El engranaje de la máquina judicial porteña dio un nuevo giro esta semana cuando la Comisión de Acuerdos del Senado abrió sus puertas para escuchar a catorce candidatos postulados para ocupar vacancias estratégicas en tribunales federales del país. Lo que podría parecer un trámite administrativo rutinario adquiere dimensiones políticas considerables: se trata de un movimiento deliberado de la administración libertaria para renovar la composición de juzgados clave, precisamente en momentos en que los equilibrios parlamentarios se resquebrajan y la legislatura enfrenta escollos cada vez más profundos. El panorama se complica aún más porque varios de estos postulantes traen consigo historiales que despiertan cuestionamientos sobre qué tipo de magistratura se está construyendo.
Las candidaturas que encienden alertas en Córdoba
Dos de los nombres que pasaron por la Comisión de Acuerdos esta semana merecen atención especial por la complejidad del contexto donde se desempeñarán. Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini fueron propuestos para integrar la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, un tribunal que en los últimos tiempos se vio envuelto en denuncias serias. Específicamente, dos de sus camaristas —Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres— fueron acusados de varios delitos que van desde la manipulación de subrogancias hasta denuncias de violencia laboral y de género, pasando por presuntos enriquecimientos irregulares. En este marco, la llegada de nuevos miembros a esa sala adquiere un peso simbólico considerable.
El perfil de Cortés Olmedo, en particular, merecería un análisis detenido. Durante la administración municipal de Ramón Mestre en Córdoba ocupó cargos en la estructura estatal local. Su árbol genealógico lo conecta con figuras de peso en la política provincial: es hijo de un influyente referente de la Unión Cívica Radical cordobesa, partido en el cual se desempeñó como apoderado. Pero hay más: es primo hermano de Gonzalo Roca, diputado nacional por La Libertad Avanza, quien además integra el Consejo de la Magistratura. Esta constelación de vínculos familiares y políticos en ámbitos de poder genera inevitables interrogantes sobre las dinámicas que moldean estas designaciones.
El magistrado que desvinculó a Macri y otras conexiones incómodas
Otro de los candidatos que desfiló ante la Comisión llevaba una biografía aún más cargada de implicancias. Andrés Fraga, propuesto para una vocalía en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo en Buenos Aires, tuvo un paso por la historia judicial reciente que no puede ignorarse. En 2017, cuando se desempeñaba como juez civil, tomó una decisión que resultó controvertida: desvinculó de una causa a Mauricio Macri en relación a investigaciones sobre cuentas offshore. Lo hizo, según consta en los registros, en respuesta a un pedido de acción declarativa de certeza que presentó el entonces mandatario. Su presentación ante los legisladores transcurrió sin dificultades mayores, fundamentalmente porque el bloque kirchnerista decidió boicotear la sesión, protestando contra lo que consideran una representación insuficiente en la Comisión de Acuerdos.
Este boicot de la oposición resulta particularmente relevante para entender el contexto político. Mientras el oficialismo avanza con su agenda de reorganización judicial, los legisladores de espacio que gobernó durante dos mandatos se niegan a participar en las audiencias, lo que reduce el poder de veto o crítica que podrían ejercer. La combinación de una oposición ausente y candidatos cuyos antecedentes generan preguntas legítimas configura un escenario donde las voces críticas encuentran cada vez menos espacios para expresarse.
La fiscal que cuestionó el sistema y ahora asciende
Entre los nombres que generaron más inquietud en los últimos meses figura María Virginia Miguel Carmona, fiscal en Bell Ville, Córdoba, propuesta ahora como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca. El caso de Miguel Carmona es particularmente ilustrativo de las tensiones que atraviesan los procesos de selección judicial en Argentina. En abril pasado, ella misma cuestionó públicamente la discrecionalidad con la que se puntúan las entrevistas personales en los concursos organizados por el Consejo de la Magistratura. Su queja tenía razon de ser: tras finalizar primera en el examen de oposición anónimo y en la evaluación de antecedentes, perdió 41 puntos en la entrevista personal, lo que resultó en su exclusión de la terna para un Tribunal Oral Federal de Córdoba. Esa caída dramática en la puntuación, producto aparentemente de una entrevista, le cerraba las puertas a una posición que parecía al alcance de su mano según los criterios objetivos.
Ahora bien, cuando Miguel Carmona presentaba su reclamo ante el organismo encargado de administrar los concursos, en simultáneo circulaban proyectos promovidos por magistrados de peso en la Corte Suprema —específicamente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— destinados a reformar los mecanismos de evaluación de esos concursos. El énfasis de esas iniciativas apuntaba a reducir el impacto que tiene la entrevista personal en la calificación final. Todo esto sugiere una discusión más profunda sobre cómo se selecciona a los jueces en Argentina y qué criterios —objetivos o discrecionales— deben primar en ese proceso.
El secretario de fiscalía que investiga al expresidente
Otro postulante que llegó a la Comisión con un legajo significativo fue Santiago Schiopetto, candidato a juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de Capital Federal. En su rol actual como secretario del fiscal Ramiro González, Schiopetto participó activamente en la formulación de imputaciones contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género vinculada a Fabiola Yañez. Antes de esta función, entre 2016 y 2018, se desempeñó como subsecretario de Seguridad Operativa en la cartera de Justicia y Seguridad porteña durante la administración Larreta. También, en 2014, cuando ocupaba la posición de prosecretario en la Procuración Federal, integró la comitiva argentina que viajó a España junto a la jueza María Servini y el fiscal González para tomar testimonios relativos a delitos perpetrados durante la dictadura franquista. Su trayectoria muestra una cierta proximidad a casos de alto perfil político.
El resto del pelotón de candidatos
Más allá de estos nombres que concentraron la atención mediática, la lista de postulantes fue más amplia. La Comisión de Acuerdos también recibió a candidatos para defensores públicos: Germán Artola para los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, Carlos Nicolás Escandar para Salta, Paula Inés Lo Gioia para Dolores en Buenos Aires, y Leandro Gastón para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata. En la categoría de fiscales comparecieron Matías Ezequiel Eidewy Ornella Romina Riggitano, postulados ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal. También defendieron sus nominaciones Sergio Buitrago, para juez nacional en lo Civil N° 26 de Capital Federal, y Valeria Alejandra Rico y Ramiro Velasco, para jueces de cámara de los tribunales orales en lo Criminal Federal N° 4 y N° 6 de Capital Federal, respectivamente. El espectro de candidaturas refleja un esfuerzo sistemático por ocupar posiciones en estructuras judiciales diversas.
Las implicancias de esta remodelación judicial
Lo que ocurre en estos momentos con la renovación de magistrados trasciende la esfera burocrática. Se trata de un movimiento deliberado para reconstruir la composición de tribunales federales en momentos de extrema fragilidad política. La ausencia de la oposición en las comisiones legislativas reduce el poder de fiscalización parlamentaria sobre estos nombramientos, mientras que varios de los candidatos traen historiales que sugieren proximidades políticas o trayectorias que generan preguntas sobre independencia judicial. Algunos pasaron por cargos en administraciones públicas previas, otros tienen conexiones familiares con legisladores actuales, y algunos han tomado decisiones judiciales que beneficiaron a figuras políticas de relieve. Por otro lado, existen casos como el de Miguel Carmona donde la candidatura parece responder a un reclamo legítimo sobre procesos de selección injustos. Los efectos potenciales de esta renovación judicial pueden leerse desde múltiples ángulos: para algunos, representa un intento de captura institucional del Poder Judicial por parte del oficialismo; para otros, es una oportunidad para modernizar tribunales que enfrentan denuncias de corrupción interna; algunos ven en ello una búsqueda por equilibrar una magistratura que históricamente reflejó otras alineaciones políticas. Lo cierto es que los próximos años mostrarán cómo estos magistrados ejercen sus funciones y qué tipo de decisiones adoptan frente a casos que involucren a figuras políticas o económicas de peso.
