El colapso de relaciones diplomáticas entre Londres e Israel ha llegado a niveles que nadie esperaba hace apenas unos meses. La amenaza británica de expulsar masivamente a representantes diplomáticos israelíes del territorio del Reino Unido abre una fisura profunda en vínculos que se remontan a casi un siglo. Potencialmente, hasta 27 diplomáticos israelíes podrían ser obligados a abandonar sus puestos de trabajo en suelo británico, un escenario que marcaría el punto más crítico en las relaciones bilaterales desde la creación del Estado de Israel en 1948. Pero lo que realmente importa aquí no es solo la cifra de funcionarios involucrados, sino lo que representa: una confrontación abierta sobre quién tiene autoridad sobre territorios altamente disputados y cómo deben comportarse los gobiernos frente a decisiones que afectan los derechos internacionales reconocidos.

El detonante es inmediato y concreto. Israel ha anunciado el cierre de su consulado en Jerusalén Oriental, programado para realizarse en el transcurso de esta semana, como represalia directa contra medidas adoptadas por el gobierno británico. Esas medidas incluyen la prohibición del comercio de bienes originarios de asentamientos israelíes considerados ilegales en Cisjordania y la imposición de sanciones contra empresas británicas que participen, de cualquier manera, en la construcción o expansión de esos núcleos poblacionales. La decisión de Londres representa un giro significativo en la política exterior hacia Israel, un país que históricamente ha contado con considerable apoyo en Occidente. El ministerio de Asuntos Exteriores israelí califica esta acción como "moralmente distorsionada", mientras que su titular, Gideon Sa'ar, ha extendido sus críticas hacia el Partido Laborista que gobierna Reino Unido, acusándolo de hostilidad sistemática.

Una batalla por la legalidad internacional

Lo que eleva esta disputa más allá de un simple desacuerdo comercial es la cuestión fundamental sobre la legalidad de lo que Israel pretende hacer. Dominic Grieve, exfiscal general del Reino Unido, ha brindado asesoría informal al gobierno británico argumentando que Israel actuaría de manera contraria al derecho internacional si cierra un consulado basándose en que su ubicación se encuentra en territorio que la comunidad internacional reconoce como palestino ocupado. Las Naciones Unidas y la gran mayoría de sus miembros, incluyendo al propio Reino Unido, consideran a Jerusalén Oriental como territorio bajo ocupación militar, no como parte del Estado de Israel. El consulado británico, localizado en el barrio de Sheikh Jarrah, ejerce funciones diplomáticas distintas y separadas de la embajada que opera desde Tel Aviv. Su rol abarca específicamente Jerusalén Oriental, el resto de Cisjordania y la Franja de Gaza: territorios que bajo el derecho internacional están sometidos a regímenes legales particulares.

El cierre del consulado representa, desde la perspectiva de expertos en derecho internacional, un ejercicio de autoridad que Israel legalmente no posee. Al actuar de esta forma, el gobierno israelí estaría desafiando el status quo vigente desde hace décadas, un equilibrio frágil pero funcionante que ha permitido que potencias occidentales mantengan representación diplomática en estas zonas sin que esto implique reconocimiento de soberanía israelí sobre ellas. Diplomáticos occidentales, hablando bajo anonimato por las sensibilidades políticas involucradas, han expresado preocupación genuina de que permitir este precedente podría abrir la puerta a confrontaciones similares. Como señaló uno de estos funcionarios, si Israel logra cerrar impunemente un consulado británico alegando jurisdicción sobre Jerusalén, ¿qué impediría que otros gobiernos adopten acciones comparables? El estatus de las misiones diplomáticas en la ciudad sagrada, según estos observadores, es precisamente lo que está en juego, no solo la relación bilateral entre dos países.

Escalada y precedentes en la tensión regional

La amenaza británica de expulsiones masivas de diplomáticos israelíes, si bien sorprendente en magnitud, tiene antecedentes históricos inquietantes. Durante la Guerra Fría, enfrentamientos semejantes entre Moscú y Londres incluían expulsiones sistemáticas de espías y funcionarios de inteligencia acusados de operaciones encubiertas. Que una relación occidental moderna llegue a estos niveles de confrontación es revelador del grado de deterioro que ha experimentado el vínculo entre Londres e Israel, particularmente desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Ese evento, desencadenado por el ataque de Hamas que produjo miles de muertes israelíes, ha sido el catalizador de un cambio gradual pero sostenido en la posición británica respecto a Israel. Desde entonces, el gobierno de Londres ha revocado numerosas licencias de exportación de armamento hacia Israel, argumentando preocupaciones serias sobre uso potencial de esas armas en operaciones que podrían constituir crímenes de guerra.

Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional británico, viajó personalmente a Jerusalén hace apenas una semana con la misión explícita de persuadir a las autoridades israelíes de que reconsideraran o postergaran el cierre del consulado. La misión fracasó. Existe información que sugiere que Powell se había opuesto internamente a que el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, presionara hacia adelante con la prohibición comercial de bienes de asentamientos, temiendo que tal decisión pudiera favorecer políticamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las elecciones nacionales programadas para el 27 de octubre. Netanyahu podría utilizar las medidas británicas como prueba de que solo su tipo de liderazgo puede garantizar la seguridad de Israel frente a gobiernos occidentales percibidos como antagónicos. Sin embargo, el enfrentamiento escalado podría lograr precisamente lo opuesto: elevar el perfil público de estas políticas británicas en el debate electoral israelí.

Israel no ha permanecido inactivo con otros socios occidentales. Ha anunciado también la revocación de credenciales de diplomáticos holandeses que operan en territorios palestinos, en respuesta a la decisión de Países Bajos de prohibir importaciones de asentamientos ilegales. Dado que la ocupación militar israelí de Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza requiere que los diplomáticos extranjeros obtengan acreditación de Israel para operar, la revocación de credenciales equivale a una expulsión efectiva, incluyendo el acceso a Jerusalén Oriental controlada por Israel. Sin embargo, Francia y Canadá, que también se sumaron a la prohibición comercial británica, no han enfrentado represalias hasta el momento. Esta selectividad en las respuestas israelíes sugiere cálculos estratégicos más complejos detrás de cada decisión de represalia.

Contexto más amplio: el rechazo occidental a los asentamientos

La frustración de aliados occidentales históricos de Israel respecto a los asentamientos en Cisjordania ha crecido consistentemente durante décadas. La comunidad internacional, incluyendo el Tribunal Internacional de Justicia, considera estos asentamientos contrarios al derecho internacional humanitario. Lo que distingue la posición británica actual es su disposición a traducir esa frustración en medidas comerciales concretas. Ed Miliband ha utilizado lenguaje particularmente directo en discursos parlamentarios, refiriéndose a actividades de colonos como "limpieza étnica" respaldada por el gobierno Netanyahu. Israel rechaza categóricamente esta caracterización. Lo interesante es que Miliband recibió una recepción extraordinariamente cálida en la conferencia del Partido Laborista cuando presentó públicamente su decisión de adoptar una postura más rigurosa con Israel respecto a los asentamientos. Esto indica que su posición refleja cambios profundos en la opinión dentro de la izquierda británica, y posiblemente en sectores más amplios del electorado.

El panorama se complica cuando se considera el contexto de la guerra en Gaza. Desde el comienzo de las operaciones militares hace poco más de un año, el gobierno británico ha adoptado posiciones cada vez más críticas respecto a la estrategia militar israelí. Los gobiernos anteriores, tanto conservador como laborista, han llegado a la conclusión de que los métodos empleados por Netanyahu para intentar destruir a Hamas son ineficaces y proporcionalmente desproporcionados en cuanto a bajas civiles. Miliband ha hablado públicamente de evidencia de posibles crímenes de guerra en Gaza, aunque ha rehusado deliberadamente acusar a Israel de genocidio, argumentando que tal determinación corresponde únicamente a tribunales internacionales competentes. Esta posición matizada revela las complejidades políticas y legales que enfrenta cualquier funcionario occidental que intente mantener algún tipo de coherencia moral mientras navega relaciones con Israel.

Las implicancias de este enfrentamiento se desplegarán en múltiples direcciones. Por un lado, si las expulsiones se concretan en la magnitud amenazada, marcaría un punto de quiebre sin retorno en las relaciones británico-israelíes, con consecuencias que podrían reverberar en otros gobiernos occidentales presionados por sus propias sociedades a tomar posiciones similares. Por otro lado, Israel podría intentar resistir estas presiones mediante una combinación de represalias diplomáticas y apelaciones a gobiernos aliados en Estados Unidos y otros lugares para contrapesar el aislamiento relativo. Lo que permanece incierto es si esta escalada llevará a una renegociación de los términos de la confrontación o a un distanciamiento permanente que altere fundamentalmente las alianzas occidentales en Oriente Medio. Los próximos días serán decisivos en determinar si ambas partes buscarán una salida negociada o si el cierre del consulado procederá como se ha anunciado, desencadenando la serie de expulsiones diplomáticas que seguiría.