La maquinaria judicial argentina volvió a girar esta semana sobre los engranajes de la gestión kirchnerista. Julio De Vido, quien durante más de una década ocupó el ministerio de Planificación Federal bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, acumula ahora cinco sentencias condenatorias en su contra. La más reciente, dictada por el Tribunal Oral Federal 4, lo responsabiliza de haber percibido pagos irregulares en la adjudicación de proyectos de ampliación de gasoductos realizados por la constructora sueca Skanska. Lo relevante aquí no es solamente la acumulación de fallos, sino lo que éstos revelan sobre las formas que adquirió la corrupción durante ese período: un sistema de coimas entrelazado con la adjudicación de obras de infraestructura que atravesaban múltiples jurisdicciones administrativas y que, según los tribunales, dejó al Estado con pérdidas cuantificables en millones de dólares.
Un carrusel de sentencias con raíces en distintas áreas de la administración pública
Para entender la magnitud de lo que representan estas cinco condenas, conviene desplegar el historial completo de De Vido ante los estrados. El primero de estos fallos llegó en abril de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal 6 lo encontró responsable de administración fraudulenta relacionada con la adquisición de trenes utilizados, procedentes de España y Portugal, que fueron destinados a las líneas Sarmiento y Mitre del transporte metropolitano. La pena impuesta fue de cuatro años de prisión. En esa misma causa, Ricardo Jaime, quien se desempeñaba como secretario de Transporte, recibió una condena de ocho años por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, estos fallos aún conservan su carácter de no firmes, es decir que continúan en instancias de apelación. Apenas meses después, en octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal 7 dictaminó una nueva condena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua contra De Vido, esta vez por la importación de gas natural licuado con sobreprecio entre 2008 y 2015. El tribunal ordenó además la restitución de más de 5,5 millones de dólares al Estado. En ese mismo expediente, Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario, fue condenado a tres años y seis meses, mientras que el empresario Roberto Nicolás Dromi San Martino recibió una condena de tres años en suspenso.
La tercera condena provino del Tribunal Oral Federal 4 en relación con el funcionamiento de Trenes de Buenos Aires. En ese caso, los jueces determinaron que De Vido no ejerció los controles necesarios sobre el uso de fondos públicos asignados a la empresa, configurando así una administración fraudulenta. Aunque fue absuelto respecto del desastre ferroviario de February de 2012 en la estación Once —que cobró 52 vidas y dejó a más de 700 personas heridas— la Corte Suprema confirmó la condena en noviembre de 2025, ordenando su detención. Esta sentencia, a diferencia de las anteriores, ya es firme.
Odebrecht y Skanska: las obras que tejieron la red de ilicitudes
En junio de este año, el Tribunal Oral Federal 2 emitió una cuarta condena contra De Vido, esta vez a tres años de prisión en suspenso, acusándolo de participación en negociaciones incompatibles con la función pública. El caso investigaba la adjudicación de ampliaciones de dos gasoductos —el Norte y el Sur— a la constructora brasileña Odebrecht. Los jueces Jorge Gorini y Guillermo Costabel consideraron probado que De Vido y José López, titular de Vialidad, cobraron coimas en el proceso de licitación. Cabe destacar que una jueza, María Gabriela López Iñíguez, votó en disidencia, argumentando que un peritaje ordenado por la Corte Suprema no acreditaba la existencia de sobreprecios en las obras. En este expediente también fueron condenados Daniel Cameron, exsecretario de Energía, a la par que Cristian Folgar, exsubsecretario de Combustibles, mientras que dos exdirectivos de Cammesa fueron absueltos. El tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos actualizados desde 2005: 34 millones correspondían al monto del cohecho y 14 millones al fraude estimado contra el Estado.
La quinta y más reciente condena, la que acaba de conocerse esta semana, constituye una extensión de esta misma trama. El Tribunal Oral Federal 4 encontró a De Vido culpable de recibir pagos irregulares —coimas, en términos llanos— durante la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos realizadas por Skanska. La pena es de cinco años de prisión. José López, exministro de Vialidad, recibió idéntica sanción. Este caso Skanska fue, según los registros judiciales, el primer escándalo de corrupción que salió a la luz durante los gobiernos kirchneristas, aunque sus investigaciones se extendieron durante años posteriores a través de distintos expedientes que terminaron ramificándose hacia otros casos como el de Odebrecht y la importación de gas.
Un detalle que ayuda a comprender la complejidad de estas condenas: De Vido actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en su residencia ubicada en el partido de Zárate, a consecuencia de la sentencia firme del caso Once. Fue trasladado a esa localidad en mayo de este año tras someterse a una intervención quirúrgica de angioplastia. Su situación legal es, por lo tanto, la de una persona cuya libertad ha sido restringida por orden de la más alta instancia judicial del país, mientras enfrenta simultáneamente cuatro condenas adicionales cuyos procesos de apelación continúan en distintos estadios.
El mapa de responsabilidades y los montos del daño patrimonial
Lo que emerge de este conjunto de sentencias es una arquitectura compleja de ilicitudes que abarcó múltiples áreas de la administración estatal durante más de una década. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que atravesó decisiones sobre infraestructura ferroviaria, energética y de transporte. Los montos involucrados alcanzan cifras sustanciales: solo en el caso de gas natural licuado, el Estado debe recuperar más de cinco millones de dólares. Los decomiso de bienes y fondos ordenados en otros expedientes suman decenas de millones de pesos. Las inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos, dictadas en varias de estas sentencias, implican que los condenados quedan impedidos legalmente de ocupar cualquier función en la administración pública por el resto de sus vidas.
Las fechas también resultan significativas: mientras algunas condenas fueron dictadas hace ya varios años, otras son muy recientes, como la de octubre de 2025. Esto refleja cómo la justicia federal ha continuado procesando causas que tienen sus raíces en denuncias y investigaciones que datan de hace más de una década. La persistencia de estos procesos judiciales, incluso años después de que los gobiernos responsables dejaran el poder, sugiere que las instituciones encargadas de investigar y juzgar mantuvieron una línea de trabajo sobre estos hechos. Algunos de estos fallos aún no han adquirido carácter firme, lo que significa que De Vido y otros condenados disponen de recursos legales para apelar en instancias superiores. Sin embargo, la sentencia del caso Once ya fue confirmada por la Corte Suprema, otorgándole un carácter irreversible.
Las perspectivas sobre lo que significa este acumulado de condenas pueden variar según quien las observe. Para algunos sectores, estos fallos representan el funcionamiento de un sistema judicial que, más allá de sus lentitudes, finalmente persiguió y sancionó comportamientos considerados delictivos en la esfera pública. Para otros, el hecho de que De Vido permanezca en arresto domiciliario en lugar de encarcelado de manera convencional, o que algunas sentencias aún no sean firmes después de años de litigio, refleja debilidades en la aplicación de justicia. Lo cierto es que el caso De Vido se ha convertido en un referente en la jurisprudencia argentina sobre corrupción administrativa, con fallos que establecen precedentes sobre cómo los tribunales califican y sancionan comportamientos que van desde la administración fraudulenta hasta las negociaciones incompatibles con la función pública y el enriquecimiento ilícito. Las repercusiones de este conjunto de sentencias trascienden la situación individual de una persona: plantean interrogantes sobre los mecanismos de control interno en la administración pública, sobre las capacidades de auditoría estatal para detectar irregularidades en tiempo real, y sobre cómo se estructuran los sistemas de adjudicación de obras para prevenir futuros incidentes similares. Cada fallo genera, además, antecedentes procesales que pueden influir en cómo se investigan y juzgan casos análogos en otras jurisdicciones o en períodos subsiguientes.
