El expediente que expone décadas de irregularidades
Una investigación que atraviesa varios años de gestiones gubernamentales distintas ha colocado en el banquillo de los acusados a Facundo Leal, quien ocupó posiciones de relevancia en la empresa estatal de telecomunicaciones y satélites, por presuntamente encabezar un esquema sistemático de desvíos de recursos públicos. El caso trasciende el interés meramente administrativo: los fiscales federales que conducen la pesquisa sostienen haber reunido una carga probatoria extraordinaria que evidencia cómo la corrupción no fue un hecho aislado sino una práctica institucionalizada dentro de la organización. Lo que está en juego va más allá de castigos individuales; se trata de desentrañar una trama que habría comprometido la integridad de licitaciones públicas, desviado fondos del Estado y beneficiado a empresas privadas en condiciones que nunca hubieran prosperado en un mercado de competencia genuina.
El juez Lino Mirabelli, con competencia en San Isidro, recibió en sus manos un requerimiento firmado por Fernando Domínguez y Sergio Rodríguez que solicita el procesamiento de Leal y nueve personas más. Los fiscales alegan que las defensas presentadas constituyen intentos tardíos y vanos de mejorar posiciones procesales que ya están comprometidas por la evidencia. Leal se encuentra actualmente sometido a arresto domiciliario, condición que los acusadores desean se mantenga o profundice. Paralelamente, durante los operativos de allanamiento en su domicilio se incautaron casi 2,5 millones de dólares y sustancias que generaron cargos adicionales en su contra, complejizando aún más su situación legal.
Cuatro años de acuerdos venal entre funcionarios y empresarios
El período bajo investigación abarca desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2024, un lapso que cubre administraciones de diferente signo político. Según el análisis de los fiscales, durante estos cuatro años, funcionarios estatales y directivos de Argentina Logistic Services SA (ALS) mantuvieron lo que califican como un "acuerdo venal" que permitió a la compañía privada obtener doce contratos irregulares relacionados con servicios de fletes, transportes, alquiler de grúas y la ocupación de un depósito fundamental en San Fernando. Los montos involucrados ascienden a 1.695.667 dólares y 32.210.287 pesos, cifras que el Ministerio Público considera un perjuicio directo para las arcas estatales.
La mecánica de la operación, según consta en el expediente, comenzó a tomar forma mediante contactos iniciales entre intermediarios. El 1 de noviembre de 2020, Santiago Pando, quien actúa como intermediario, contactó a Diego Padilla de ALS instándolo a comunicarse con urgencia con Gerardo Boschin, subgerente de Compras de la empresa estatal y cercano colaborador de Leal. Poco más de un mes después, el 21 de diciembre, tras una reunión en las instalaciones de la organización estatal, Padilla envió un mensaje a Sofía Varela Vizgarra que contenía referencias codificadas: "Viene todo perfecto. [...] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos". Los fiscales interpretan que la alusión a "los muchachos" refiere a los funcionarios públicos que participaban del esquema, en una clara referencia a los sobornos que debían distribuirse.
Simulacros de licitación y competencia ficticia
Uno de los aspectos más reveladores de la acusación radica en cómo se montó la apariencia de un proceso licitatorio legítimo. El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier tramitación formal, ALS alquiló el predio de San Fernando por 36 meses. El documento fue suscrito por Gastón Padilla, hermano de Diego. El mismo día en que se formalizó este acuerdo, Varela Vizgarra abrió una casilla de correo electrónico a nombre de "Tradelog", una entidad que posteriormente figuró como supuesta competidora en el proceso de compulsa de precios pero que ante los tribunales negó haber presentado oferta alguna. Esta maniobra constituye evidencia de cómo se preparaba el terreno para simular competencia.
Cuando finalmente se concretó la compulsa de precios el 10 de septiembre de 2021, ingresaron tres ofertas en un plazo sumamente breve: 43 minutos. Las tres propuestas provenían de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (empresa familiar de los Padilla). Lo que los investigadores descubrieron al analizar los archivos digitales es que los metadatos de los tres PDF identificaban a ALS como autor de todos ellos. Además, los documentos de las empresas que supuestamente competían habían sido modificados en último término por "Alvarez Juan Antonio", el comprador de la empresa estatal que había cursado las invitaciones a cotizar. Esta evidencia técnica desmorona cualquier pretensión de legitimidad en el proceso de selección: la competencia fue pura ficción, un teatro montado para darle apariencia de legalidad a decisiones que ya estaban tomadas.
Los chats revelan el timing de los pagos y la distribución de sobornos
Los fiscales procedieron a cruzar la información de las comunicaciones digitales con los registros de pagos realizados por la empresa estatal, hallando una sincronización sospechosa que fortalece la tesis acusatoria. El 12 de mayo de 2022, Arsat pagó a ALS facturas por conceptos de alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Solo cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, escribió a Diego Padilla: "Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo". Los fiscales subrayan que los rubros mencionados en la comunicación coinciden exactamente con los conceptos por los que Arsat había pagado recientemente a la empresa privada. Esta sincronización entre cobros y distribución de sobornos no puede atribuirse a la coincidencia.
Anteriormente, el 2 de marzo de 2022, Padilla había solicitado a Paredes dinero "para llevarle a Arsat", precisando: "Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000". Paredes respondió informando la disponibilidad de 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 correspondientes a tres meses de alquiler del depósito, aclarando: "Esto es para Pando por negocio Arsat". Los fiscales destacan que esta distinción entre dos fuentes de financiamiento diferentes desmorona uno de los argumentos centrales de la defensa, que pretendía que todo el dinero constituía una comisión para el intermediario. La claridad con que se especificaban los orígenes de los fondos según su destino sugiere una operatoria deliberada y consciente.
Leal en el centro de la trama institucionalizada
Aunque Leal ha sostenido que no existe "una sola constancia" de su intervención directa y que la responsabilidad penal no puede derivarse meramente de su posición, los fiscales presentan evidencia que lo ubica en el epicentro de la operación. En octubre de 2021, Pando escribió a Padilla: "Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas [...] Que inventes". Al día siguiente, Boschin comunicó que el expediente estaba "a la firma de Facu", refiriéndose a Leal. Posteriormente, cuando Leal asumió como gerente general, autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
Lo que resulta particularmente grave en la perspectiva de los acusadores es que en 2024, ya con la causa abierta, Leal fue designado responsable de Compliance en Arsat, es decir, la persona encargada de velar por la integridad institucional. En noviembre de ese año, inquirió a Boschin sobre ALS, identificó a Padilla como "tu amigo" y advirtió que se había "ido de boca en la fiscalía". Los fiscales ven en este designio una muestra más de cómo la corrupción no era un desvío ocasional sino una práctica enraizada en la estructura organizacional. Que la persona responsable de vigilar el cumplimiento normativo fuera, simultáneamente, uno de los principales protagonistas de los hechos irregulares evidencia, en su opinión, "el grado de institucionalización" que había alcanzado la corrupción dentro de la empresa.
Evidencia geolocalizada y testimonios complementarios
La investigación se apoyó también en tecnología de localización. El análisis de antenas de celulares ubicó a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas identificadas como clave, corroborando un encuentro registrado en el café Havanna de La Recova durante octubre de 2024. Los testimonios de personas cercanas a Leal añaden capas adicionales de incriminación. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, describió que Pando visitaba frecuentemente al exfuncionario, siempre en privado, manteniendo un trato de amigos. El mismo chofer reconoció a Padilla como alguien que "se juntaba con Leal en el rulero", usando una expresión que en contexto puede referirse a encuentros informales. De particular relevancia es el relato de que en febrero de 2026 Leal le encargó transportar a Mendoza dos valijas que "pesaban un montón". Cuando le mostraron fotografías, el chofer identificó una de ellas por una raspadura característica: era la valija en la cual se halló una cantidad significativa de dinero durante los allanamientos.
Procesamiento diferenciado según roles y participación
El requerimiento de los fiscales contempla un procesamiento matizado según el grado de participación de cada acusado. Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, se solicita procesamiento sin prisión preventiva por los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. Para Navarro y Álvarez se requiere lo mismo, aunque sin la imputación de cohecho. Diego Padilla y Fernando Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo, mientras que Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando se verían involucrados como partícipes necesarios. Gastón Padilla enfrentaría cargos como partícipe de la administración fraudulenta. La empresa ALS SA sería procesada conforme a las disposiciones de la ley de responsabilidad penal empresaria. Se pidieron además embargos preventivos sobre bienes de los acusados.
Las defensas y la resolución pendiente
En sus respectivos escritos de descargo, los acusados rechazaron categóricamente los cargos en su contra. Leal enfatizó la ausencia de prueba directa de su intervención, argumentando que sus responsabilidades derivaban únicamente de su posición formal. Los demás imputados presentaron objeciones particulares según su situación procesal. Los fiscales, sin embargo, argumentaron que las explicaciones presentadas constituyen "vanos intentos de mejorar la situación procesal" frente a una "carga probatoria pocas veces vista", refiriéndose al volumen y coherencia de evidencia que obra en el expediente.
La decisión final reposa ahora en manos del juez Mirabelli, quien debe analizar el requerimiento y determinar si, a su criterio, existe mérito suficiente para dictar procesamientos. Esta resolución tendrá implicancias no solamente para los imputados sino también para la comprensión de cómo operaban los mecanismos de control dentro de una empresa estatal de envergadura. El caso ilustra patrones que trascienden a los individuos involucrados: la capacidad de instituciones públicas para ser capturadas por redes de interés privado, la sofisticación con que se pueden simular procesos licitatorios legítimos, y la dificultad que presentan para los investigadores los esquemas que combinan intermediarios, comunicaciones codificadas y operatoria financiera fragmentada. Las resoluciones que adopte la justicia federal en los próximos meses contribuirán a definir no solo el destino de estos acusados sino también los estándares de rendición de cuentas que se espera de funcionarios públicos y sus colaboradores en operaciones que involucran recursos estatales.
