La industria global del turismo digital se ha convertido en una herramienta para monetizar territorios disputados. A través de plataformas de reserva internacionales, decenas de viviendas ubicadas en asentamientos construidos sobre tierras palestinas confiscadas son ofrecidas a turistas de todo el mundo como destinos vacacionales de ensueño. La trama revela una desconexión profunda entre las operaciones comerciales de grandes corporaciones tecnológicas y las realidades legales que sustentan sus modelos de negocio en zonas de conflicto territorial prolongado. Lo que sucede aquí no es un asunto marginal de regulación empresarial, sino un dilema fundamental sobre la responsabilidad corporativa en espacios donde el derecho internacional ha trazado líneas claras sobre lo que constituye una violación a la legalidad.

Mohammad al-Sbeih recuerda con nostalgia las épocas en que su familia cultivaba trigo y cebada en las laderas al sur de Belén. Cinco hectáreas de terrenos escalonados que requerían trabajo arduo pero que representaban generaciones de arraigo y pertenencia. Hoy, donde alguna vez crecieron esas cosechas, se extienden las construcciones del asentamiento de Neve Daniel, y lo que era patrimonio familiar ahora aparece promocionado en portales de viajes internacionales como un destino turístico de lujo. La descripción en línea invita a los visitantes a relajarse en jardines y terrazas, disfrutando de vistas panorámicas hacia el mar y espacios ideales para pícnics. Ninguna mención sobre quién poseía esas tierras antes, ni cómo llegaron a formar parte de la infraestructura que ahora genera ingresos para operadores foráneos.

Una red comercial en territorios en disputa

Un análisis reciente de una organización estadounidense dedicada a vigilar responsabilidades corporativas documentó 41 listados en la plataforma Booking.com ubicados en 14 asentamientos considerados ilegales según el derecho internacional, distribuidos a lo largo de la Cisjordania ocupada. La mayoría se concentra en dos zonas estratégicas: el valle del Jordán incluyendo la costa del Mar Muerto, y el anillo de asentamientos que rodea Jerusalén Oriental, con dos propiedades incluso dentro de la ciudad vieja, territorio capturado en 1967 y anexionado en 1980. Simultaneamente, otro portal de reservas hoteleras operado desde Estados Unidos mantiene listados adicionales en estas mismas áreas, sumando alrededor de 760 habitaciones entre hoteles, departamentos y casas privadas según revelaciones de investigaciones de campo realizadas a principios de 2025.

El entramado legal que sustenta estas operaciones enfrenta críticas sostenidas desde múltiples frentes. El establecimiento de población civil en territorios ocupados viola la Cuarta Convención de Ginebra, el tratado internacional que protege a civiles en contextos de conflicto armado. Además, el Estatuto de Roma, documento fundacional de la Corte Penal Internacional, clasifica explícitamente esta colonización como un crimen de guerra. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que reafirmó la ilegalidad de estos asentamientos y estableció que gobiernos y organizaciones tienen la obligación de no reconocer su legitimidad. Sin embargo, el Estado israelí sostiene argumentos legales alternativos: sostiene que las convenciones de Ginebra no aplican porque la Cisjordania no era territorio de un Estado soberano previo a 1967, y que el dominio jordano anterior carecía de reconocimiento internacional. También ha cuestionado la jurisdicción de la corte internacional.

La respuesta corporativa ante presiones internacionales

Las compañías operadoras de estas plataformas de hospedaje han adoptado posiciones diversas ante las crecientes presiones. Una organización de apoyo legal europea que defiende derechos palestinos presentó una denuncia penal ante fiscales holandeses, argumentando que los ingresos derivados de reservas en asentamientos podrían constituir lavado de dinero conforme a leyes neerlandesas, dado que la actividad comercial subyacente está vinculada a establecimientos ilegales. La casa matriz de Booking.com opera desde los Países Bajos. La plataforma introdujo en 2022 una etiqueta de advertencia para propiedades en asentamientos que aconseja a potenciales huéspedes consultar recomendaciones gubernamentales. Sin embargo, esta advertencia aparece en letra pequeña y solo surge cuando se busca específicamente por el nombre del asentamiento, no en las páginas individuales de anuncios. Un portavoz de Booking.com argumentó que la misión de la empresa es facilitar viajes a nivel mundial y que no corresponde a la plataforma decidir dónde pueden o no viajar las personas. Aseguró monitorear la situación y aplicar rigurosamente los principios de su declaración sobre derechos humanos.

La otra gran plataforma de reservas, operada desde Estados Unidos, cuenta una historia similar con matices diferentes. En 2018, esta empresa anunció que discontinuaría publicidad en asentamientos, pero revirtió esa decisión meses después tras demandas legales de anfitriones y potenciales clientes. Su documento de política sobre áreas afectadas por conflictos establece que tomará acciones apropiadas cuando determine vínculos directos con impactos negativos en derechos humanos. En la práctica, mantiene una presencia comercial continua en estos territorios sin restricciones visibles al usuario promedio.

La historia de al-Sbeih ejemplifica la asimetría que caracteriza estos procesos. Su familia litigó durante décadas en cortes israelíes luego de que sus cinco hectáreas fueran confiscadas en 1982. Presentaron documentación completa: escrituras de propiedad, certificaciones de expertos agrícolas demostrando uso productivo del terreno. La contraparte no presentó ni un solo documento. La confiscación fue ratificada bajo argumentos de seguridad nacional, un patrón recurrente en los despojos de tierra documentados durante décadas en la región. El terreno permaneció baldío durante veinte años tras esa sentencia. Cuando la familia intentaba visitarlo desde su residencia en al-Khader, fuerzas militares los detenían en los puntos de control. Finalmente, el lote familiar fue absorbido por la expansión de Neve Daniel, que había comenzado originalmente en tierras de propiedad judía privada. Al-Sbeih solía llevar a sus hijos y nietos a un punto de observación desde donde podía señalarles sus tierras ancestrales, pero las restricciones de movimiento impuestas desde octubre de 2023 lo tornaron imposible.

Cuando investigadores le mostraron el mapeo de la propiedad anunciada en Booking.com el mes anterior, al-Sbeih lloró. Expresó que esa tierra hermosa debería haber sido para sus hijos y nietos. Enfatizó que aunque Booking.com es una corporación masiva con inversiones globales diversificadas, el principio de justicia no se relativiza por magnitud: robar diez dólares merece igual condena que robar un millón, porque la violación del derecho es la misma. Su reflexión condensa la brecha entre la lógica corporativa de maximización de ganancias y la experiencia vivida de despojo territorial sin compensación ni reparación.

Las consecuencias de este modelo comercial se proyectan en múltiples direcciones. Por un lado, la presencia de estas propiedades en plataformas globales genera legitimidad de facto a estructuras territoriales cuya legalidad está cuestionada por la mayor parte del orden internacional, normalizando para millones de turistas potenciales realidades que los órganos judiciales supranacionales han clasificado como ilegales. Por otro, la monetización continua crea incentivos económicos para mantener y expandir estas operaciones, complejizando cualquier resolución futura de disputas territoriales. Simultáneamente, estas plataformas se enfrentan a presiones regulatorias crecientes en jurisdicciones europeas donde operan filiales, mientras que en sus mercados de origen mantienen menor escrutinio. La cuestión sobre si las corporaciones tecnológicas deben ser responsables por facilitar transacciones comerciales en territorios cuya ocupación viola el derecho internacional sigue sin resolverse en los marcos regulatorios existentes, permaneciendo como una grieta donde la responsabilidad corporativa, el derecho internacional y los modelos de negocio digital chocan sin solución evidente.