Más de sesenta meses después de que un descubrimiento radial desatara una de las crisis más profundas en materia de manejo sanitario durante la pandemia de coronavirus, la justicia federal apunta ahora hacia quienes fueron los receptores de esas inyecciones ilegales. El fiscal Eduardo Taiano acaba de solicitar que se abra proceso penal contra 34 particulares —entre ellos un expresidente, su familia directa, empresarios, periodistas, legisladores y funcionarios de distinto nivel— por haber aceptado recibir dosis de vacuna en condiciones que violentaban completamente los protocolos sanitarios que rigieron durante esos meses de urgencia epidemiológica. La magnitud de este giro investigativo radica en que, por primera vez desde que comenzó la pesquisa hace casi seis años, se persigue penalmente no solo a quienes autorizaron y ejecutaron el desvío de medicamentos, sino a aquellos que se beneficiaron conscientemente de él. Ahora la decisión recae en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá determinar si procede o no a citar a indagatoria a todos estos imputados.
La arquitectura de una maniobra que atravesó niveles de poder
El esquema que se investiga funcionó en al menos tres momentos y espacios distintos durante febrero de 2021, cuando la República Argentina atravesaba una de las fases más críticas de la emergencia sanitaria. El primero de estos hechos ocurrió el 1 de febrero, cuando un frasco con cinco dosis fue trasladado desde dependencias ministeriales hasta el domicilio particular del expresidente Eduardo Duhalde en la zona de Lomas de Zamora. Allí, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, aplicó personalmente las inyecciones al exmandatario, a su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, a dos de sus hijas y a un empleado de su casa. Lo que resulta particularmente grave en el relato fiscal es que no existía justificación médica alguna para una vacunación a domicilio: ese protocolo estaba reservado exclusivamente para personas con impedimentos físicos severos que les impidiera trasladarse, situación que no concurría en el caso del expresidente.
El segundo suceso tuvo lugar diecisiete días después, cuando en el segundo piso del Ministerio de Salud, en la antesala del despacho del entonces titular Ginés González García, se montó un vacunatorio improvisado. Allí, el 18 de febrero, fueron inoculadas nueve personas más, incluyendo al periodista Horacio Verbitsky, cuya posterior confesión radial sería precisamente la que haría público el escándalo. En los registros del sistema NOMIVAC, estos pacientes fueron asentados bajo la categoría "Personal Estratégico", una clasificación que no les correspondía según los criterios vigentes en ese momento. Uno adicional, un familiar del exsecretario ministerial, fue inscrito como mayor de sesenta años, grupo que tampoco contaba con habilitación para recibir ese lote de vacunas.
El tercer y más voluminoso acto de esta secuencia ocurrió en el Hospital Posadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, cuando se distribuyeron irregularmente treinta y seis dosis a veintitrés individuos seleccionados, según afirma el fiscal, por "razones de índole personal, familiar o de afinidad política". Aquí aparecen nombres como el fotógrafo presidencial, publicistas ligados al círculo oficial, esposas de procuradores, exintendentes municipales y hermanos de figuras públicas. Casi la totalidad fue registrada falsamente en el sistema como integrantes del "personal de salud", cuando en realidad se trataba de ciudadanos comunes sin responsabilidad alguna en tareas sanitarias. Lo particularmente irritante para el personal médico y de enfermería del hospital era que ellos mismos aún no habían completado sus esquemas de inmunización básicos.
La denuncia que partió en dos la investigación
La historia pública de este caso comenzó de una manera que, en retrospectiva, parece casi casual. El 22 de febrero de 2021, apenas cuatro días después de esa sesión de vacunación clandestina en el Ministerio, Verbitsky decidió contar en una entrevista radial cómo había conseguido su dosis. "Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio", relató entonces. La confesión, que hubiera podido quedar como una anécdota más en la vorágine de noticias pandémicas, fue recogida por investigadores periodísticos que comenzaron a tirar de la madeja. En cuestión de horas, la maniobra quedó expuesta ante la opinión pública, lo que obligó casi inmediatamente a la renuncia de González García, quien fue reemplazado en el cargo por Carla Vizzotti.
Sin embargo, la trayectoria judicial posterior fue mucho más lenta y sinuosa. Cuando la jueza Capuchetti tuvo a su cargo la causa, en julio de 2021 decidió archivar parcialmente la situación de los vacunados argumentando la inexistencia de delito. Transcurrieron tres años sin mayores avances, hasta que en julio de 2024 la misma magistrada procesó al exministro González García por abuso de autoridad y peculado. Cuatro meses después, en octubre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó estos procesamientos y, simultáneamente, instruyó a la justicia a avanzar sobre los receptores de las vacunas para que no quedaran impunes quienes se habían "disfrutado de provechos ilegales".
El argumento de la fiscalía: no fueron simples beneficiarios
La estrategia que plantea Taiano en su dictamen descansa en una premisa legal robusta: los vacunados no fueron víctimas pasivas de un favor otorgado por autoridades corrupto, sino partícipes necesarios en la consumación del delito de peculado. El fiscal sostiene que estos treinta y cuatro ciudadanos "contribuyeron de forma sustancial" al hecho ilícito "al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas". No se trata, en esta lectura, de personas engañadas o coercidas, sino de actores conscientes que actuaron sabiendo que transgredían normas públicas de acceso equitativo a un bien escaso en plena emergencia sanitaria.
La acusación fiscal enfatiza que nadie podía alegar desconocimiento. Las campañas de vacunación fueron, en efecto, masivas y públicas durante aquellos meses. Los criterios de priorización —que establecían que el acceso estaba reservado a personal sanitario, adultos mayores, inmunodeprimidos y otras categorías específicas— eran ampliamente conocidos por la ciudadanía a través de medios de comunicación, conferencias de prensa oficial y comunicaciones directas del ministerio. "Resultaban razonablemente conocidas por la ciudadanía", reitera el fiscal. Por lo tanto, el argumento de ignorancia quedaba descartado de facto. Cada una de estas personas, al presentarse a ser vacunada en condiciones irregulares, asumía plenamente qué estaba ocurriendo.
El delito específico que se les atribuye es el de peculado, figura que en el código penal se define como el acto mediante el cual un funcionario público se apropia, utiliza indebidamente o desvía dinero, bienes o servicios del Estado que están bajo su administración, custodia o control por razón de su cargo. Aunque técnicamente el peculado requiere que quien lo cometa sea un funcionario, la teoría de la participación criminal extiende responsabilidad a quienes coadyuvan necesariamente a su comisión. Las penas contempladas para esta figura oscilan entre dos y diez años de prisión. Lo que la fiscalía plantea es que sin la disposición de estos treinta y cuatro ciudadanos a "poner el brazo", las autoridades sanitarias que autorizaban la maniobra hubieran carecido de un objeto concreto sobre el cual actuar.
Las consecuencias internas en la salud pública
Más allá del análisis legal, existe una dimensión que toca directamente el funcionamiento institucional y la cohesión interna de las reparticiones sanitarias. En su declaración ante la justicia, Pedro Wayar, integrante del equipo de vacunadores del Hospital Posadas, describió una situación que sintetiza el impacto emocional de estos hechos: "Cuando fuimos al Ministerio de Salud a aplicar las dosis, todavía no habíamos terminado de vacunar al personal de salud del hospital; había personas que ni siquiera se daban la primera dosis". Es decir, mientras se inoculaba a empresarios, publicistas y familiares de funcionarios, los propios trabajadores de la salud que exponían sus cuerpos a diario en la primera línea de la pandemia permanecían sin cobertura inmunológica completa.
Otra testigo, Mirtha Jaime, capturó el clima imperante en los pasillos del hospital con una frase que resume la brecha moral: los trabajadores "se sintieron defraudados y estafados por las autoridades". Esa sensación de traición no era superficial. Mientras estos profesionales enfrentaban riesgos sanitarios concretos y documentados —saturación de camas, escasez de insumos de protección, jornadas de trabajo extenuantes— sus superiores distribuían un bien limitado a círculos de privilegio. La distancia entre quién efectivamente asumía el costo de la emergencia y quién se llevaba los beneficios quedaba, así, completamente visible.
Los muertos en la causa y los alcances del proceso
La investigación también registra un aspecto que, aunque no modifica los hechos sustanciales, sí altera el panorama procesal: cuatro de los beneficiarios de esa vacunación irregular han fallecido. Se trata del traumatólogo Salomón Schachter, del secretario privado del expresidente Carlos Alberto Mao, de Miguel Ángel González, empleado del Ministerio de Desarrollo Social, y de Lorenzo Pepe. Para ellos, el fiscal ha solicitado que se declare la extinción de la acción penal por muerte, lo que significa que no serán sometidos a proceso, aunque sí permanecerán registrados como investigados en los antecedentes del caso.
Respecto del exministro González García, quien falleció a los setenta y nueve años poco después de que se confirmara su procesamiento, también se ha procedido a extinguir la acción penal. Los tres que sí llegaron a juicio oral son Marcelo Ariel Guille, exsecretario del ministro; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas. El caso contra ellos está siendo visto por el Tribunal Oral Federal 6, que curiosamente tiene todos sus puestos vacantes, lo que genera interrogantes sobre cómo avanzará el proceso sin personal designado.
La lista de treinta y cuatro investigados que ahora enfrenta potencial indagatoria incluye, además del expresidente Duhalde y su familia, a personalidades como el diputado nacional Jorge Taiana, quien fuera canciller en gobiernos anteriores; empresarios como Seza Manukian, de Mar del Plata; el publicista Jorge "Topo" Devoto, conocido por sus vínculos con el peronismo kirchnerista; el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, que formaba parte de la "burbuja sanitaria" de la presidencia; y un espectro amplio de familiares, empleados municipales y periodistas que directa o indirectamente se beneficiaron del desvío.
Implicancias futuras y perspectivas divergentes
El pedido del fiscal representa un punto de inflexión en cómo se interpreta penalmente la responsabilidad en estos hechos. Hasta ahora, la narrativa se había centrado exclusivamente en quiénes dentro del aparato estatal autorizaron y facilitaron la maniobra. Al extender la imputación a los receptores, se introduce una pregunta que ha dividido opiniones en ámbitos jurídicos y sociales: ¿en qué medida puede responsabilizarse penalmente a un ciudadano por haber aceptado un beneficio que le ofrecía alguien en posición de autoridad?
Desde algunas perspectivas, la ampliación de la acusación refuerza la lógica de que en un sistema donde el acceso a recursos limitados debe ser equitativo, todo acto que rompa esa equidad constituye un daño colectivo en el que todos los participantes incurren responsabilidad. Quien recibe sabiendo que otros se quedan sin acceso, en esta lectura, participa activamente de la injusticia. Desde otras ópticas, se argumenta que la responsabilidad penal debería concentrarse en quienes ejercen poder institucional, mientras que los ciudadanos que reciben favores quedarían en una posición más vulnerable ante presiones de distinto tipo —personales, familiares, laborales— que podrían haber limitado su libertad de decisión. La decisión que tome la jueza Capuchetti no solo determinará el destino de estos treinta y cuatro imputados, sino que también sentará precedentes sobre cómo se interpreta la coautorías en delitos que involucran desviación de bienes públicos durante estados de emergencia.
