Un episodio que parece sacado de un thriller político se desplegó en los pasillos del Senado Filipino cuando Ronald dela Rosa, exjefe de la policía nacional, fue capturado por cámaras de vigilancia corriendo desesperadamente entre los corredores de la cámara alta, tropezando en las escaleras mientras huía de agentes del gobierno. Lo que sucedió en aquellas horas no fue simplemente un acto de fuga; fue el reflejo visible de una crisis política mucho más profunda que divide a las élites gobernantes del país asiático y que expone cómo las instituciones pueden convertirse en refugios de poder para quienes enfrentan acusaciones graves en el plano internacional. La orden de captura internacional en su contra, confirmada hace apenas días por el tribunal penal con sede en Ámsterdam, marca un quiebre en la política filipina donde los aliados de un régimen anterior ahora están siendo perseguidos legalmente mientras sus antiguos rivales ganan terreno en el poder ejecutivo.
Una fuga con consecuencias globales
El exfuncionario de seguridad, quien durante años ejerció como máximo responsable de la institución policial bajo el mandato de Rodrigo Duterte, fue identificado como co-autor en un caso que acusa al expresidente de crímenes contra la humanidad. Las acusaciones se centran específicamente en las operaciones de represión al narcotráfico que dejaron un saldo de miles de personas fallecidas durante su administración que se extendió entre 2016 y 2022. Mediante un video en directo transmitido a través de redes sociales, Dela Rosa expresó su preocupación sobre ser trasladado forzosamente hacia La Haya, apelando directamente a la ciudadanía para obtener su respaldo. Sin embargo, su situación judicial no surge de la nada: ya en noviembre anterior, la corte internacional había emitido una orden de aprehensión que se mantuvo en reserva, lo que generó especulaciones recurrentes sobre un posible arresto inminente. Estas expectativas lo habían mantenido alejado de las sesiones legislativas durante meses, hasta que decidió asistir a una reunión senatorial programada para ese lunes.
La aparición de Dela Rosa en el recinto legislativo coincidió con un evento de importancia electoral: la elección del nuevo presidente de la cámara alta. En esa oportunidad, los senadores designaron a Alan Peter Cayetano, quien también mantiene vínculos cercanos con la familia Duterte, a la cabeza de la institución. Tan pronto como se desataron las maniobras de captura, Cayetano anunció que la cámara ofrecería custodia protectora al exfuncionario, con la condición de que cualquier procedimiento de arresto debería tramitarse únicamente a través de instancias judiciales internas del país. Esta decisión transformó el edificio legislativo en una zona de protección política, mientras que efectivos de la policía de orden público y alambre de púas rodeaban el perímetro de la sede del Senado. Periodistas que cubrían los acontecimientos reportaron haber sido impedidos de ingresar y salir del complejo, situación que motivó una declaración pública de la organización que agrupa a profesionales de la prensa en el archipiélago, expresando preocupación por la seguridad de los trabajadores de medios.
El telón de fondo: una alianza política fracturada
Los sucesos de aquella jornada no pueden desvincularse del conflicto político de mayor escala que enfrentan los máximos líderes del país. Sara Duterte, actual vicepresidenta e hija del expresidente, y Ferdinand Marcos Jr., quien ocupa la presidencia desde 2022, fueron compañeros de campaña apenas hace dos años atrás. Su coalición conjunta fue proyectada como una alianza ganadora en los comicios electorales de 2022, sin embargo, la relación se deterioró rápidamente. Hoy se encuentran inmersos en un conflicto abierto y profundo que ha tomado dimensiones nunca vistas en la política contemporánea de la nación. Las tensiones se intensificaron significativamente cuando el padre de la vicepresidenta fue capturado en Manila y posteriormente trasladado hacia la capital holandesa para enfrentar los procedimientos ante la corte internacional. Este traslado fue considerado por los aliados de la familia como un acto político orquestado desde el despacho presidencial.
La maniobra de captura de Dela Rosa ocurrió el mismo día en que la cámara baja impulsaba un procedimiento de destitución contra la vicepresidenta. Los cargos incluyen malversación de fondos públicos, acumulación de patrimonio no justificado y presuntas amenazas contra la vida del presidente y la primera dama. De ser hallada culpable en un juicio ante el Senado, Sara Duterte sería inhabilitada permanentemente para acceder a cargos públicos, lo que disolvería sus aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2028. Para lograr su absolución, requiere solamente el apoyo de nueve senadores entre los que integran la cámara. Este umbral relativamente bajo adquiere relevancia crítica cuando se observa la composición actual del Senado, donde los aliados políticos de la familia Duterte poseen una posición de mayor influencia después de la designación de Cayetano al frente de la institución.
El poder de las mayorías legislativas y sus implicaciones
Expertos en ciencia política han señalado que la dinámica del juicio de destitución contra la vicepresidenta dependerá fundamentalmente de la correlación de fuerzas legislativas y de cómo se ejerza el control sobre los procedimientos. Jean Encinas-Franco, investigador especializado en análisis político de la Universidad de Filipinas, comenta que si los Duterte logran mantener una mayoría legislativa en la cámara alta, tendrían capacidad para determinar qué evidencia será presentada, qué testimonios serán permitidos y, en consecuencia, qué narrativa prevalecerá durante las audiencias. Esta consideración no es meramente teórica: expone cómo una mayoría parlamentaria puede transformar un procedimiento que pretende investigar responsabilidades en un mecanismo de blindaje político. A pesar de los problemas legales que la rodean y de las acusaciones que pesan sobre su padre, Duterte ha liderado consistentemente los sondeos de intención de voto en consultas de opinión, una paradoja que sugiere que los electores aún la consideran viable electoralmente más allá de los conflictos institucionales actuales.
Mientras tanto, en el terreno de la política callejera, familias cuyos miembros fueron víctimas mortales durante las campañas de represión del narcotráfico han expresado demandas explícitas para que Dela Rosa sea entregado a los tribunales internacionales. Una madre cuya pérdida personal fue doble—ambos hijos fueron asesinados en esas operaciones—comunicó su perspectiva indicando que el exfuncionario cumplió un papel central en la implementación de la campaña sangrienta impulsada por Duterte, y que en consecuencia merece ser procesado legalmente y condenado. Estas voces emergen desde las capas más afectadas de la sociedad, contrastando agudamente con el amparo que organismos legislativos ofrecen a los acusados. La imagen de Dela Rosa emergiendo de la oficina de un colega senador, vistiendo atuendos informales como shorts y remera, circuló en medios locales, simbolizando la transformación de un edificio institucional en refugio privado de funcionarios que enfrentan presiones judiciales.
Las consecuencias de estos eventos desplegarán sus efectos en múltiples dimensiones. Por un lado, existe el interrogante sobre cómo la comunidad internacional responderá ante el amparo legislativo que la República Filipina está proporcionando a un individuo perseguido por acusaciones de crímenes contra la humanidad, lo que podría generar tensiones diplomáticas o cuestionamientos sobre el compromiso del país con los estándares de justicia transicional. Por otro lado, el desenlace del juicio político contra la vicepresidenta determinará si las instituciones legislativas funcionarán como mecanismos de control sobre el poder ejecutivo o si, por el contrario, servirán como instrumentos de captura para proteger intereses faccionarios. Adicionalmente, la solidificación de las posiciones Duterte en el Senado podría redefinir los equilibrios de poder rumbo a los comicios presidenciales de 2028, generando escenarios donde la competencia electoral resulte de dinámicas institucionales previas más que de preferencias electorales genuinas. Las familias de víctimas, por su parte, enfrentan la posibilidad de que la justicia internacional permanezca inaccesible para sus demandas de responsabilidad y reparación, mientras que la política doméstica privilegia la protección de figuras vinculadas al régimen anterior.
