, llegó a esa comunidad de apenas 300 personas con un mensaje directo: su empresa texana planea extraer petróleo del subsuelo groenlandés. Según explicó mediante intérprete, ya contaban con permisos para desembarcar 300 contenedores de equipamiento de perforación y habían presentado solicitudes pendientes de aprobación para iniciar operaciones. Sin embargo, minutos después de estas afirmaciones, el ministerio de recursos naturales de Groenlandia emitió un comunicado desmentiendo categóricamente la versión de Price. Funcionarios groenlandeses aclararon que no existían permisos activos para ninguna actividad exploratoria ni para la preparación de las mismas. Esta divergencia expone un conflicto que va más allá de los trámites administrativos: refleja una disputa de visiones sobre quién decide el destino de los recursos naturales árticos.
La estrategia de posicionamiento geopolítico
Detrás de Greenland Energy operan figuras cercanas a la administración Trump, que utilizan la promesa de descubrimientos petroleros como herramienta para fortalecer argumentos a favor de una integración política de Groenlandia a los Estados Unidos. Jeff Landry, gobernador de Luisiana designado como enviado especial estadounidense ante Groenlandia, regresó de una visita en mayo difundiendo un mensaje por medios norteamericanos que suena a promesa electoral: aseguró que Groenlandia podría exportar dos millones de barriles diarios de crudo y que la producción podría iniciarse dentro de diez meses. Landry expresó públicamente que su misión consiste en "convertir a Groenlandia en parte de los Estados Unidos". Durante la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump reiteró su demanda explícita para que Washington asuma el control de este territorio danés. El petróleo funciona aquí como anzuelo geopolítico, como justificación de un apetito territorial que va mucho más allá de consideraciones energéticas.
El proyecto específico avanza sobre licencias preexistentes que permanecieron vigentes después de que Groenlandia suspendiera en 2021 la expedición de nuevos permisos de exploración petrolera. Esa decisión gubernamental se basó en una evaluación de riesgos ambientales: funcionarios concluyeron que las consecuencias ecológicas de la explotación de hidrocarburos resultaban demasiado graves. Las licencias remanentes, registradas bajo una empresa denominada 80 Mile constituida en Reino Unido, cubren porciones de la región de Jameson Land. Greenland Energy, fundada hace un año e incluida en el Nasdaq de Nueva York, invirtió sesenta millones de dólares para obtener una participación mayoritaria en el proyecto a cambio de perforar dos pozos exploratorios. Price ha sostenido que la zona podría albergar reservas petrolíferas valuadas en un billón de dólares, aunque reconoce que únicamente la perforación confirmaría o desmentaría esa estimación.
Contradicciones empresariales y advertencias ambientales
La compañía ya ha contratado un buque especialmente equipado para navegar aguas árticas con el propósito de transportar sus equipos recorriendo cuatro mil kilómetros a través de hielo hasta la costa oriental groenlandesa. Inicialmente Price anunció que la embarcación partiría en septiembre y que las perforaciones comenzarían en octubre. Halliburton, la gigantesca contratista de Houston con raíces en la industria petrolera norteamericana, ejecutará las operaciones logísticas. Sin embargo, documentos de registro bursátil de Greenland Energy explicitan que cualquier avance requiere aprobación gubernamental groenlandesa, tanto para las perforaciones como para la participación accionaria de la empresa en futuras extracciones. Existen indicios de que el gobierno local presenta resistencia: el ministro encargado de recursos minerales, Múte B Egede, afirmó que "los ciudadanos podrían comprensiblemente estar preocupados" por los vínculos del proyecto con Trump, y reiteró que "las actividades no pueden realizarse sin los permisos necesarios", cuestionando además que "las declaraciones públicas de la compañía no siempre reflejan la realidad".
Los riesgos ambientales presentan dimensiones de consideración. Los pozos proyectados se ubicarían en una zona protegida conforme a la Convención de Ramsar, tratado internacional dedicado a preservar humedales. Expertos en avifauna groenlandesa señalaron que el área constituye hábitat crítico para gansos de cuello bermejo, gansos piquicortos, zarapitos trinadores, chorlitos dorados, gaviotas de Sabina y búhos níveos, además de bueyes almízcares. Cualquier actividad exploratoria petrolera amenazaría la integridad de estos ecosistemas. La alcaldesa de la región que incluye la capital Nuuk y se extiende hacia Jameson Land, Avaaraq Olsen, expresó sus temores sobre que el descubrimiento petrolero se alineara con planes de anexión estadounidense, describiendo a Groenlandia como "el lugar más pacífico de la Tierra" donde sus pobladores "siempre vivieron en paz y armonía", ahora amenazados por "estadounidenses intentando tomar control".
La red de inversores y la sombra de la influencia presidencial
Las conexiones de Greenland Energy con círculos próximos a Trump se densificaron durante los últimos meses. En abril, Kenneth Griffin, multimillonario de Wall Street y mega-donante republicano, adquirió el nueve por ciento de las acciones de la compañía. Aunque Griffin ha criticado públicamente el enriquecimiento de los Trump, contribuyó con un millón de dólares a la segunda investidura presidencial. En junio se sumó Carol Craig, veterana de la Marina estadounidense y fundadora de Sidus Space, firma de defensa tecnológica que trabaja en el sistema de defensa antimisiles Golden Dome que Trump considera "vital" para Groenlandia, donde operan bases militares estadounidenses estratégicas. El mismo mes, Greenland Energy anunció una asociación con Envoy Media, la productora de Phil McGraw, conocido popularmente como Dr. Phil, celebridad televisiva que participó en actos de campaña de Trump y posteriormente se posicionó junto a agentes federales de inmigración durante operativos de deportación. McGraw producirá una serie documental sobre Greenland Energy para medios por cable y redes sociales, presentando a los operadores del proyecto como "buscadores de petróleo modernos". En una presentación previa en YouTube, McGraw discutió con ejecutivos de la compañía la viabilidad del hallazgo petrolero, reconociendo que aunque "todos bromeaban cuando Trump habló de comprar Groenlandia, realmente existe valor estratégico real". Días después, McGraw se presentó en la Oficina Oval con Trump, quien agradeció públicamente su "apoyo" tras su nombramiento para una comisión de libertad religiosa.
En espacios de comunicación digital cerrados, accionistas de Greenland Energy debaten abiertamente sobre qué movimientos podrían impulsar el precio de la acción hacia el alza. Utilizan un término revelador: esperan conseguir un "Trump pump", refiriéndose a la posibilidad de que una mención presidencial pública sobre la empresa multiplicara su valuación antes de que un solo barril de crudo fuera extraído. Larry Swets, financista que actúa como presidente ejecutivo y es accionista mayoritario, intentó contener la controversia reconociendo que "nuestro entusiasmo por el proyecto nos llevó a comunicar de manera que generó confusión sobre responsabilidades en Groenlandia", aunque negó tener "relaciones cercanas" con Trump cuando le fue preguntado directamente. Publicaciones en redes sociales de la esposa de Swets sugieren que visitó la residencia Mar-a-Lago de Trump durante 2024, aunque Swets no respondió cuestionamientos sobre su propia presencia en ese lugar que funciona como corte presidencial paralela.
Lo que observadores regionales y ambientalistas ven desenrollarse es un patrón donde intereses corporativos estadounidenses avanzan sobre territorios estratégicos con el respaldo implícito de autoridades federales, aprovechando marcos legales preexistentes pero cuestionando su validez cuando obstaculizan operaciones previstas. Las promesas de empleo, ingresos por royalties y desarrollo económico compiten contra preocupaciones sobre soberanía territorial, integridad ambiental y el deseo de comunidades pequeñas de mantener su estabilidad. Las próximas semanas determinarán si Greenland Energy consigue los permisos de perforación o si las resistencias locales y gubernamentales prevalecen sobre la presión geopolítica norteamericana, un resultado que tendrá implicancias que trascenderán ampliamente a Groenlandia, modelando precedentes sobre cómo potencias mundiales pueden o no intervenir en territorios soberanos mediante mecanismos que combinan influencia política, oportunidad empresarial y narrativas de desarrollo económico.
