La convivencia que durante años funcionó sin sobresaltos en los asentamientos irregulares del sur de Johannesburgo colapsó en cuestión de semanas. Lo que comenzó como una serie de asaltos coordinados contra hogares de extranjeros se transformó en una crisis de desplazamiento masivo, persecución sistemática y apropiación criminal del caos social. Desde mediados de junio pasado, Sudáfrica experimenta una movilización sin precedentes contra la inmigración irregular, con consecuencias que van mucho más allá de las marchas callejeras: familias enteras huyen del país, miles duermen a la intemperie con temperaturas bajo cero, y el aparato estatal se debate entre negar la crisis humanitaria y reconocer su magnitud real.

Los primeros golpes: de la coexistencia al terror

En Thembelihle, un asentamiento informal donde miles de viviendas construidas con bloques de hormigón y chapas metálicas se distribuyen entre calles de tierra anegadas de agua contaminada, la ruptura fue abrupta. Durante años, ciudadanos de Malaui habían convivido sin conflictos aparentes con la población sudafricana local. Pero a fines de junio, esa aparente paz se desmoronó. El 29 de junio, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda de Eibraheem Hussein, un malaui de 60 años residente en Sudáfrica desde el año 2000. La agresión fue brutal: golpearon al sexagenario y le robaron pertenencias de valor. Solo diecisiete días después, la noche del 16 de julio, una banda organizada perpetró robos contra al menos cuatro hogares de malauis en el mismo asentamiento.

Los atacantes no ocultaban sus intenciones: en lengua zulú, ordenaban a sus víctimas que regresaran a sus países de origen. Las historias son desgarradoras. Moosa Addi Kunje recibió una patada que tumbó su puerta alrededor de las 21 horas. Cuando intentó explicar que no tenía dinero, los cinco intrusos lo golpearon sin piedad. Su refrigerador, televisor y teléfono móvil desaparecieron. Cuando regresó de una clínica cercana con puntos de sutura en la cabeza —producto del impacto de una pistola— su ropa de entrecasa gris estaba empapada en sangre. Las manchas cubrían el piso completo, salpicaban la cortina blanca que dividía el ambiente y se extendían por las paredes.

Aisha Muhammed, vecina de Kunje, vio desvanecerse los ahorros de toda una vida: 4.000 rands, equivalentes a aproximadamente 180 libras esterlinas, dinero que había reunido durante meses para poder costearse el retorno a Malaui. Sus atacantes fueron explícitos en sus motivaciones: "Ustedes son extranjeros. Si quieren irse, tienen que hacerlo". Esa misma madrugada, otros dos hogares fueron saqueados por los mismos cinco individuos. Ninguno de los robados podía permitirse ahora el pasaje de regreso a casa.

De las protestas a la persecución sistemática: la radicalización de la crisis

Los asaltos puntuales en Thembelihle son apenas la punta visible de un iceberg mucho más profundo. Desde marzo pasado, Sudáfrica ha sido sacudida por manifestaciones frecuentemente violentas dirigidas contra los inmigrantes irregulares. Estas protestas alcanzaron su punto máximo el 30 de junio, fecha que grupos activistas habían fijado como plazo informal para que todos los extranjeros abandonaran el territorio nacional. Sin embargo, los ataques y los desplazamientos forzados continuaron intensificándose durante todo el mes siguiente.

En términos de volumen demográfico, el fenómeno migratorio en Sudáfrica experimentó transformaciones radicales en las últimas tres décadas. Tras la llegada de Nelson Mandela a la presidencia en 1994 —primer mandatario de raza negra elegido democráticamente— el país abrió sus fronteras a personas de todo el continente africano. La combinación de pobreza extrema y represión política en naciones vecinas como Mozambique, Zimbabue y Nigeria impulsó a millones a buscar oportunidades en el sur. El resultado es dramático: la población nacida en el exterior casi se triplicó entre 1996 y 2022, alcanzando 2,4 millones de personas, lo que representa el 3,9% de una población total de 62 millones, comparado con apenas el 2% en 1996 según datos censales que intentaron incluir a indocumentados.

A medida que el desempleo y la desigualdad en Sudáfrica se profundizaron, la búsqueda de culpables externos ganó terreno político. Los migrantes africanos se convirtieron en blanco fácil de resentimiento social. Históricamente, Sudáfrica ha importado mano de obra extranjera durante generaciones, pero la escala actual de inmigración es inédita. Esta tensión ha estallado periódicamente en violencia letal. Las dinámicas actuales muestran patrones similares a ciclos anteriores de xenofobia que han dejado muertos, incendios y desplazamientos masivos.

Caos institucional y vacíos de protección: cuando la policía es espectadora

Los videos y testimonios recopilados en barrios como Alexandra documentan escenas que desafían toda lógica institucional. El 16 de julio, aproximadamente 50 personas armadas con palos, garrotes y un serrucho marcharon por las calles del township gritando consignas en zulú. Lo que comienza como manifestación organizada derivó rápidamente en un operativo de persecución domiciliaria: decenas de manifestantes derribaban puertas mientras agentes policiales permanecían inmóviles, observando. Los criterios de selección parecían aleatorios, afectando tanto a supuestos inmigrantes como a ciudadanos sudafricanos locales.

Karel Shirilda, un sudafricano de Alexandra, vio destrozar su puerta por segunda semana consecutiva. Ketibone Lamola, otra residente local, describió el trauma infligido a sus hijos: "Cuando vienen acá a pelear, traumatizan a mis niños". Dos hombres identificados públicamente como inmigrantes malauis fueron sacados a la fuerza de un garaje y llevados por la policía. Dos mujeres —una hiperventilando, la otra cargando un bebé— fueron transportadas en vehículos policiales, siendo informadas por los agentes que era por su "seguridad". En al menos una ocasión, los manifestantes exigieron ver documentación de inmigración, una práctica que constituye suplantación de autoridad policial y que es formalmente delictiva según la legislación sudafricana.

Las organizaciones que encabezan las marchas mantienen posiciones contradictorias. Jacinta Ngobese-Zuma, líder de March and March, uno de los grupos promotores de las protestas, anunció públicamente que continuarían movilizándose cada jueves durante seis meses hasta lograr la partida de todos los irregulares. Sin embargo, los voceros del movimiento niegan responsabilidad por los actos violentos, argumentando que su postura es pacífica y que rechazan "con todo el desprecio que merece" cualquier agresión física. La portavoz de la policía nacional, Brenda Muridili, respondió a las críticas afirmando que nadie puede exigir documentación de inmigración puerta a puerta, ya que eso constituye un delito federal. Cuando se le preguntó específicamente sobre los incidentes de Thembelihle, la policía en Alexandra y si quienes fueron detenidos en las marchas fueron acusados de violaciones migratorias, la funcionaria limitó su respuesta a lo "registrado oficialmente" por el servicio policial.

Éxodo humanitario: el retorno de los desesperados

Las consecuencias del caos se materializan en un escenario dantesco frente al consulado malaui en Johannesburgo norte. La semana anterior a finales de julio, miles de malauis dormían a la intemperie en temperaturas inferiores a 10 grados centígrados, haciendo fila para abordar autobuses de repatriación. Entre los evacuados había decenas de mujeres acompañadas de menores. Una de ellas, identificada solamente por no desear revelarse públicamente, había sido despedida por la familia para la cual trabajaba limpiando hogares. Su huida a Malaui con su hijo de ocho años dejó atrás a su esposo, quien también había perdido su empleo después de 17 años de trayectoria laboral. Mientras ella partía con el niño, él permanecía en Sudáfrica intentando juntar dinero para transportar sus pertenencias. La separación era inevitable: "Mi hijo, quiero hablar con él todo el tiempo", expresó con la voz quebrada.

Desde marzo hasta el momento de esta crisis aguda, más de 160.000 personas originarias de países como Mozambique, Nigeria y Zimbabue abandonaron Sudáfrica, según recuentos basados en cifras oficiales. De ese total, al menos 54.000 fueron deportados formalmente. La cifra de muertes vinculadas a la violencia xenófoba asciende a al menos cuatro personas confirmadas. Los números fríos no capturan la complejidad del sufrimiento: familias separadas, pérdida de empleos, ruptura de redes sociales construidas durante décadas.

La crisis sanitaria acompaña la expulsión. Claire Waterhouse, coordinadora de una clínica temporal de Médecins Sans Frontières instalada frente al consulado, documentó múltiples casos de migrantes sin acceso a atención médica. Esto incluye dos diagnósticos de tuberculosis resistente a medicamentos en un campamento de desplazados en Musina, cercano a la frontera con Zimbabue, y una mujer que experimentó alucinaciones severas tras ser rechazada en un centro de salud gubernamental donde necesitaba recolectar su medicación psiquiátrica. La legislación sudafricana garantiza acceso a servicios de salud primaria para toda persona en el territorio, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, negó categóricamente la existencia de una crisis humanitaria durante una conferencia de prensa, argumentando que el gobierno solo tiene obligaciones de brindar atención de emergencia a inmigrantes irregulares. Sasha Stevenson, directora ejecutiva de Section27, una organización de derechos humanos, rebatió públicamente esta interpretación citando la ley vigente.

El trasfondo político: elecciones, polarización y deflexión de responsabilidades

Observadores políticos han señalado una coincidencia temporal significativa: las marchas se intensifican justo antes de elecciones municipales altamente disputadas programadas para noviembre. Algunos ministros del gobierno han cuestionado públicamente por qué las protestas continúan, sugiriendo que la persistencia de las movilizaciones podría responder a cálculos electorales más que a demandas genuinas. Sandile Dube, portavoz de March and March, ofreció una explicación alternativa: "Con Sudáfrica, hemos hecho un llamado a decir: ¿podemos tener a los inmigrantes ilegales fuera del país primero, para que podamos lidiar con los problemas del país?"

Críticos de las marchas sostienen que el movimiento antiinmigración actúa como mecanismo de deflexión, trasladando responsabilidades del gobierno hacia poblaciones vulnerables. Al enfatizar la salida de extranjeros como solución previa a cualquier otra reforma, los organizadores eludirían debates sobre políticas de empleo, educación e infraestructura que requieren respuestas estatales más complejas. El apoyo político cruzado a estas movilizaciones refuerza esta lectura: el partido opositor uMkhonto we Sizwe, liderado por el expresidente Jacob Zuma, ha expresado apoyo explícito. Grupos menores como ActionSA y el Inkatha Freedom Party —este último integrante de la coalición nacional de gobierno— también han respaldado públicamente las protestas.

Implicaciones y bifurcaciones futuras: hacia dónde apunta Sudáfrica

Los hechos desencadenados a partir de junio abren interrogantes sobre la trayectoria de Sudáfrica como proyecto nacional inclusivo. La persistencia de violencia xenófoba, la incapacidad o indisposición de fuerzas policiales de intervenir, la negación oficial de crisis humanitarias y el oportunismo político crean un escenario donde múltiples actores tienen incentivos para mantener la volatilidad. Por un lado, una perspectiva argumentaría que las presiones económicas reales generan resentimiento legítimo, y que los gobiernos tienen derecho a controlar fronteras migratorias. Desde esta óptica, las protestas reflejarían frustraciones ciudadanas válidas sobre mercado laboral y recursos públicos. Por otro lado, defensores de derechos humanos subrayan que ninguna presión económica justifica violencia organizada, persecución domiciliaria y negación de atención médica. Un tercer ángulo observaría que la instrumentalización política de la xenofobia histórica crea ciclos de violencia que trascienden la cuestión migratoria, erosionando instituciones democráticas y legitimidad estatal. Sin certeza sobre cuál de estas dinámicas prevalecerá, lo que permanece evidente es que Sudáfrica atraviesa un punto de inflexión en su capacidad de gestionar diversidad social y resolver conflictos distributivos sin recurrir a escapegoating xenófobo.