La tarde del juicio que examina la red de recaudación ilegal documentada en los cuadernos de Oscar Centeno presenció un quiebre en el ritmo de las audiencias. Candela Ini, integrante del equipo que llevó adelante la investigación periodística que dio visibilidad pública a este caso de corrupción sistemática, pasó más de siete horas frente a jueces y defensores respondiendo preguntas sobre su trabajo, sus métodos, sus contactos y, fundamentalmente, sobre la autenticidad de los registros que sirvieron de sustento a la acusación. Lo que podría parecer un trámite procesal rutinario se convirtió en un episodio de tensiones que expone las fracturas profundas en cómo se interpreta la labor periodística dentro de un proceso judicial de estas características.
El hallazgo que cambió el curso de una investigación
A principios de 2018, Diego Cabot contactó a Ini con una propuesta específica: integrar un equipo reducido que analizara un material que consideraba de relevancia periodística excepcional. Los cuadernos que Oscar Centeno, trabajador del ministerio de Planificación durante la administración anterior, había estado levantando de manera sistemática durante años, contenían anotaciones que registraban movimientos, personas, destinos y, progresivamente, dinero en efectivo. Lo que comenzó como un simple registro de trajines de funcionarios —con datos sobre origen, destino y kilómetros recorridos— se transformó en algo considerablemente más complejo. Ini describió cómo aquellos apuntes iniciales, que podrían haber pertenecido a cualquier chofer que documentase su jornada laboral, evolucionaron hacia párrafos más elaborados, con detalles que ampliaban significativamente el alcance de lo documentado.
Los nombres comenzaron a tejerse dentro de esos registros de manera progresiva. Roberto Baratta y Julio de Vido aparecían mencionados como funcionarios transportados, pero no eran los únicos. A medida que avanzaba el tiempo cubierto por los cuadernos, emergían identificaciones de otros personajes: individuos que recibían bolsos, que esperaban en lugares específicos, que formaban parte de un entramado de movimientos que hablaba de una estructura organizada. La tarea de Cabot y su equipo —que además de Ini incluía a Santiago Nasra y posteriormente a Héctor Guyot— consistió en organizar esa información dispersa, verificarla, contextualizarla y presentarla de manera que los lectores pudieran comprender la magnitud de lo que estaban viendo.
Validación y certeza: el testimonio sobre los cuadernos
La fiscal Fabiana León solicitó en un momento de la audiencia que se exhibieran físicamente los cuadernos originales, el documento primario sobre el cual se construyó toda la investigación periodística y, posteriormente, la causa judicial. Ini observó los objetos que se le presentaban y emitió una validación simple pero crucial: "Sí, son los mismos. La misma letra, el mismo contenido". Esta confirmación, aunque breve, sintetizaba meses de trabajo de análisis comparativo, de lectura reiterada de esos registros, de familiaridad minuciosa con cada trazo, cada anotación, cada corrección manuscrita que formaba parte de los cuadernos.
Durante su declaración, Ini detalló cómo fue el primer contacto con el material. Cuando Cabot le mostró aquellos registros en enero de 2018, le explicó su procedencia: se trataba de anotaciones realizadas por alguien vinculado al ministerio, una persona que "llevaba y traía funcionarios" en vehículos, que documentaba sus desplazamientos. La periodista caracterizó el contenido en sus fases tempranas: compartimentado, básico, funcional. Pero observó también una evolución notable. Los registros posteriores adquirieron densidad narrativa, se complejizaron con párrafos más robustos, incorporaron detalles que superaban la mera documentación administrativa de un traslado de un punto A hacia un punto B. Esta progresión en la forma de registro fue un dato que ella observó, analizó y ahora relataba ante el tribunal.
Los interrogatorios como arena de disputa
Si bien la fiscalía condujo preguntas direccionadas hacia la confirmación de la autenticidad de los materiales, fueron las defensas de empresarios y funcionarios imputados las que transformaron la audiencia en un espacio de cuestionamiento extenso. Durante más de siete horas, abogados defensores buscaron indagar sobre decisiones editoriales del equipo periodístico, sobre la estrategia de judicialización del caso, sobre los vínculos específicos entre los periodistas y funcionarios de la fiscalía. Cada pregunta parecía apuntar a establecer un patrón: que la investigación no había sido independiente, que había sido orientada, que existían presiones externas que condicionaban el trabajo periodístico.
Las defensas enfatizaron particularmente el vínculo entre Diego Cabot y el fiscal Carlos Stornelli, sugiriendo que el pesquisa había ejercido presión sobre los imputados para que se convirtieran en colaboradores de la justicia. Este eje de cuestionamiento fue transversal a múltiples defensas. En algún momento de la tarde, la fiscal León intervino para señalar que los interrogatorios estaban desbordando los límites de lo pertinente. Expresó su preocupación de que se estuviera intentando realizar un "juicio dentro del juicio", enfocado en cómo se había investigado la causa más que en los hechos concretos que se debatían. La fiscal utilizó la palabra "mortificación" para describir el tenor que adquirían ciertas preguntas. Incluso señaló un momento donde el abogado Juan Manuel Ubeira interrogó a Ini preguntándole, con tono jocoso, si era "señora o señorita", una cuestión que la fiscal consideró fuera de todo lugar y que Ubeira intentó justificar como cuestión de "cortesía básica".
Enfoque defensivo sobre figuras centrales del caso
A medida que avanzaban las horas de declaración, ciertos nombres adquirieron relevancia estratégica en el interrogatorio. Daniel Muñoz, acusado de recibir fondos de la recaudación ilegal en un departamento ubicado en la calle Uruguay del barrio de Recoleta, se convirtió en un punto de concentración para la defensa de Cristina Kirchner. El abogado Carlos Beraldi aprovechó las preguntas dirigidas a Ini para marcar un detalle que considera relevante: Muñoz era secretario privado de Néstor Kirchner, no de Cristina Kirchner. Esta distinción, que puede parecer menor a primera vista, adquiere peso en una estrategia defensiva que intenta deslindar a su defendida de responsabilidades derivadas de movimientos de dinero que se habrían producido en un espacio físico vinculado al matrimonio.
La acumulación de preguntas repetidas, según quedó registrado en la audiencia, generó un efecto de ralentización procesal. Ini debía responder una y otra vez sobre temas que ya había abordado, sobre conversaciones que ya había descrito, sobre métodos que ya había explicado. Esta estrategia de los defensores, aunque legal dentro de los marcos del interrogatorio cruzado, produjo una respuesta de cansancio audible en las intervenciones de la fiscal León. La magistrada expresó su descontento con lo que ella denominó "contender los desbordes" de ciertos abogados defensores, sugiriendo que la acumulación de preguntas sin dirección clara, o con dirección claramente tendenciosa, estaba transformando la audiencia en algo diferente a lo que debería ser un debate probatorio.
Consecuencias procesales y perspectivas abiertas
La extensión de la declaración de Ini —que se prolongó hasta después de las seis horas de interrogatorios— produjo efectos cascada en el calendario procesal. Las declaraciones previstas para el mismo día de Santiago Nasra y Héctor Guyot, ambos periodistas que participaron en distintas fases de la investigación, fueron postergadas para sesiones posteriores. Esto significa que el tribunal continuará recibiendo testimonios sobre cómo se desarrolló el trabajo que llevó a la visibilidad de estos cuadernos, cómo se verificó la información, cómo se decidió qué publicar y qué retener.
La estrategia defensiva de interrogar sobre los métodos de investigación periodística en lugar de concentrarse únicamente en hechos específicos abre distintas lecturas. Por un lado, podría interpretarse como un esfuerzo legítimo de cuestionar la cadena de custodia informativa, de examinar si existieron sesgos en cómo se presentó la información al público y a la justicia. Por otro lado, podría ser visto como un intento de diluir responsabilidades concretas trasladando el debate hacia procedimientos y metodologías. Lo que está en juego es cómo los tribunales ponderan el valor probatorio de investigaciones periodísticas en causas penales, un interrogante que sigue sin respuesta unificada en la jurisprudencia argentina y que tendrá implicancias más allá de este caso específico.
