A seis décadas de distancia de uno de los episodios más sangrientos de la represión estatal en Sudáfrica, tres sobrevivientes y familiares de víctimas decidieron llevarse ante los tribunales al gobierno de Pretoria. El pasado jueves se presentó una demanda de compensación por el suceso conocido como la masacre de Sharpeville, un hecho que marcó un punto de inflexión en la resistencia contra el régimen segregacionista y que hoy reaparece en la agenda judicial del país como símbolo de una deuda pendiente. La acción legal revela fracturas profundas en la sociedad sudafricana contemporánea: más de treinta años después del colapso formal del apartheid, las víctimas de la violencia estatal siguen esperando reparaciones genuinas, mientras el ordenamiento jurídico mantiene en pie leyes que protegen a los perpetradores de esos crímenes.
La tarde que cambió todo
El 21 de marzo de 1960 amaneció con claridad en el municipio de Sharpeville, ubicado a unos sesenta y cinco kilómetros al sur de Johannesburgo, en plena zona industrial conocida como el Triángulo del Vaal. Abraham Mofokeng, un joven trabajador de fábrica de apenas veinte años, se sumó a una concentración masiva convocada por el Congreso Panafricanista, una organización escindida del Congreso Nacional Africano. Miles de personas convergieron pacíficamente en las inmediaciones de la estación de policía local para expresar su rechazo a una legislación opresiva: las leyes de pases, que obligaban a los negros, indios y mestizos a portar documentación permanentemente indicando dónde estaban autorizados a transitar. La atmósfera era festiva. Los manifestantes cantaban. La represión fue instantánea y desproporcionada: sin advertencia previa, los efectivos policiales abrieron fuego contra la multitud indefensa.
El saldo fue devastador: noventa y un muertos y doscientos treinta y ocho heridos quedaron tendidos en las calles de Sharpeville. Mofokeng, quien ahora tiene ochenta y seis años, experimentó en carne propia la violencia de esa jornada. Una bala le rozó el interior del pie derecho, desprendiendo su zapato. En el pánico, saltó sobre una mujer caída y continuó huyendo. Solo tiempo después notó que la sangre le escurría por las piernas: había sido alcanzado por un disparo en la espalda, y un proyectil permanece alojado en su columna vertebral hasta hoy, recordatorio físico de un trauma que nunca cicatrizó.
El amparo legal de la impunidad
En los instantes posteriores a la masacre, las autoridades policiales esgrimieron justificaciones que se tornarían habituales en la narrativa del régimen segregacionista. El comandante local afirmó que los manifestantes habían lanzado piedras contra los efectivos, que su vehículo fue atacado y que, en consecuencia, la población debía aprender "por las malas" lo que sucedía cuando se desafiaba la autoridad estatal. Las responsabilidades quedaron enterradas bajo un manto de impunidad institucional. En julio de 1961, apenas dieciséis meses después de los hechos, la minoría blanca gobernante aprobó una ley que blindaba legalmente al Estado y a cualquier agente que actuara bajo su mandato. Esta normativa otorgaba indemnidad por "actos cometidos de buena fe" tendientes a prevenir o reprimir "desórdenes internos" o preservar "el orden público, la seguridad o los servicios esenciales". Lo extraordinario de esta legislación es que fue aplicada retroactivamente desde la fecha del massacre, convirtiéndose en un escudo jurídico contra cualquier reclamación posterior. Décadas más tarde, esa misma ley continúa vigente en el ordenamiento sudafricano.
Durante el régimen del apartheid, instituciones como esa funcionaron como mecanismos de normalización de la violencia estatal. Permitían que actos de brutalidad extrema quedaran recubiertos por un velo de legalidad, transformando la represión en administración pública. La impunidad no era accidental sino sistemática, inscrita en el tejido normativo del Estado. Cuando finalmente el apartheid colapsó en los años noventa y emergió una Sudáfrica nominalmente democrática, se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación, un mecanismo transitorio destinado a documentar los crímenes del pasado y, en algunos casos, recomendar reparaciones a las víctimas. Mofokeng fue beneficiario de esa iniciativa: en 2003 recibió una compensación única de treinta mil rand, mientras que la Comisión había recomendado pagos anuales de veinte mil rand durante seis años. Aquella recomendación nunca se cumplió íntegramente.
Las cicatrices que no cierran
El equipo legal que representa a los demandantes, encabezado por la organización Abogados por los Derechos Humanos y asesorado por expertos internacionales, busca cuestionar la constitucionalidad de la ley que blindó la impunidad. Reclama una compensación de aproximadamente quinientos mil rand —alrededor de veintitrés mil libras esterlinas— para cada una de las tres víctimas que integran la acción judicial. El importe no pretende ser una restitución total de lo perdido, sino un reconocimiento simbólico de la injusticia perpetrada y sus consecuencias intergeneracionales.
Mofokeng permanece viviendo en Sharpeville, el mismo lugar donde fue atacado hace más de seis décadas. Su cuerpo lleva las marcas de aquella tarde: el proyectil en la columna, dolores crónicos, limitaciones funcionales. "Continuamos sufriendo", declaró hace poco, expresando una verdad que trasciende su caso individual. "Especialmente ahora que estoy más viejo; mi salud no es la que era". Paulina Mathinye, la segunda demandante, tenía apenas cinco años cuando su padre, Samson, fue asesinado en la masacre. Su infancia quedó marcada por la incomprensión: "Le preguntaba a mi mamá por qué estaba llorando, pero no entendía qué había pasado". Su madre, viuda desde entonces, debió criar a cinco hijos como empleada doméstica, subsistiendo con ingresos miserables. Mathinye anhelaba convertirse en maestra, pero la pobreza le cerró ese camino. A los diecisiete años abandonó sus estudios para trabajar. Hoy, con setenta y un años, sigue viviendo en la misma casa donde creció, mientras que compañeras de su generación se convirtieron en profesionales. "Algunas son maestras, otras son enfermeras. Yo sigo aquí", expresó con un tono que condensa décadas de frustración acumulada.
Una demanda que refleja descontento más profundo
La presentación de esta acción judicial no ocurre en el vacío. Se enmarca dentro de una ola creciente de litigios dirigidos a obtener justicia por crímenes perpetrados durante el apartheid. En enero de 2025, veinticinco sobrevivientes y familiares de víctimas de violencia estatal iniciaron una demanda contra el gobierno nacional, acusándolo de no haber procesado casos que fueron remitidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación. Paralelamente, el presidente Cyril Ramaphosa anunció en mayo la apertura de una investigación judicial para examinar posibles interferencias políticas en estos procesos. Este movimiento litigioso refleja una desconexión cada vez más evidente entre el proyecto político de gobiernos sucesivos, encabezados por el Congreso Nacional Africano, y las expectativas de amplios sectores de la población que esperaban transformaciones más profundas tras la caída del régimen segregacionista.
Vincent Thamae, miembro del Congreso Panafricanista que respalda a los demandantes, amplía la perspectiva del conflicto. Para él y para muchos otros, la cuestión de la compensación no se agota en cifras monetarias por daños personales. "Cuando hablamos de reparaciones ahora", señaló Thamae, "incluimos toda la tierra que fue despojada de los sudafricanos negros, la economía de la cual fueron excluidos y cómo han sido tratados incluso en la nueva democracia". Esta observación toca un nervio más profundo: el fin formal del apartheid no eliminó las brechas económicas de fondo ni revirtió la exclusión estructural que caracterizó al régimen anterior. Los townships donde vivieron los manifestantes de Sharpeville siguen siendo espacios de marginalidad relativa, de desempleo persistente, de servicios precarios. La injusticia de 1960 no fue solamente la represión de una protesta, sino la expresión más brutal de un sistema de extracción y exclusión que continúa, aunque transformado, hasta hoy.
Los precedentes y lo que está en juego
La batalla legal que comienza tiene implicaciones que van más allá del caso específico. Si prospera, la sentencia podría abrir las compuertas a decenas de demandas similares de otras víctimas del apartheid que aún aguardan reconocimiento y compensación. Eso significaría un cuestionamiento directo a la ley de indemnidad de 1961, que ha permanecido prácticamente intocada durante más de sesenta años. Los abogados argumentan que esta normativa es inconstitucional, que viola estándares internacionales de derechos humanos y que no puede prevalecer sobre los derechos fundamentales de las víctimas a la reparación y la justicia. El Estado, por su parte, a través del Departamento de Justicia, ha permanecido en silencio, sin ofrecer comentarios públicos sobre la demanda.
La historia de Sharpeville es también la historia de cómo se construye impunidad institucional. Fue un crimen cometido a la luz del día, ante testigos masivos, documentado inmediatamente por autoridades y periodistas. Sin embargo, gracias a un aparato legal diseñado específicamente para proteger al perpetrador, ninguno de los responsables fue procesado o condenado. El régimen legislativo funcionó de manera inversa a como debería operar un sistema de justicia: no castigó el delito sino que lo amnistió. Que sesenta y cuatro años después las víctimas deban litigar contra su propio gobierno para obtener lo que cualquier sistema de justicia elemental consideraría un derecho básico, expone las fracturas profundas que persisten en la sociedad sudafricana pese a la transición formal a la democracia.
Las consecuencias de un fallo y sus múltiples escenarios
Un triunfo judicial de los demandantes tendría resonancias políticas y sociales significativas. Obligaría al Estado a reconocer responsabilidad, modificaría el marco normativo que durante décadas protegió a los perpetradores y establecería un precedente para miles de otros casos pendientes. Las arcas fiscales enfrentarían presiones nuevas derivadas de pagos de compensación. La narrativa oficial sobre la "verdad y reconciliación" —que sugería que documentar los crímenes era suficiente, que perdonar era más importante que castigar— sería desafiada explícitamente por las cortes. Por el contrario, si el Estado logra defender la ley de 1961 o si por alguna razón las demandas fracasan, el mensaje sería que la impunidad institucional sigue siendo posible incluso en una democracia nominalmente avanzada. Las víctimas envejecen mientras aguardan justicia; algunos de los demandantes en otros casos relacionados ya han fallecido. El tiempo juega en contra de quienes claman por reparación. Lo que está en juego es si la Sudáfrica contemporánea será capaz de liquidar definitivamente sus deudas con el pasado o si, por el contrario, permitirá que la injusticia se perpetúe bajo nuevas formas legales.
