La provincia de Buenos Aires judicializó su demanda por un financiamiento internacional que lleva más de dieciocho meses sin resolver en las dependencias nacionales. A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial presentó una demanda ante el Juzgado Federal N°4 de La Plata solicitando que el Ministerio de Economía se expida en un lapso de diez días acerca de un respaldo estatal para un crédito preacordado con el Banco Mundial. La cifra en cuestión asciende a US$270 millones, recursos destinados íntegramente a tareas de remediación ambiental en la cuenca del Río de la Plata. Este movimiento judicial marca un quiebre en la estrategia de negociación provincial y expone la parálisis administrativa que impide avanzar en proyectos de saneamiento con implicancias directas en la salud de más de un millón de habitantes en el conurbano bonaerense.
El antecedente inmediato de esta acción judicial se remonta a un encuentro entre altos funcionarios del gobierno nacional en la Quinta de Olivos. Durante la reunión, el presidente Javier Milei recibió a Susana Cordeiro Guerra, responsable de las operaciones del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, junto al ministro de Economía Luis Caputo. El diálogo fue, aparentemente, una oportunidad para acelerar gestiones en materia de créditos externos. Sin embargo, esta instancia no derivó en respuestas concretas para Buenos Aires. La provincia había elevado su primer pedido de respaldo ante la cartera económica durante el transcurso de 2024, y reiteró las gestiones en abril y mayo del presente año sin obtener avances. Ese desfasaje temporal de más de dieciocho meses motivó finalmente que los letrados de la Fiscalía de Estado optaran por acudir a la jurisdicción federal.
El desequilibrio: diez provincias ya cuentan con avales, Buenos Aires espera
Mientras que la administración bonaerense permanece en la incertidumbre, otras diez jurisdicciones provinciales ya han logrado que el gobierno nacional les otorgue garantías para contraer deuda en organismos multilaterales. De acuerdo a los datos divulgados por Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Infraestructura bonaerense, los beneficiarios de estos avales comprenden a Salta, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza y Misiones. El monto acumulado de respaldos otorgados mediante decretos presidenciales suma US$180 millones, cifra que resulta significativamente inferior al volumen solicitado por Buenos Aires. Los fondos aprobados para esas jurisdicciones se destinan a propósitos diversos: ampliaciones de sistemas de agua potable, construcción de infraestructuras logísticas, impulso de actividades productivas y ordenamiento urbano territorial.
Este contraste subraya una tensión política implícita en la distribución de recursos federales. Buenos Aires, a pesar de su magnitud demográfica y su rol económico estratégico en el país, no ha logrado acceder a un respaldo que, en términos comparativos, no representa un volumen extraordinario dentro del contexto de la asignación de créditos internacionales. La demora en la respuesta nacional, según lo consignado en los escritos presentados ante la Justicia, trascendió ya el horizonte de tiempos administrativos ordinarios. Esto sugiere tanto una posible congestión burocrática como eventuales consideraciones de política jurisdiccional en la priorización de solicitudes.
Las obras detenidas y sus alcances territoriales
Los US$270 millones preacordados con el Banco Mundial se destinarían al Programa para el tratamiento y disposición final de residuos de los líquidos cloacales en La Plata, Berisso y Ensenada. La iniciativa contempla la construcción de una Planta de Tratamiento Primario Avanzado emplazada en Berisso, que funcionaría dentro del área de una instalación existente. El sistema incluye también un conducto emisario enterrado bajo tierra, un emisario subfluvial y un difusor de descarga. La vinculación entre la nueva planta y el conducto emisario se realizaría mediante una estación de bombeo y una cámara de carga, ambas localizadas dentro del predio actual. Se trata de una obra de envergadura que busca reducir la contaminación microbiológica y química que hoy caracteriza a ese tramo del Río de la Plata.
Empero, este proyecto no es el único que ha quedado en suspenso por la ausencia de respaldos nacionales. El gobierno provincial tiene paralizada también la ejecución de un programa orientado al desarrollo ambiental sostenible de la cuenca hídrica que conforman los arroyos San Francisco y Las Piedras, espacios que atraviesan los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes. De manera simultánea, aguardan financiamiento internacional para iniciarse la construcción de un acueducto en San Martín, la ampliación del cauce del río Salado, el acondicionamiento hidráulico del río Areco y el trazado de la Autovía 6. Adicionalmente, existe un proyecto especifico para remediar los líquidos cloacales del arroyo El Gato, obra que beneficiaría directamente a más de un millón de habitantes de las jurisdicciones de La Plata, Berisso y Ensenada. Tomados en conjunto, estos emprendimientos reflejan una cartera de iniciativas de infraestructura hídrica de considerable alcance territorial y demográfico, cuyo avance se encuentra condicionado al desenlace de estas negociaciones entre niveles de gobierno.
La provincia de Buenos Aires concentra aproximadamente 17 millones de habitantes, lo que la posiciona como la jurisdicción más poblada del territorio nacional. La magnitud de esta población en relación con las obras detenidas significa que cualquier demora prolonga la exposición de millones de personas a condiciones ambientales deficientes en materia de tratamiento de efluentes. Los partidos que serían beneficiados por estos proyectos constituyen epicentros de densidad poblacional donde la infraestructura sanitaria resulta especialmente crítica. Históricamente, la cuenca del Río de la Plata ha registrado niveles significativos de contaminación acumulada, resultado de décadas de vuelco de residuos sin tratamiento adecuado. Las iniciativas ahora frenadas representarían un paso relevante hacia la reversión de ese cuadro.
Las restricciones presupuestarias y la dependencia del financiamiento externo
Según datos comunicados por la administración bonaerense, la provincia de Buenos Aires mantiene un stock de endeudamiento que alcanza los US$10.980 millones. De ese total, el 79 por ciento se encuentra expresado en moneda extranjera, mientras que el 21 por ciento restante corresponde a obligaciones en pesos. Esta composición refleja la histórica dependencia de Buenos Aires respecto del financiamiento internacional y expone su vulnerabilidad a fluctuaciones del tipo de cambio. En 2021, bajo la administración Kicillof, la provincia llevó a cabo una reestructuración integral de su deuda que modificó el perfil de vencimientos. Actualmente, el 53,4 por ciento de esos compromisos tiene plazo largo, mientras que otro 36 por ciento vence dentro del horizonte de mediano plazo hasta el año 2030. Un remanente del 10 por ciento tenía vencimientos programados entre 2025 y julio del corriente año.
Para el ejercicio fiscal 2025, el gobierno bonaerense enfrenta servicios de deuda totalizados en US$2.545 millones, según lo consignado por la cartera de Economía provincial. Frente a esa obligación, la Legislatura bonaerense autorizó al ejecutivo provincial a contraer nuevos endeudamientos por hasta US$3.000 millones durante el año. La fracción mayoritaria de ese nuevo financiamiento se orientaría al cubrimiento de los servicios de deuda existente, dejando un margen limitado para nuevas inversiones. Según el análisis expuesto por el gobierno provincial, la obra de saneamiento ambiental por US$270 millones no puede ser solventada por medio de recursos presupuestarios propios, dado el nivel de presión que ya ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas. La ausencia de respaldo nacional para acceder a crédito internacional genera, por tanto, un efecto de bloqueo real sobre la capacidad de ejecución de iniciativas infraestructurales.
Este panorama de restricciones fiscales no constituye una singularidad de Buenos Aires. En los últimos quince años, la mayoría de las provincias argentinas ha experimentado ajustes estructurales en sus matrices de gastos, producto de crisis macroeconómicas recurrentes y limitaciones en la recaudación tributaria local. La dependencia de los gobiernos provinciales respecto del financiamiento internacional representa una característica estructural del federalismo fiscal argentino, donde el acceso a crédito multilateral frecuentemente resulta determinante para la realización de inversiones en infraestructura básica. La demora en otorgar garantías nacionales, entonces, no se limita a una cuestión administrativa sino que impacta directamente en la viabilidad de proyectos con externalidades positivas para amplios segmentos de la población.
Desde una perspectiva prospectiva, la judicialización del reclamo bonaerense abre varios escenarios posibles. Un pronunciamiento favorable del Juzgado Federal podría forzar una respuesta expeditiva del Ministerio de Economía y habilitar el desembolso de recursos internacionales en plazos relativamente breves. Alternativamente, una decisión adversa consolidaría la parálisis actual y obligaría a la provincia a buscar mecanismos alternativos de financiamiento, posiblemente mediante reestructuraciones presupuestarias o la reducción de otros programas de inversión. Desde el ángulo de las relaciones intergubernamentales, el conflicto refleja tensiones que trascienden a Buenos Aires, ya que otras jurisdicciones podrían verse tentadas a recurrir a similares estrategias judiciales si sus propias demandas de respaldo nacional quedaran sin respuesta. Asimismo, la cuestión subyacente sobre criterios de distribución de garantías nacionales para crédito internacional permanece sin clarificarse públicamente, dejando sin precisar los parámetros que rigen la priorización de solicitudes provinciales en la cartera de Economía.
