Hay gestos que hablan más fuerte que cualquier discurso. Este jueves, el gobierno de Javier Milei tomó una decisión que sacudió al periodismo argentino y encendió alarmas en organismos de defensa de la libertad de prensa: prohibió el ingreso a la Casa Rosada de los cerca de 60 periodistas que habitualmente cubren la actividad presidencial con credenciales oficiales. La medida, que según fuentes gubernamentales podría extenderse al menos hasta el viernes, no tiene demasiados antecedentes en la historia reciente del país. De hecho, hay un dato que resulta imposible ignorar: ni durante los gobiernos militares que interrumpieron el orden democrático en el siglo XX la sala de prensa de la Casa de Gobierno llegó a cerrarse de esta manera.
La justificación oficial llegó de boca del funcionario Javier Lanari, responsable del área de prensa y comunicación del Ejecutivo. Según sus palabras, la decisión de revocar las acreditaciones y eliminar las huellas dactilares registradas de los comunicadores respondió a una medida "preventiva" vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal presentada por la Casa Militar. El detonante concreto fue la difusión de filmaciones que mostraban pasillos e interiores de la sede presidencial, atribuidas a periodistas del canal Todo Noticias, contra quienes se radicó una denuncia penal. Pero el gobierno fue más lejos y amplió el alcance de la restricción a toda la prensa acreditada, sin distinción. Lanari insistió en que el objetivo único de la medida era "garantizar la seguridad nacional", una fórmula que, en boca del poder, suele despertar más sospechas que tranquilidad.
La comparación que incomodó: Larreta pone a la Argentina en la misma fila que Irán y Corea del Norte
En ese contexto de tensión, quien salió a marcar el terreno con una frase de alto voltaje político fue Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, el dirigente del PRO publicó una lista que generó revuelo inmediato: "Países en los que se restringe a la prensa: Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Argentina". Sin vueltas, sin eufemismos. La equiparación de la Argentina con algunos de los regímenes más cerrados y autoritarios del planeta fue una provocación directa al oficialismo y, al mismo tiempo, un termómetro de hasta dónde llega el distanciamiento entre Larreta y la administración libertaria.
Ese alejamiento no es nuevo ni casual. Desde la campaña presidencial de 2023, Milei tuvo a Larreta como uno de sus blancos predilectos de crítica, apuntando al entonces alcalde porteño con una intensidad que fue erosionando cualquier posibilidad de entendimiento posterior. Mientras buena parte de los ex socios de Juntos por el Cambio optaron por distintos grados de acompañamiento o convivencia con el gobierno libertario, Larreta eligió el camino de la oposición firme. Esta semana volvió a confirmarlo. Su intervención no fue la de un aliado circunstancial que pone reparos, sino la de un adversario político que aprovecha cada flanco para golpear. Y este flanco, hay que reconocerlo, se lo dejaron bien abierto.
El periodismo argentino responde: "gravedad institucional" e "intempestiva"
La reacción del ecosistema periodístico no tardó en llegar y fue contundente. Tres de las principales organizaciones que agrupan y defienden a los comunicadores del país salieron a expresar su rechazo con términos que no dejan lugar a la ambigüedad. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera) coincidieron en calificar la medida como de "máxima preocupación". Las tres entidades subrayaron su "gravedad institucional" y el carácter "intempestivo" con que fue implementada, sin diálogo previo, sin aviso, sin ningún tipo de proceso que permitiera entender la dimensión real del problema que el gobierno dice querer resolver.
Lo que las organizaciones señalan va más allá del inconveniente operativo de un día sin cobertura en la Casa de Gobierno. El problema de fondo es el precedente que se sienta: que el Ejecutivo puede decidir, unilateralmente y con argumentos de seguridad, quién entra y quién no al espacio donde se ejerce el poder público. La denuncia contra dos periodistas de TN por el asunto de las filmaciones puede o no tener sustento jurídico, eso lo determinarán los tribunales. Pero utilizar esa causa puntual como excusa para desacreditar a decenas de comunicadores que nada tienen que ver con el caso es una lógica que, como mínimo, merece cuestionamiento. Y ese cuestionamiento llegó, desde las entidades del sector y desde la dirigencia opositora.
Una escalada que no empezó ni termina aquí
Este episodio no surge de la nada. Se inscribe en una escalada sostenida de agresiones verbales y acciones concretas del gobierno nacional contra periodistas y medios de comunicación. El estilo de la administración Milei hacia la prensa crítica ha sido, desde sus inicios, de confrontación abierta: descalificaciones públicas, acusaciones de parcialidad, señalamientos en redes sociales. Lo que ocurrió este jueves es, en todo caso, una nueva estación en ese recorrido, aunque con una diferencia cualitativa importante: ya no se trata de palabras, sino de una restricción física y administrativa sobre el ejercicio del periodismo en el corazón del Estado.
La referencia a una supuesta "infiltración rusa en medios de prensa" como parte de la fundamentación oficial agrega una capa de opacidad al asunto. Es una acusación de enorme gravedad que, hasta ahora, no fue acompañada de pruebas públicas ni de explicaciones concretas. En ese vacío de información, la decisión de cerrarle las puertas a la prensa acreditada en lugar de transparentar la investigación produce el efecto contrario al que el gobierno dice buscar: genera más desconfianza, más preguntas y más comparaciones incómodas, como la que se animó a hacer Larreta esta semana. Que la Argentina aparezca mencionada en la misma lista que Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela en materia de libertad de prensa es, independientemente de quien lo diga y con qué intención política lo haga, una señal de alarma que el poder haría bien en no subestimar.