La noche de Año Nuevo en los Alpes suizos quedará grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más aciagas de la historia reciente del turismo alpino. Un incendio devastador en la madrugada del 1 de enero de 2023 en la localidad de Crans-Montaña consumió el local Le Constellation, dejando un saldo de 41 personas fallecidas y 115 heridas, la mayoría de ellas menores de edad que celebraban la llegada del nuevo año. Ahora, meses después del siniestro, un nuevo giro en la investigación ha puesto el foco nuevamente sobre los responsables del establecimiento: documentos recuperados demuestran que los dueños tenían conocimiento explícito de los peligros latentes en su negocio, lo que ha motivado que los representantes legales de las víctimas soliciten formalmenteque se eleve la calificación legal de los cargos de homicidio por negligencia a homicidio con dolo eventual.
La evidencia que cambia el caso
Los investigadores han determinado que el fuego se originó en el sótano del bar cuando se manipularon de forma inadecuada algunos cohetes de artificio unidos a botellas de champagne, siendo acercados demasiado a la espuma aislante acústica instalada en el techo. Sin embargo, lo que resultó ser el punto de inflexión en el proceso legal fue el hallazgo de comunicaciones privadas que revelan una preocupación anterior de los propietarios respecto a precisamente este tipo de riesgos. En conversaciones mantenidas a través de plataformas de mensajería instantánea que datan del año 2019, Jessica Moretti —una de las dueñas del bar— enviaba advertencias a su personal recomendando extremar precauciones al trabajar con los artificios pirotécnicos. Sus mensajes explícitamente mencionaban que en caso de que la alfombra, los sofás o la espuma de aislamiento acústico llegaran a inflamarse, el establecimiento podría convertirse rápidamente en una trampa mortal.
Sophie Haenni y Ludovic Tirelli, abogados que representan a familias de víctimas —en el caso de Haenni, representa específicamente a la familia de un empleado que murió en la tragedia—, presentaron formalmente una solicitud ante los fiscales del cantón de Valais luego de que los Moretti fueran sometidos a interrogatorio cruzado el pasado viernes en la ciudad de Sion. Durante esa audiencia, los propietarios fueron confrontados directamente con esta documentación incriminatoria. Según expresó Haenni a través de comunicaciones con agencias internacionales, las evidencias demuestran sin lugar a dudas que Jessica Moretti estaba "completamente consciente de la naturaleza altamente inflamable del material de aislamiento acústico" utilizado en su bar. La calificación legal que se busca implementar cambiaría significativamente la responsabilidad penal de los imputados, pasando de un delito de negligencia a uno donde existía conocimiento del riesgo y aceptación voluntaria del mismo.
La defensa contraataca: posiciones irreconciliables
Los abogados defensores de la pareja Moretti, Yaël Hayat y Nicola Meier, rechazaron categóricamente estas interpretaciones de los mensajes, calificándolas públicamente de "absurdas" y "sin sentido". Su argumentación se centra en que es materialmente imposible demostrar que los Moretti hubieran podido prever la magnitud de la tragedia o que hubiesen aceptado la posibilidad de una muerte masiva. Añadieron que las advertencias genéricas sobre precaución con el fuego no constituyen en modo alguno una admisión de culpa por homicidio intencional, sino simplemente medidas básicas de prevención que cualquier establecimiento con estas características podría implementar. Como contrapunto a las acusaciones, subrayan que el hecho de que Jessica Moretti se encontraba físicamente dentro del local al momento del siniestro funcionaría como "la mejor prueba de su inocencia" ante acusaciones tan graves.
La ley penal suiza contempla el concepto jurídico de "dolo eventual" —denominado técnicamente como "possible intent"—, el cual se configura cuando un individuo considera que la comisión de un delito es posible pero continúa actuando de todas formas, porque acepta que ese resultado se produzca, incluso si lo considera indeseable y no lo desea activamente. Este es precisamente el marco legal que los abogados de las víctimas intentan aplicar: sostienen que los Moretti no solo conocían los riesgos sino que continuaron operando el bar bajo esas condiciones, aceptando implícitamente las consecuencias potenciales. La defensa, por su parte, arguye que este estándar es demasiado elevado y que aplicarlo sería una extensión inapropiada de las responsabilidades penales.
Aristas adicionales del proceso
La investigación ha arrojado también otras dimensiones que amplían el ámbito de responsabilidades. Más allá de Jessica y Jacques Moretti, existen 12 sospechosos adicionales bajo investigación criminal, entre los cuales figuran tanto funcionarios locales activos como otros que ya no desempeñan cargos públicos. Esto sugiere que los fallos en la seguridad del establecimiento podrían extenderse más allá de la administración privada del bar, involucrando posiblemente omisiones o incumplimientos en los controles regulatorios que debían haber sido ejercidos por autoridades competentes. Adicionalmente, durante la audiencia del 5 de junio, se formalizó contra Jessica Moretti un nuevo cargo adicional relacionado con falsificación de documentos. Específicamente, se le imputa responsabilidad sobre la factura correspondiente a la compra de los paneles de espuma aislante acústica, documento que data de 2015. Sus abogados defensores han minimizado esta acusación, explicando que el papel simplemente había sido registrado contablemente bajo una denominación diferente a la original, aseverando que este hecho no posee relevancia material respecto al caso principal.
La presencia de familias y representantes de víctimas en las audiencias judiciales ha puesto de relieve la dimensión humana de este proceso. La mayoría de los fallecidos eran adolescentes cuyas vidas fueron truncadas en lo que debería haber sido una noche de celebración. Esta circunstancia ha intensificado la presión social y legal para que se logre justicia a través de los máximos estándares de responsabilidad criminal. Los abogados de las víctimas han utilizado estas audiencias públicas no solo para presentar evidencia, sino también para mantener la atención mediática y pública sobre el caso, evitando que la tragedia sea olvidada en los meses subsecuentes.
Los desarrollos en este proceso tienen implicaciones que trascienden el caso específico. La potencial elevación de los cargos a homicidio con dolo eventual establecería un precedente importante respecto a la responsabilidad criminal de operadores comerciales cuando existe documentación que demuestra conocimiento previo de riesgos específicos. Por un lado, podría reforzar los mecanismos de rendición de cuentas en el sector de bares, discotecas y espacios de entretenimiento, incentivando mejoras genuinas en seguridad. Por otro lado, algunos especialistas en derecho podrían argumentar que los estándares de imputación se volverían excesivamente rigurosos, potencialmente criminalizando decisiones empresariales que contienen un componente de riesgo inherente. Las autoridades suizas, los sistemas de justicia cantonal, y las políticas de seguridad en espacios públicos de toda Europa estarán atentas a cómo se resuelva esta cuestión en los tribunales helvéticos.