Una de las críticas políticas más severas de los últimos días en el espacio parlamentario argentino proviene de una figura histórica del radicalismo cívico. Elisa Carrió cuestionó frontalmente la estrategia del Gobierno nacional respecto a la inteligencia artificial, particularmente después de que el presidente Javier Milei publicara sus reflexiones sobre el tema en una tribuna de alcance mundial. Lo que comenzó como un artículo de opinión en un medio internacional de prestigio se transformó en el epicentro de una disputa ideológica profunda sobre el futuro del Estado, la tecnología y el ordenamiento legal argentino. El debate, que trasciende lo meramente técnico, toca cuestiones fundamentales acerca de quién controla los recursos tecnológicos y qué margen de autonomía posee el Estado frente a los grandes capitales globales.
Días antes de que circulara públicamente el contenido de la columna presidencial, Carrió ya anticipaba su preocupación. Una vez divulgado el texto en la publicación británica especializada en asuntos financieros, la diputada nacional emitió una misiva dirigida al conjunto de la sociedad argentina. Su mensaje, redactado con un tono que combinaba la urgencia con la gravedad, contenía una acusación central: el proyecto gubernamental no es sino un "experimento catastrófico" que toma a la nación como cobaya para implementar un modelo de desgobierno tecnológico. La legisladora no se limitó a criticar aspectos técnicos de la propuesta, sino que insertó su reclamo en un marco histórico y filosófico más amplio, invocando pensadores del siglo XX que analizaron fenómenos de dominación política extrema.
El modelo de "Súper RIGI" y la desregulación sin límites
Para comprender la envergadura del enfrentamiento discursivo que se abre, resulta necesario reconstruir qué propone exactamente el Ejecutivo. En línea con la filosofía desreguladora que caracteriza al Gobierno de Milei desde su asunción, se presentó ante el Congreso Nacional un proyecto denominado "Súper RIGI" destinado a atraer inversiones en lo que denominan "industrias del futuro". La iniciativa prevé la creación de una categoría jurídica inédita: sociedades anónimas u organismos operados íntegramente por sistemas de inteligencia artificial o máquinas autónomas. El argumento central esgrimido desde la Casa Rosada sostiene que, dado que estas entidades tecnológicas deben ejercer "criterio independiente en contextos impredecibles", la responsabilidad limitada para sus accionistas constituye no un privilegio sino una necesidad estructural de viabilidad operativa.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado participó conjuntamente con el mandatario en la redacción de la columna destinada al público internacional. Esto sugiere que se trata de una iniciativa coherente y articulada desde la cúpula ejecutiva. El proyecto, además, contempla incentivos fiscales y regulatorios especiales para infraestructura tecnológica, actividades aún en fase experimental o piloto en territorio nacional, y sectores que demanden "soluciones macroeconómicas anticipadas". La arquitectura propuesta busca explícitamente convertir a la Argentina en un destino atractivo para capitales tecnológicos globales mediante la aceptación de un marco normativo permisivo. Sin embargo, es precisamente sobre este punto donde se concentra la objeción de Carrió y otros analistas preocupados por las implicancias institucionales de semejante apertura.
La advertencia sobre Peter Thiel y el "totalitarismo privado"
Carrió ancla su crítica en una figura concreta: Peter Thiel, empresario tecnológico y filósofo político estadounidense, cuya influencia ideológica sobre el Gobierno argentino la legisladora identifica como central. Thiel es propietario de Palantir Technologies, una compañía especializada en análisis masivo de datos cuyo financiamiento inicial provino de agencias estadounidenses de inteligencia. Su residencia en un exclusivo barrio porteño lo convierte en un actor presente físicamente en el espacio político local, según la perspectiva de Carrió. Lejos de ser una mera anécdota, la diputada utiliza este dato para argumentar que se trata de una influencia no solo intelectual sino también económica y potencialmente coercitiva.
La caracterización que hace Carrió de Thiel como figura "anticristiana" —empleando una nomenclatura que evoca tradiciones católicas de diagnóstico del mal político— no responde a un capricho retórico. Ella misma lo explica mediante referencias a pensadores europeos del siglo XX: Hannah Arendt y Karl Jaspers. Arendt, autora de "Los orígenes del totalitarismo", proporcionó un análisis histórico de cómo se construyen sistemas de dominación política total. Su tesis central señala que el totalitarismo moderno emerge cuando se combinan ideología totalizadora, aparato de control burocrático y terror. Jaspers, por su lado, desarrolló la noción de "culpa política colectiva", argumentando que los pueblos que permiten pasivamente el ascenso de regímenes tiránicos cargan con responsabilidad moral por esa inacción. Carrió echa mano de estas herramientas conceptuales para advertir que habilitar la lógica que propone Thiel —que ella denomina "ilustración oscura"— conduce a un "totalitarismo corporativo" donde el poder no reside en estructuras estatales sino en corporaciones privadas de alcance global.
El argumento de Carrió sostiene que el fin del Estado y la privatización de funciones públicas, particularmente las de seguridad, representa una amenaza existencial para la democracia. Desde su perspectiva, un Estado debilitado no es sinónimo de libertad sino de vulnerabilidad ante poderes privados sin contrapeso. Invoca la paradoja que Thiel mismo ha expresado públicamente: que Luis XIV —el monarca absolutista francés del siglo XVII— representa el "Anticristo" desde la óptica libertariana, precisamente porque concentró poder estatal sin límites. Carrió voltea el argumento: si Luis XIV es rechazado por su absolutismo estatal, ¿qué ocurre cuando el poder absoluto es ejercido por corporaciones tecnológicas sin ninguna forma de regulación democrática ni rendición de cuentas? Es en este giro donde sitúa la "oscuridad" que denuncia como verdaderamente peligrosa.
La apelación a la conciencia y la resistencia política
La conclusión que extrae Carrió de su análisis no es meramente especulativa sino que contiene un llamado a la acción. Consciente de que el país atraviesa un período de distracción social —alude explícitamente al Mundial de Fútbol como contexto de desatención pública— la legisladora emite lo que denomina una "prueba de Dios". Su lenguaje se torna más directo y casi profético: quien no se resista activamente, incluso "íntimamente", contra este proyecto será "culpable político desde hoy y para siempre" de lo que ella prevé como una dominación total. La invocación a Jaspers no es casual: refuerza la idea de que la indiferencia política es en sí misma una forma de complicidad con lo que considera un régimen incipiente.
Carrió concluye su intervención invocando valores que ubica como antitéticos a la propuesta gubernamental: "la ley, la libertad, el libre albedrío, el derecho y la justicia". Para ella, estos principios están bajo amenaza no porque el Gobierno declara formalmente atacarlos, sino porque la arquitectura regulatoria propuesta los socava silenciosamente. Un sistema donde máquinas autónomas operan sin supervisión humana, donde corporaciones privadas ejercen funciones que histórica y convencionalmente corresponden al Estado, donde los marcos legales se fabrican a medida de los intereses empresariales, representa una erosión sistemática de la posibilidad de que ciudadanos ordinen democráticamente su vida colectiva. Es sobre esa tesis que construye su apelación final: defender estas instituciones mediante la "luz de las conciencias".
Las implicancias de este debate se proyectan hacia múltiples direcciones. Por una parte, están quienes argumentarían que Argentina necesita desesperadamente inversiones tecnológicas para modernizar su economía, que los marcos regulatorios rígidos han frenado innovación, y que otorgar espacios de libertad operativa a empresas de vanguardia es una estrategia legítima de desarrollo. Desde esta perspectiva, Carrió representa una nostalgia por formas tradicionales de Estado que serían incompatibles con la velocidad y fluidez de los mercados tecnológicos contemporáneos. Otros, sin embargo, reconocen en la advertencia carriorista una preocupación válida respecto a la concentración de poder, la ausencia de mecanismos de control democrático sobre tecnologías cada vez más determinantes en la vida cotidiana, y el riesgo de que decisiones de alcance civilizatorio sean delegadas a estructuras corporativas de difícil transparencia. Lo cierto es que el país enfrenta una elección no solo sobre marcos legales sino sobre qué tipo de ordenamiento político desea para sí en una era donde la tecnología redefine las posibilidades del ejercicio del poder.
