En las últimas semanas, Sudáfrica enfrentó una crisis humanitaria de magnitudes alarmantes que obligó a decenas de miles de personas a abandonar hogares, trabajos y familias. Lo que comenzó como protestas organizadas contra la inmigración terminó transformándose en una expulsión masiva de extranjeros, impulsada simultáneamente por campañas de presión callejera, intimidación sistemática y una política estatal que intensificó los arrestos de migrantes sin documentación. El fenómeno no representa un episodio aislado en la historia sudafricana, sino la reaparición de un patrón recurrente de violencia xenófoba que ha marcado profundamente la convivencia del país desde el fin del apartheid. Los números hablan por sí solos: más de 25.000 personas ya habían sido repatriadas antes del vencimiento del plazo impuesto, mientras decenas de miles más dormían en las calles, en campos abiertos y en campamentos de fortuna, esperando desesperadamente ser evacuadas.
Un ultimátum sin precedentes: la ofensiva coordinada contra los extranjeros
Las movilizaciones que sacudieron a Sudáfrica durante junio no fueron espontáneas ni desorganizadas. Grupos de campaña específicos coordinaron una estrategia deliberada que incluyó la fijación de un plazo arbitrario para que los migrantes indocumentados abandonaran el territorio nacional. El 30 de junio se convirtió en una fecha siniestra, un punto de quiebre que generó pánico generalizado entre la población extranjera. En ciudades como Durán, puerto costero donde históricamente se concentra gran parte de la inmigración africana, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad sin precedentes. Helicópteros sobrevolaban los cielos mientras vehículos blindados de la policía patrullaban las calles. Los comercios bajaban sus persianas, los residentes se encerraban en sus casas, y en las plazas públicas convergían miles de manifestantes ataviados en trajes tradicionales zulúes, portando bastones y garrotes, mientras entonaban consignas en isiZulu —la lengua más hablada del país— que demandaban la expulsión inmediata de extranjeros.
La marcha principal en Durán congregó a varios miles de personas que recorrieron el centro de la ciudad bajo una tensión que se podía palpar en el aire. Las consignas repetidas una y otra vez —"Abahambe", que significa "que se vayan" en isiZulu— se convirtieron en el grito de batalla de un movimiento que mezclaba reclamos económicos, temores sobre seguridad y una retórica que responsabilizaba a los forasteros por los males estructurales del país. Pero las protestas no se limitaron a expresiones verbales. En varios puntos, los manifestantes señalaban desde las calles hacia las ventanas de edificios deteriorados, gritando a quienes observaban desde adentro que se marcharan. Algunos hacían gestos amenazantes, trazando líneas imaginarias en sus gargantas. Los líderes locales advertían que después del 30 de junio, los "diálogos amables" terminarían y comenzaría la "acción".
La huida: historias de despojo y separación familiar
En la ciudad de Pietermaritzburg, ubicada a 80 kilómetros de Durán, el escenario era de desgarrador contraste. Cientos de familias acampaban durante días en los alrededores de un edificio abandonado, esperando su evacuación. Las colas se extendían a través de jardines descuidados mientras madres agotadas y niños se sentaban alrededor de fogatas improvisadas. Trabajadores humanitarios levantaban bolsas y maletas —representantes tangibles de vidas condensadas en lo que se podía cargar— hacia autobuses que se dirigían hacia la frontera norte del país. En esta localidad, poco antes, un ciudadano malauí de 29 años había sido asesinado por una multitud tras una protesta, transformando el miedo en pánico generalizado.
Jackson Makungwa, también originario de Malaui, se encontraba en esa fila con dos pequeñas bolsas. A los 29 años, había dedicado una década a construir una vida en Sudáfrica, un país que alguna vez consideró como la "tierra de la esperanza". Su situación reflejaba la trampa administrativa en la que quedaron atrapados miles de trabajadores: Makungwa contaba con un permiso de trabajo legal, pero hacía dos años no podía renovarlo. "No es que quiera estar ilegalmente en el país, pero el sistema no me permite estar legalmente", expresó con resignación. Su madre lo había instado semanas atrás a irse, pero él resistió hasta que un amigo suyo fue atacado por siete hombres. "Me dijeron que el límite era el 30, así que me atacarían si me quedaba", relató. En su teléfono guardaba una fotografía de su hijo, nacido de una madre sudafricana. No había conseguido documentos de viaje para el bebé a tiempo. "Tuve que dejarlo atrás. Hoy cumple dos meses de vida."
En otro campamento cercano, instalado por familias zimbabuenses, Lydia Mpingashato recibió la noticia de su despido como empleada de limpieza. A su alrededor, niños corría jugando mientras mujeres preparaban alimentos sobre fuegos abiertos. Muchas de estas personas, incluso aquellas con documentación legal, habían sido desalojadas por propietarios que temían represalias por alquilar a extranjeros. Mpingashato había vivido durante 17 años en la zona, pero el 27 de junio fue amenazada por un desconocido mientras esperaba un taxi compartido. "Dijo que quemaría mi casa y mataría a mi familia", recordó. Su hijo de 17 años, quien nunca había vivido en otro lugar, fue obligado a abandonar el único hogar que conocía, así como amistades profundas que había construido en Sudáfrica. Cuando vio el campamento de refugiados, le dijo a su madre una frase que resume la amargura de la experiencia: "Na verdad, nunca nos amaron".
Los argumentos detrás de la hostilidad: economía, empleo y narrativas de escasez
La raíz de estas manifestaciones es compleja y multifacética. Una porción significativa de la población sudafricana culpa a los migrantes provenientes de otras naciones africanas por los altos índices de desempleo y criminalidad que afectan al país. Nkosi Ndlovu, un pastor de 48 años que participaba en las marchas, acusó a los extranjeros de vender drogas a jóvenes locales, incluida su cuñada. Mfundo Zulu, una mujer de 40 años, argumentaba que los migrantes ocupaban empleos que podrían ir a ciudadanos sudafricanos, ya que aceptaban salarios más bajos. "Esos son nuestros hijos, nuestros jóvenes están muertos", señaló hacia un campamento de personas sin hogar cercano. Según su perspectiva, la partida de miles de trabajadores extranjeros abriría oportunidades laborales para la población local. "La vida será mejor ahora", añadió su compañera. "No los odiamos, pero se quedaron demasiado tiempo."
Sin embargo, expertos en derechos humanos y organismos internacionales ofrecen un análisis más profundo. Philile Ntuli, representante de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, señaló que la xenofobia y la afrofobia —término que se refiere específicamente a la discriminación contra personas africanas— surgen en contextos donde confluyen factores estructurales: inseguridad económica, desempleo elevado, desigualdad extrema, gobernanza débil y gestión migrante deficiente. Sudáfrica alberga aproximadamente 2,4 millones de extranjeros según el censo de 2022, una cifra que representa menos del 5% de la población total. Históricamente, el país ha registrado episodios devastadores de violencia contra migrantes. En 2008, pogromos xenófobos masivos mataron a 62 personas e hicieron que más de 150.000 fueran desplazadas de sus hogares. En 2015, otra ola de ataques dejó al menos cinco muertos y generó nuevas oleadas de desplazamiento.
La respuesta estatal: represión administrativa versus protección
Ante la escalada de tensiones, el gobierno sudafricano optó por una estrategia que profundizó la criminalización de la inmigración irregular. La policía reportó haber detenido a más de 50.000 migrantes indocumentados desde enero, una cifra que refleja una intensificación drástica de operativos. El presidente Cyril Ramaphosa se reunió con algunos líderes de las protestas la noche anterior a las marchas principales, advirtiéndoles sobre los peligros de la "vigilancia ciudadana". Paralelamente, las autoridades impulsaron operaciones coordinadas de repatriación, con gobiernos africanos organizando autobuses y aviones para trasladar a sus ciudadanos de regreso a casa.
No obstante, defensores de derechos como Mukandjwa Shomri, del Foro de Organizaciones de Refugiados del Sur de África, denunciaron que el gobierno "no está haciendo lo suficiente" para responsabilizar a los perpetradores de violencia xenófoba. Describió un sistema que funciona como un impedimento adicional para quienes buscan justicia: "Cuando intenta denunciar ante la policía, lo primero que hacen es pedirle sus documentos". Los migrantes y solicitantes de asilo reportaban ser atacados simultáneamente en las calles por civiles, en sus comunidades por vecinos, y administrativamente por instituciones estatales. Leon, un solicitante de asilo originario de la República Democrática del Congo que había residido en Sudáfrica desde 2014, se vio obligado a esconderse en una casa segura después de que su tienda fuera atacada el 19 de junio. "Incluso la policía nos dice abiertamente que están cansados de nosotros, que debemos irnos del país", relató con la voz temblando. El acoso había sido frecuente durante años, "pero ahora tuvieron la oportunidad de hacerlo abiertamente", explicó. "Después del 30 de junio, será aún peor." Su esperanza inicial de encontrar paz en Sudáfrica, un país reconocido internacionalmente como democracia, se había transformado en una pesadilla. "Ahora vivimos como alguien que ya está muerto", concluyó.
Implicancias futuras: un país fragmentado y una crisis de responsabilidad pendiente
Los eventos de junio en Sudáfrica plantean interrogantes profundas sobre la viabilidad de políticas migratorias que sacrifican protecciones fundamentales en busca de aplacar resentimientos populares. La decisión de intensificar arrestos mientras simultáneamente se permitía que campañas organizadas fijaran plazos para la expulsión envía mensajes contradictorios pero coherentes en su resultado final: la expulsión masiva de una población vulnerable. La cifra de más de 25.000 repatriados antes del vencimiento del plazo, junto con decenas de miles más en situación de precariedad extrema, sugiere que las presiones funcionaron como mecanismo de "limpieza administrativa". Las separaciones familiares documentadas —padres dejando atrás hijos, adolescentes obligados a abandonar el único país que conocen, trabajadores legales convertidos en "ilegales" por trámites administrativos inaccesibles— revelan un costo humano que trasciende los números agregados. Simultáneamente, la responsabilidad por los actos violentos permanece dispersa y sin consecuencias claras, mientras que las instituciones estatales que deberían proteger derechos fundamentales aparecen como parte del problema. El panorama futuro dependerá de decisiones políticas sobre si se busca investigar y sancionar la violencia, reformar sistemas de migración que actualmente generan "ilegalidad" sin intención de los afectados, y reconocer que los factores económicos que alimentan el resentimiento —desempleo, desigualdad, gobernanza débil— no desaparecerán con la expulsión de extranjeros. La experiencia de 2008 y 2015 demuestra que ciclos de violencia xenófoba tienden a repetirse cuando las causas estructurales permanecen sin abordarse.
