La tensión entre Washington y las instituciones multilaterales alcanzó un nuevo pico cuando la administración norteamericana anunció su intención de "desactivar de manera sistemática" al tribunal penal con sede en Los Países Bajos, argumentando que representa una amenaza para la soberanía estadounidense. La declaración, formulada a través del secretario de Estado Marco Rubio, no tardó en generar una respuesta contundente desde Bruselas, donde funcionarios de la Unión Europea rechazaron categóricamente los argumentos esgrimidos por Washington y reafirmaron su compromiso inquebrantable con la institución judicial internacional.
La envergadura de este enfrentamiento diplomático trasciende las simples discrepancias retóricas. Desde que Donald Trump retornó a la presidencia estadounidense, su gobierno ha implementado una estrategia progresiva de aislamiento del tribunal internacional. Hasta el momento, once funcionarios de la corte —incluyendo al fiscal general y ocho magistrados— han sido incluidos en listas de sanciones estadounidenses, medida que ha tenido consecuencias tangibles: cancelación de tarjetas de crédito, bloqueo de acceso a plataformas digitales como Amazon y Google, además de prohibiciones para ingresar al territorio norteamericano. Sin embargo, el pronunciamiento de Rubio del lunes pasado marcó un escalamiento sin precedentes en la intensidad de esta campaña.
Las acusaciones y la contrarréplica europea
En un video publicado el mismo lunes, el titular de la diplomacia estadounidense sostuvo que la corte "amenaza todos y cada uno de los aspectos" del sistema político y jurídico de su país. Simultáneamente, en una columna de opinión anexa, evocó escenarios alarmistas donde agentes de la patrulla fronteriza estadounidense y legisladores electos serían "arrastrados ante un tribunal internacional" para ser juzgados por magistrados provenientes de distintas naciones. El Departamento de Estado amplió esta posición mediante un comunicado oficial en el cual anunció que la campaña de presión incluiría "una variedad de acciones", entre ellas el posible ejercicio de coerción sobre otros países para que se retiren del tratado internacional y un "escrutinio intensificado" hacia aquellas naciones que rechacen abandonar la corte mientras dependen de asistencia financiera y militar estadounidense.
La respuesta desde la capital belga no se hizo esperar. Anouar El Anouni, vocero de la Unión Europea, pronunció una defensa cerrada de la institución judicial. El funcionario europeo fue enfático al señalar que "ataques o amenazas contra la corte, funcionarios electos, personal o aquellos que cooperan con la institución simplemente no son aceptables". El Anouni enfatizó además la función central de la corte en la persecución de responsables de crímenes que conmocionan a la comunidad internacional: genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas. Su intervención incluyó un mensaje directo: la corte no actúa contra estados soberanos ni constituye amenaza alguna para su soberanía, sino que ejerce jurisdicción sobre personas individuales responsables de "los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional".
El debate sobre la jurisdicción y los alcances reales del tribunal
Expertos en derecho internacional han calificado las afirmaciones de Rubio como una caracterización deficiente e inexacta del alcance real de la corte penal. Los datos concretos muestran que la institución puede investigar crímenes presuntamente cometidos en territorios de estados que han adherido al tratado fundacional, así como delitos cometidos por ciudadanos de esas naciones. También posee capacidad de intervención cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remite casos, o cuando un estado no signatario consiente voluntariamente su acción. Pero existe un principio fundamental que delimita sus competencias: la corte solo interviene cuando un país no puede o se rehúsa a investigar los crímenes por sí mismo. Un dato central en este debate: Estados Unidos nunca ha ratificado el tratado constitutivo de la corte, lo que significa que ciudadanos norteamericanos enfrentan probabilidades extremadamente reducidas de ser procesados por esta vía. Además, aproximadamente cien naciones han suscritos acuerdos bilaterales con Washington mediante los cuales se comprometen a no extraditar ciudadanos estadounidenses hacia el tribunal internacional.
Kenneth Roth, quien se desempeñara como director ejecutivo de la organización internacional Human Rights Watch, realizó un análisis incisivo de la posición estadounidense. Roth argumentó que la corte "no está reclamando jurisdicción sobre conductas realizadas en territorio estadounidense". Según su perspectiva, el secretario de Estado está "disfrazando su búsqueda de impunidad para crímenes de guerra estadounidenses bajo la etiqueta de soberanía nacional", una formulación que ignora "el derecho soberano de otras naciones de invocar a la corte para crímenes cometidos en su territorio". Roth extendió su análisis hacia consideraciones futuras, sugiriendo que la administración Trump podría estar buscando prevenirse contra posibles investigaciones por acciones que aún no se han materializado.
Un funcionario de alto rango que anteriormente se desempeñara en operaciones de sanciones estadounidenses aportó una perspectiva reveladora: considera que la campaña de la administración actual podría estar dirigida a "reducir la posibilidad de investigaciones sobre acciones de Estados Unidos". El mismo analista vinculó esta iniciativa con contextos regionales específicos: "Da la sensación de que se trata de una campaña preventiva contra cualquier acción que la corte pueda considerar respecto a Venezuela o en otros lugares del exterior". Esta interpretación se vio reforzada por la propia argumentación de Rubio en su artículo de opinión, donde citó demandas formuladas por activistas y organizaciones civiles para que la corte investigue a la administración Trump por medidas tales como deportaciones masivas de migrantes u operaciones aéreas estadounidenses contra embarcaciones que funcionarios norteamericanos han afirmado transportaban sustancias narcóticas. Roth profundizó en esta lectura: según su criterio, "Trump quiere poder cometer crímenes de guerra en territorios de países que han aceptado la jurisdicción de la corte — eso es de lo que se trata".
Implicancias estratégicas y futuro de la institución multilateral
El conflicto entre Washington y la corte penal internacional refleja tensiones más amplias respecto al orden institucional mundial construido tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras que ciertos analistas ven en las acciones estadounidenses un intento por proteger la soberanía nacional frente a organismos supranacionales potencialmente invasivos, otros perciben un esfuerzo por evadir responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Las naciones europeas, firmantes del estatuto de Roma que crea la corte, mantienen una postura diferenciada: consideran que la institución representa un mecanismo indispensable para la justicia transicional en conflictos donde estados locales carecen de capacidad o voluntad investigativa. El caso de Ucrania resulta particularmente ilustrativo: desde 2022, tras la invasión rusa, la corte lleva adelante investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra, una función que países europeos consideran legítima y necesaria. Las amenazas estadounidenses de presionar a naciones para que se retiren del tratado y de incrementar "escrutinio" sobre países aliados que rehúsen abandonarlo mientras reciben asistencia estadounidense generan dilemas significativos para gobiernos que simultáneamente dependen del apoyo norteamericano y valoran su compromiso con mecanismos de justicia internacional. Los próximos meses revelarán si estas presiones logran erosionar los apoyos internacionales hacia la corte o si, por el contrario, refuerzan la determinación de gobiernos y organismos multilaterales de mantener la independencia de instituciones dedicadas al enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad.
