Cuando la factura de la luz apaga la administración pública

El suministro eléctrico se interrumpió durante casi dos horas en las oficinas donde funciona la gestión administrativa de San Martín de los Andes. No fue un fallo técnico casual ni una contingencia climática: fue el EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) ejecutando el corte por una deuda acumulada superior a los 1.747 millones de pesos. El episodio, ocurrido recientemente, obligó a suspender la atención de trámites en el Palacio Municipal y en la sede del Concejo Deliberante, exponiendo públicamente una crisis financiera que llevaba años gestándose en silencio. Aunque las primeras versiones oficiales hablaron de un "inconveniente eléctrico", la realidad que emergió fue mucho más cruda: una municipalidad que no conseguía ponerse al día con sus obligaciones ante el proveedor provincial de energía. Esta situación representa no solo un tropiezo administrativo, sino un quiebre en la operatividad de servicios esenciales que afectan directamente a los habitantes de la localidad.

Detrás de esta cifra estratosférica existe un entramado de decisiones históricas y acuerdos que, con el paso del tiempo y los cambios económicos, quedaron obsoletos. La raíz del problema se remonta a años atrás, cuando la cooperativa local encargada de la distribución de agua potable atravesaba dificultades para financiar su propio consumo eléctrico. Frente a esa situación, la municipalidad tomó la decisión de hacerse cargo del pago de la energía destinada a las estaciones de bombeo—infraestructura que abastece a más de 40 barrios de la ciudad—y de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Lo que comenzó como una medida temporal para garantizar servicios básicos se convirtió, con el tiempo, en una obligación permanente que el municipio no podía sostener. Las sucesivas aumentos en las tarifas eléctricas profundizaron el desequilibrio, transformando lo que fue un acuerdo razonable en una carga insostenible para las arcas públicas.

Un convenio de dos décadas que colapsó bajo su propio peso

La piedra fundamental de este conflicto es un documento que data del año 2006: la Ordenanza Nº 7158/2006, que estableció los términos de colaboración entre la municipalidad y la cooperativa de agua local. Casi veinte años después, esa norma sigue vigente, aunque las autoridades municipales la califican como "desequilibrada" y completamente desajustada respecto a la realidad económica actual. Lo que fue pensado en un contexto de precios relativos muy distintos se convirtió en una trampa cuando la inflación y los ajustes tarifarios modificaron la ecuación financiera. El intendente Carlos Salonitibus y su equipo cuestionan la viabilidad de mantener un acuerdo que, en las condiciones presentes, resulta prácticamente imposible de cumplir. Este diagnóstico abrió el camino hacia la búsqueda de una solución integral que permitiera normalizar la deuda sin comprometer aún más las finanzas municipales.

Frente a la intimación formal del EPEN mediante carta documento, la administración local presentó una propuesta de refinanciación que busca estirar el pago de la deuda en el tiempo. El esquema contempla 24 cuotas mensuales, cada una cercana a los 100 o 102 millones de pesos. Al sumar los intereses y el IVA financiero que genera el financiamiento, el monto total que terminará pagando el municipio ascendería a aproximadamente 2.363 millones de pesos—una cifra significativamente superior a la deuda original, pero que permite distribuir la carga a lo largo de dos años. Esta estrategia responde a una realidad elemental: la municipalidad no dispone de la liquidez necesaria para cancelar el pasivo de una sola vez, y un corte sostenido de energía paralizaría completamente los servicios públicos de la localidad. Sin embargo, la implementación del plan enfrenta un obstáculo institucional importante: requiere la aprobación del Concejo Deliberante.

La traba política que posterga la solución

El poder legislativo municipal se encuentra actualmente en receso invernal, lo que significa que la próxima sesión ordinaria no está prevista hasta el 30 de julio. Esa brecha temporal genera un dilema complejo para la gestión ejecutiva: esperar la ratificación del Concejo implica mantener la incertidumbre sobre si habrá nuevos cortes de energía en dependencias públicas, mientras que avanzar sin esa aprobación requeriría recurrir a un mecanismo excepcional. Desde la intendencia no descartan el uso de un decreto ad referendúm, una herramienta que permite al ejecutivo tomar decisiones en situaciones de urgencia, siempre que esas decisiones sean ratificadas posteriormente por el legislativo. La concejala Sol Petagna, de la bancada Pro, ya expresó su preocupación ante lo que llamó un "baldazo de agua fría" y presentó un pedido de informes exhaustivo para desentrañar exactamente cómo y por qué la deuda llegó a semejante magnitud. Su postura refleja una cautela legislativa comprensible: antes de autorizar el financiamiento de una cifra tan voluminosa, es legítimo exigir transparencia sobre los orígenes del pasivo y las responsabilidades administrativas que lo generaron.

Este escenario de San Martín de los Andes no es aislado ni excepcional en el contexto actual de las finanzas municipales neuquinas. Poco menos de un mes atrás, en la ciudad de Neuquén capital, otra institución enfrentó una situación análoga cuando la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF)—responsable de la distribución eléctrica en esa localidad—procedió a cortar el suministro en instalaciones del Ejército Argentino. La cifra de la deuda acumulada desde marzo era superior a los 60 millones de pesos, siendo el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, ubicado en la calle Bejarano, el punto de suministro que concentraba la mayor mora, con más de 44 millones adeudados. Lo notable de este caso fue que de los 13 medidores que la institución militar tenía registrados en la ciudad, 10 presentaban deudas significativas por facturas de los últimos cuatro meses. Los responsables del Ejército argumentaron que la institución opera únicamente con dinero en efectivo para estas transacciones, pero la cooperativa CALF rechazaba ese medio de pago para regularizar cuentas. Tras negociaciones directas entre la cúpula del Comando de la Brigada de Montaña VI y representantes de CALF, la situación fue resuelta y el servicio se restableció. Este antecedente cercano sugiere que los problemas de cobranza de energía entre proveedores y grandes consumidores institucionales es un fenómeno más generalizado en la provincia.

Implicancias y perspectivas hacia adelante

La intersección de factores que confluyen en el apagón de San Martín de los Andes—desde acuerdos desactualizados hasta dificultades de financiamiento, pasando por la asunción municipal de costos que originalmente correspondían a otros actores—abre interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de servicios públicos en localidades medianas. Por un lado, la necesidad de garantizar agua potable y tratamiento de efluentes obliga a encontrar soluciones rápidas que no causen daño a la población. Por otro lado, la acumulación de deuda de esta envergadura genera riesgos fiscales para la administración pública y compromete su capacidad de invertir en otras áreas. La aprobación o rechazo del plan de refinanciación por parte del Concejo Deliberante tendrá consecuencias que se extenderán más allá del corto plazo: un rechazo obligaría a negociar nuevas condiciones o buscar otras fuentes de financiamiento; una aprobación, en tanto, comprometería recursos presupuestarios durante los próximos dos años. En cualquier caso, queda latente la pregunta sobre si es posible sostener indefinidamente un esquema donde la municipalidad asume costos que exceden su capacidad de pago, o si resulta necesario replantear los acuerdos y responsabilidades que vinculan a las distintas instituciones involucradas en la provisión de servicios esenciales.