La Confederación Helvética se prepara para un momento de definición política sin paralelos en su historia moderna. Este fin de semana, los ciudadanos suizos concurrirán a las urnas para decidir sobre una iniciativa de alcances inéditos: congelar el crecimiento demográfico del país en 10 millones de habitantes antes de 2050. De aprobarse, la medida obligaría al gobierno a implementar restricciones severas en reunificación familiar, permisos de residencia y solicitudes de asilo en caso de que la población alcance los 9,5 millones. Si esta barrera se superara antes de la fecha límite, Suiza estaría obligada a abandonar su acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, lo que significaría la pérdida del acceso al mercado único comunitario. Lo que está en juego trasciende los números: es nada menos que el modelo de país que los suizos desean construir en las próximas décadas.

Detrás de esta propuesta extrema se encuentra el Partido Suizo de los Pueblos (SVP), la colectividad política más grande en el parlamento desde hace más de dos décadas. El SVP ha ganado relevancia política precisamente porque ha sabido canalizar, amplificar y capitalizar las inquietudes que sectores de la población sienten respecto a la velocidad del cambio demográfico. Suiza, a diferencia de muchos de sus vecinos europeos, experimentó un crecimiento poblacional vertiginoso desde que en 2002 entró en vigor el acuerdo bilateral de libre movimiento con Bruselas. En menos de dos décadas, la población del país alpino se incrementó en 23 por ciento, mientras que su producto interior bruto creció en un 24 por ciento en el mismo período. Actualmente, 27 de cada 100 residentes suizos no poseen nacionalidad helvética, una proporción que alarmó a quienes ven en estos números una amenaza a la cohesión social y al bienestar colectivo. El mecanismo de democracia directa suizo, que permite someter cuestiones a plebiscito cuando logran reunir 100 mil firmas en 18 meses, ha sido históricamente un instrumento predilecto para que el SVP impulse su agenda antiinmigración.

Los argumentos que dividen a la élite política suiza

Lo que hace particularmente revelador este momento es que la oposición a la iniciativa proviene de prácticamente todas las instituciones de poder en el país. El gobierno nacional, integrado por siete miembros provenientes de las cuatro principales fuerzas políticas —incluido el SVP mismo—, se opone colectivamente a la medida. Las dos cámaras del parlamento, por amplias mayorías, recomendaron su rechazo. Las organizaciones más influyentes del mundo empresarial y laboral también se alinearon contra la propuesta: la federación sindical suiza, la asociación de empleadores y Economiesuisse, la principal cúpula empresarial del país, advirtieron sobre las consecuencias catastróficas que traería consigo. Para Rudolf Minsch, economista jefe de Economiesuisse, el proyecto representa un intento populista de resolver problemas complejos mediante un tope artificial simplista. Según su perspectiva, la propuesta ofrece "la ilusión de una comida gratis" y no resolverá los genuinos desafíos en materia de vivienda ni congestión vehicular que aquejan a la sociedad suiza. Por su parte, Thomas Matter, diputado del SVP, rechazó estas críticas como campanilleo alarmista, insistiendo en que su partido no se opone a la inmigración per se, sino a que sea descontrolada. Matter estableció una distinción que considera central para entender la postura de su sector: antes, según argumentó, Suiza recibía "inmigración de calidad"; ahora experimenta "inmigración de cantidad".

El cuadro de situación recuerda patrones que se replicaron en otros territorios europeos durante la última década y media. Los movimientos políticos de corte derechista y populista ganaron terreno en Gran Bretaña a través del Brexit en 2016, mientras que en Francia el Reagrupamiento Nacional y en Alemania la Alternativa por Alemania (AfD) cosecharon adhesiones significativas enarbolando preocupaciones similares sobre inmigración y cambio demográfico. Sin embargo, existe un aspecto que distingue el caso suizo: nunca antes un país ha sometido a votación popular la idea explícita de fijar un límite poblacional absoluto. Aunque algunas naciones, como China, han sancionado legislación para moderar el crecimiento demográfico, ninguna democracia occidental ha intentado resolver sus dilemas migratorios mediante un congelamiento numérico de habitantes. Philippe Wanner, demógrafo especializado en estudios poblacionales en la Universidad de Ginebra, enfatizó este carácter sin precedentes de la iniciativa.

El factor demográfico que subyace al debate

Paradójicamente, la realidad demográfica que Suiza enfrenta cuestiona la viabilidad a largo plazo de una política restrictiva en materia migratoria. Como ocurre en prácticamente toda Europa occidental, el país alpino sufre una caída sostenida en las tasas de natalidad de su población autóctona. Este descenso se acompaña de un envejecimiento progresivo de la sociedad: se proyecta que la proporción de ciudadanos mayores de 65 años pasará de representar 21 por ciento de la población actual a superar el 27 por ciento hacia 2055. Este fenómeno plantea un desafío estructural que ningún acuerdo restrictivo puede soslayar: un país con una pirámide poblacional invertida requiere trabajadores migrantes no solo para sostener su competitividad económica, sino para financiar los sistemas de pensiones y sanitarios que permitirán a la población envejecida mantener sus estándares de vida. La propuesta suiza ignora esta realidad biológica y económica, o bien propone enfrentarla mediante el sacrificio de prosperidad y estabilidad institucional.

Las encuestas de opinión pública publicadas recientemente sugieren que el movimiento que se opone a la iniciativa ha ganado tracción desde que fue anunciada en febrero. Según estos sondeos, la carrera se perfila cerrada, pero la mayoría de los estudios proyecta una victoria del campo del "no" con alrededor de 52 por ciento de los votos. Debe recordarse que en el sistema suizo, aprobar una iniciativa requiere ganar tanto el voto popular nacional como una mayoría de cantones: Suiza posee 23 cantones completos y 6 medios cantones, todos los cuales deben ser considerados en el cálculo final. El proceso de votación en Suiza difiere sustancialmente del de muchas democracias occidentales: si bien las mesas electorales abrirán sus puertas brevemente el domingo, hasta 90 por ciento de los votantes suizos participan mediante voto postal anticipado. Los resultados deberían conocerse entre media y fines de la tarde del domingo.

Independientemente del resultado que emerja de las urnas, esta votación marca un punto de inflexión en la política suiza contemporánea. Si los electores rechazan la iniciativa, como sugieren las proyecciones, el mensaje será que la sociedad suiza, en su mayoría, prefiere mantener abiertos los canales de circulación migratoria a pesar de las presiones que esto genera. Esta decisión implicaría una apuesta por la integración, la diversidad y la interdependencia económica con Europa. Por el contrario, una victoria de la propuesta señalaría que las ansiedades sobre el ritmo del cambio demográfico superan las consideraciones sobre impacto económico y estabilidad institucional. En ese escenario, Suiza tendría que navegar las complejidades de abandonar su acuerdo de libre movimiento mientras intenta renegociar su posición en relación a la Unión Europea desde una postura de menor poder negociador. Ambos desenlaces presentan implicancias profundas no solo para Suiza, sino como referencia para otras democracias occidentales que enfrentan dilemas similares sobre cómo incorporar la inmigración en sus marcos institucionales y culturales.