La tensión dentro del oficialismo volvió a asomar este miércoles cuando Patricia Bullrich, quien lidera el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, cuestionó públicamente los movimientos ejecutivos en torno a la venta de terrenos a extranjeros. Su crítica no apunta simplemente a un error de gestión: reconoce que la estrategia impulsada meses atrás, lejos de resolver la cuestión, podría terminar provocando exactamente lo opuesto a lo que pretendía. La senadora fue explícita al señalar que esta maniobra equivocada del Gobierno nacional ahora coloca en riesgo la supervivencia del decreto presidencial 70/2023, el instrumento legal más ambicioso de la administración para desregular la economía.

Lo que sucedió en las últimas horas en los pasillos judiciales funcionó como catalizador de estas declaraciones internas. La Corte Suprema resolvió dejar sin efecto los límites que impedían que ciudadanos extranjeros adquirieran terrenos en territorio argentino. La decisión del máximo tribunal reactivó, en la práctica, un capítulo del mega decreto que había sido derogado hace poco más de dos años. Ese mismo capítulo, sin embargo, había generado convulsiones políticas tan profundas que terminó siendo excluido de un proyecto legislativo complementario que buscaba blindar estas medidas mediante una ley. Federico Sturzenegger, ministro encargado de desregular la economía, había impulsado con insistencia estas reformas, pero la presión de sectores diversos —desde la oposición hasta movimientos sociales, pasando por aliados legislativos incómodos— obligó a negociaciones que finalmente desarticularon la iniciativa original.

El reconocimiento de un error estratégico

Bullrich fue clara en su diagnosis del problema: "Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado". Esta frase, pronunciada con un tono que mezcla la crítica con la reflexión interna, resume una visión particular sobre los procesos de decisión dentro del círculo gobernante. Para la senadora libertaria, el error consistió en no esperar a que la rama judicial se pronunciara sobre el decreto antes de intentar sancionar legislativamente la medida complementaria.

Las implicancias de este desorden procesal son considerables. Cuando el Gobierno envió al Congreso el proyecto que incluía la eliminación de restricciones a la compra extranjera de tierras, se encontró con resistencias que lo obligaron a realizar modificaciones sucesivas. Bullrich fue una de las principales negociadoras durante ese período turbulento, dialogando constantemente con aliados del oficialismo para conseguir apoyos que permitieran avanzar en la votación. Sin embargo, cada cambio al proyecto original generaba nuevas fricciones. Finalmente, en agosto pasado, la Cámara de Senadores aprobó una versión depurada del texto, pero ya sin el controvertido capítulo sobre tierras. El proyecto aguarda desde entonces en Diputados, donde hasta ahora no ha recibido tratamiento.

Lo que resulta particularmente significativo en la declaración de Bullrich es su reconocimiento de que esta secuencia de eventos —el rechazo legislativo, seguido por el fallo judicial que finalmente restauró lo que el Gobierno intentaba hacer— podría resultar contraproducente. "Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos", expresó. Y agregó algo aún más revelador: "[El fallo] vino después que la ley [de tierras] no se pudo votar, así que es una posibilidad [que la oposición voltee el DNU]". Esta última afirmación representa prácticamente una admisión de que el megadecreto podría ser rechazado en su totalidad por iniciativa de los bloques opositores en Diputados.

El riesgo de un derrumbe legislativo mayor

Los números son los que hablan. Para que la oposición logre convocar a sesión especial en la Cámara Baja destinada a debatir el rechazo del decreto 70/2023, requiere reunir 129 diputados. Una vez alcanzado el quórum, simplemente necesita una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— para voltear la medida. Esto significa que no es un objetivo imposible. Los bloques opositores ya comenzaron a movilizarse con ese objetivo, proponiendo fechas concretas para una sesión especial: el 7 de octubre o el 14 del mismo mes. La particularidad de esta operación radica en que el Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024, de modo que una eventual votación negativa en Diputados sellaría el rechazo definitivo.

El contexto histórico de este conflicto merece atención. La ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, estableció límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Esa norma respondía a una preocupación por la concentración de la propiedad rural en manos foráneas, fenómeno que se había acelerado durante los años precedentes. Cuando Milei llegó al poder y comenzó a impulsar desregulaciones sin precedentes, la eliminación de estas restricciones fue concebida como parte de una estrategia más amplia de apertura económica. Sin embargo, la resistencia política a la "extranjerización de tierras" demostró ser mucho más sólida de lo que el Gobierno había anticipado. Esa resistencia no provino únicamente de la oposición; también emergió desde la ciudadanía en las calles y desde sectores de la propia coalición gobernante.

Los sucesivos aplazamientos en el tratamiento legislativo del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" (que contenía el capítulo sobre tierras) reflejaban estas tensiones. Cada vez que se fijaba una fecha para votación, surgían nuevas objeciones que obligaban a posponer el debate. Bullrich, como jefa del bloque oficialista en el Senado, fue quien transitó estas negociaciones. Sturzenegger, por su parte, mantenía críticas hacia las reformulaciones del texto, considerando que se alejaban del espíritu original de la iniciativa. Finalmente, la decisión de excluir el capítulo de tierras fue presentada como un acuerdo racional: seguir adelante con el resto de las medidas, abandonando la más controvertida.

Movimientos políticos y proyecciones de poder

Este pronunciamiento de Bullrich se inscribe en una serie de distanciamientos que ha mantenido con respecto a decisiones del Gobierno nacional en las últimas semanas. Estos gestos de diferenciación funcionan tanto como crítica interna como posicionamiento político de cara al futuro. La senadora no descartó la posibilidad de presentarse como candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2027. Durante su participación en un acto de conmemoración de los 30 años de la Constitución porteña, sostuvo que tiene "toda la posibilidad y toda la capacidad" para competir en esa elección. Sin embargo, dejó abierta también la opción de seguir compitiendo a nivel nacional.

Bullrich es la única figura libertaria que ha expresado públicamente la necesidad de sellar una alianza sólida entre La Libertad Avanza y Pro en la ciudad de Buenos Aires. Esa alianza no existe actualmente; de hecho, ambos espacios mantienen diálogos que reconocidamente están "fríos". Los legisladores violetas cuestionan frecuentemente la gestión de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Cuando se le preguntó sobre esa administración, Bullrich reconoció que presenta "luces y sombras". Elogió las políticas de seguridad implementadas por Macri, particularmente el abordaje de cuestiones como las usurpaciones. Pero también señaló que faltan avances en otras áreas y cuestionó explícitamente lo que denominó la negociación "prematura" del contrato de recolección de residuos para el período 2028-2038.

Su crítica en torno a esta última cuestión resulta ilustrativa de su forma de pensar sobre la gestión pública. Según Bullrich, adelantar en el tiempo una negociación de este calibre "tiene su lado oscuro", sugiriendo que genera espacios para operaciones poco transparentes o prematuramente comprometidas. Esta observación, viniendo de una figura que jugó roles importantes en gobiernos anteriores, adquiere un peso particular. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich era ministra de Seguridad, se concretó el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña. Hoy, casi una década después, sigue siendo una cuestión de debate cómo gestionar la relación entre seguridad local y justicia penal.

Agenda institucional de largo plazo

Bullrich también aprovechó el acto académico para retomar viejas demandas sobre la autonomía de Buenos Aires. Propuso que, entre los 60 legisladores porteños, 30 fueran elegidos por barrio en lugar del sistema actual, lo que —según ella— generaría un compromiso más directo con los territorios locales. Esta propuesta proviene de sus tiempos como convencional constituyente en 1996. Describió la falta de autonomía capitalina en aspectos como el servicio penitenciario, parte de la estructura judicial, el puerto y la Inspección General de Justicia como una "deuda pendiente" que requiere ser resuelta mediante "pasos rápidos".

Este año, el Congreso y la Legislatura porteña han aprobado la transferencia de competencias en materia laboral hacia la órbita municipal, y avanzan sobre la jurisdicción en justicia de menores y en varios fueros delictivos. Sin embargo, Bullrich señaló una contradicción que le parece problemática: la ciudad desea manejar la policía sin asumir la responsabilidad sobre los detenidos que esa policía genera. "Tiene que ser un tango que se baile de a dos", expresó, utilizando una metáfora que refleja su concepción de la negociación política. Si una jurisdicción tiene el poder de detener, debe también tener responsabilidad sobre lo que sucede con esos detenidos. En caso contrario, se produce un desequilibrio que la exministra considera injusto e ineficiente.

Por último, Bullrich cuestionó la capacidad de gasto de la ciudad. Argumentó que Buenos Aires, que recauda más impuestos que otras provincias, debería "transferir la mayor cantidad de recursos al privado y bajar impuestos" en lugar de simplemente expandir su gasto público. Esta posición refleja el pensamiento libertario sobre la gestión estatal, aunque con modulaciones que sugieren pragmatismo en la implementación.

Implicancias y perspectivas futuras

Las consecuencias de estos pronunciamientos pueden desplegarse en múltiples direcciones. Por un lado, el reconocimiento de Bullrich sobre la vulnerabilidad del decreto 70/2023 podría servir como catalizador para que la oposición se movilice con mayor confianza hacia una sesión especial de rechazo. Si efectivamente logran convocar y contar con los números necesarios, el megadecreto podría ser rechazado, lo que representaría un golpe significativo contra la estrategia desreguladora del Gobierno. Por otro lado, estos distanciamientos de Bullrich podrían interpretarse como movimientos de autopreservación política, estableciendo una diferencia respecto de decisiones que eventualmente serán vistas como errores.

La alianza entre La Libertad Avanza y Pro en la ciudad también parece estar en un punto crítico. Si Bullrich compite en 2027 como jefa de gobierno, necesitaría apoyo transversal dentro del oficialismo. Sus críticas a la gestión Macri funcionan simultáneamente como diferenciación y como base para una eventual plataforma electoral. Finalmente, la cuestión sobre la autonomía de Buenos Aires y la relación entre jurisdicciones es un debate de instituciones que trasciende al actual gobierno y posiblemente permanecerá en la agenda pública independientemente de quién ocupe el poder ejecutivo nacional. Las decisiones que se tomen sobre estos temas en los próximos meses tendrán consecuencias que se extenderán más allá del ciclo electoral 2027.