La maquinaria judicial californiana acaba de fijar un nuevo hito en una batalla legal que se remonta a más de una década atrás. James Safechuck y Wade Robson, quienes se convirtieron en rostros públicos de las acusaciones contra Michael Jackson tras participar en el documental "Leaving Neverland" de 2019, verán su caso llevado ante los tribunales recién en febrero de 2028. La decisión del juez Michael E. Whitaker representa tanto un cierre de capítulo como una prolongación de una disputa que ha trascendido los límites del derecho penal para adentrarse en territorios complejos: la responsabilidad corporativa, la protección de menores y el poder narrativo de la industria del entretenimiento.

Lo que ocurrió el viernes 12 de junio en las cortes de California no fue simplemente un trámite más en un expediente saturado. Ambas partes —los demandantes y la defensa de las empresas Jackson— acordaron renunciar a los plazos que de otra manera hubieran acelerado el proceso judicial. Los abogados argumentaron que los tiempos de preparación requerían un respiro: la declaración de Safechuck enfrentaba demoras debido a conflictos en la agenda del letrado que lo representa, mientras que el árbitro encargado de supervisar varias deposiciones carecía de disponibilidad suficiente. El magistrado, consciente de estas realidades procesales, programó una nueva audiencia de seguimiento para septiembre, buscando mantener el expediente dentro de los carriles de avance constante.

El núcleo de la disputa: corporaciones y culpabilidad

Safechuck y Robson no demandan únicamente al cantante fallecido. Desde 2013 y 2014 respectivamente —cuando presentaron sus demandas iniciales— sus abogados han perseguido un objetivo legal más ambicioso: responsabilizar a MJJ Productions y MJJ Ventures, las entidades empresariales controladas por Jackson, por negligencia, violación de deberes de cuidado y angustia emocional intencional. Durante años, sus reclamos fueron desestimados. Los tribunales consideraban que estas corporaciones, al ser propiedad exclusiva de Jackson, no podían tener obligaciones legales independientes de aquél. Pero en 2024, un panel de apelaciones revirtió esa lógica jurisprudencial.

El giro decisivo llegó cuando la corte de apelaciones estableció un precedente relevante: las compañías pueden ser deudoras de deberes propios de protección hacia las víctimas, incluso cuando están totalmente controladas por el presunto perpetrador del abuso. Este razonamiento abre interrogantes profundos sobre cómo la ley debe entender la estructura corporativa cuando ésta funciona como instrumento facilitador de delitos. En el contexto histórico del litigio civil estadounidense, esta conclusión representa un viraje significativo respecto a doctrina anterior que tendía a confundir la responsabilidad de la persona jurídica con la de sus propietarios únicos. Robson y Safechuck, al consolidar sus casos en 2024, ganaron el derecho a presentarse ante un tribunal con su causa unificada.

Los hechos que sustentan la acusación

Ambos hombres relatan haber sido acercados por Jackson durante sus infancias, cuando rondan los siete y diez años de edad. La presunta conducta habría ocurrido en Neverland, la propiedad ubicada en Santa Bárbara, California, convertida en símbolo de la vida privada del músico. Durante el documental dirigido por Dan Reed hace cinco años, Safechuck —hoy escritor, actor y cineasta— y Robson —coreógrafo y director de proyectos audiovisuales— detallaron sus vivencias de manera que generó repercusiones globales. Sin embargo, el contexto que rodea estas acusaciones es más intrincado que un simple relato de abuso. Jackson ya había enfrentado acusaciones previas en dos ocasiones distintas: una en 1994, cuando acordó un arreglo extrajudicial de veinticinco millones de dólares con la familia de Jordan Chandler, quien lo acusó de molestia sexual, y otra en 2003, cuando fue acusado formalmente de siete cargos de abuso sexual infantil y dos de intoxicación de menores. Fue absuelto en 2005 tras un juicio de cuatro meses y medio.

Lo peculiar del caso actual es que tanto Robson como Safechuck habían testificado bajo juramento durante el proceso penal de 2005, negando en ambas ocasiones haber sido abusados. Sus declaraciones posteriores en el documental de 2019 representan un cambio de narrativa radical. La defensa mantiene una postura inflexible: Jackson fue absuelto hace casi dos décadas, los supuestos afectados negaron los hechos bajo juramento, y la herencia del cantante ha reiterado en múltiples ocasiones que estas acusaciones carecen de fundamento. No obstante, el sistema judicial californiano ha permitido que la acción civil prospere, estableciendo una vía paralela a la esfera penal donde estándares de prueba distintos aplican.

La película que reavivó la polémica

Apenas semanas antes de que se fijara la nueva fecha de juicio, llegó a las pantallas de cine un biopic titulado simplemente "Michael", dirigido por Antoine Fuqua. El film ha generado una tormenta de críticas, pero no por la razón que podrían esperar quienes siguen este caso. El producción ha recaudado doscientos diecisiete millones de dólares a nivel global, rompiendo récords para el género del biopic musical —superando incluso el desempeño de "Bohemian Rhapsody" de 2019—. Sin embargo, su narrativa estratégica ha despertado cuestionamientos sobre qué historias merece contar la industria del cine y cuáles permanecen en silencio.

La película traza la vida del músico desde su niñez hasta el apogeo de su carrera en los años ochenta tardíos, deteniéndose deliberadamente antes de que cualquier acusación de abuso llegara a la esfera pública. El primer reclamo formal contra Jackson no surgió sino hasta 1993, una década después del punto donde el film concluye. Este corte temporal no fue accidental. Una cláusula contractual en un acuerdo legal anterior obligó a los productores a efectuar reshoots por valor de quince millones de dólares, modificando el final de la película y reorientando la tensión narrativa hacia la relación del cantante con su padre, Joe, interpretado por Colman Domingo. Dan Reed, el cineasta detrás del documental que revitalizó las acusaciones, ha emitido declaraciones públicas criticando tanto la película como lo que considera una omisión deliberada de contexto crucial. Reed llegó a comparar la conducta presuntamente documentada por Jackson con casos de magnitud internacional en términos de depravación, generando un debate sobre la responsabilidad de los realizadores audiovisuales al aproximarse a material delicado.

La paradoja es evidente: mientras que una miniserie documental de 2019 logró reanimar un proceso legal que se presumía cerrado, una película de cincuenta millones de dólares de presupuesto ha elegido la estrategia opuesta, construyendo una narrativa que bordea meticulosamente las aguas turbulentas de las acusaciones. Para la crítica cinematográfica, esto representa una decisión editorial legítima de cómo contar una historia. Para los demandantes y sus defensores, simboliza una perpetuación de los patrones que permitieron que supuestos delitos ocurrieran sin impedimento durante años: la construcción de un ícono cultural blindado contra el escrutinio.

Proyecciones y consecuencias futuras

El calendario que ahora marca febrero de 2028 aún dista de ser definitivo. La audiencia de septiembre próximo servirá como punto de control donde cualquier nueva complicación podría retrasar nuevamente el desenlace. Lo cierto es que para entonces, las dinámicas culturales habrán evolucionado. La industria del entretenimiento continúa experimentando transformaciones respecto a cómo procesa y cuenta historias de abuso; los estándares legales en torno a la responsabilidad corporativa siguen siendo redefinidos por tribunales en múltiples jurisdicciones; y la sociedad sigue procesando qué significa honrar logros artísticos mientras se examina críticamente la conducta personal de sus creadores. El caso de Robson y Safechuck, lejos de ser un epílogo, constituye un capítulo en una conversación más amplia sobre cómo las instituciones —legales, culturales, empresariales— responden cuando se encuentran ante la tarea de equilibrar múltiples verdades incómodas simultáneamente. La resolución de 2028 ofrecerá respuestas a interrogantes legales específicos, pero es improbable que clausure las preguntas fundamentales que este caso ha puesto en circulación.