Una prórroga en tiempo de turbulencias
A mediados de esta semana, la Oficina Anticorrupción emitió una resolución que modifica los plazos para que los funcionarios nacionales entreguen sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2025. La fecha límite se corrió del 30 de mayo al 31 de julio, según lo establecido en la Resolución 3/2026 que circuló entre los organismos del Estado. La decisión administrativa llega cargada de simbolismo: mientras el Gobierno argumenta razones técnicas para justificar la demora, los titulares de las secciones de política nacional están dominados por los escándalos de patrimonio que rodean a dos funcionarios de primer nivel del Ejecutivo.
Gabriela Zangaro, quien asumió hace poco más de un mes la conducción del organismo anticorrupción, firmó la resolución que extiende el período de presentación. Según la fundamentación oficial, la prórroga resulta necesaria porque la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregará información sobre declaraciones fiscales relacionadas con impuestos a las Ganancias y Bienes Personales durante la primera quincena de junio. Sin esa documentación tributaria, señalan desde el Gobierno, los funcionarios no podrían completar adecuadamente sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción. Una explicación que, aunque técnicamente plausible, genera cierta ironía en el contexto de las revelaciones que atraviesan al oficialismo.
El caso Adorni: omisiones que escalan en la Justicia
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una controversia que pone en tela de juicio los mecanismos de control patrimonial del Estado. Los hechos son estos: su esposa, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. Se trata de un inmueble que debería haber sido incluido en el anexo reservado de la declaración jurada del jefe de Gabinete presentada ante la Oficina Anticorrupción, pero no aparece allí. El propio Adorni entregó la parte pública de su declaración el 4 de agosto del año pasado, sin incluir la documentación complementaria que debía contener el detalle de bienes inmuebles de su cónyuge.
La información sobre el inmueble en Indio Cua salió a la luz pública gracias a una investigación periodística que accedió a registros públicos de la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense. Allí consta que Angeletti, identificada por su fecha de nacimiento y nacionalidad, se convirtió en titular de la Unidad Funcional 380 cuando realizó la transacción. Los documentos catastrales también consignan que, al momento de la compra, Angeletti estaba casada con Adorni. Sin embargo, este dato no fue reportado a tiempo a la Anticorrupción a través de los canales que establece el protocolo institucional.
Recién este mes, después de que ya avanzara una causa por enriquecimiento ilícito en contra del jefe de Gabinete y luego de que la Justicia requiriera directamente a la Oficina Anticorrupción la totalidad de la documentación presentada por Adorni, es que la propiedad fue informada. La secuencia de eventos genera preguntas incómodas: ¿por qué no figuró en la declaración inicial? ¿quién financió la adquisición y bajo qué términos? Dos semanas atrás, la Oficina Anticorrupción remitió esta nueva documentación al juzgado de Ariel Lijoy y a la fiscalía de Gerardo Pollicita, quienes ahora cuentan con más elementos para instruir la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
Frugoni y los activos invisibles en Delaware
Mientras Adorni se debate entre omisiones y aclaraciones tardías, emergen a la superficie otros casos que evidencian patrones similares de falta de transparencia patrimonial. Carlos Frugoni, máximo responsable de Infraestructura y Transporte dentro del Ministerio de Economía, figura en el centro de una revelación sobre activos no declarados en Estados Unidos. Esta semana trascendió que el funcionario no informó ante las autoridades argentinas sobre ocho propiedades ubicadas en territorio estadounidense.
El mecanismo utilizado para controlar estos inmuebles revela sofisticación en la estructuración patrimonial: Frugoni opera a través de dos sociedades de responsabilidad limitada constituidas en Delaware, uno de los estados estadounidenses más opacos en materia de información corporativa. Genova LLC y Waki LLC son las denominaciones de estas entidades, creadas en 2021 y 2025 respectivamente. A través de estas estructuras, el funcionario habría adquirido y administra departamentos ubicados en Florida cuyos valores varían entre 140.000 y 310.000 dólares cada uno. La utilización de jurisdicciones opacas como Delaware para constituir sociedades que controlen bienes raíces en el extranjero forma parte de un esquema conocido en los círculos financieros internacionales como una herramienta para dificultar el rastreo de beneficiarios reales y la identificación de fuentes de financiamiento.
El contexto amplio: control e impunidad
Estos dos casos ilustran una problemática estructural que trasciende a los funcionarios involucrados: la capacidad de inspección y control patrimonial del Estado argentino presenta brechas significativas. La Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, funciona como el organismo responsable de velar por la transparencia en las declaraciones de bienes de los servidores públicos. Sin embargo, los mecanismos de detección de omisiones parecen depender en gran medida de que terceros —ya sean periodistas, magistrados o la ciudadanía— realicen trabajos de investigación que el propio sistema no consigue ejecutar de manera preventiva.
En el caso de Adorni, la omisión de la propiedad en Indio Cua recién fue detectada por una investigación de prensa que consultó registros públicos accesibles. En el de Frugoni, el descubrimiento de propiedades en Estados Unidos mediante estructuras societarias opacas sugiere que hay activos que simplemente no ingresan al radar de los mecanismos de control interno. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿qué está pasando con las declaraciones juradas que los funcionarios sí presentan? ¿cuál es el nivel de verificación real que realiza la Oficina Anticorrupción? ¿existen procedimientos de cotejo con bases de datos tributarias, catastrales e internacionales?
Ampliación de plazos: ¿respiro administrativo o táctica?
La prórroga de dos meses para la entrega de declaraciones juradas, aunque cuenta con una justificación técnica relativa a la información que ARCA debe proporcionar, llega en un momento políticamente sensible. No es menor que mientras se amplían los tiempos para que los funcionarios presenten sus bienes, salgan a la luz omisiones en declaraciones ya efectuadas. La ampliación del plazo, en este contexto, podría interpretarse como un respiro administrativo que les permite a otros funcionarios revisar, completar o ajustar sus presentaciones antes del nuevo vencimiento.
Gabriela Zangaro, al frente de la Anticorrupción desde hace poco más de treinta días, firma una resolución que modifica el calendario de presentaciones. Es demasiado pronto para evaluar la gestión de la nueva titular del organismo, pero estos primeros pasos generan atención. La extensión de plazos es una herramienta administrativa legítima cuando existen obstáculos técnicos, pero también es una decisión que requiere escrutinio cuando llega en el marco de escándalos de transparencia. La ciudadanía merece claridad sobre si se trata de una medida necesaria por razones operativas o si responde a otras consideraciones.
Lo que sí es evidente es que los casos de Adorni y Frugoni exponen un sistema de control que funciona con considerable retraso. Las omisiones y los activos ocultos se descubren de manera casi accidental, no gracias a mecanismos de supervisión proactivos. Mientras se espera por las nuevas declaraciones juradas —ahora con vencimiento el 31 de julio—, queda pendiente una reflexión más profunda sobre cómo fortalecer la capacidad estatal para detectar y prevenir estas irregularidades desde el inicio, no después de que escándalos públicos las expongan.