El retroceso de un gigante y el avance de lo inesperado

Los resultados electorales que Brasil acaba de procesar tienen consecuencias que trascienden sus fronteras nacionales. Jair Bolsonaro logró consolidar un fenómeno político que parecía circunstancial hace apenas cuatro años, demostrando que la ultraderecha conservadora ya no es un espasmo sino una estructura con raíces propias. Mientras tanto, Luiz Inácio Lula da Silva experimentó una contracción severa en su base electoral: 3.379.000 votos menos que en 2018, una sangría que revela fracturas profundas en la coalición que lo llevó de regreso a la presidencia hace apenas dos años. Lo que ocurrió el domingo pasado en las urnas brasileñas no es simplemente una victoria de la derecha: es la derrota simultánea de quien gobernaba. En una región donde el castigo electoral al oficialismo se ha vuelto patrón recurrente, este resultado adquiere significación que rebota en territorios cercanos.

El fenómeno merece una lectura matizada. En términos estrictamente electorales, la oferta de candidatos de inclinación conservadora se fragmentó entre varias opciones, lo que teóricamente debería haber debilitado a Bolsonaro proporcionalmente. Pero algo inesperado sucedió: se produjo una transferencia sistemática y prácticamente completa de sufragios desde Jair Bolsonaro hacia su hijo Flávio, quien disputaba un escaño diferente. Este traspaso de capital político dentro de una misma familia política no es anómalo en sistemas presidenciales, pero sí revela la robustez de una estructura clientelar que funciona con precisión. Los votantes de derecha dispersos en otras candidaturas probablemente gravitarían hacia Bolsonaro en un eventual balotaje, consolidando un liderazgo que muchos analistas porteños y porteñas creían destinado a la obsolescencia hace apenas dieciocho meses.

La campaña que no comprendió sus propios límites

Observadores brasileños han identificado un error estratégico en la construcción discursiva de la campaña lulista que merecería ser estudiado con atención por dirigentes argentinos de orientación progresista. El Partido de los Trabajadores subestimó la intensidad de un rechazo visceral hacia su líder en sectores de la clase media brasileña, particularmente en los estados del sur. Este no es un simple desacuerdo programático: es una animadversión emocional que funciona de manera autónoma respecto de consideraciones racionales sobre políticas públicas. La analogía con contextos argentinos resulta inevitable: el sentimiento que sectores considerables de la sociedad porteña y bonaerense exteriorizan hacia Cristina Fernández de Kirchner opera en registros similares, donde el rechazo trasciende el debate sobre gestión económica para convertirse en un fenómeno de rechazo identitario casi tribal.

Los estrategas electorales del PT cometieron lo que podría denominarse una subestimación de su propio costo político. En lugar de estructurar la campaña en torno a la construcción de un frente electoral amplio contra Bolsonaro—lo que hubiera permitido diluir el factor identitario del voto lulista—priorizaron la personalización alrededor de la figura del presidente y su partido. Esta decisión tuvo consecuencias directas: generó un volumen importante de votantes que optaron por candidatos alternativos únicamente como mecanismo de expresión del rechazo hacia el oficialismo, no como adhesión genuina a opciones distintas. Es un voto negativo, volátil, fácilmente capturado por cualquier opción que se presente como alternativa. En este terreno, Bolsonaro resultó siendo la opción más convincente para canalizar ese descontento.

Los hilos invisibles de una victoria internacional

Lo que sucedió en Brasil no quedó circunscrito al territorio brasileño. Javier Milei no solo celebró la victoria de sus aliados Bolsonaro, sino que intervino activamente en la contienda electoral, realizando una campaña agresiva en territorio brasileño a favor de los conservadores y en contra de Lula. Durante su estadía en París, el mandatario argentino aprovechó una entrevista concedida a un medio europeo para descalificar al presidente brasileño, refiriéndose a él como "ladrón" e insistiendo en narrativas sobre su situación procesal. Donald Trump, por su parte, recibió la visita de Flávio Bolsonaro y de su hermano Eduardo en la Casa Blanca, en un movimiento que señaliza el alineamiento geopolítico que podría profundizarse en caso de que el expresidente estadounidense retorne a la presidencia. La victoria electoral en Brasil se convierte, en la lectura del Gobierno argentino, en una validación de su propia estrategia política y un indicador de tendencias regionales favorables.

Sin embargo, el análisis de quiénes resultan efectivamente beneficiados por este resultado requiere mayor complejidad. La base electoral que sustenta a Bolsonaro incluye un componente de importancia capital: el sector agropecuario brasileño, un rubro económico extraordinariamente conectado con China. Esta conexión no es marginal ni anecdótica. Las inversiones chinas en Brasil adoptan formas que no se replican en otros territorios del continente: además de exportar productos e invertir en infraestructura, las empresas del gigante asiático han instalado plantas de producción automotriz en suelo brasileño, generando manufacturas tanto para consumo doméstico como para exportación regional. Se estima que más de 50.000 automóviles de origen chino producidos en Brasil llegarán a la Argentina durante los próximos períodos, aprovechando las ventajas arancelarias que proporciona el Mercosur. Esta realidad económica genera una contradicción inherente: cualquier gobierno brasileño que pretenda romper relaciones con China—como hipotéticamente podría sugerir una alianza total con Washington—enfrentaría resistencias casi insuperables de su propia base electoral agraria y manufacturera.

La presencia de Brasil en el bloque BRICS, donde convive regularmente con Xi Jinping y otros mandatarios asiáticos, no es una anomalía que pueda ser rectificada por consideraciones geopolíticas occidentalistas. Es implausible que Bolsonaro, más allá de su retórica pro-estadounidense, extraiga a Brasil de esta constelación de poderes emergentes. Lo mismo ocurrió durante su primer mandato: la retórica alineacionista nunca se tradujo en rupturas con los intereses económicos que hacen viable su coalición política. Los gobernadores brasileños que viajaron a París, donde el Gobierno argentino desplegó su maquinaria de negociación política, saben perfectamente que cualquier presidente brasileño debe negociar constantemente con Beijing, porque la economía real—no la ideología—así lo exige.

La religión como bisagra electoral

Un factor que ha crecido en capacidad determinante en las elecciones brasileñas es la movilización de votantes sobre la base de identidades religiosas. El voto evangélico, que constituye una minoría importante en varios estados brasileños, funciona según dinámicas de disciplina electoral que no se observan en otros segmentos poblacionales. En el Estado de Río de Janeiro, la geografía política se restructuró radicalmente: el 35% de los habitantes se declaran evangélicos, en comparación con el 30% que se identifica como católico, lo que otorga a la primera comunidad una ventaja de cinco puntos porcentuales que se traduce en capacidad de veto electoral. Muchos feligreses evangélicos operan bajo un sistema de orientación política canalizado a través de sus pastores, generando bloques de voto que responden a liderazgos religiosos antes que a consideraciones de programa electoral.

Este fenómeno no es exclusivo de Brasil. Argentina experimenta dinámicas similares, con un ascenso documentado de la filiación evangélica respecto de la católica tradicional. Encuestas realizadas por instituciones de investigación han registrado que mientras el 70% de los argentinos declara haber sido formado en la tradición católica, solamente el 60% se identifica actualmente con esa fe. En contraste, el evangelismo—que abarcaba al 11% de quienes fueron educados en esa tradición—ha crecido a 14,3% entre la población adulta actual. Este cambio de la geografía religiosa tiene potencial para reconfigurar patrones electorales. La visita papal que se aproxima al territorio argentino operará como un momento de expresión de estas transformaciones. El Gobierno argentino se prepara para la llegada de León XIV al país, un evento que tendrá implicaciones simbólicas que trascienden la esfera religiosa estricta para penetrar en la arena política. Resulta problemático, en este contexto, que declaraciones provenientes del ministerio de Economía hayan caracterizado a figuras políticas opositoras mediante categorías religiosas de condenación extrema, generando un ruido que podría interferir en los intentos de establecer una relación de proximidad con instituciones vaticanas.

La ingeniería política de París: alianzas visibles e implícitas

El viaje del Gobierno argentino a París funcionó como un laboratorio de negociación política cuya significación opera en múltiples niveles. Explícitamente, se presentó como una reunión de promoción de inversiones extranjeras en Argentina, necesidad acuciante dado que la economía argentina enfrenta una dinámica de estancamiento y la inversión privada ha experimentado caídas sostenidas. Algunos de los anuncios resultaron genuinamente novedosos: la empresa Total, uno de los grandes conglomerados petroleros del mundo, anunció una inversión de US$10.000 millones para los próximos diez años, una decisión que presumiblemente no había sido formalizada antes de ser presentada en la capital francesa. Otros compromisos de inversión amplificaron el mensaje: Panamerican Energy, en asociación con la empresa francesa SNF, comprometió US$1.200 millones para extender la vida productiva del yacimiento Cerro Dragón en Chubut; la empresa minera Eramet destinará US$350 millones para expandir su planta de procesamiento de litio; y Pluspetrol, que adquirió activos previamente operados por Exxon, anunció una inversión de US$12.400 millones a lo largo de veinticinco años.

Sin embargo, el verdadero propósito político de la reunión francesa operaba en un nivel más profundo e implícito. El Gobierno requería tejer un entramado de alianzas con gobernadores, particularmente los de orientación peronista, cuya colaboración resulta necesaria para la reelección de Milei en 2025. El ambiente de camaradería que se generó en París, facilitado por la presencia simultánea de mandatarios provinciales y el núcleo ejecutivo nacional, creó condiciones para negociaciones que resultarían más dificultosas en contextos de confrontación abierta. Además, el Gobierno busca eliminar las PASO, mecanismo electoral que complica sus estrategias de construcción de coaliciones. La presencia de gobernadores peronistas que aparentemente bendijeron la política económica del Gobierno, pronunciando discursos que parecían responder a un guión preestablecido, indicó que se alcanzaron acuerdos sobre ciertas cuestiones, aunque sus términos específicos permanecen en la penumbra.

Uno de los actores políticos más relevantes del escenario porteño, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó un giro espectacular en su posicionamiento durante el viaje. Había mantenido distancia crítica respecto del Presidente—incluso fue notorio el no saludo durante una ceremonia oficial—pero en París se mostró en una posición de hiperofilialismo respecto de la administración Milei. Este cambio de actitud sugiere acuerdos subyacentes. Macri aspira a constituirse en candidato de una alianza entre Pro y La Libertad Avanza para la reelección en la Ciudad, una fórmula que probablemente incluiría a Pilar Ramírez, quien funciona como representante de los intereses de Karina Milei en la Legislatura porteña y es esposa de Darío Wasserman, presidente del Banco Nación.

Las sombras sobre la arquitectura electoral y sus contradictions

La estrategia de alianzas que el Gobierno está construyendo enfrentará pruebas significativas en los próximos meses. La viabilidad de esta ingeniería política depende de que no emerja un candidato presidencial peronista que resulte competitivo en las encuestas. Por el momento, el escenario se presenta fragmentado. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, registra un desempeño que no avanza ni retrocede significativamente en las mediciones de intención de voto presidencial, aunque sus números en encuestas directas resultan superiores a los del Presidente. El factor que obstaculiza una eventual candidatura kicillofista es su relación conflictiva con Cristina Fernández de Kirchner, una interrogante respecto de cuál es la prioridad para el gobernador: si alcanzar la presidencia de la república o mantener una posición subordinada respecto de la expresidenta.

Sergio Massa, quien continúa tejiendo relaciones con diversos actores políticos y empresariales, sostiene públicamente que el próximo presidente debe ser peronista y plantea un retorno a las premisas de la administración Néstor Kirchner: superávit gemelo comercial y fiscal, acompañado de políticas de protección arancelaria. Internamente, Massa circula entre un discurso público que demanda renovación y figuras no convencionales, mientras que privadamente se muestra entusiasmado con los resultados de encuestas que lo muestran potencialmente viable en un balotaje. Su imagen pública carga con una valoración extraordinariamente negativa, lo que limita su capacidad de movilización electoral. La encuesta de Hugo Haime, que midió un balotaje hipotético, mostró a Massa con un desempeño levemente superior al del Presidente, aunque inferior al que registra Kicillof. Es un indicador limitado, pero suficiente para mantener al exministro de Economía en el escenario de posibilidades.

Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, senador nacional por esa provincia y figura de considerable poder regional, mantiene aspiraciones de constituirse en candidato presidencial peronista. Su