Tras casi cinco meses de enfrentamientos entre Washington y Teherán, el panorama en el Golfo Pérsico está más enredado que nunca. Lo que comenzó como una operación militar con objetivos aparentemente claros se ha transformado en un laberinto de contradicciones, giros abruptos de política y admisiones implícitas de fracaso. El asunto central que debería estar resuelto a esta altura —quién controla el Estrecho de Ormuz y bajo qué condiciones circulan los buques mercantes— permanece completamente abierto, sin que ninguno de los bandos muestre señales claras de tener un plan funcional para salir de este impasse. La importancia de esta parálisis trasciende el ámbito regional: estamos hablando de una de las arterias comerciales más críticas del planeta, por donde transita aproximadamente el 21% del petróleo mundial, y su bloqueo incide directamente en los precios de la energía y en la estabilidad económica global.

El colapso de la propuesta de peajes y sus implicancias

A mediados de la semana pasada ocurrió uno de esos momentos que captura toda la esencia del caos que caracteriza el manejo de esta crisis. El mandatario estadounidense anunció públicamente que Washington podría cobrar aranceles del 20% a los barcos que transitaran por el Estrecho, una idea que presentó como resultado de una reflexión profunda y de largo tiempo. Menos de veinticuatro horas después, la propuesta fue abandonada sin mayores explicaciones. Lo que sucedió en el medio fue revelador: armadores de buques cisterna expresaron su horror ante semejante imposición, funcionarios dentro de la propia administración cuestionaron la medida, y gobiernos de la región manifestaron su rechazo frontal. La retirada silenciosa de esta iniciativa dejó expuesto el grado de improvisación que caracteriza la toma de decisiones en Washington.

Esta situación resulta particularmente vergonzosa cuando se considera el contexto internacional previo. Los mismos líderes estadounidenses que ahora proponen cargar aranceles por el paso por el Estrecho habían sido defensores públicos e incansables del principio de libertad de navegación como piedra angular del orden internacional basado en reglas. El secretario de Estado sostuvo anteriormente que los aranceles son incompatibles con el derecho internacional. Solo siete días antes del anuncio del peaje, representantes estadounidenses se pararon ante el Consejo de la Organización Marítima Internacional —el cual cuenta con participación activa de Washington— y votaron a favor de una moción que reafirmaba explícitamente que el paso por el Estrecho debe permanecer libre de cualquier gravamen o tarifa. El embajador norteamericano ante el Reino Unido pronunció discursos sobre la defensa del estado de derecho en los océanos, sobre las asociaciones estratégicas y sobre la necesidad de llamar la atención sobre quiénes intentan erosionar el orden marítimo internacional.

El intento de justificación posterior resultó igualmente débil. Se argumentó que líderes del Golfo habían expresado disposición a realizar inversiones sustanciales en la economía estadounidense. No obstante, esta cortina de humo se disipó rápidamente: los compromisos de inversión mencionados carecen de cualquier base concreta, tan imaginarios como la fantasmal propuesta de plan de recuperación de 350 mil millones de dólares que supuestamente integra el acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán firmado hace aproximadamente un mes. Con el asunto de los peajes apartado del tablero por ahora, todas las opciones restantes que tiene el gobierno estadounidense lucen problemáticas.

El punto de quiebre: una guerra que no resolvió nada

Aquí reside la debilidad política más grave de la administración: tras casi cinco meses de campañas de bombardeo, el Estrecho de Ormuz sigue bajo control de Teherán, exactamente como estaba cuando se decidió abandonar la mesa de negociaciones. Según documentos de la administración, alrededor de 6 mil marineros permanecen atrapados en la zona de conflicto. La estimación más reciente del costo de la guerra —incluyendo daños a instalaciones militares estadounidenses en Kuwait, Jordania y Baréin— asciende a aproximadamente 100 mil millones de dólares. Cuando se rubricó el memorándum de entendimiento hace poco más de un mes, hubo una admisión implícita de que la opción militar no había alcanzado sus propósitos. El temor a una recesión global por el cierre prolongado del Estrecho fue lo que impulsó a buscar una salida negociada.

Sin embargo, los halcones de la guerra nunca desaparecieron del escenario. Sus argumentos se basan en la convicción de que si el bloqueo de los puertos iraníes se prolonga lo suficiente, haciendo imposible la exportación de crudo, el régimen de Teherán terminará colapsando bajo la presión económica. Pero esta apuesta ignora factores cruciales de la realidad sobre el terreno. La República Islámica ha demostrado poseer suministros amplios de arsenales y continúa golpeando bases estadounidenses a través de operaciones de precisión. En Teherán, el negociador jefe fue autorizado para depurar a sus mayores críticos dentro del parlamento, consolidando así el apoyo interno. Aún así, ese mismo funcionario enfrenta presión cotidiana para explicar a la opinión pública iraní por qué negocia con una potencia que trata los acuerdos solemnes como basura tirada en la calle.

La desarticulación estratégica y la falta de visión

Uno de los analistas de política nuclear estadounidense señaló que en ambos lados del conflicto existen grupos convencidos de poder soportar los costos de una escalada y, más importante aún, que necesitan demostrar esa capacidad al adversario. Lo que falta completamente en Washington es una estrategia articulada para el futuro del Estrecho. El memorándum que se firmó en junio contiene contradicciones fundamentales que ahora cobran relevancia: afirma simultáneamente que "la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios para garantizar el paso seguro de barcos" pero también que "no se cobrarán aranceles durante sesenta días solamente". Estos términos ambiguos dejaron abierta la puerta a conflictividades posteriores.

Existen alternativas funcionales que podrían servir como marco para resolver la cuestión del Estrecho. Los modelos implementados en el Estrecho de Malaca, o en los Estrechos de Bósforo y Dardanelos, han sido discutidos en profundidad por la Organización Marítima Internacional. Irán y Omán, los dos países ribereños, han manifestado estar dispuestos a participar en conversaciones sobre estas opciones. El problema radica en que la maquinaria de formulación de políticas en Washington está tan deteriorada que no tiene capacidad de formular propuesta alguna de manera seria. Cuando se le pregunta qué espera en realidad de sus contrapartes iraníes a cambio del enorme alivio financiero que el memorándum les ofrece, la administración no ofrece respuestas coherentes. Un antiguo asesor de seguridad nacional señaló que si Washington realmente no deseaba que Irán controlara el Estrecho, nunca debería haber consentido un documento que le otorga precisamente esa responsabilidad. Hubiera sido más sensato permitir que Irán mantuviera el control durante los sesenta días iniciales e insistir en que Teherán procediese con el desminado de la zona, en lugar de intentar acelerar la salida de barcos mediante la apertura de una nueva ruta meridional cerca de la costa de Omán.

La idea plasmada en el memorándum de que ambas partes llegarían a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní antes del 17 de agosto se ve, en retrospectiva, como completamente ilusoria. Tres semanas antes de esa fecha límite, no hay ningún indicio de que las conversaciones hayan avanzado significativamente. Mientras tanto, Irán continúa demostrando capacidad operativa contra objetivos estadounidenses, y Washington sigue sin articular una visión clara para cómo termina esto.

El debate ampliado sobre seguridad en el Golfo

El debate sobre quién controla el Estrecho de Ormuz está evolucionando hacia una discusión mucho más amplia sobre la seguridad general de toda la región del Golfo Pérsico. Desde diferentes capitales regionales se cuestionan ahora los supuestos que han sustentado la política estadounidense en el área durante décadas. Los argumentos giran en torno a si realmente la estrategia de contención que Washington ha mantenido durante más de cuarenta y cinco años ha producido resultados proporcionados a los enormes recursos invertidos en ella. Se cuestiona la eficacia de la expansión de bases estadounidenses en la región, del gasto excesivo en defensa local, y de la presencia militar "sobre el horizonte" que supuestamente debe proporcionar protección.

Esta guerra ha servido para demoler lo que muchos analistas creían que era un mito: que la estrategia de contención funcionaba. Incluso funcionarios que durante años defendieron públicamente esta política como un "mal necesario" comienzan a admitir que la realidad sobre el terreno contradice esas premisas. La perspectiva desde capitales como Mascate va más allá: sostiene que las amenazas verdaderamente graves a la seguridad del Golfo no emanan de dentro de la región misma, sino de decisiones y acciones adoptadas fuera de ella. En particular, se señala que los conflictos derivados de las políticas en Oriente Medio más amplio, y específicamente en territorios del Levante, tienen impactos en cascada que desestabilizan toda el área.

Lo que está en juego trasciende la cuestión inmediata de quién controla el tráfico de petróleo. Es una pregunta más fundamental sobre quién tiene influencia en la región, cómo se toman decisiones que afectan a millones de personas, y si los arreglos de seguridad heredados del siglo XX siguen siendo viables en el contexto actual. Los gobiernos del Golfo están comenzando a cuestionar si su subordinación a los esquemas de seguridad estadounidenses les proporciona realmente estabilidad o si, por el contrario, los expone a riesgos cada vez mayores derivados de conflictos externos sobre los cuales tienen escaso control.

Las posibles consecuencias y los caminos inciertos

A medida que avanza el conflicto sin resolución clara, emergen múltiples escenarios posibles con implicancias distintas. Si el Estrecho permanece cerrado o con acceso limitado durante un período prolongado, los precios del petróleo podrían aproximarse a los 90 dólares por barril, lo cual tendría efectos significativos en economías a nivel mundial. Esto podría influir en el panorama político interno estadounidense de manera no prevista por quienes proponen continuar con la estrategia militar. Si por el contrario se llega a algún tipo de arreglo negociado, su éxito dependería en gran medida de si Washington logra —o no— articular una visión clara y coherente para el futuro de la región que sea aceptable para múltiples actores. Los formuladores de política en Teherán, por su parte, deben equilibrar entre los presupuestos de guerra y las necesidades internas de su población, mientras que capitales rivales en el Golfo buscan posicionarse favorablemente ante los cambios geopolíticos en curso. El resultado final de esta situación dependerá de cómo cada actor navegue las complejidades de mantener su posición sin que la escalada se vuelva incontrolable, un ejercicio que hasta ahora ninguno ha demostrado dominar completamente.