En una jornada crucial del prolongado litigio que examina el funcionamiento de una presunta estructura de financiamiento irregular durante la gestión Kirchner, Roberto Baratta compareció nuevamente ante el tribunal para ampliar su estrategia defensiva, cuestionando aseveraciones de testigos clave y buscando desvincularse de transacciones que la acusación le atribuye directamente. El exfuncionario kirchnerista, señalado como uno de los arquitectos de la asociación ilícita que habría operado bajo comando de la expresidenta, enfrentó declaraciones que lo comprometían en operaciones de compra de inmuebles condicionadas por presiones y amenazas. La intervención de Baratta marca un punto de inflexión en el desarrollo del caso: mientras se acumulan testimonios de pilotos y personal aeroportuario sobre movimientos de valores en vuelos presidenciales hacia Santa Cruz, su defensa intenta reconstruir una versión de los hechos que lo coloque en un rol secundario o ajeno a las presuntas irregularidades.
El dilema del departamento y las acusaciones de extorsión
Los mensajes que Hilda Horovitz, excompañera del chofer Oscar Centeno, envió a lo largo de dos años pintan un cuadro de creciente presión y demandas económicas. Según los registros incorporados al expediente, la mujer remitía comunicaciones con lenguaje amenazante y coercitivo, solicitando depósitos mensuales de cifras específicas y advertencias veladas sobre revelaciones que podría efectuar. Uno de esos mensajes contenía un pedido explícito: "Que me deposite 2000 por mes y estamos todos tranquilos", mientras que en otras ocasiones recurría a metáforas sobre el colapso conjunto: "Esto es como el dominó, cae una y caemos todos". Las amenazas escalaban cuando se refería a propiedades inmuebles, particularmente a una vivienda ubicada en la localidad de Ezeiza, expresando temores sobre complicaciones legales respecto de ese bien.
Baratta sostuvo durante su exposición que la relación con Horovitz fue completamente unilateral y que su correspondencia no recibió respuesta alguna de su parte durante los veinticuatro meses en cuestión. No obstante, el propio exfuncionario admitió haber sido informado sobre el contenido de esas comunicaciones por Centeno, su subordinado en la estructura administrativa de aquel entonces. El dilema reside en la contradicción evidente: si bien Baratta niega cualquier vínculo directo con Horovitz, reconoce haber conocido los términos de sus demandas y haber dialogado respecto de ellas con Centeno. En una de las misivas más directas, la mujer agradecía explícitamente al exfuncionario por la adquisición de un departamento ubicado en la calle Catamarca de la Capital Federal, propiedad que quedó inscrita a su nombre y donde actualmente reside.
Según el testimonio que Centeno brindó durante las etapas previas del procedimiento, fue Baratta quien le instruyó directamente para que procediese a la compra de ese inmueble a favor de su expareja. El chofer declaró que el exfuncionario le ordenó realizar la transacción como respuesta a la presión que Horovitz ejercía mediante fotografías de objetos de valor y amenazas de revelar detalles sobre los circuitos de recaudación en los que él participaba. La mujer habría manifestado su intención de denunciar los trayectos realizados en operaciones de financiamiento ilícito si no se satisfacían sus demandas económicas. El departamento en cuestión fue adquirido con un techo presupuestario de sesenta mil dólares, monto que la propia Horovitz tuvo oportunidad de seleccionar.
Confrontación con el testimonio de Lavagna y la cuestión de los sobreprecios
Paralelamente a su defensa respecto de Horovitz, Baratta dedicó segmentos significativos de su intervención a refutar aseveraciones formuladas por Roberto Lavagna, funcionario que se desempeñó como titular del Ministerio de Economía durante parte del gobierno de Néstor Kirchner. Lavagna había testified hace una semana sobre la existencia de márgenes de incremento de costos en el área de Vialidad que rondaban, en promedio, el veinte por ciento durante el año 2005. Estas afirmaciones del exministro constituyen un elemento dentro de la hipótesis acusatoria que sostiene que los fondos obtenidos mediante sobreprecios y esquemas irregulares de recaudación tenían como destino último la provincia de Santa Cruz.
El contraargumento presentado por Baratta, articulado mediante material visual que utilizó durante su exposición, intentó socavar la credibilidad o la precisión de lo expresado por Lavagna. Sin embargo, los detalles específicos de los cuestionamientos del exfuncionario no fueron exhaustivamente desarrollados en el registro disponible. Lo que resulta relevante es que esta maniobra defensiva se enmarca en un patrón más amplio: mientras la acusación construye un relato de desviación sistemática de recursos públicos, la defensa busca fragmentar ese narrativa mediante impugnaciones a testimonios individuales y distanciamientos de transacciones particulares.
El contexto histórico en el cual estos hechos presuntamente ocurrieron reviste importancia adicional. Durante la administración Kirchner, que se extendió entre 2003 y 2015, las obras públicas experimentaron un crecimiento significativo en volumen de inversión. Los proyectos relacionados con infraestructura vial, en particular, representaron componentes sustanciales del gasto estatal. La cuestión de los sobreprecios en estas áreas ha sido materia de investigación y controversia política persistente, independientemente del presente litigio.
Testimonios adicionales: el movimiento de valores en la estructura presidencial
Mientras Baratta desarrollaba su estrategia defensiva, el proceso continuaba incorporando testimonios de personal que operó en contextos próximos a la cúpula ejecutiva. Claudio Mario Sacchi, quien se desempeñó como despachante de las aeronaves presidenciales entre 2004 y 2018, declaró ante el tribunal que los equipajes de mano del entonces presidente Néstor Kirchner y de sus secretarios no eran sometidos a procedimientos de inspección convencionales. Sacchi expresó tener conocimiento explícito de que estos bultos no eran controlados, aunque manifestó desconocer las razones subyacentes a tal decisión.
Sergio Oscar Velázquez, piloto civil que operó aviones presidenciales, testificó sobre entre tres y cuatro ocasiones en las que trasladó a Daniel Muñoz, quien se desempeñaba como secretario privado del presidente, desde Buenos Aires hasta la provincia de Santa Cruz. Estos desplazamientos constituían vuelos exclusivos, y durante los mismos se transportaban valijas que se encontraban cerradas y aseguradas con candados. La convergencia de estos relatos —equipajes sin revisión, traslados especiales, destinos concentrados en Santa Cruz— alimenta la línea acusatoria que sostiene un circuito de transferencia de recursos hacia esa provincia, aunque los testimonios en cuestión no proporcionan información concluyente respecto del contenido de tales bultos.
La estructura probatoria que el tribunal analiza se compone así de múltiples estratos: testimonios sobre el funcionamiento de presuntos esquemas de recaudación en niveles administrativos inferiores, como los proporcionados por Centeno; declaraciones de funcionarios sobre detectables incrementos de costos en contrataciones públicas, como las de Lavagna; y relatos de personal operativo sobre movimientos de valores y configuraciones anómalas en protocolos presidenciales. Baratta ocupa un lugar intermediario en este andamiaje acusatorio: ni es acusado de dirigir la supuesta asociación ilícita, pero sí de haber organizado y participado activamente en sus operaciones.
Las consecuencias potenciales de las determinaciones que el tribunal adopte en las próximas etapas del litigio se proyectan sobre múltiples planos. Desde la perspectiva de la responsabilidad penal individual, las impugnaciones de Baratta a testimonios y su negación de participación directa en transacciones específicas pueden o no resultar persuasivas para los magistrados, dependiendo de cómo evalúen la coherencia general del expediente. Desde un ángulo más amplio, el resultado de este proceso incidirá sobre la comprensión histórica del funcionamiento de estructuras de poder durante la década del 2000 y sobre los mecanismos institucionales que permitieron o facilitaron presuntas desviaciones de recursos públicos. Para los imputados, sus familias y sus defensas, el resultado determinará niveles de responsabilidad legal. Para la ciudadanía, el esclarecimiento de estos hechos—o su permanencia en zonas de ambigüedad—contribuye a la configuración de percepciones sobre el estado de la institucionalidad y la vigencia efectiva de mecanismos de control sobre el ejercicio de funciones públicas.
