La historia de la relación entre Washington y Caracas no es la de dos naciones que simplemente divergen en intereses diplomáticos. Es, fundamentalmente, la crónica de una obsesión: el petróleo. Un documento desclasificado del Departamento de Estado norteamericano, redactado a mediados del siglo pasado, lo explicita sin tapujos ni circunloquios. Allí, los funcionarios estadounidenses reconocían sin ambages que cada decisión, cada gesto político, cada movimiento estratégico hacia Venezuela estaba atravesado por un solo objetivo declarado: garantizar un flujo constante y seguro de crudo hacia las entrañas de la economía estadounidense. Esa lógica, congelada en papel en 1950, permanece intacta en 2024. Lo que cambió fue la intensidad del método y la crudeza del procedimiento. Donde antes había diplomacia velada, ahora hay operaciones militares de madrugada. Donde antes había negociaciones comerciales, ahora hay decretos unilaterales. Y donde antes Washington se conformaba con participación empresarial en la explotación, ahora reclama control directo sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas venezolanas: las más grandes del planeta, según los cálculos geológicos contemporáneos.

La captura de Nicolás Maduro en enero de este año marcó un punto de quiebre. No fue un evento diplomático ni el resultado de presiones políticas convencionales. Fue, según lo que ha trascendido, una operación militar nocturna que trasladó al mandatario y a su esposa, Cilia Flores, hacia territorio estadounidense, donde ambos enfrentan juicio en Nueva York. El acto mismo, sin precedentes en la región en décadas, funcionó como catalizador de una nueva arquitectura de poder sobre Venezuela. Apenas semanas después, el gobierno estadounidense anunció públicamente lo que hasta entonces había permanecido en el territorio de las negociaciones secretas: Washington asumiría el control de millones de barriles de petróleo venezolano. La Casa Blanca denominó el arreglo como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, dotándose a sí misma de lo que denominó derechos de gobernanza sobre yacimientos estratégicos. Lo que en otro contexto hubiera generado reacciones diplomáticas de envergadura, en este caso fue presentado como un acuerdo comercial legítimo, avalado por autoridades venezolanas posteriores a Maduro.

Un siglo de intereses petroleros: de la cooperación a la confrontación

Comprender el presente requiere bucear en las capas históricas acumuladas. Venezuela y Estados Unidos no siempre fueron adversarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del Eje amenazaban desde múltiples frentes, el crudo venezolano fluyó sin restricciones hacia puertos estadounidenses, alimentando aviones, barcos y tanques aliados. Washington y Caracas mantenían lo que podría caracterizarse como una alianza funcional: Estados Unidos garantizaba estabilidad política y reconocimiento internacional, mientras Venezuela proveía el combustible que movía la máquina de guerra norteamericana. Las compañías petroleras estadounidenses, a través de décadas de operaciones comerciales en territorio venezolano, acumularon fortunas colosales con inversiones mínimas en retorno social para la población local.

El quiebre sísmico llegó en 1999 con la ascensión de Hugo Chávez a la presidencia. Su discurso antagonista hacia lo que denominaba imperialismo estadounidense, su alineamiento con potencias rivales como China, Irán y Rusia, y sus iniciativas de nacionalización progresiva del sector petrolífero representaron un desafío directo a la estructura de dominación que Washington había construido sobre los hidrocarburos venezolanos. Cuando Chávez, en 2007, profundizó la nacionalización de yacimientos que empresas estadounidenses operaban, el conflicto escaló. La compañía Chevron aceptó participaciones minoritarias en un esquema estatal, pero ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron y fueron efectivamente expulsadas del mercado venezolano. Ambas corporaciones iniciaron batallas legales que se extendieron durante años, con laudos internacionales que las favorecieron con compensaciones multimillonarias que Venezuela nunca pagó en su totalidad. El control del petróleo venezolano se fragmentó entonces entre múltiples actores: el Estado caraqueño, la empresa estatal PDVSA, Chevron por parte de Estados Unidos, pero también Rusia, China, Cuba y compañías europeas como Shell, BP, Eni y Repsol.

Maduro, el antagonista que selló el colapso de la relación bilateral

La muerte de Chávez en 2013 no suavizó la confrontación sino que la perpetuó bajo nuevas ropajes. Nicolás Maduro, exministro de Relaciones Exteriores del fallecido presidente, continuó la política de antagonismo hacia Washington mientras consolidaba un régimen cuyas características fueron objeto de análisis crítico por organismos internacionales. El organismo de Naciones Unidas calculó que más de 20.000 venezolanos perdieron la vida en ejecuciones extrajudiciales durante su mandato. Las instituciones clave del Estado, particularmente el poder judicial, se erosionaron bajo su administración, debilitando estructuras de contrapeso democrático. Simultáneamente, Maduro profundizó los lazos con Moscú y Pekín, consolidando a China como destino para aproximadamente 80% de la producción de crudo venezolano, frecuentemente canalizada como pago de deudas previas contraídas a tasas de interés reducidas. Esta configuración geopolítica convirtió a Venezuela en un tablero de ajedrez donde la confrontación Estados Unidos-China-Rusia adquiría dimensiones estratégicas palpables.

Cuando Donald Trump regresó a la presidencia norteamericana en su segundo término, la retórica contra Maduro se intensificó sin precedentes. El mandatario estadounidense demandó públicamente la salida del gobierno venezolano, acusando a Maduro de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense —una afirmación que expertos independientes han desmentido sistemáticamente—. También reasumió la narrativa sobre robo de petróleo estadounidense, refieriéndose indirectamente a las nacionalizaciones impulsadas décadas atrás por Chávez. En julio del año anterior, Washington estableció una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, catalogándolo como uno de los mayores narcotraficantes del planeta. La administración estadounidense escaló entonces operaciones militares en aguas caribeñas: primero realizó incursiones aéreas contra objetivos identificados como vinculados al tráfico de drogas, luego confiscó buques tanques venezolanos, y finalmente incrementó la presencia militar en los océanos circundantes. A finales de noviembre, Trump emitió un ultimátum: que Maduro abandonara el poder, ofreciendo a cambio pasaje seguro fuera del país. Maduro rehusó públicamente, declarando a sus seguidores que no buscaba una paz de esclavo y acusando a Estados Unidos de pretender apropiarse de las riquezas petroleras nacionales.

El nuevo orden: control estadounidense sin presencia electoral

Lo ocurrido en enero de este año fue, en términos de relaciones internacionales, un acontecimiento de magnitud extraordinaria. Una operación militar ejecutada en horas tempranas de la madrugada en Caracas logró capturar al presidente de un país soberano y trasladarlo a jurisdicción estadounidense. El suceso fue caracterizado por autoridades venezolanas posteriores como un secuestro. Sin embargo, Delcy Rodríguez, quien asumió funciones presidenciales interinas, modificó rápidamente su posición pública. De condenar la operación como violación de soberanía, evolucionó hacia una disposición a colaborar con Washington. Este cambio de postura facilitó que, meses después, en agosto de este año, se anunciara públicamente el acuerdo sobre reservas petrolíferas que había permanecido en negociaciones confidenciales. La Casa Blanca caracterizó el pacto como otorgándose a sí misma derechos potentes de gobernanza sobre miles de millones de barriles de petróleo venezolano. Curiosamente, la administración estadounidense agregó consideraciones sobre crecimiento del sector privado como instrumento para catalizar una eventual transición democrática en Venezuela, una afirmación que generó escepticismo en círculos analíticos caraqueños.

La figura de Rodríguez se vio rápidamente enfrentada a un dilema político delicado. Diferentes sectores políticos y voces especializadas en economía venezolana cuestionaron su capacidad de decisión sobre recursos nacionales, argumentando que el acuerdo representaba una transferencia de soberanía sobre activos estratégicos. Un economista prominente describió el pacto como predatorio, subrayando que la firma ocurrió bajo coerción militar, lo que le confería características de imposición forzada. El mismo analista argumentó que las acciones estadounidenses han transformado a Venezuela en una entidad que funciona como protectorado, aunque sin las formalidades administrativas de serlo. Comparó la estrategia norteamericana con intentos históricos precedentes de gobernar naciones desde capitales imperiales, concluyendo que esos experimentos nunca han desembocado en resultados benéficos para las poblaciones afectadas. La tensión central gira así alrededor de si Rodríguez actúa como negociadora que salvaguarda intereses venezolanos o como administradora que cede a presiones geopolíticas irresistibles.

Las consecuencias de este acuerdo se desplegarán sobre múltiples planos en los próximos años. Desde la óptica estadounidense, la medida asegura acceso garantizado a reservas petroleras abundantes y reduce dependencia de proveedores con gobiernos potencialmente antagonistas. Desde la perspectiva de Venezuela, el escenario presenta aristas contradictorias: por un lado, la transferencia de recursos estratégicos a control extranjero podría generar divisas necesarias en una economía colapsada, potencialmente aportando recursos para reconstrucción estatal; por otro lado, historicamente, cuando naciones han cedido gobernanza sobre recursos naturales a potencias externas, los beneficios para poblaciones locales han sido marginales. El rol de Rodríguez y su capacidad de renegociar términos en favor de los intereses venezolanos permanece como variable abierta. La comunidad internacional, entretanto, observa cómo se rediseña el mapa de poder energético global en una región que históricamente ha sido teatro de tensiones geopolíticas de envergadura.