La muerte de Mateo Pérez Rueda, un joven de veinticuatro años que combinaba sus estudios universitarios con labores de periodismo independiente y reparto en bicicleta, irrumpió hace poco más de una semana en la agenda pública colombiana como un recordatorio brutal de una realidad que nunca cesó completamente. El estudiante de ciencias políticas que escribía para la revista digital El Confidente viajó a Briceño, municipio ubicado en Antioquia, con la intención de documentar los enfrentamientos persistentes entre fuerzas estatales, grupos paramilitares y facciones disidentes del histórico movimiento revolucionario de las FARC. Lo que comenzó como una misión de cobertura informativa terminó en tragedia: su desaparición durante tres días angustiantes culminó con la confirmación de su ejecución a manos del Frente 36, una de las estructuras delictivas escindidas de la antigua guerrilla. Su caso no constituye un hecho aislado sino la manifestación más visible de un fenómeno que ha alcanzado magnitudes no registradas durante la última década, transformando el conflicto armado interno en el eje central de la contienda electoral que define el futuro político del país.
El escenario electoral: dos visiones antagónicas frente a la guerra
Este domingo, los colombianos se dirigirán a las urnas enfrentados a una disyuntiva radical sobre cómo resolver una confrontación que ha cobrado cerca de medio millón de vidas a lo largo de décadas. La carrera presidencial enfrenta dos propuestas diamétricamente opuestas. Por un lado, el senador de izquierda Iván Cepeda, de sesenta y tres años, respaldado por el presidente saliente Gustavo Petro, lidera la mayoría de sondeos con una estrategia denominada "paz total" que busca negociar acuerdos de desmovilización con todas las organizaciones criminales que operan en territorio nacional. Este planteamiento, que algunos expertos en materia de seguridad consideran fracasado dada la expansión de las facciones armadas durante los períodos de tregua, mantiene el respaldo de Cepeda como arquitecto principal de esta iniciativa gubernamental.
Enfrentándose a esta visión conciliadora emerge un bloque que aboga por el retorno a métodos de confrontación directa. Abelardo de la Espriella, abogado penalista de cuarenta y siete años, se presenta como candidato de ultraderecha y candidato "outsider" sin trayectoria en cargos públicos previos. Por su parte, la senadora Paloma Valencia, de cuarenta y ocho años, representa la postura derechista tradicional. Ambos prometen implementar estrategias militares integrales apenas asuman la presidencia. Sus discursos enfatizan nociones como "salvar Colombia" del crimen organizado y reemplazar negociaciones por lo que Valencia denomina "seguridad total". Esta polarización electoral refleja más que desacuerdos tácticos: representa dos concepciones fundamentalmente distintas sobre la naturaleza del conflicto y los caminos viables para su resolución.
La escalada reciente: cifras que documentan el resurgimiento del caos
Durante el período de campaña electoral, se ha registrado un incremento significativo de ataques de grupos insurgentes, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados y masacres. Esta tendencia alcanzó un punto de quiebre trágico cuando Miguel Uribe Turbay, senador de orientación derechista y aspirante presidencial, fue baleado durante un evento de campaña, falleciendo posteriormente. Apenas hace días, más de cincuenta personas perdieron la vida en enfrentamientos entre dos estructuras disidentes de las FARC en el departamento meridional de Guaviare, muchas de ellas menores de edad que habían sido reclutados de manera coercitiva por estas maquinarias delictivas.
Sin embargo, el contexto estadístico presenta matices que merecen consideración. Investigadores especializados en reconciliación y paz señalan que, aunque las cifras actuales resultan preocupantes, el panorama no es comparable con los períodos anteriores al acuerdo histórico de dos mil dieciséis. En aquel entonces, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes oscilaba alrededor de ochenta; hoy se ubica aproximadamente en veintiséis por cien mil. La concentración geográfica de la violencia también ha mutado: se encuentra fundamentalmente anclada en zonas donde operan rutas de tráfico ilegal, minería clandestina y producción de drogas, lo que genera impacto mediático considerable pero sin alcance nacional comparable al del pasado. Colombia permanece como el principal productor mundial de cocaína, circunstancia que explica buena parte de las disputas territoriales que alimentan el derramamiento de sangre.
Las motivaciones ocultas: más allá de la retórica política
Aunque los diversos grupos armados activos reclaman agendas políticas como justificación de sus acciones, los expertos coinciden en que la realidad operacional apunta hacia motivaciones distintas. La competencia por el control de la producción, distribución y comercialización de drogas constituye el motor principal. A esto se suma la competencia por territorios con depósitos de oro ilegal, actividades de tala no autorizada de bosques y capas de corrupción local que alimentan estas economías delictivas. En regiones como Antioquia, donde fue asesinado Pérez Rueda, los conflictos que persisten están vinculados menos a proyectos revolucionarios que a luchas por microtráfico y control de yacimientos auríferos. Jorge Rueda, primo y padrino del periodista fallecido, resumió esta realidad con crudeza: "Aquí, la guerra es por el microtráfico y otra por las minas de oro". La ausencia estatal en estas zonas ha permitido que estructuras criminales no solo subsistan sino prosperen, consolidando territorios donde cualquier iniciativa de inversión privada resulta imposible y donde generaciones enteras carecen de alternativas económicas legales que las aparten del reclutamiento forzado o voluntario en filas armadas.
Los candidatos: perfiles y estrategias en disputa
Valencia acumula experiencia legislativa desde dos mil catorce como senadora de la república y pertenece a familia con peso histórico en la política nacional: es nieta del expresidente Guillermo León Valencia. Mantiene alineamiento leal con Álvaro Uribe Vélez, cuyo gobierno entre dos mil dos y dos mil diez implementó una confrontación militar agresiva contra grupos armados que produjo resultados limitados pero quedó marcado por el escándalo de los "falsos positivos": ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes perpetradas por soldados que luego fueron presentados falsamente como combatientes neutralizados en operaciones de guerra.
Espriella, por su parte, constituye un perfil radicalmente distinto al establishment político tradicional. Abogado penalista, millonario empresario con inversiones en producción vitivinícola, negocios de licores, ganadería y bienes raíces, nunca ha ocupado cargo público alguno. Durante la campaña ha manifestado admiración abierta hacia Donald Trump y ha modelado su imagen pública según los parámetros del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien implementó estrategias de encarcelamiento masivo que han resultado en el aprisionamiento de aproximadamente el dos por ciento de la población adulta de su país. Espriella ha promovido la construcción de diez cárceles de máxima seguridad de carácter megalómano y ha adoptado un discurso populista antigolpismo que rechaza las normas de corrección política en términos similares a figuras políticas contemporáneas de corte iconoclasta. Sin embargo, ciertos aspectos de su pasado como litigante penal lo han vinculado con personajes sujetos a procesos de extradición internacional y figuras cercanas a regímenes cuestionados, circunstancia que puede explicar la ausencia de respaldo explícito de potencias occidentales como Estados Unidos.
Dinámicas electorales y sorpresas en las encuestas
Hasta hace pocas semanas, Cepeda mantenía una ventaja consistente en los sondeos de opinión, con Valencia ocupando la segunda posición. No obstante, en el transcurso de los últimos catorce días, Espriella ha logrado superarla, transformando el panorama electoral en una contienda tripolar con resultados abiertos. Una porción significativa del electorado aún no ha definido su preferencia, lo que implica que ninguno de los candidatos tiene garantizado superar el cincuenta por ciento de los votos en primera vuelta. De no lograrse mayoría, las reglas electorales establecen que se llevará a cabo una segunda ronda de votación el veintiuno de junio.
Durante años, potencias como Estados Unidos han intervenido de manera más o menos abierta en procesos electorales de países con gobiernos de orientación izquierdista, especialmente cuando candidatos de tendencia derechista competían. En esta ocasión, la postura estadounidense ha permanecido notablemente discreta. Analistas especulan que esto obedece, en parte, a las complejidades de la trayectoria profesional de Espriella, cuyas conexiones históricas con clientes vinculados a régimen venezolano y otros personajes en litigio internacional generan incompatibilidades con los intereses estadounidenses. Además, estudios académicos recientes han documentado que intervenciones directas de gobiernos extranjeros tienden a producir efectos contraproducentes, movilizando electorados en dirección opuesta a la esperada. Los ataques verbales del presidente Trump contra Petro, calificándolo de "enfermo" y "narcotraficante", terminaron incrementando la popularidad del mandatario colombiano en lugar de erosionarla.
El legado de Petro y las perspectivas de continuidad
Gustavo Petro, quien no puede optar por reelección según las disposiciones constitucionales vigentes, ingresó a la presidencia como primer mandatario de orientación izquierdista en la historia republicana colombiana. Proveniente de un movimiento rebelde menor que había suscribo acuerdos de paz años antes del acuerdo con las FARC, su gestión ha evidenciado índices de aprobación relativamente elevados para un presidente en el tramo final de su mandato. Múltiples analistas atribuyen esta valoración positiva a la expansión de programas sociales implementados por su administración, incrementos sustanciales en los salarios mínimos y descensos en los indicadores de pobreza, circunstancias que habrían generado beneficios materiales para amplios segmentos poblacionales.
Jorge Rueda, a pesar del dolor causado por la pérdida de su ahijado en manos de grupos vinculados al conflicto armado, mantiene una evaluación en términos generales positiva de la trayectoria del país durante años recientes. Aunque podría justificadamente hablar desde la rabia, prefiere hacerlo desde la reflexión: reconoce que Colombia ha experimentado mejoras sustanciales que incluyen ampliación de oportunidades para jóvenes que de otra manera podrían haber sido reclutados por estructuras delictivas. Sin embargo, agrega una salvedad crítica: en determinadas regiones geográficas estas mejoras no han llegado. El abandono estatal perpetúa las dinámicas de violencia en territorios remotos donde la ausencia de autoridad permite que organizaciones criminales establezcan el orden mediante la coerción, sofocando cualquier perspectiva de desarrollo económico lícito e impidiendo la inversión privada. Desde esta óptica, la muerte de Pérez Rueda adquiere un significado que trasciende lo individual: funciona como símbolo de un país donde amplias zonas permanecen olvidadas por las instituciones públicas, y donde esa negligencia estatal perpétúa ciclos de confrontación armada que cobran vidas de civiles.
Posibles consecuencias y escenarios futuros
Los resultados de la elección presidencial del domingo próximo estarán cargados de implicancias que se extenderán más allá del corto plazo. Si prevalece la continuidad con los planteamientos negociadores del gobierno actual, cabe esperar que se profundice la búsqueda de acuerdos de desmovilización con facciones armadas, aunque esto podría enfrentar resistencias legislativas si la composición del Congreso no acompaña. Si por el contrario triunfa una propuesta basada en confrontación militar integral, se modificaría radicalmente la estrategia estatal, con consecuencias que podrían incluir incrementos en operaciones militares, potencialmente mayor número de bajas civiles y combatientes, y reevaluaciones de acuerdos internacionales. La variable electoral presenta además incertidumbre genuina: el nivel de indecisos, el voto considerado y la posibilidad de una segunda vuelta abierta hacen que múltiples desenlaces sean plausibles. Independientemente del resultado, la persistencia de violencia política durante una contienda electoral democrática señala tensiones profundas en las instituciones de seguridad, en el monopolio estatal de la fuerza y en la gobernanza territorial que ningún gobierno individual podrá resolver mediante decisiones unilaterales. Las causas estructurales —economías ilícitas, debilidad institucional en zonas remotas, pobreza sin alternativas—apelan a respuestas multifacéticas que ningún bando político actual ha esbozado con suficiencia de detalle.
